Cuando un Estado deja de publicar datos sobre sus propios servicios públicos, son los hogares —y los observatorios— los que llevan el conteo. El agua, la luz, el gas doméstico y el aseo no funcionan para la mayoría del país. Lo que cambia no es la calidad de los servicios. Es quién ocupa el poder.

En enero de 2025, el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad registró 54.029 fallas eléctricas en Venezuela. Una sola palabra organiza esa cifra: una. Una sola ONG, un solo mes, un solo país. Veintinueve estados, 2.300 encuestados, corresponsales voluntarios en diez localidades, y un dato que ningún ministerio venezolano publica con la sistematicidad ni con la transparencia con que lo publica Cedice. La cifra no es estimación: es conteo. Y la simple existencia de ese conteo es, en sí misma, un indicador de la condición institucional venezolana.

Cuando un Estado deja de publicar datos sobre sus propios servicios públicos, lo que ocurre es que el rol de la medición pasa a manos de la sociedad civil organizada. Y lo que las organizaciones miden, mes a mes, no se mueve con el cambio político del país.

Lo que ENCOVI midió en aula y en casa

El 7 de mayo de 2026, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 de la UCAB —que ya hemos citado en este especial para los cuadros de educación y de calidad de vida— publicó también su capítulo de servicios públicos. Las cifras son las siguientes.

En electricidad: el 90% de los hogares venezolanos está conectado a la red pública. Solo el 10% dispone del servicio de forma constante. El 39% reporta apagones diarios. La directora de ENCOVI, Anitza Freitez, lo resumió con honestidad metodológica: el problema no es la cobertura nominal del servicio, es la operatividad real.

En agua: el 78% de las viviendas tiene conexión formal a tuberías. Pero solo el 19% recibe suministro diario y constante. El 29% recibe agua en alguna medida cada día. El 60% recibe agua solo algunos días a la semana. El 11% accede al servicio una sola vez por semana. Y siete de cada diez hogares venezolanos viven bajo racionamiento hídrico permanente.

En aseo urbano: el 64% de la población cuenta con servicio a domicilio. Solo el 13% lo recibe a diario. El resto recurre a contenedores improvisados, vertido en cuerpos de agua o quema de basura — prácticas que ENCOVI documenta sin atribución partidista pero que dibujan, con limpieza estadística, la respuesta material a la ausencia institucional.

El medidor de Cedice

El Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad mide otra capa del cuadro: la del costo. Su Monitor de Servicios Básicos de enero de 2025 registró tres datos que conviene poner juntos.

Primero: el 68% de los apagones reportados ocurre durante las «horas aprovechables del día» —horario laboral, escolar, comercial—. No es interrupción nocturna casi imperceptible. Es interrupción que paraliza bancos, comercios, escuelas y hospitales. El 44% de los usuarios reportó daños en electrodomésticos por las fluctuaciones de voltaje.

Segundo: los estados con mayores incidencias eléctricas son Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida. Caracas funciona como excepción relativa, no como reflejo nacional. La distribución territorial de la falla no es aleatoria: el sistema eléctrico venezolano se ha sostenido durante años trasladando el racionamiento hacia el interior del país.

Y tercero —el dato editorialmente decisivo—: el hogar venezolano paga entre $20 y $30 mensuales adicionales para compensar las fallas eléctricas. Alquiler o mantenimiento de plantas eléctricas, compra de linternas, baterías, velas, materiales improvisados. Es un impuesto invisible al colapso. Equivale al 8% al 12,5% del nuevo ingreso mínimo integral de $240 anunciado por Delcy Rodríguez el 1 de mayo de 2026. Una décima parte del salario del trabajador venezolano sirve para suplir lo que el Estado dejó de proveer.

El gas que no llega

El cuadro del gas doméstico es estructuralmente distinto pero conceptualmente idéntico. Venezuela posee la octava reserva probada de gas natural del planeta —cerca de 200 billones de pies cúbicos—. El 89% de los hogares depende del gas propano distribuido en bombonas. Solo el 12% recibe gas directo por tubería. Y la oferta actual de propano cubre apenas el 65% de la demanda nacional: cuatro de cada diez hogares que necesitan una bombona no la consiguen cuando la necesitan.

