Política
«Zapatero aquí manda»: la frase que reescribe veinte años de relación España–Venezuela
La frase aparece en una conversación interceptada del 5 de diciembre de 2020: «Zapatero aquí manda». El juez Calama, instructor del caso Plus Ultra, la incorporó al sumario como uno de los indicios más explícitos. La transformación del expresidente español, de mediador del chavismo a presunto líder de una estructura de tráfico de influencias, es el dato político-histórico más relevante del año en la relación España–Venezuela.
El juez José Luis Calama imputó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión a blanqueo. El sumario sitúa al exjefe de Gobierno al frente de una estructura jerarquizada vinculada al rescate público de Plus Ultra y a la conexión venezolana. Lo que significa el caso para el lector hispano que ha seguido la transición venezolana durante el último año.
Las claves
| Qué | El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. |
| Quién | Juez José Luis Calama (Audiencia Nacional). Imputado: Zapatero. Testigos clave: Hugo «El Pollo» Carvajal, Rodolfo Reyes Rojas. |
| Cuándo | Imputación formal en mayo de 2026. Declaración prevista el martes 2 de junio de 2026. |
| Dónde | Audiencia Nacional, Madrid. Conexión investigada: Venezuela (rodrigato), Suiza (cuentas) y Estados Unidos (Fiscalía Distrito Sur de Nueva York). |
| Por qué | El sumario sostiene que Zapatero lideraba una estructura de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos vinculados a Venezuela. |
| Cómo | A través de comunicaciones interceptadas, registros documentales y testimonios judiciales que vinculan a Zapatero con el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. |
El 5 de diciembre de 2020, en una conversación interceptada que cinco años después forma parte del sumario del caso Plus Ultra, el empresario Rodolfo Reyes Rojas le escribió a Julio Martínez Sola, amigo personal del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, una frase de cuatro palabras: «Zapatero aquí manda». Para el juez José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, esa frase es uno de los indicios más explícitos de la tesis policial: el exjefe de Gobierno no era un mediador externo, ni un facilitador ocasional. Lideraba.
La imputación
Calama imputó a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión a blanqueo de capitales. La cifra que figura en el auto, según las órdenes judiciales filtradas el 25 de mayo, es 1,95 millones de euros: el beneficio económico que él y su entorno habrían obtenido a través de la estructura. La declaración del expresidente está prevista para el martes 2 de junio. Es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno comparece ante la Audiencia Nacional como imputado por organización criminal.
El rescate que abrió la puerta
Plus Ultra es una aerolínea española con vínculos venezolanos. En 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la compañía recibió un rescate público de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El eurodiputado Luis Garicano alertó del expediente desde el primer momento. Según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla directa e indirectamente más del 56,8 por ciento de las acciones de Plus Ultra (Snip Aviation S.L) es Rodolfo José Reyes Rojas, investigado penalmente por la justicia estadounidense en una trama de corrupción venezolana. Era 2021. Lo que entonces se denunció como anomalía hoy es sumario.
La vía Zapatero
El sumario, según ha publicado Infobae el lunes 25 de mayo, describe dos líneas de influencia paralelas que operaban dentro de la estructura. Una a través del exministro José Luis Ábalos. Otra, más eficaz, denominada por los propios investigadores «la vía Zapatero». Las comunicaciones interceptadas son explícitas. «Debemos meterle chola al Zapa», escribió Roselli, CEO venezolano de Plus Ultra, cuando buscaba acelerar el proceso de financiación. La investigación sitúa a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, como su «lugarteniente y ejecutor de órdenes directas».
La transformación
Esta es la dimensión política e histórica del caso. Durante quince años, Zapatero fue presentado como mediador entre la oposición venezolana, el chavismo y la comunidad internacional. Acompañó procesos electorales, fue interlocutor de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. Fue recibido en Miraflores con honores de jefe de Estado. La foto del 17 de febrero de 2026, con Delcy y Jorge Rodríguez en el palacio presidencial de Caracas, todavía circula. Esa fotografía hoy es prueba documental.
