Política
Cuba después de Venezuela: la hermana de la jefa de GAESA detenida en Miami
La sincronía es exacta. EO 14380 contra Cuba el 29 de enero. EO 14404 el 1 de mayo. Designación de GAESA el 7 de mayo. Sanciones a 11 élites más el DGI el 18 de mayo. Revocación de Green Card el 20 y arresto el 22. Lo que se ensayó con Venezuela hoy es manual operativo contra el régimen cubano.
| Qué | Arresto de Adys Lastres Morera, residente permanente legal en Miami y hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA. La Secretaría de Estado revocó su Green Card el miércoles 20 de mayo bajo INA §237(a)(4)(C); ICE-HSI ejecutó el arresto el jueves 22. |
| Quién | Adys Lastres Morera (detenida); Ania Guillermina Lastres Morera (hermana, presidenta de GAESA); Marco Rubio (Secretario de Estado, ordenante de la revocación); ICE-HSI (ejecución); GAESA (conglomerado militar cubano que controla 40-70% de la economía de la isla). |
| Cuándo | Revocación de estatus: miércoles 20 de mayo de 2026. Arresto: jueves 22 de mayo. La acción se enmarca en la EO 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026. |
| Dónde | Miami, Florida. Adys Lastres residía y trabajaba en el sur de Florida, gestionando activos inmobiliarios. |
| Por qué | El Departamento de Estado determinó que su presencia en Estados Unidos «socava intereses de política exterior». La acción se inscribe en la campaña de presión máxima del Trump-Rubio sobre el régimen cubano, que ya superó las 240 medidas desde enero de 2026. |
| Cómo | Aplicación administrativa de INA §237(a)(4)(C), que permite revocación de residencia por consecuencias adversas en política exterior. El mismo marco utilizado contra figuras vinculadas al chavismo venezolano antes y después del 3 de enero. |
El Departamento de Estado le revocó la Green Card el miércoles 20 de mayo. ICE la arrestó el jueves 22 en Miami. Adys Lastres Morera es hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar que controla hasta el 70% de la economía cubana. Cuatro meses después de la operación venezolana del 3 de enero, el mismo manual se aplica al régimen cubano.
Adys Lastres Morera entró a Estados Unidos como residente permanente legal el 13 de enero de 2023. La petición la había hecho su hijo, Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense. En los tres años siguientes, según reporte de Martí Noticias del periodista cubano Mario Penton publicado en marzo de 2026, su nombre apareció asociado como manager en dos firmas con domicilio en Florida: Santa Elena Investments y Remas. La actividad principal: gestión inmobiliaria.
El miércoles 20 de mayo de 2026, el Departamento de Estado revocó su Green Card. El jueves 22, agentes de Homeland Security Investigations la arrestaron en Miami. Permanece bajo custodia de ICE en espera de proceso de remoción.
Adys Lastres Morera es la hermana mayor de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido como GAESA. Es el conglomerado militar cubano que, según el propio Departamento de Estado, controla entre 40% y 70% de la economía formal de la isla. Sus activos ilícitos ocultos en el exterior se estiman en más de 18.000 millones de dólares.
La detención no es un hecho aislado. Es el dato más reciente de una secuencia que conviene leer junta.
La cadena de hechos
El miércoles 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró emergencia nacional respecto a Cuba y autorizó aranceles secundarios contra países y empresas que suministraran petróleo a la isla.
El jueves 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, titulada Imposing Sanctions on Those Responsible for Repression in Cuba and for Threats to United States National Security and Foreign Policy. El instrumento creó el marco general bajo el cual operan todas las designaciones posteriores.
El miércoles 7 de mayo, Rubio designó las primeras tres entidades bajo la EO 14404: GAESA; Ania Guillermina Lastres Morera (la hermana ahora hermana de la detenida, presidenta del conglomerado); y la empresa minera Moa Nickel S.A., una empresa mixta con la canadiense Sherritt International.