El precio del cilindro de 10 kg está regulado en 0,30 dólares. En la calle, el cilindro se vende —cuando aparece— a precios cercanos a los $15. La distorsión genera lo mismo que en otros rubros bajo control de precios: mercado paralelo, intermediación informal, espera prolongada, sustitución por leña y combustibles improvisados, particularmente en ciudades del interior.

El 90% del gas venezolano está asociado al petróleo. Eso significa que solo se extrae cuando PDVSA y sus socios bombean crudo. La caída de la producción petrolera —que la pieza 4 de este especial documenta— arrastró consigo el cuadro del gas doméstico. La octava reserva del mundo, sin extracción sostenida, sirve estadísticamente pero no llena ninguna bombona.

Lo que el inventario dice

Hay una frase que recorre el cuadro entero. El medio venezolano La Calle la escribió el 14 de mayo de 2026, ocho días antes de la publicación de este especial, en una crónica que documenta la espera de Armando José Franco —de 76 años— por agua en el sector El Chorrito: «En Venezuela cambia quien ocupa el poder, pero el rostro de la calamidad cotidiana sigue siendo el mismo».

Esa observación es el ángulo editorial decisivo de esta pieza. La transición tutelada del 3 de enero de 2026, el aumento del ingreso mínimo integral del 1 de mayo, la promesa de reconstrucción de seis billones de dólares en el plan Venezuela First World, la reapertura de cinco mil escuelas en 100 días en Venezuela Tierra de Gracia — ninguno de esos anuncios ha modificado, todavía, el hecho de que siete de cada diez hogares venezolanos viven bajo racionamiento hídrico, que solo el 10% tiene luz constante, que el 4% de los que necesitan una bombona no la encuentran, y que el hogar paga de su bolsillo entre $20 y $30 mensuales para compensar lo que el Estado dejó de garantizar.

Los servicios públicos son la primera línea de contacto del ciudadano con el Estado. Cuando ese contacto se rompe, lo que se rompe no es la infraestructura — es la legitimidad operativa. El Estado venezolano no perdió la capacidad de cobrar impuestos. Perdió la capacidad de prestar contraprestación. Y la transición que se diseña sin reconstruir esa contraprestación es transición de discurso, no transición de servicio.

Mientras tanto, en El Chorrito, Armando José Franco vuelve a buscar agua dos o tres veces al día. Su rutina no cambió el 3 de enero. No cambió el 1 de mayo. No va a cambiar con el próximo anuncio.

Fuentes: Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP, Julio Cubas) · Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad (OGP) · Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025 (UCAB-IIES, Anitza Freitez) · HumVenezuela · Juan Carlos Rodríguez (experto eléctrico, OVSP) · Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela · Cinco8, Talcual, La Calle, Cronica.uno, El Impulso, Banca y Negocios.

Esta pieza es parte del especial Venezuela, inventario del caos. Lea las otras nueve piezas en incisos.com/inventario-del-caos

El gobierno reporta 3,49 muertes por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, 13,4. Y la mayor parte de las muertes violentas del país —el 58,3%— entra en una categoría llamada «averiguación» que el Protocolo de Bogotá de 2015 limitó al 10%. La verdadera cifra venezolana no es ninguna de las dos. Es la opacidad.

El 8 de noviembre de 2024, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hizo una declaración pública que el aparato oficial venezolano ha repetido como ejemplo de «logro institucional»: «Este año llevamos una cifra de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes; eso nos indica que hasta la fecha, comparado con el año pasado, tenemos 320 víctimas menos de homicidio». Si la cifra fuera correcta, Venezuela tendría una de las tasas de homicidios más bajas del continente, equiparable a Chile o Argentina.

El mismo año, el Observatorio Venezolano de Violencia —monitoreo académico independiente dirigido por el sociólogo Roberto Briceño-León y operado por equipos de investigación en universidades públicas y privadas del país— calculó una tasa de homicidios estimada en 13,4 muertes por cada 100.000 habitantes. La diferencia entre ambas mediciones es de cerca de cuatro veces.

¿Cuál cifra es la verdadera? La pregunta, formulada así, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿por qué dos instituciones serias miden el mismo fenómeno con resultados tan distintos? Y la respuesta, una vez que se examina la metodología, se vuelve más inquietante que el desacuerdo numérico.