El sumario reescribe la lectura. Donde durante quince años hubo «mediación», ahora hay tráfico de influencias. Donde hubo «interlocución», ahora hay organización jerárquica. Donde hubo «visión de Estado», ahora hay cobro. La cifra del auto judicial —1,95 millones de euros— pone número a una sospecha que organizaciones de oposición venezolana llevaban años articulando sin pruebas judiciales.
Lo que la oposición venezolana llevaba años diciendo
Tres voces lo dijeron antes de Calama. La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, en entrevista al medio colombiano Las 2 Orillas del 27 de febrero de 2020, afirmó que Maduro le había dicho que «a todos nosotros nos dieron una mina de oro» y que Zapatero era beneficiario. Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar del chavismo refugiado y luego extraditado a Estados Unidos en 2023, ratificó la versión en manuscrito entregado a la Audiencia Nacional. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, y Américo de Grazia, exdiputado opositor, ofrecieron testimonios concurrentes.
Durante años, el peso institucional de Zapatero sirvió como escudo. Era un expresidente del Gobierno español. La sospecha no llegaba a sumario. En mayo de 2026 llegó.
La conexión EE.UU.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga en paralelo los vínculos económicos de Zapatero con Venezuela. La Oficina contra el Lavado de Dinero del Tesoro estadounidense identificó una transferencia desde Plus Ultra de 519.000 dólares en 2021 a una cuenta suiza vinculada a un inversor investigado por blanqueo, conectada según el sumario con fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Esa cuenta es una de las puertas por donde la investigación estadounidense entra al caso. La extradición del Pollo Carvajal a EE.UU. en 2023, y su acuerdo de colaboración firmado en diciembre de 2025 con la administración Trump, son dos piezas del mismo tablero.
Lo que esto significa para el hispano en EE.UU.
Para el venezolano de la diáspora —y para el hispano en general que ha seguido el colapso del chavismo durante quince años—, el caso Zapatero no es escándalo español. Es la evidencia judicial de algo que el exilio dijo en silencio durante una generación: que la operación de saqueo del Estado venezolano tuvo facilitadores políticos en democracias europeas, y que la oposición que los señalaba no estaba paranoica.
Hay una segunda lectura, más operativa. La transición tutelada que arrancó el 3 de enero con la captura de Maduro y la presidencia encargada de Delcy Rodríguez avanza ahora en dos pistas paralelas. Una, la política, en Caracas: María Corina Machado anunció el 23 de mayo desde Panamá que será candidata y propuso una «cuarta fase» del Plan Rubio. La otra, la judicial, en Madrid y Nueva York: la red financiera que sostuvo al chavismo durante dos décadas está siendo desmontada con sumarios y órdenes internacionales. Las dos transiciones —la política venezolana y la judicial europea-estadounidense— son ahora la misma transición.
Fuentes principales
- Se publica el sumario completo de la investigación del juez Calama: «Zapatero aquí manda», Infobae España, 25 de mayo de 2026.
- Rodríguez Zapatero imputado caso Plus Ultra y vínculos con Venezuela, RPP, 24 de mayo de 2026.
- EEUU investiga los vínculos económicos de Rodríguez Zapatero con Venezuela, Moncloa, 22 de mayo de 2026.
- La querella contra Zapatero apunta a negocios con el petróleo y el oro de Venezuela, Moncloa, 8 de enero de 2026.
- Auto de imputación del juez Calama, Diligencias Previas 77/2024, Audiencia Nacional de Madrid.
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Terror al baremo
Bellorín reclama que los criterios de evaluación del TSJ sean públicos antes de abrir las postulaciones y cuestiona la opacidad de las designaciones anteriores.
Sin el necesario baremo hecho público en forma previa al llamado para que el 28 de octubre de 2026 se dé inicio al proceso de postulaciones para el TSJ, ya anunciado por el diputado chavista presidente del siempre írrito Comité de Postulaciones Judiciales, la señal de un nuevo fraude a la Constitución es demasiado evidente y hay que dejar constancia previa.
Sin baremo público, el método a utilizar para la evaluación de credenciales seguirá siendo un misterio y un cheque en blanco para los «ungidos» por el régimen para encargarse de un proceso ya viciado de origen.
