Política
Una tasa oficial de homicidios y otra de la academia. La diferencia es de 4 veces
El gobierno reporta 3,49 muertes por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, 13,4. Y la mayor parte de las muertes violentas del país —el 58,3%— entra en una categoría llamada «averiguación» que el Protocolo de Bogotá de 2015 limitó al 10%. La verdadera cifra venezolana no es ninguna de las dos. Es la opacidad.
| Qué | Venezuela mide la violencia interpersonal con dos sistemas paralelos que arrojan cifras incompatibles, y la mayor parte de las muertes violentas del país se clasifica en una categoría administrativa que oculta las causas reales. |
| Quién | Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, dirigido por Roberto Briceño-León), CICPC (dirigido por Douglas Rico), Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), InsightCrime, FundaRedes. |
| Cuándo | Datos consolidados al cierre de 2023 e indicadores parciales 2024. La opacidad oficial sobre criminalidad es sostenida desde hace más de una década. |
| Dónde | Todo el territorio nacional. Concentración crítica en Distrito Capital, estados mineros del sur, Aragua y zonas fronterizas. |
| Por qué | Porque la seguridad ciudadana es uno de los pocos sectores donde el gobierno saliente reclama logro y donde el dato no permite verificarlo. |
| Cómo | Ausencia de programa de datos abiertos sobre criminalidad, opacidad del Ministerio Público, monopolización del crimen organizado, migración de bandas criminales al exterior. |
El gobierno reporta 3,49 muertes por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, 13,4. Y la mayor parte de las muertes violentas del país —el 58,3%— entra en una categoría llamada «averiguación» que el Protocolo de Bogotá de 2015 limitó al 10%. La verdadera cifra venezolana no es ninguna de las dos. Es la opacidad.
El 8 de noviembre de 2024, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hizo una declaración pública que el aparato oficial venezolano ha repetido como ejemplo de «logro institucional»: «Este año llevamos una cifra de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes; eso nos indica que hasta la fecha, comparado con el año pasado, tenemos 320 víctimas menos de homicidio». Si la cifra fuera correcta, Venezuela tendría una de las tasas de homicidios más bajas del continente, equiparable a Chile o Argentina.
El mismo año, el Observatorio Venezolano de Violencia —monitoreo académico independiente dirigido por el sociólogo Roberto Briceño-León y operado por equipos de investigación en universidades públicas y privadas del país— calculó una tasa de homicidios estimada en 13,4 muertes por cada 100.000 habitantes. La diferencia entre ambas mediciones es de cerca de cuatro veces.
¿Cuál cifra es la verdadera? La pregunta, formulada así, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿por qué dos instituciones serias miden el mismo fenómeno con resultados tan distintos? Y la respuesta, una vez que se examina la metodología, se vuelve más inquietante que el desacuerdo numérico.
La caja negra
El informe consolidado del OVV para 2023 —el último año con cifras completas disponibles al cierre de esta edición— documentó 6.973 muertes violentas en Venezuela. Esa cifra total se descompone en tres categorías:
- 1.956 víctimas de homicidios cometidos por delincuentes (28%).
- 953 fallecidos en acciones de intervención policial (13,7%).
- 4.064 muertos violentamente cuya causa e intencionalidad están «en averiguación» (58,3%).
El dato decisivo está en la última categoría. Casi seis de cada diez muertes violentas en Venezuela ocurren bajo circunstancias que el Estado clasifica administrativamente como «en averiguación» sin que esa averiguación llegue a conclusión pública. El Protocolo de Bogotá de 2015 —estándar regional sobre clasificación de muertes violentas suscrito por la mayoría de los países latinoamericanos— estableció que el porcentaje de muertes por causas indeterminadas no debería exceder el 10% del total. Venezuela está casi seis veces por encima de ese estándar.
Y eso explica la diferencia entre el OVV y el CICPC. El OVV incluye las muertes en averiguación en sus cálculos porque, en términos estadísticos, son muertes violentas atribuibles a homicidio mientras no se demuestre lo contrario. El CICPC excluye esas muertes de su tasa oficial porque solo computa los casos cuya causa ha sido determinada formalmente. La cifra que el gobierno celebra no es una medición distinta. Es una medición incompleta.
Por qué bajaron los números (la explicación inquietante)
Las cifras del OVV también muestran una caída sostenida desde el pico de 11.891 muertes violentas en 2020. En 2021 fueron 11.081. En 2022, 9.367. En 2023, 6.973 —una caída del 25% respecto al bienio anterior—. Esa baja es estadísticamente real. Pero las razones que la explican no son las que el gobierno presenta.