La caja negra

El informe consolidado del OVV para 2023 —el último año con cifras completas disponibles al cierre de esta edición— documentó 6.973 muertes violentas en Venezuela. Esa cifra total se descompone en tres categorías:

• 1.956 víctimas de homicidios cometidos por delincuentes (28%).
• 953 fallecidos en acciones de intervención policial (13,7%).
• 4.064 muertos violentamente cuya causa e intencionalidad están «en averiguación» (58,3%).

El dato decisivo está en la última categoría. Casi seis de cada diez muertes violentas en Venezuela ocurren bajo circunstancias que el Estado clasifica administrativamente como «en averiguación» sin que esa averiguación llegue a conclusión pública. El Protocolo de Bogotá de 2015 —estándar regional sobre clasificación de muertes violentas suscrito por la mayoría de los países latinoamericanos— estableció que el porcentaje de muertes por causas indeterminadas no debería exceder el 10% del total. Venezuela está casi seis veces por encima de ese estándar.

Y eso explica la diferencia entre el OVV y el CICPC. El OVV incluye las muertes en averiguación en sus cálculos porque, en términos estadísticos, son muertes violentas atribuibles a homicidio mientras no se demuestre lo contrario. El CICPC excluye esas muertes de su tasa oficial porque solo computa los casos cuya causa ha sido determinada formalmente. La cifra que el gobierno celebra no es una medición distinta. Es una medición incompleta.

Por qué bajaron los números (la explicación inquietante)

Las cifras del OVV también muestran una caída sostenida desde el pico de 11.891 muertes violentas en 2020. En 2021 fueron 11.081. En 2022, 9.367. En 2023, 6.973 —una caída del 25% respecto al bienio anterior—. Esa baja es estadísticamente real. Pero las razones que la explican no son las que el gobierno presenta.

El propio Briceño-León lo describió a InsightCrime en agosto de 2025 con una frase que vale la pena conservar entera. La caída de la violencia interpersonal en Venezuela —dijo el director del OVV— se explica en buena medida por la concentración del crimen organizado: «La gente puede empezar a sentirse más segura cuando puede pagar a un solo bandido en lugar de a tres. Pagan a un bandido grande y el bandido grande los protege». En los territorios donde una sola organización criminal mayor —el Tren de Aragua antes de su migración al exterior, el ELN en zonas fronterizas, los pranes en cárceles y zonas mineras— controla efectivamente la jurisdicción local, los homicidios bajan porque la violencia se administra. No hay enfrentamiento entre pequeñas bandas. Hay monopolio territorial. Y ese monopolio impone reglas sociales rígidas, cobros parainmpositivos, restricciones a la movilidad y castigos severos por incumplimiento.

La segunda explicación complementaria, también documentada por InsightCrime: parte de la disminución se explica por la migración del crimen organizado al exterior. El Tren de Aragua expandió operaciones a Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Los homicidios que esa organización cometería en Caracas se cometen ahora en Lima o en Santiago. La cifra venezolana baja. La cifra regional sube.

Para el ciudadano venezolano que camina por su calle, eso significa una cosa concreta: la sensación de mayor seguridad cotidiana es real, pero su origen no es institucional. La policía no se reformó. El Ministerio Público no abrió datos. Los tribunales no procesaron con mayor eficiencia. Lo que cambió es la estructura del crimen.

Lo que la opacidad oculta

A las dos cifras paralelas se suma una tercera medición que el Estado venezolano no publica con regularidad: las muertes por intervención policial. El OVV documentó 953 en 2023 —el 13,7% de las muertes violentas totales del país—. El Distrito Capital, San Francisco, Maracaibo, Barquisimeto y otros 18 municipios registraron en años recientes casos de muertes por intervención policial sin homicidios cometidos por delincuentes en el mismo período. Es decir: en esos municipios, el principal agente de muerte violenta documentada fue el Estado.

Esa categoría —»muerte por resistencia a la autoridad» en el lenguaje administrativo venezolano— ha sido reiteradamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, en su informe de septiembre de 2024 que ya citamos en la pieza sobre institucionalidad de este especial, calificó al aparato penal venezolano como parte de la maquinaria represiva del Estado. Las muertes por intervención policial no son un dato aislado: son una práctica institucional que la opacidad sostiene.

Lo que el inventario dice

La discrepancia entre la cifra oficial del CICPC y la cifra académica del OVV no mide la violencia venezolana. Mide la opacidad venezolana. Un país democrático con datos abiertos sobre criminalidad no produciría una diferencia de cuatro veces entre dos instituciones serias. Produciría matices metodológicos, intervalos de confianza, reconciliación estadística. Lo que Venezuela produce en cambio es paralelismo: dos cifras incompatibles que circulan a la vez sin que el aparato estatal asuma la conciliación.