No debe causar sorpresa que ninguno de los involucrados, algunos pocos con algo de credibilidad, se atreva a mencionar la ausencia de dicho baremo.
Alguien podrá atreverse a afirmar que el baremo existe, pero será confidencial y solo manejado por ellos. Ese cuento es viejo y se debe recordar su utilización en boca de antiguos diputados chavistas, anteriores presidentes del secuestrado Comité de Postulaciones Judiciales, como Pedro Carreño y Saúl Ortega.
Sus declaraciones sobre la existencia de algún supuesto baremo que nunca mostraron están en las noticias de la época.
La revolución siempre le ha tenido pavor al mérito diferenciador. En cualquier nombramiento, jamás ha permitido concursos transparentes, necesarios para el escrutinio ciudadano. Por tal razón, la mediocridad acabó con Venezuela.
En lo que respecta a los anteriores nombramientos de magistrados al TSJ, es notorio que siempre ha brillado por su ausencia alguna escala valorativa de los únicos requisitos técnicos y académicos previstos a partir de los mínimos exigidos por el numeral 3 del artículo 263 constitucional.
Sin ese «baremo público», la posibilidad de títulos chimbos, de requisitos fraudulentos y de tantas «barbaridades» cometidas en nombramientos anteriores, como muchas denunciadas a lo largo de los años, es inminente. Sin baremo no hay esperanza de rectificación.
Este párrafo que aquí comparto ha sido el último ejemplo publicado en un reciente artículo sobre las confesiones públicas de una exmagistrada. Cito:
Aun con todas las concesiones anteriores a su favor, sería bueno entender cómo la abogada Bárbara César Siero (no sé si doctora), siendo jueza penal, se postuló a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Penal, como lo ordena la Constitución.
¿Será que para esas designaciones poco importan el conocimiento y la necesaria experiencia de más de 15 años en la especialidad, como lo ordena la Constitución?
La culpa nunca será del ciego, sino de quien le da el garrote.
Fin de la cita. Artículo citado: «De barbaridades y lecciones».
Caracas, 25 de octubre de 2026.
Dr. Ángel Alberto Bellorín. Abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Política
El país salió a recibir a María Corina
El recibimiento en su recorrido desde Lara agrega una dimensión pública al regreso: su capacidad de movilización entra en el escenario de una negociación que no encabeza.
María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre y reapareció en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Lara. Desde allí emprendió un recorrido por carretera hacia Caracas y fue recibida por seguidores en Chivacoa, Yaracuy, y en Morón, Carabobo, según imágenes difundidas por Vente Venezuela y reportes recopilados por CNN en Español. El mensaje «Estoy aquí. Con ustedes» acompañó un regreso que pasó a ser, de inmediato, un reencuentro público con quienes sostienen su liderazgo.
Las imágenes y reportes disponibles documentan recibimientos en Lara, Yaracuy y Carabobo. Vente Venezuela informó además paradas previstas en Guacara y Palo Negro y convocó a sus simpatizantes a Valle-Coche. Esas convocatorias describen la ruta prevista; a la hora de cierre de esta edición no prueban por sí mismas una llegada ni una intervención en Caracas.
Ese recibimiento importa por el momento político en que se produce. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 participan en un diálogo respaldado por Washington. Machado conserva un liderazgo propio y ha reclamado una fecha electoral, pero no conduce esa mesa. Su presencia dentro del país introduce una capacidad de intervención que no se mide solamente por el acceso a las reuniones.
La calle ofrece una expresión visible de respaldo. No permite contar automáticamente a todo el electorado ni anticipar una elección, pero sí muestra organización, disposición a movilizarse y expectativas dirigidas a una persona concreta. Esas expectativas tendrán que encontrarse con los tiempos y resultados de la negociación.
El siguiente dato sustantivo será el mensaje que Machado dirija al país desde esta nueva posición: qué prioridades fija, cómo se relaciona con el diálogo y qué propone para canalizar el respaldo que la recibe. El regreso es un hecho; sus efectos sobre el proceso se construyen a partir de las decisiones que siguen.