El lunes 18 de mayo, segunda ronda. El Departamento del Tesoro designó a nueve altos funcionarios cubanos y a tres entidades estatales, incluida la Dirección General de Inteligencia (DGI/G2), el Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria. Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo Hernández (presidente de la Asamblea Nacional), Mayra Arevich Marín y Joaquín Quintas Solá entre los nombres designados. Rubio anunció que «más designaciones se esperan en los próximos días y semanas».
El miércoles 20 de mayo, el Departamento de Estado revocó la Green Card de Adys Lastres Morera. El jueves 22, ICE-HSI ejecutó el arresto.
Hay una fecha más que conviene retener. El miércoles 21 de mayo, un día antes del arresto, el Departamento de Justicia desselló una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, hermano de Fidel y exgobernante de Cuba, por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En aquel ataque murieron cuatro hombres con conexión al sur de Florida.
Veintidós días, ocho hechos, una misma línea operativa.
El marco legal: INA §237(a)(4)(C)
El instrumento que permitió la revocación de la Green Card de Adys Lastres Morera no es nuevo. Es la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Permite que el Secretario de Estado determine que la presencia de un extranjero —incluyendo residentes permanentes— puede tener «consecuencias adversas potencialmente serias sobre la política exterior de Estados Unidos» y, sobre esa base, declarar al extranjero deportable.
Es discrecional. No requiere proceso judicial previo. No exige condena criminal. Y se ejecuta vía determinación administrativa del Secretario de Estado, en este caso Marco Rubio.
La cita textual de Rubio sobre la detención, publicada en X el jueves 22: «Hoy, Adys Lastres Morera, ciudadana cubana con vínculos al régimen comunista en La Habana, fue arrestada tras la terminación, por parte del Departamento de Estado, de su estatus de residente permanente legal, por instrucción mía».
El paralelismo con Venezuela
Es importante notar el patrón. Lo que se ensayó con Venezuela funciona ahora como manual contra Cuba. La operación del 3 de enero de 2026 que capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas fue presentada como operación militar. La operación que viene contra el régimen cubano es presentada como operación financiera, diplomática y migratoria.
El Plan Rubio para Venezuela —estabilización, recuperación, transición— operó con custodia del Tesoro estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos. Las cuentas pasaron a estar bajo supervisión bajo la Orden Ejecutiva 14373. En Cuba, la EO 14404 cumple función equivalente: bloquea activos en EE.UU., habilita sanciones secundarias contra terceros, y obliga a empresas extranjeras a romper vínculos con GAESA antes del 5 de junio bajo amenaza de quedar fuera del sistema financiero estadounidense.
El resultado operativo ya es medible. Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron operaciones con Cuba. La minera canadiense Sherritt International detuvo sus operaciones directas en la isla. Las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar enfrentan riesgo de exposición. Las proyecciones de caída del turismo cubano oscilan entre 50% y 70% en los próximos 12 meses.
A eso se suma el frente energético. Desde enero de 2026, Estados Unidos interceptó al menos siete buques petroleros con destino a Cuba. Las importaciones energéticas cayeron entre 80% y 90%. Los apagones llegan a 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano, según reportes de abril y mayo.
Lo que en Venezuela tomó años de sanciones graduales antes del 3 de enero, en Cuba se está aplicando en cinco meses. El piso jurídico no es nuevo. Pero la velocidad operativa sí lo es.
Lo que la detención significa concretamente
El caso Adys Lastres Morera abre un precedente legal con implicaciones que la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos —y, por extensión, las demás comunidades hispanas con familiares vinculados a regímenes adversos— va a tener que entender.
Primero, la residencia permanente legal no es inmune. El estatus de Green Card puede ser revocado por determinación administrativa del Secretario de Estado bajo INA §237(a)(4)(C). No hace falta condena criminal.
Segundo, la causal es amplia. «Consecuencias adversas para la política exterior» es un estándar que se ha utilizado tradicionalmente contra diplomáticos extranjeros. La aplicación contra familiares directos de funcionarios de regímenes designados es novedosa en escala, aunque el marco legal ya existía.