El propio Briceño-León lo describió a InsightCrime en agosto de 2025 con una frase que vale la pena conservar entera. La caída de la violencia interpersonal en Venezuela —dijo el director del OVV— se explica en buena medida por la concentración del crimen organizado: «La gente puede empezar a sentirse más segura cuando puede pagar a un solo bandido en lugar de a tres. Pagan a un bandido grande y el bandido grande los protege». En los territorios donde una sola organización criminal mayor —el Tren de Aragua antes de su migración al exterior, el ELN en zonas fronterizas, los pranes en cárceles y zonas mineras— controla efectivamente la jurisdicción local, los homicidios bajan porque la violencia se administra. No hay enfrentamiento entre pequeñas bandas. Hay monopolio territorial. Y ese monopolio impone reglas sociales rígidas, cobros parainmpositivos, restricciones a la movilidad y castigos severos por incumplimiento.
La segunda explicación complementaria, también documentada por InsightCrime: parte de la disminución se explica por la migración del crimen organizado al exterior. El Tren de Aragua expandió operaciones a Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Los homicidios que esa organización cometería en Caracas se cometen ahora en Lima o en Santiago. La cifra venezolana baja. La cifra regional sube.
Para el ciudadano venezolano que camina por su calle, eso significa una cosa concreta: la sensación de mayor seguridad cotidiana es real, pero su origen no es institucional. La policía no se reformó. El Ministerio Público no abrió datos. Los tribunales no procesaron con mayor eficiencia. Lo que cambió es la estructura del crimen.
Lo que la opacidad oculta
A las dos cifras paralelas se suma una tercera medición que el Estado venezolano no publica con regularidad: las muertes por intervención policial. El OVV documentó 953 en 2023 —el 13,7% de las muertes violentas totales del país—. El Distrito Capital, San Francisco, Maracaibo, Barquisimeto y otros 18 municipios registraron en años recientes casos de muertes por intervención policial sin homicidios cometidos por delincuentes en el mismo período. Es decir: en esos municipios, el principal agente de muerte violenta documentada fue el Estado.
Esa categoría —»muerte por resistencia a la autoridad» en el lenguaje administrativo venezolano— ha sido reiteradamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, en su informe de septiembre de 2024 que ya citamos en la pieza sobre institucionalidad de este especial, calificó al aparato penal venezolano como parte de la maquinaria represiva del Estado. Las muertes por intervención policial no son un dato aislado: son una práctica institucional que la opacidad sostiene.
Lo que el inventario dice
La discrepancia entre la cifra oficial del CICPC y la cifra académica del OVV no mide la violencia venezolana. Mide la opacidad venezolana. Un país democrático con datos abiertos sobre criminalidad no produciría una diferencia de cuatro veces entre dos instituciones serias. Produciría matices metodológicos, intervalos de confianza, reconciliación estadística. Lo que Venezuela produce en cambio es paralelismo: dos cifras incompatibles que circulan a la vez sin que el aparato estatal asuma la conciliación.
Para el lector hispano en Estados Unidos —y particularmente para quien tiene familia viviendo en Caracas, Maracaibo, Valencia o Maracay— el cuadro real es el siguiente. Caminar por la calle en Venezuela puede sentirse más seguro hoy que hace cinco años. Esa sensación tiene base estadística. Pero la mejora no proviene de instituciones que se reformaron, sino de un crimen organizado que se reorganizó. Y la cifra oficial de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes que el gobierno saliente celebraba es, en términos técnicos, una cifra sin denominador completo.
La transición venezolana posterior al 3 de enero de 2026 supone, entre otras cosas, la apertura de los datos sobre criminalidad como condición para evaluar la gestión de la seguridad pública. Sin ese paso, cualquier plan de reconstrucción del aparato de seguridad opera sobre la misma caja negra del 58,3%. Y administrar lo que no se mide es, técnicamente, otra forma de no gobernar.
Fuentes: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, director Roberto Briceño-León) · Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) · CICPC (Douglas Rico) · InsightCrime (entrevista a Briceño-León, agosto 2025) · FundaRedes · Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV, ONU) · Cotejo.info · Sumarium · El Diario.
Esta pieza es parte del especial Venezuela, inventario del caos. Lea las otras nueve piezas en incisos.com/inventario-del-caos
Alfredo Yánez
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El voto del exterior dio vuelta el balotaje peruano a favor de Fujimori
Keiko Fujimori lidera por unos 1.030 votos gracias al sufragio del exterior, donde obtuvo el 63%. La proclamación oficial del balotaje no llegará hasta julio.
