Política
Una tasa oficial de homicidios y otra de la academia. La diferencia es de 4 veces
El gobierno reporta 3,49 muertes por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, 13,4. Y la mayor parte de las muertes violentas del país —el 58,3%— entra en una categoría llamada «averiguación» que el Protocolo de Bogotá de 2015 limitó al 10%. La verdadera cifra venezolana no es ninguna de las dos. Es la opacidad.
| Qué | Venezuela mide la violencia interpersonal con dos sistemas paralelos que arrojan cifras incompatibles, y la mayor parte de las muertes violentas del país se clasifica en una categoría administrativa que oculta las causas reales. |
| Quién | Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, dirigido por Roberto Briceño-León), CICPC (dirigido por Douglas Rico), Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), InsightCrime, FundaRedes. |
| Cuándo | Datos consolidados al cierre de 2023 e indicadores parciales 2024. La opacidad oficial sobre criminalidad es sostenida desde hace más de una década. |
| Dónde | Todo el territorio nacional. Concentración crítica en Distrito Capital, estados mineros del sur, Aragua y zonas fronterizas. |
| Por qué | Porque la seguridad ciudadana es uno de los pocos sectores donde el gobierno saliente reclama logro y donde el dato no permite verificarlo. |
| Cómo | Ausencia de programa de datos abiertos sobre criminalidad, opacidad del Ministerio Público, monopolización del crimen organizado, migración de bandas criminales al exterior. |
El gobierno reporta 3,49 muertes por cada 100.000 habitantes. El Observatorio Venezolano de Violencia, 13,4. Y la mayor parte de las muertes violentas del país —el 58,3%— entra en una categoría llamada «averiguación» que el Protocolo de Bogotá de 2015 limitó al 10%. La verdadera cifra venezolana no es ninguna de las dos. Es la opacidad.
El 8 de noviembre de 2024, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hizo una declaración pública que el aparato oficial venezolano ha repetido como ejemplo de «logro institucional»: «Este año llevamos una cifra de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes; eso nos indica que hasta la fecha, comparado con el año pasado, tenemos 320 víctimas menos de homicidio». Si la cifra fuera correcta, Venezuela tendría una de las tasas de homicidios más bajas del continente, equiparable a Chile o Argentina.
El mismo año, el Observatorio Venezolano de Violencia —monitoreo académico independiente dirigido por el sociólogo Roberto Briceño-León y operado por equipos de investigación en universidades públicas y privadas del país— calculó una tasa de homicidios estimada en 13,4 muertes por cada 100.000 habitantes. La diferencia entre ambas mediciones es de cerca de cuatro veces.
¿Cuál cifra es la verdadera? La pregunta, formulada así, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿por qué dos instituciones serias miden el mismo fenómeno con resultados tan distintos? Y la respuesta, una vez que se examina la metodología, se vuelve más inquietante que el desacuerdo numérico.
La caja negra
El informe consolidado del OVV para 2023 —el último año con cifras completas disponibles al cierre de esta edición— documentó 6.973 muertes violentas en Venezuela. Esa cifra total se descompone en tres categorías:
- 1.956 víctimas de homicidios cometidos por delincuentes (28%).
- 953 fallecidos en acciones de intervención policial (13,7%).
- 4.064 muertos violentamente cuya causa e intencionalidad están «en averiguación» (58,3%).
El dato decisivo está en la última categoría. Casi seis de cada diez muertes violentas en Venezuela ocurren bajo circunstancias que el Estado clasifica administrativamente como «en averiguación» sin que esa averiguación llegue a conclusión pública. El Protocolo de Bogotá de 2015 —estándar regional sobre clasificación de muertes violentas suscrito por la mayoría de los países latinoamericanos— estableció que el porcentaje de muertes por causas indeterminadas no debería exceder el 10% del total. Venezuela está casi seis veces por encima de ese estándar.
Y eso explica la diferencia entre el OVV y el CICPC. El OVV incluye las muertes en averiguación en sus cálculos porque, en términos estadísticos, son muertes violentas atribuibles a homicidio mientras no se demuestre lo contrario. El CICPC excluye esas muertes de su tasa oficial porque solo computa los casos cuya causa ha sido determinada formalmente. La cifra que el gobierno celebra no es una medición distinta. Es una medición incompleta.
Por qué bajaron los números (la explicación inquietante)
Las cifras del OVV también muestran una caída sostenida desde el pico de 11.891 muertes violentas en 2020. En 2021 fueron 11.081. En 2022, 9.367. En 2023, 6.973 —una caída del 25% respecto al bienio anterior—. Esa baja es estadísticamente real. Pero las razones que la explican no son las que el gobierno presenta.