Tercero, la familia importa. La pieza más significativa del caso es que la detenida no es funcionaria del régimen cubano. Es hermana de una funcionaria. El argumento legal es que su presencia en Estados Unidos provee acceso a instituciones financieras, educativas y sociales que beneficia indirectamente al aparato sancionado. Es una doctrina con potencial extendido.
Cuarto, los activos inmobiliarios bajo escrutinio. Adys Lastres Morera figuraba como manager en Santa Elena Investments y Remas. Si el patrón se confirma, otras estructuras societarias con familiares de funcionarios de regímenes adversos —cubanos, venezolanos, nicaragüenses— pueden quedar bajo revisión.
Lo que se observa después
Tres movimientos a vigilar en las próximas semanas.
Uno: la tercera ola de sanciones. Rubio ya anunció que «más designaciones se esperan en los próximos días y semanas». El deadline del 5 de junio para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA es la próxima fecha pivote.
Dos: el frente legal. La revocación de residencia permanente bajo INA §237(a)(4)(C) sin proceso penal previo será probablemente impugnada en cortes federales. Organizaciones como Cuban American Bar Association y American Immigration Lawyers Association pueden buscar vías judiciales.
Tres: la escalada cubana. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó las declaraciones de Rubio como «cínicas, hipócritas y embusteras» el 18 de mayo, hablando de «castigo colectivo de carácter genocida». Miguel Díaz-Canel respondió a la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas hecha por Rubio —canalizada vía Iglesia Católica u otra organización caritativa, excluyendo al Estado cubano— acusando a quienes la respaldan de ser «mercenarios del deshonor». La respuesta institucional cubana al arresto de Lastres Morera está pendiente de cierre de esta nota.
La pregunta de fondo no es si la presión sobre el régimen cubano va a seguir aumentando. Es si el sistema institucional cubano colapsa en orden o en descomposición, y qué papel juega la comunidad cubanoamericana —que en 2024 votó mayoritariamente por Trump— en la transición que viene.
El manual venezolano produjo una operación militar el 3 de enero. El manual cubano va por otra ruta: financiera, migratoria, energética. Lo común no es la táctica. Es la determinación.
Fuentes principales: Comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional / ICE (22 de mayo de 2026); WLRN Public Media (cobertura del 21 de mayo); NBC 6 South Florida (cobertura del 22 de mayo); UPI (cobertura del 22 de mayo); Local10 / WPLG-TV (cobertura del 22 de mayo); ciberCuba (cobertura del 22 de mayo en inglés y español); Prism News (análisis del 22 de mayo); WFMD (cobertura del 21 de mayo); cubaheadlines.com (cobertura del 18 y 20 de mayo sobre EO 14404, EO 14380 y segunda ronda de sanciones); Departamento de Estado (sitio oficial state.gov, comunicado del 18 de mayo sobre nuevas sanciones a 11 élites cubanas y tres entidades); Morgan Lewis (análisis legal del 14 de mayo sobre EO 14404); reporte de Martí Noticias del periodista Mario Penton publicado en marzo de 2026 sobre vínculos de Adys Lastres Morera con Santa Elena Investments y Remas.
Nota práctica: Esta nota es informativa y de análisis. La aplicación de INA §237(a)(4)(C) por revocación administrativa de residencia permanente plantea cuestiones legales en evolución. Cualquier persona con preocupaciones específicas sobre su estatus migratorio debe consultar con abogado acreditado por el American Immigration Lawyers Association (aila.org).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Terror al baremo
Bellorín reclama que los criterios de evaluación del TSJ sean públicos antes de abrir las postulaciones y cuestiona la opacidad de las designaciones anteriores.
Sin el necesario baremo hecho público en forma previa al llamado para que el 28 de octubre de 2026 se dé inicio al proceso de postulaciones para el TSJ, ya anunciado por el diputado chavista presidente del siempre írrito Comité de Postulaciones Judiciales, la señal de un nuevo fraude a la Constitución es demasiado evidente y hay que dejar constancia previa.
Sin baremo público, el método a utilizar para la evaluación de credenciales seguirá siendo un misterio y un cheque en blanco para los «ungidos» por el régimen para encargarse de un proceso ya viciado de origen.