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|---|---|
| Qué | El voto del exterior permitió a Keiko Fujimori remontar y ponerse al frente del balotaje por un margen mínimo. |
| Quién | Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la ONPE y el JNE. |
| Cuándo | El balotaje fue el 7 de junio; el conteo seguía abierto al 12 de junio de 2026. |
| Dónde | Perú y el voto en el exterior, decisivo en una elección sin margen. |
| Por qué | Fujimori obtuvo cerca del 63% del sufragio exterior, lo que revirtió su segundo lugar. |
| Cómo | A través de la incorporación de las actas del exterior al cómputo nacional de la ONPE. |
Hay elecciones que se deciden lejos de donde se cuentan. El balotaje peruano del 7 de junio es una de ellas: lo que hasta esta semana parecía una ligera ventaja del candidato de izquierda se transformó en un liderazgo de la derecha gracias a un factor preciso, el voto de los peruanos que viven fuera del país.
La remontada

Durante buena parte del escrutinio, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se mantuvo levemente al frente. Pero a medida que la ONPE incorporó las actas del exterior, la balanza se movió. Al cierre de esta cobertura, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, superaba a Sánchez por poco más de mil votos: 50,002% frente a 49,998%, una de las diferencias más estrechas que se recuerden en la región.
La clave está en el desagregado. En el sufragio del exterior, Fujimori obtuvo cerca del 63% frente al 37% de Sánchez. Ese bloque, que en una elección holgada habría sido un complemento, en una definida por centenares de votos resultó determinante. Fue el voto de fuera el que permitió a Fujimori pasar del segundo al primer lugar.
Una definición que se estira
Pese al avance del conteo por encima del 98%, el sistema electoral peruano no proclamará un ganador de inmediato. Quedan por resolver cientos de actas observadas en manos de los jurados electorales especiales, que ya iniciaron audiencias públicas. La vocería del Jurado Nacional de Elecciones anticipó que la proclamación oficial llegará recién a mediados de julio.
En el ínterin, la tensión sube. Sánchez pidió respeto a la voluntad de las urnas y cuestionó lo que llamó «cosas extrañas» en el proceso, tras señalar movimientos en torno a las proyecciones de las encuestadoras. Fujimori, por su parte, llamó a la prudencia a la espera del resultado final.
El peso de los que se fueron
La elección deja una lección que trasciende a Perú. La diáspora latinoamericana, a menudo vista como un actor marginal en la política de sus países de origen, demostró tener capacidad de inclinar un resultado nacional. Para los millones de peruanos en Estados Unidos, España y otros destinos, su papeleta dejó de ser simbólica: fue, esta vez, la que movió la aguja. Esa constatación cambia la forma en que los partidos mirarán, de aquí en adelante, a sus comunidades en el exterior.
Fuentes principales: Reportes oficiales de la ONPE sobre el escrutinio de la segunda vuelta y el voto en el exterior; declaraciones del Jurado Nacional de Elecciones sobre el calendario de proclamación; cobertura de prensa peruana del balotaje del 7 de junio de 2026.
Política
La nueva derecha de De la Espriella llega favorita al balotaje colombiano
De la Espriella ganó la primera vuelta y encabeza los sondeos del balotaje. El traspaso del voto de Paloma Valencia inclina la balanza frente a Iván Cepeda.
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|---|---|
| Qué | De la Espriella encabeza las encuestas del balotaje tras ganar la primera vuelta presidencial. |
| Quién | Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico). |
| Cuándo | El balotaje se celebra el 21 de junio de 2026; la primera vuelta fue el 31 de mayo. |
| Dónde | Colombia y el voto en el exterior, con fuerte presencia colombiana en EE.UU. |
| Por qué | El traspaso del voto de la derecha tradicional inclina la balanza hacia De la Espriella. |
| Cómo | A través de una segunda vuelta entre los dos más votados de la primera ronda. |
Contra buena parte de los pronósticos que durante meses dieron como favorito al oficialista Iván Cepeda, el balotaje colombiano del 21 de junio llega con un giro: el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, abanderado de una nueva derecha, encabeza las encuestas tras haber ganado la primera vuelta.
La sorpresa del 31 de mayo

En la primera ronda, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,7% frente al 40,9% de Cepeda, del Pacto Histórico. El resultado desarmó el relato dominante: Cepeda, que partía como favorito, alcanzó un techo en su base electoral y no logró la victoria contundente que buscaba el gobierno saliente.
La votación se explica por el ascenso de una derecha nueva, que desplazó al uribismo tradicional, por los límites del proyecto de izquierda en el poder y por el fracaso de las apuestas de centro. La polarización, una vez más, organizó la política colombiana en dos bloques.
El factor Valencia
De cara al balotaje, las mediciones más recientes ubican a De la Espriella al frente, con porcentajes que rondan el 49% frente a un 43% de Cepeda en varias firmas. La clave del movimiento está en el traspaso de votos: cerca de tres de cada cuatro votantes de Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional que quedó tercera, declararon su intención de apoyar a De la Espriella.
Los sondeos también muestran a De la Espriella mejor valorado en seguridad, lucha contra el narcotráfico y economía, mientras Cepeda conserva ventaja en reducción de la pobreza, desigualdad y medio ambiente. Son dos proyectos de país enfrentados, y un electorado dividido casi por mitades.