El propio Briceño-León lo describió a InsightCrime en agosto de 2025 con una frase que vale la pena conservar entera. La caída de la violencia interpersonal en Venezuela —dijo el director del OVV— se explica en buena medida por la concentración del crimen organizado: «La gente puede empezar a sentirse más segura cuando puede pagar a un solo bandido en lugar de a tres. Pagan a un bandido grande y el bandido grande los protege». En los territorios donde una sola organización criminal mayor —el Tren de Aragua antes de su migración al exterior, el ELN en zonas fronterizas, los pranes en cárceles y zonas mineras— controla efectivamente la jurisdicción local, los homicidios bajan porque la violencia se administra. No hay enfrentamiento entre pequeñas bandas. Hay monopolio territorial. Y ese monopolio impone reglas sociales rígidas, cobros parainmpositivos, restricciones a la movilidad y castigos severos por incumplimiento.
La segunda explicación complementaria, también documentada por InsightCrime: parte de la disminución se explica por la migración del crimen organizado al exterior. El Tren de Aragua expandió operaciones a Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Los homicidios que esa organización cometería en Caracas se cometen ahora en Lima o en Santiago. La cifra venezolana baja. La cifra regional sube.
Para el ciudadano venezolano que camina por su calle, eso significa una cosa concreta: la sensación de mayor seguridad cotidiana es real, pero su origen no es institucional. La policía no se reformó. El Ministerio Público no abrió datos. Los tribunales no procesaron con mayor eficiencia. Lo que cambió es la estructura del crimen.
Lo que la opacidad oculta
A las dos cifras paralelas se suma una tercera medición que el Estado venezolano no publica con regularidad: las muertes por intervención policial. El OVV documentó 953 en 2023 —el 13,7% de las muertes violentas totales del país—. El Distrito Capital, San Francisco, Maracaibo, Barquisimeto y otros 18 municipios registraron en años recientes casos de muertes por intervención policial sin homicidios cometidos por delincuentes en el mismo período. Es decir: en esos municipios, el principal agente de muerte violenta documentada fue el Estado.
Esa categoría —»muerte por resistencia a la autoridad» en el lenguaje administrativo venezolano— ha sido reiteradamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, en su informe de septiembre de 2024 que ya citamos en la pieza sobre institucionalidad de este especial, calificó al aparato penal venezolano como parte de la maquinaria represiva del Estado. Las muertes por intervención policial no son un dato aislado: son una práctica institucional que la opacidad sostiene.
Lo que el inventario dice
La discrepancia entre la cifra oficial del CICPC y la cifra académica del OVV no mide la violencia venezolana. Mide la opacidad venezolana. Un país democrático con datos abiertos sobre criminalidad no produciría una diferencia de cuatro veces entre dos instituciones serias. Produciría matices metodológicos, intervalos de confianza, reconciliación estadística. Lo que Venezuela produce en cambio es paralelismo: dos cifras incompatibles que circulan a la vez sin que el aparato estatal asuma la conciliación.
Para el lector hispano en Estados Unidos —y particularmente para quien tiene familia viviendo en Caracas, Maracaibo, Valencia o Maracay— el cuadro real es el siguiente. Caminar por la calle en Venezuela puede sentirse más seguro hoy que hace cinco años. Esa sensación tiene base estadística. Pero la mejora no proviene de instituciones que se reformaron, sino de un crimen organizado que se reorganizó. Y la cifra oficial de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes que el gobierno saliente celebraba es, en términos técnicos, una cifra sin denominador completo.
La transición venezolana posterior al 3 de enero de 2026 supone, entre otras cosas, la apertura de los datos sobre criminalidad como condición para evaluar la gestión de la seguridad pública. Sin ese paso, cualquier plan de reconstrucción del aparato de seguridad opera sobre la misma caja negra del 58,3%. Y administrar lo que no se mide es, técnicamente, otra forma de no gobernar.
Fuentes: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, director Roberto Briceño-León) · Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) · CICPC (Douglas Rico) · InsightCrime (entrevista a Briceño-León, agosto 2025) · FundaRedes · Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV, ONU) · Cotejo.info · Sumarium · El Diario.
Esta pieza es parte del especial Venezuela, inventario del caos. Lea las otras nueve piezas en incisos.com/inventario-del-caos
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Política
Trump promete US$1 millón por denuncias de fraude electoral, sin explicar cómo funcionaría
El pago anunciado por Trump queda condicionado a arresto y condena. No se ha identificado una fuente de fondos, una agencia responsable, reglas de elegibilidad ni un procedimiento para cobrarlo.
Donald Trump prometió pagar US$1 millón a quien reporte fraude electoral en comicios pasados o en las elecciones intermedias de 2026, siempre que el reporte conduzca al arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude. El anuncio fue publicado el 26 de octubre en su cuenta de Truth Social y, horas después, el presidente lo reiteró ante periodistas.