Para el lector hispano en Estados Unidos —y particularmente para quien tiene familia viviendo en Caracas, Maracaibo, Valencia o Maracay— el cuadro real es el siguiente. Caminar por la calle en Venezuela puede sentirse más seguro hoy que hace cinco años. Esa sensación tiene base estadística. Pero la mejora no proviene de instituciones que se reformaron, sino de un crimen organizado que se reorganizó. Y la cifra oficial de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes que el gobierno saliente celebraba es, en términos técnicos, una cifra sin denominador completo.

La transición venezolana posterior al 3 de enero de 2026 supone, entre otras cosas, la apertura de los datos sobre criminalidad como condición para evaluar la gestión de la seguridad pública. Sin ese paso, cualquier plan de reconstrucción del aparato de seguridad opera sobre la misma caja negra del 58,3%. Y administrar lo que no se mide es, técnicamente, otra forma de no gobernar.

Fuentes: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, director Roberto Briceño-León) · Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) · CICPC (Douglas Rico) · InsightCrime (entrevista a Briceño-León, agosto 2025) · FundaRedes · Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV, ONU) · Cotejo.info · Sumarium · El Diario.

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Mientras Delcy Rodríguez impulsa una reforma del Tribunal Supremo de Justicia que replica la fórmula de Hugo Chávez en 2004, el sistema de justicia venezolano lleva más de una década sin rendir cuentas públicas. La ONU lo calificó en 2024 como «parte de la maquinaria represiva del Estado». El plan de tres fases supone un Poder Judicial independiente que no existe.

El 12 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad —con voto opositor salvado— la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La modificación amplía la composición del máximo tribunal venezolano de 20 a 32 magistrados, redistribuidos en cinco salas con cinco magistrados cada una más una Sala Constitucional con siete. La iniciativa fue presentada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Hay una coincidencia que organiza el cuadro. En 2004, Hugo Chávez amplió la composición del TSJ de 20 a 32 magistrados, también por reforma parcial de su ley orgánica, también por Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, también con el argumento de «optimizar» la celeridad judicial. La fórmula del 12 de mayo de 2026 es, magistrado por magistrado, la misma fórmula del 2004. Veintidós años de diferencia. Dos presidentes distintos. Idéntico mecanismo.

Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, lo formuló así en declaración pública del 5 de mayo: «Venezuela tuvo 32 magistrados y la misma justicia desastrosa que ahora». La cifra, por sí sola, demuestra que el problema del Poder Judicial venezolano no se resuelve con más magistrados.

Lo que la cifra esconde

La reforma del 12 de mayo no es el dato más importante del cuadro institucional venezolano. El dato más importante es lo que la reforma da por sentado: que es legítimo modificar la composición del máximo tribunal de un país sin discusión pública sustantiva. La primera discusión del proyecto fue el 5 de mayo. El diputado opositor Tomás Guanipa, vocero del bloque parlamentario Libertad, denunció haber recibido el texto del proyecto a las 13:15 de la tarde para una sesión convocada a las 14:30 del mismo día. Una hora y quince minutos para leer una reforma del tribunal que decide la constitucionalidad de las leyes, la legalidad de las elecciones y el destino de los procesos penales de mayor relevancia política del país.

Esa premura no es accidente. Es el modo de funcionamiento institucional venezolano de los últimos años, documentado pieza por pieza por las organizaciones independientes que sobreviven en el país.

Lo que el Estado venezolano dejó de contar

Acceso a la Justicia sostiene desde su sitio oficial que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no publica informe anual de gestión desde 2013. El acto de Apertura de Actividades Judiciales que se celebra cada enero presenta logros generales sin desagregar datos esenciales: cuántos casos recibe el TSJ y los demás juzgados del país, cuánto tiempo tarda en resolverlos, cuántos jueces hay en cada estado, qué proporción son titulares y qué proporción son provisorios o suplentes. Esa ausencia de datos es deliberada. Sin información pública verificable, no hay base para evaluar el funcionamiento del Poder Judicial. Y sin evaluación, no hay rendición de cuentas.