No debe causar sorpresa que ninguno de los involucrados, algunos pocos con algo de credibilidad, se atreva a mencionar la ausencia de dicho baremo.
Alguien podrá atreverse a afirmar que el baremo existe, pero será confidencial y solo manejado por ellos. Ese cuento es viejo y se debe recordar su utilización en boca de antiguos diputados chavistas, anteriores presidentes del secuestrado Comité de Postulaciones Judiciales, como Pedro Carreño y Saúl Ortega.
Sus declaraciones sobre la existencia de algún supuesto baremo que nunca mostraron están en las noticias de la época.
La revolución siempre le ha tenido pavor al mérito diferenciador. En cualquier nombramiento, jamás ha permitido concursos transparentes, necesarios para el escrutinio ciudadano. Por tal razón, la mediocridad acabó con Venezuela.
En lo que respecta a los anteriores nombramientos de magistrados al TSJ, es notorio que siempre ha brillado por su ausencia alguna escala valorativa de los únicos requisitos técnicos y académicos previstos a partir de los mínimos exigidos por el numeral 3 del artículo 263 constitucional.
Sin ese «baremo público», la posibilidad de títulos chimbos, de requisitos fraudulentos y de tantas «barbaridades» cometidas en nombramientos anteriores, como muchas denunciadas a lo largo de los años, es inminente. Sin baremo no hay esperanza de rectificación.
Este párrafo que aquí comparto ha sido el último ejemplo publicado en un reciente artículo sobre las confesiones públicas de una exmagistrada. Cito:
Aun con todas las concesiones anteriores a su favor, sería bueno entender cómo la abogada Bárbara César Siero (no sé si doctora), siendo jueza penal, se postuló a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Penal, como lo ordena la Constitución.
¿Será que para esas designaciones poco importan el conocimiento y la necesaria experiencia de más de 15 años en la especialidad, como lo ordena la Constitución?
La culpa nunca será del ciego, sino de quien le da el garrote.
Fin de la cita. Artículo citado: «De barbaridades y lecciones».
Caracas, 25 de octubre de 2026.
Dr. Ángel Alberto Bellorín. Abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Política
El país salió a recibir a María Corina
El recibimiento en su recorrido desde Lara agrega una dimensión pública al regreso: su capacidad de movilización entra en el escenario de una negociación que no encabeza.
María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre y reapareció en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Lara. Desde allí emprendió un recorrido por carretera hacia Caracas y fue recibida por seguidores en Chivacoa, Yaracuy, y en Morón, Carabobo, según imágenes difundidas por Vente Venezuela y reportes recopilados por CNN en Español. El mensaje «Estoy aquí. Con ustedes» acompañó un regreso que pasó a ser, de inmediato, un reencuentro público con quienes sostienen su liderazgo.
Las imágenes y reportes disponibles documentan recibimientos en Lara, Yaracuy y Carabobo. Vente Venezuela informó además paradas previstas en Guacara y Palo Negro y convocó a sus simpatizantes a Valle-Coche. Esas convocatorias describen la ruta prevista; a la hora de cierre de esta edición no prueban por sí mismas una llegada ni una intervención en Caracas.
Ese recibimiento importa por el momento político en que se produce. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 participan en un diálogo respaldado por Washington. Machado conserva un liderazgo propio y ha reclamado una fecha electoral, pero no conduce esa mesa. Su presencia dentro del país introduce una capacidad de intervención que no se mide solamente por el acceso a las reuniones.
La calle ofrece una expresión visible de respaldo. No permite contar automáticamente a todo el electorado ni anticipar una elección, pero sí muestra organización, disposición a movilizarse y expectativas dirigidas a una persona concreta. Esas expectativas tendrán que encontrarse con los tiempos y resultados de la negociación.
El siguiente dato sustantivo será el mensaje que Machado dirija al país desde esta nueva posición: qué prioridades fija, cómo se relaciona con el diálogo y qué propone para canalizar el respaldo que la recibe. El regreso es un hecho; sus efectos sobre el proceso se construyen a partir de las decisiones que siguen.