La cifra llama la atención; la condición importa más. No es una oferta por presentar una denuncia ni un programa de recompensas con reglas públicas. El mensaje condiciona el eventual pago a una cadena completa: reporte, arresto y condena. Hasta ahora no se conocen la fuente de los fondos, la agencia que administraría el mecanismo, el canal específico para postular casos ni los criterios para decidir quién recibiría el dinero.
“Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud!”
Donald J. Trump, publicación en Truth Social, 26 de octubre de 2026
La promesa y el mecanismo que no aparece
La formulación de Trump deja preguntas básicas sin respuesta. No dice si el millón corresponde a cada denunciante, a cada caso o a un monto total; tampoco precisa qué elecciones previas abarca, qué entiende por fraude ni cómo se establecería que un reporte fue la causa de una condena. La Casa Blanca remitió a la publicación de Trump cuando fue consultada por NBC News y no aportó detalles adicionales.
La diferencia entre una promesa pública y un mecanismo ejecutable es especialmente relevante porque el dinero del Tesoro federal solo puede salir mediante asignaciones aprobadas por ley. Esa regla no permite concluir, por sí sola, que la propuesta sea ilegal: podría existir una fuente o una autoridad que no haya sido explicada. Pero hasta ahora no se ha identificado una partida, un reglamento, una agencia responsable ni un proceso de pago.
Una semana antes de las intermedias
El anuncio llegó una semana antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Trump lo insertó en una agenda más amplia de presión sobre la integridad electoral y de intervenciones federales en asuntos que administran principalmente los estados. El dato verificable es la promesa y su condición de arresto y condena; no hay evidencia de que exista una recompensa federal operativa que cualquier persona pueda solicitar.
Los canales oficiales para reportar posibles delitos electorales ya existen. El FBI remite a tips.fbi.gov, al teléfono 1-800-CALL-FBI y a sus oficinas locales, y señala que las autoridades estatales administran las elecciones y las infracciones locales. La publicación de Trump no creó un canal paralelo ni vinculó el pago anunciado con esas vías.
El problema de prometer una cifra sin reglas
La promesa transforma una discusión sobre vigilancia electoral en una promesa económica de alto impacto. También desplaza el foco hacia la ejecución: quién recibiría los reportes, cómo se verifican, quién relaciona un aviso con una investigación, y qué ocurriría si varias personas aportan información sobre el mismo caso.
Esas preguntas no son accesorias. Sin ellas, la recompensa sigue siendo una declaración política y no una política pública verificable. El desenlace no dependerá solo de la cifra anunciada, sino de si aparecen fondos, reglas, una autoridad responsable y un procedimiento que convierta la oferta en algo que pueda exigirse y auditarse.
Fuentes y documentos
Política
La vacante que Washington necesita para llevar a Venezuela a elecciones
Estados Unidos propone una secuencia: nuevo TSJ, CNE renovado y una vacante presidencial permanente. La hoja de ruta todavía depende de actos venezolanos que no han ocurrido.
La secuencia que Washington expuso para Venezuela no termina con un nuevo Consejo Nacional Electoral ni con una fecha en el calendario. Su último paso es una decisión que hoy no existe: una vacante permanente de la Presidencia. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el 26 de octubre que, después de instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y renovar el CNE, Delcy Rodríguez tendría que declararla para abrir el camino hacia una elección presidencial.
Ese planteamiento convierte la vacante en la pieza política decisiva de una ruta que Estados Unidos presenta como salida de la transición. También obliga a precisar qué es, por ahora: una hoja de ruta explicada por Washington en una llamada de contexto, no una decisión venezolana ya tomada, un acto del CNE, una convocatoria electoral ni un acuerdo publicado por las partes de la mesa.
“Once those two things are in place — the new TSJ at the end of this year, the new CNE very shortly thereafter — … Delcy will have to declare a vacancy in the presidency, a permanent vacancy.”
Alto funcionario del Departamento de Estado, llamada de contexto del 26 de octubre de 2026
La ruta que Estados Unidos dibuja
El funcionario describió tres movimientos encadenados. Primero, un comité integrado por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del oficialismo propondría 32 magistrados para un nuevo TSJ. La meta de Washington es que ese tribunal esté instalado antes de terminar el año, con una referencia a mediados de diciembre. Segundo, se reformaría el CNE y se renovaría su integración para que opere como una instancia técnica: organizar, contar y reportar los votos, sin decidir qué partidos o candidatos pueden competir.
Solo después aparece la vacante. Según la explicación estadounidense, una declaración de falta permanente abriría un período de seis meses para una presidencial y el nuevo CNE determinaría la fecha. Es la versión de Washington sobre el itinerario que busca respaldar. No equivale a que Delcy Rodríguez haya anunciado esa declaración ni a que exista un cronograma venezolano con esas etapas.