La diáspora que observa
Para la comunidad colombiana en Estados Unidos, una de las más numerosas y activas de la diáspora latina, el desenlace define el tono de la relación bilateral, la política de remesas y el marco migratorio que cada familia conoce de cerca. De la Espriella ha cultivado afinidad con el discurso de la derecha estadounidense, lo que perfila un eventual giro en la relación con Washington.
Faltando pocos días, la contienda sigue abierta: las encuestas marcan tendencia, pero no resultado, y un electorado polarizado puede moverse en el tramo final. Lo que el 21 de junio definirá no es solo un nombre, sino la dirección de un país clave para el equilibrio de la región.
Esta nota tiene carácter informativo. Las cifras de encuestas reflejan mediciones de opinión con su propio margen de error.
Fuentes principales: Resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 (Registraduría Nacional); encuestas de intención de voto para el balotaje (CB Global Data y otras firmas); análisis de prensa sobre el traspaso del voto de Paloma Valencia.
Política
Washington abraza al UFC como herramienta blanda en año de mano dura
Rubio sella una alianza de diplomacia deportiva con el UFC mientras el Mundial llega entre temores migratorios. El contraste entre la cara amable y la mano dura.
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|---|---|
| Qué | El Departamento de Estado firmó una alianza de diplomacia deportiva con el UFC. |
| Quién | El secretario de Estado Marco Rubio y el director ejecutivo del UFC, Dana White. |
| Cuándo | El acuerdo se firmó el 11 de junio de 2026, días antes del evento del 14 de junio. |
| Dónde | Washington, con un evento central en el jardín sur de la Casa Blanca. |
| Por qué | La administración despliega poder blando externo en pleno endurecimiento migratorio interno. |
| Cómo | Mediante un memorando que envía peleadores como embajadores deportivos al exterior. |
El 11 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio firmó junto al director ejecutivo del UFC, Dana White, un memorando que incorpora a las artes marciales mixtas al arsenal de diplomacia deportiva de Estados Unidos. Tres días después, el jardín sur de la Casa Blanca se convierte en escenario de un evento de combate inédito, coincidiendo con el aniversario 250 de la independencia. Es poder blando en estado puro. Y llega en un momento que lo vuelve elocuente.
La cara amable hacia afuera
El acuerdo suma al UFC a un portafolio que ya incluye fútbol, tenis y fútbol americano. La idea es enviar peleadores, actuales y retirados, como embajadores en clínicas, programas de liderazgo y entrenamientos en el exterior, usando la plataforma global del deporte para proyectar valores e influencia estadounidense. Rubio enmarcó la apuesta en términos históricos, y llegó a afirmar que mil millones de personas seguirán el evento en todo el mundo.
La diplomacia deportiva no es nueva ni reprochable en sí: los países llevan décadas usando el deporte como puente. Lo llamativo es el contraste con lo que ocurre puertas adentro.
La mano dura hacia adentro

Mientras el Estado abraza el espectáculo global, el Mundial de fútbol llega a las ciudades estadounidenses envuelto en temor. En los vecindarios hispanos se vive una tensión ajena a la fiesta: el miedo a las redadas y a la separación familiar. Organizaciones de defensa de los inmigrantes llegaron a pedir una tregua migratoria durante el torneo, y las autoridades respondieron con un mensaje ambivalente: la prioridad es la seguridad del evento, no las deportaciones, pero la condición migratoria seguirá siendo un factor si se detecta una amenaza.
El contraste se vuelve nítido. La misma administración que despliega a sus atletas como embajadores de buena voluntad ante el mundo sostiene, dentro de sus fronteras, el aparato de deportación más grande de su historia. El deporte une hacia afuera lo que la política migratoria divide hacia adentro.
Lo que ve la comunidad hispana
Para el lector hispano, la escena tiene una lectura particular. El deporte —el fútbol sobre todo— es parte central de su identidad, y la fiesta global debería ser también suya. Pero la convive con la cautela de saber que el mismo país que celebra el espectáculo ante miles de millones puede, a la vez, tocar la puerta de su casa.
No es una contradicción que se resuelva con un comunicado. Es la doble cara de un momento político: la nación que se muestra abierta y poderosa en el escenario internacional, y restrictiva y vigilante en el barrio. Entender esa distancia es entender el lugar incómodo que ocupa hoy la comunidad hispana, invitada a la fiesta y temerosa de asistir.
Fuentes principales: Comunicado del Departamento de Estado sobre la alianza de diplomacia deportiva con el UFC (11 de junio de 2026); declaraciones de Marco Rubio en la firma; reportes sobre temores migratorios y pedidos de tregua durante el Mundial 2026.
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