El especial de INCÍSOS «Vuelta a la patria» reúne los antecedentes del retorno, el recibimiento y la escena institucional que rodea su regreso.
Fuentes y documentos
Política
Desde Panamá, la agenda que Machado llevó de vuelta a Venezuela
En sus entrevistas de octubre desde Panamá, María Corina Machado articuló una agenda de elecciones, institucionalidad, seguridad y energía. El regreso ya consumado transforma esas definiciones en un programa que ahora deberá contrastarse con su acción política dentro del país.
Machado concedió desde Panamá entrevistas a medios nacionales e internacionales durante octubre y allí habló de elecciones, transición institucional, seguridad fronteriza y recuperación energética. La conversación más extensa disponible, publicada por el Grupo de Diarios América en El Nacional el 19 de octubre, permite seguir los contornos de esa agenda y distinguir entre lo que propuso y lo que ya tiene forma institucional.
Panamá no apareció solo como escenario de entrevistas. En el diálogo con el GDA, Machado dijo que el país alberga las actas electorales de 2024 y agradeció al presidente José Raúl Mulino, a la Asamblea y a las instituciones panameñas por acoger a la oposición venezolana. Esa referencia sitúa su exposición pública fuera de Venezuela dentro de una disputa política que seguía reclamando presencia y representación en el país.
Entonces presentó el retorno como parte de un esfuerzo para completar el mandato que atribuye a la elección del 28 de julio de 2024. No ofreció una fecha concreta: dijo que las condiciones cambiaban diariamente y que trabajaba para volver junto con los venezolanos. El 25 de octubre, su aparición pública en Barquisimeto convirtió esa promesa en un hecho. La agenda expuesta desde Panamá queda ahora como un conjunto de prioridades que deberá trasladar al terreno político venezolano.
En esas intervenciones, el retorno no se planteaba como un hecho aislado ni como un desenlace suficiente. Machado lo vinculaba con una elección presidencial, instituciones independientes, reglas para la inversión y una redefinición de la seguridad. Reúne compromisos de campaña, exigencias a otros actores y una visión de transición; ninguna de esas piezas es, por ahora, un acuerdo institucional adoptado.
Una fecha electoral como punto de partida
El eje más reiterado de Machado es la convocatoria de elecciones presidenciales. En la entrevista con el GDA sostuvo que “la fecha electoral es la fecha de la liberación” y pidió que se fijara un calendario. También afirmó que no había una fecha concreta acordada en las conversaciones. Las dos ideas importan por igual: la dirigente establece la elección como prioridad, pero el planteamiento no documenta que exista un cronograma definido.
Machado mencionó como propuesta del senador Bernie Moreno el 24 de julio de 2027, aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Esa mención permite registrar que la fecha fue parte de la conversación, no que tenga respaldo institucional o esté incorporada a una negociación. En otra entrevista, el Financial Times —resumido por Reuters el 9 de octubre— reportó que Machado pidió elecciones en 2027 y sostuvo que había tiempo suficiente para prepararlas antes de julio.
La entrevista audiovisual que EL TIEMPO fechó el 18 de octubre también giró en torno a la urgencia de convocar elecciones y a su disposición a ser candidata en un escenario de comicios limpios y libres. La formulación se presenta aquí como parte de la agenda política atribuida a Machado, no como una decisión electoral vigente.
Instituciones, participación y límites de la transición
La agenda de Machado no se limita a un día de votación. Ante el GDA reclamó un Consejo Nacional Electoral constitucional, independiente y sin reparto de cuotas, y un Tribunal Supremo de Justicia con características similares. Propuso además participación ciudadana mediante asambleas en escuelas, fábricas y comunidades, con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para sistematizar propuestas.
Son definiciones programáticas. No equivalen a crear esos organismos, convenir cómo designarlos ni aprobar una ruta de participación. El regreso cambia el lugar desde el que Machado puede defender esas propuestas, pero no resuelve por sí solo la representación institucional, el calendario electoral ni la composición de los organismos.