La vacante no es un detalle técnico
La frase importa porque desplaza la discusión desde el deseo de elecciones hacia la autoridad que tendría que abrirlas. Un TSJ distinto y un CNE distinto son instituciones; una vacante presidencial es el acto que cambiaría la condición del poder encargado y pondría en marcha otro procedimiento. Sin esa definición, la promesa de una elección sigue siendo una expectativa con varios pasos pendientes.
Ahí aparece una primera pregunta constitucional. El artículo 233 de la Constitución enumera las causas de falta absoluta y prevé una elección dentro de 30 días consecutivos si ocurre durante los primeros cuatro años del período. El artículo 234 regula las faltas temporales. La llamada del Departamento de Estado habló de seis meses. Esa diferencia no autoriza a adelantar una conclusión jurídica: exige saber qué figura se invocaría, quién la declararía y bajo qué interpretación institucional se aplicaría.
Lo que todavía tendría que verse
La ruta propuesta solo podrá medirse cuando deje documentos, nombres y actos públicos. El primer control es el comité: quiénes lo integran, cómo se reciben las postulaciones, con qué criterios se ordenan y qué nombres llegan a la Asamblea Nacional. El segundo es el CNE: qué norma cambia sus funciones, quiénes lo integran y qué garantías concretas ofrece para registro, candidaturas, voto exterior, escrutinio y divulgación de resultados.
El tercero es la vacante. No bastará con que sea mencionada en una llamada de Washington. Tendrá que existir un acto venezolano que permita conocer su fundamento, su alcance y la fecha desde la cual corre cualquier plazo. El cuarto es político: una elección puede tener instituciones nuevas y, aun así, conservar obstáculos si no se garantizan competencia, libertad de organización, información y posibilidad de cuestionar decisiones ante una autoridad creíble.
La diferencia entre una ruta y una transición
La intervención estadounidense aporta una arquitectura más precisa que la simple exigencia de “elecciones ya”. Coloca al TSJ y al CNE antes de la fecha, y a la vacante como bisagra entre las reformas y la convocatoria. Pero una arquitectura anunciada no sustituye su construcción. La prueba no será que Washington describa el trayecto, sino que cada estación pueda comprobarse en Venezuela.
Ese es el punto que deja abierta la transcripción: la política venezolana tiene ahora una secuencia atribuida a Estados Unidos, pero todavía debe mostrar si puede producir las decisiones, los controles y las garantías que conviertan una hoja de ruta externa en un proceso propio y verificable.
Fuentes y documentos
- Departamento de Estado de Estados Unidos · “Senior State Department Official on Venezuela”, 26 de octubre de 2026
- Departamento de Estado de Estados Unidos · comunicado sobre las conversaciones de reconciliación, 22 de octubre de 2026
- TSJ · Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 233 y 234
- Reuters · secuencia institucional expuesta por Washington, 26 de octubre de 2026
Aquí en Columbus
Los centros de datos llegan a la papeleta con una pregunta: quién paga
Acton y Ramaswamy discuten energía, impuestos e inversiones. El contraste debe hacerse sobre compromisos verificables, no solo anuncios de campaña.
Los centros de datos se han convertido en un eje de la última semana de campaña por la gobernación de Ohio. Una cobertura publicada el 26 de octubre por Statehouse News Bureau contrasta las posiciones de Amy Acton y Vivek Ramaswamy sobre incentivos, energía y condiciones para esos proyectos.
Acton ha planteado una moratoria condicionada a requisitos sobre costos, energía, trabajo, ambiente y acuerdos comunitarios. Ramaswamy ha dicho que se opone a exenciones del impuesto a la propiedad para centros de datos y que los proyectos deben aportar beneficios a las comunidades. Statehouse News Bureau reportó que las campañas también intercambiaron cuestionamientos sobre inversiones financieras; son alegaciones de campaña que deben leerse junto con las respuestas de cada parte.
Para Central Ohio, el tema tiene una traducción doméstica: electricidad, agua, suelo y recaudación local. Un proyecto puede aportar inversión y, a la vez, exigir infraestructura cuyos costos deben distribuirse. El número anunciado de empleos no responde por sí solo quién financiará esas necesidades.
La comparación útil distingue facultades del gobernador, decisiones de la legislatura, regulación de servicios y acuerdos locales. Una promesa de campaña no modifica automáticamente esos instrumentos ni garantiza que otros actores la aprueben.
La comparación entre las condiciones que ofrece cada candidato, su aplicación y la información disponible para las comunidades será clave antes de decidir. La expansión tecnológica está en la conversación electoral porque sus beneficios y costos se sienten en lugares concretos.
Ilustración conceptual; no es una fotografía documental.
Fuentes y documentos
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