El especial de INCÍSOS «Vuelta a la patria» reúne los antecedentes del retorno, el recibimiento y la escena institucional que rodea su regreso.
Fuentes y documentos
Política
Desde Panamá, la agenda que Machado llevó de vuelta a Venezuela
En sus entrevistas de octubre desde Panamá, María Corina Machado articuló una agenda de elecciones, institucionalidad, seguridad y energía. El regreso ya consumado transforma esas definiciones en un programa que ahora deberá contrastarse con su acción política dentro del país.
Machado concedió desde Panamá entrevistas a medios nacionales e internacionales durante octubre y allí habló de elecciones, transición institucional, seguridad fronteriza y recuperación energética. La conversación más extensa disponible, publicada por el Grupo de Diarios América en El Nacional el 19 de octubre, permite seguir los contornos de esa agenda y distinguir entre lo que propuso y lo que ya tiene forma institucional.
Panamá no apareció solo como escenario de entrevistas. En el diálogo con el GDA, Machado dijo que el país alberga las actas electorales de 2024 y agradeció al presidente José Raúl Mulino, a la Asamblea y a las instituciones panameñas por acoger a la oposición venezolana. Esa referencia sitúa su exposición pública fuera de Venezuela dentro de una disputa política que seguía reclamando presencia y representación en el país.
Entonces presentó el retorno como parte de un esfuerzo para completar el mandato que atribuye a la elección del 28 de julio de 2024. No ofreció una fecha concreta: dijo que las condiciones cambiaban diariamente y que trabajaba para volver junto con los venezolanos. El 25 de octubre, su aparición pública en Barquisimeto convirtió esa promesa en un hecho. La agenda expuesta desde Panamá queda ahora como un conjunto de prioridades que deberá trasladar al terreno político venezolano.
En esas intervenciones, el retorno no se planteaba como un hecho aislado ni como un desenlace suficiente. Machado lo vinculaba con una elección presidencial, instituciones independientes, reglas para la inversión y una redefinición de la seguridad. Reúne compromisos de campaña, exigencias a otros actores y una visión de transición; ninguna de esas piezas es, por ahora, un acuerdo institucional adoptado.
Una fecha electoral como punto de partida
El eje más reiterado de Machado es la convocatoria de elecciones presidenciales. En la entrevista con el GDA sostuvo que “la fecha electoral es la fecha de la liberación” y pidió que se fijara un calendario. También afirmó que no había una fecha concreta acordada en las conversaciones. Las dos ideas importan por igual: la dirigente establece la elección como prioridad, pero el planteamiento no documenta que exista un cronograma definido.
Machado mencionó como propuesta del senador Bernie Moreno el 24 de julio de 2027, aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Esa mención permite registrar que la fecha fue parte de la conversación, no que tenga respaldo institucional o esté incorporada a una negociación. En otra entrevista, el Financial Times —resumido por Reuters el 9 de octubre— reportó que Machado pidió elecciones en 2027 y sostuvo que había tiempo suficiente para prepararlas antes de julio.
La entrevista audiovisual que EL TIEMPO fechó el 18 de octubre también giró en torno a la urgencia de convocar elecciones y a su disposición a ser candidata en un escenario de comicios limpios y libres. La formulación se presenta aquí como parte de la agenda política atribuida a Machado, no como una decisión electoral vigente.
Instituciones, participación y límites de la transición
La agenda de Machado no se limita a un día de votación. Ante el GDA reclamó un Consejo Nacional Electoral constitucional, independiente y sin reparto de cuotas, y un Tribunal Supremo de Justicia con características similares. Propuso además participación ciudadana mediante asambleas en escuelas, fábricas y comunidades, con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para sistematizar propuestas.
Son definiciones programáticas. No equivalen a crear esos organismos, convenir cómo designarlos ni aprobar una ruta de participación. El regreso cambia el lugar desde el que Machado puede defender esas propuestas, pero no resuelve por sí solo la representación institucional, el calendario electoral ni la composición de los organismos.