En materia de justicia, Machado rechazó una amnistía para crímenes de lesa humanidad y sostuvo que no habría “revancha”. La posición fija un límite político frente a la impunidad, sin describir un diseño judicial pactado. Las afirmaciones sobre liberaciones o cambios en la represión requieren documentos y registros independientes para poder evaluarse caso por caso.
Seguridad fronteriza y cooperación internacional
La relación con Estados Unidos y los países vecinos aparece como otro componente de la agenda. En la entrevista con el GDA, Machado planteó que una futura Fuerza Armada venezolana debería servir a la Constitución y coordinarse con Colombia para que la frontera sea un espacio de legalidad y desarrollo. Añadió que militares y policías involucrados en narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos deberían salir de las instituciones.
Se trata de una propuesta de reforma y depuración institucional. La cooperación que describe es, por ahora, una orientación política; no hay en las entrevistas un acuerdo de seguridad suscrito con Colombia ni un plan operativo anunciado.
En la conversación con Rachel Campos-Duffy, difundida el 17 de octubre, Machado reafirmó en X su intención de volver a Venezuela para acompañar al pueblo y trabajar por una transición democrática “exitosa e irreversible”. La promesa se cumplió el 25 de octubre con su presencia pública en Barquisimeto. Las metas políticas que la acompañaban —elecciones libres, instituciones independientes y garantías— siguen siendo propuestas por concretar.
Petróleo, inversión y reglas
La dimensión económica de la agenda se concentra en la recuperación de Venezuela como potencia energética y en condiciones para atraer capital. Reuters reportó, al resumir una entrevista del Financial Times, que Machado pidió transparencia en la administración de los ingresos procedentes de ventas petroleras supervisadas por Washington. La agencia reprodujo su planteamiento de que una democracia estable es necesaria para que el proceso sea sostenible.
En materiales secundarios sobre la conversación con Fox News, se atribuye a Machado la promesa de respetar los acuerdos petroleros firmados conforme a la ley y la propuesta de captar inversión estadounidense con mercados abiertos, estabilidad fiscal y arbitraje internacional. Newsroom Panama también reseñó que respetaría contratos que cumplieran la legislación venezolana. Estas expresiones describen una posición de la dirigente; todavía no explican qué autoridad determinaría el cumplimiento de los contratos ni cómo se aplicaría una revisión.
El criterio que atraviesa esas intervenciones es político y jurídico: continuidad para los contratos que, según Machado, se ajusten a la ley venezolana, junto con reglas que den previsibilidad a la inversión. El regreso permite que esa agenda sea defendida desde el país, pero no sustituye las decisiones institucionales que tendrían que convertirla en política pública.
Esta nota se integra al especial Vuelta a la patria desde un ángulo específico: no vuelve a narrar la aparición en Barquisimeto ni a medir el respaldo de calle. Identifica las prioridades que Machado llevó desde Panamá y las preguntas que siguen abiertas ahora que su retorno ya ocurrió.
Qué sigue abierto
- El calendario electoral, la autoridad que lo fijaría y las garantías para unas elecciones libres y competitivas.
- La forma de integración de un CNE y un TSJ independientes, más allá de la propuesta de la dirigente.
- Los mecanismos verificables de cooperación con Colombia, Estados Unidos y otros países en seguridad y transición.
- El alcance de la revisión de contratos petroleros y las reglas que regirían una estrategia de inversión.
- La manera en que Machado articulará esa agenda con su presencia pública, la coordinación opositora y las conversaciones en curso dentro del país.
Fuentes y documentos
- Entrevista de María Corina Machado con el GDA, publicada por El Nacional el 19 de octubre de 2026.
- Entrevista exclusiva de EL TIEMPO con María Corina Machado, 18 de octubre de 2026.
- Publicación de María Corina Machado sobre la entrevista con Rachel Campos-Duffy.
- Reuters: Venezuela’s Machado calls for elections by July, FT reports, 9 de octubre de 2026.
- Newsroom Panama: entrevista y extracto de audio de Machado, 16 de octubre de 2026.
- CNN en Español: cobertura del regreso y de la aparición pública en Barquisimeto.
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