La opacidad se acompaña de una práctica medible. En enero de 2025, la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, anunció durante la presentación de la Memoria y Cuenta del entonces presidente Nicolás Maduro que la Comisión Judicial del propio TSJ había designado en 2024 a 985 jueces provisorios y suplentes — un 29,09% más que en 2023. Como observó Acceso a la Justicia en su informe alternativo: la presidenta exaltó la figura de Maduro y del fallecido Chávez, destacó el papel del tribunal en la estabilidad del gobierno y expresó el compromiso del organismo de apoyar la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo.

La cifra de 985 designaciones, además, se entrega sin contexto. No se informa cuántos jueces hay en total, cuántos fueron removidos en 2024 ni por qué motivos. La Sala Político Administrativa del TSJ, en fallos consecutivos, ha ratificado que la Comisión Judicial puede remover a jueces provisorios en cualquier momento sin abrir procedimiento. El juez venezolano que no sea titular —es decir, la mayoría— sabe que su permanencia depende de no contradecir al organismo que lo designó.

Lo que la ONU dijo

El 26 de septiembre de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela publicó su quinto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La conclusión central de ese informe sobre el aparato judicial venezolano fue directa: el TSJ y el Ministerio Público son, en términos de la propia misión, parte de la «maquinaria represiva del Estado». No es una expresión retórica. Es la calificación que el organismo más autorizado del derecho internacional contemporáneo dio al funcionamiento del Poder Judicial venezolano un año antes de la reforma del 12 de mayo de 2026.

Trece meses después, el 1 de octubre de 2025, Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial renunciaron a la Misión, con efecto al 31 de diciembre. Aunque las renuncias no se atribuyeron a una causa única, ocurrieron en un momento de presión diplomática creciente sobre el mandato internacional de la misión. La autoridad internacional que documentó el carácter represivo del aparato judicial venezolano quedó debilitada en su composición.

El Estado de Emergencia que no termina

El 16 de abril de 2026, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 00515 que prorrogó por enésima vez la vigencia del Estado de Emergencia Económica en Venezuela. La figura del Estado de Emergencia fue diseñada por la Constitución de 1999 como recurso excepcional, limitado temporalmente y sometido al control parlamentario. En la práctica venezolana se convirtió en figura permanente. Desde 2016 ha sido prorrogada decenas de veces consecutivas sin que la Asamblea ejerza control sustantivo y sin que la Sala Constitucional examine la pertinencia constitucional de cada prórroga.

El resultado material: el Ejecutivo puede legislar por decreto en materia económica de manera ininterrumpida durante una década. La Constitución no se modificó. La práctica institucional convirtió la excepción en regla.

Lo que el inventario dice

La transición venezolana posterior al 3 de enero de 2026 supone que el Poder Judicial pueda procesar penalmente al chavismo saliente, evaluar la constitucionalidad de las reformas del periodo de transición, garantizar elecciones libres y arbitrar disputas patrimoniales sobre activos públicos. Ninguna de esas funciones puede ejercerse desde un Poder Judicial que lleva trece años sin rendir cuentas, que designa por vía discrecional al 80% o más de sus jueces, que reproduce sin discusión la fórmula de captura institucional del 2004, y que ha sido calificado por la propia ONU como parte del aparato represivo del Estado.

El plan de Marco Rubio establece una fase tres dedicada a «transición democrática». El plan Venezuela First World destina recursos a «modernización del sistema judicial». El plan Venezuela Tierra de Gracia propone «una verdadera independencia del Poder Judicial». Los tres planes coinciden en el objetivo y silencian la pregunta operativa: ¿cómo se restaura la independencia de un poder cuya estructura administrativa, cuya composición de magistrados, cuya designación de jueces y cuya rutina de opacidad fueron diseñadas precisamente para impedir esa independencia?

Sin Poder Judicial independiente, las fases del plan de Rubio se quedan en anuncio. La transición sin justicia es administración. Y la administración sin justicia es continuidad por otros nombres.

Fuentes: Acceso a la Justicia (Alí Daniels) · Provea · Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV, ONU) · ACNUDH (Volker Türk) · Asamblea Nacional de Venezuela · TSJ (sentencia 00515 del 16 de abril de 2026) · Diario Las Américas, Infobae, El Diario, Prensa Latina, La Patilla.

Esta pieza es parte del especial Venezuela, inventario del caos. Lea las otras nueve piezas en incisos.com/inventario-del-caos