En materia de justicia, Machado rechazó una amnistía para crímenes de lesa humanidad y sostuvo que no habría “revancha”. La posición fija un límite político frente a la impunidad, sin describir un diseño judicial pactado. Las afirmaciones sobre liberaciones o cambios en la represión requieren documentos y registros independientes para poder evaluarse caso por caso.
Seguridad fronteriza y cooperación internacional
La relación con Estados Unidos y los países vecinos aparece como otro componente de la agenda. En la entrevista con el GDA, Machado planteó que una futura Fuerza Armada venezolana debería servir a la Constitución y coordinarse con Colombia para que la frontera sea un espacio de legalidad y desarrollo. Añadió que militares y policías involucrados en narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos deberían salir de las instituciones.
Se trata de una propuesta de reforma y depuración institucional. La cooperación que describe es, por ahora, una orientación política; no hay en las entrevistas un acuerdo de seguridad suscrito con Colombia ni un plan operativo anunciado.
En la conversación con Rachel Campos-Duffy, difundida el 17 de octubre, Machado reafirmó en X su intención de volver a Venezuela para acompañar al pueblo y trabajar por una transición democrática “exitosa e irreversible”. La promesa se cumplió el 25 de octubre con su presencia pública en Barquisimeto. Las metas políticas que la acompañaban —elecciones libres, instituciones independientes y garantías— siguen siendo propuestas por concretar.
Petróleo, inversión y reglas
La dimensión económica de la agenda se concentra en la recuperación de Venezuela como potencia energética y en condiciones para atraer capital. Reuters reportó, al resumir una entrevista del Financial Times, que Machado pidió transparencia en la administración de los ingresos procedentes de ventas petroleras supervisadas por Washington. La agencia reprodujo su planteamiento de que una democracia estable es necesaria para que el proceso sea sostenible.
En materiales secundarios sobre la conversación con Fox News, se atribuye a Machado la promesa de respetar los acuerdos petroleros firmados conforme a la ley y la propuesta de captar inversión estadounidense con mercados abiertos, estabilidad fiscal y arbitraje internacional. Newsroom Panama también reseñó que respetaría contratos que cumplieran la legislación venezolana. Estas expresiones describen una posición de la dirigente; todavía no explican qué autoridad determinaría el cumplimiento de los contratos ni cómo se aplicaría una revisión.
El criterio que atraviesa esas intervenciones es político y jurídico: continuidad para los contratos que, según Machado, se ajusten a la ley venezolana, junto con reglas que den previsibilidad a la inversión. El regreso permite que esa agenda sea defendida desde el país, pero no sustituye las decisiones institucionales que tendrían que convertirla en política pública.
Esta nota se integra al especial Vuelta a la patria desde un ángulo específico: no vuelve a narrar la aparición en Barquisimeto ni a medir el respaldo de calle. Identifica las prioridades que Machado llevó desde Panamá y las preguntas que siguen abiertas ahora que su retorno ya ocurrió.
Qué sigue abierto
- El calendario electoral, la autoridad que lo fijaría y las garantías para unas elecciones libres y competitivas.
- La forma de integración de un CNE y un TSJ independientes, más allá de la propuesta de la dirigente.
- Los mecanismos verificables de cooperación con Colombia, Estados Unidos y otros países en seguridad y transición.
- El alcance de la revisión de contratos petroleros y las reglas que regirían una estrategia de inversión.
- La manera en que Machado articulará esa agenda con su presencia pública, la coordinación opositora y las conversaciones en curso dentro del país.
Fuentes y documentos
- Entrevista de María Corina Machado con el GDA, publicada por El Nacional el 19 de octubre de 2026.
- Entrevista exclusiva de EL TIEMPO con María Corina Machado, 18 de octubre de 2026.
- Publicación de María Corina Machado sobre la entrevista con Rachel Campos-Duffy.
- Reuters: Venezuela’s Machado calls for elections by July, FT reports, 9 de octubre de 2026.
- Newsroom Panama: entrevista y extracto de audio de Machado, 16 de octubre de 2026.
- CNN en Español: cobertura del regreso y de la aparición pública en Barquisimeto.
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