El primero de enero de 2025, Carmen Teresa Navas, ochenta y un años, esperaba a su hijo Víctor Hugo con hallacas y bombones. Era Año Nuevo. La mesa estaba puesta. Los platos en su sitio. Las servilletas dobladas como ella las dobla siempre. Y ella, sentada, esperando.

Víctor no llegó esa noche.

Víctor no llegó ninguna otra.

Lo que le dijeron que era detención fue, después se supo, secuestro de Estado. Lo que le dijeron que era proceso fue, después se supo, encubrimiento. Lo que le dijeron que era reclusión en El Rodeo I, el 24 de octubre de 2025, fue, después se supo, mentira institucional. Cuando esa acta de la Defensoría aseguraba a Carmen Teresa que su hijo seguía vivo, Víctor llevaba tres meses muerto.

Sí. Tres.

Imaginen una madre de ochenta y un años recorriendo durante dieciséis meses sedes de inteligencia militar, fiscalías, defensorías, tribunales. Imaginen las salas de espera. Las preguntas sin respuesta. Los funcionarios que la miraban a los ojos y le mentían. Imaginen la dignidad con la que esa señora, semana tras semana, se ponía sus zapatos y salía a buscar a su hijo. Imaginen el costo físico para un cuerpo de ochenta y un años. Imaginen el costo del alma.

No imaginen. Pasó.

Pasó en Venezuela durante la transición tutelada. Pasó mientras el Departamento de Energía de Estados Unidos celebraba el éxito de la operación de extracción de uranio del IVIC. Pasó mientras Chris Wright explicaba en Washington que el plan de tres fases avanzaba según lo planeado. Pasó mientras la diáspora venezolana en Estados Unidos miraba con esperanza moderada la posibilidad de reconciliación.

Hay madres a las que la historia les pasa por encima. Carmen Teresa es una de ellas. Pero hay madres que, además de ser pisadas por la historia, le devuelven a la historia algo. Carmen Teresa lo está haciendo. Su voz, exigiendo análisis genético para verificar que los restos exhumados son de su hijo, es una pregunta directa al aparato institucional venezolano. Es una pregunta que la nación entera escuchará. Es una pregunta que el régimen actual no puede contestar sin abrir la pregunta más grande: ¿cuántas otras Carmen Teresa hay?

Cuatrocientas cincuenta y cuatro personas siguen detenidas en Venezuela por razones políticas, según el último reporte de Foro Penal. Sesenta y cinco por ciento de ellas no tienen condena. Cada una de esas familias tiene su Carmen Teresa. Cada una espera. Cada una pregunta.

Lo que la transición tutelada no haga por esas familias en los próximos meses, va a quedar en el expediente moral de los próximos años. Si el régimen actual aplica el Protocolo de Minnesota como exige la ONU, si permite peritajes externos independientes, si libera a quienes no tienen condena, si ordena la liberación de presos políticos, si depura los aparatos de inteligencia militar, si ofrece reparación a las familias, entonces la transición es real. Si no lo hace, la transición es solo cambio de mando.

El plan de tres fases es plan económico. Bien. Que las refinerías operen, que el sistema bancario se restablezca, que llegue la inversión, que la moneda se estabilice. Bien. Pero ningún plan económico, por exitoso que sea, sustituye lo que un Estado le debe a sus ciudadanos cuando los detiene, los oculta, les miente y los entierra sin avisar a la madre.

Carmen Teresa lleva dieciséis meses recordándonos eso.

Que el Sistema Interamericano se aplique al caso. Que la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas profundice la documentación. Que la Corte Penal Internacional incorpore el expediente. Que los organismos venezolanos de derechos humanos sigan presionando. Que la diáspora amplifique la voz. Que cada uno de nosotros, donde esté, no permita que el caso se entierre por segunda vez.

Carmen Teresa, ochenta y un años, hoy puso flores en una tumba de la que no estaba segura. Eso solo, ese gesto, debería detener al país durante un día entero. Finalmente pudo asegurarse de que en efecto era su hijo.

Pero el país no se detiene. La rutina continúa. Todo sigue.

Que siga. Pero no sin Carmen Teresa.

Que siga. Pero con el nombre de Víctor Hugo Quero Navas en cada conversación sobre transición. Que siga. Pero con la pregunta abierta de cuántas Carmen Teresa más estaremos olvidando ahora mismo.

La nación entera, decíamos ayer, repudia lo sucedido con Víctor. Lo decimos con razón. Pero las naciones no repudian: repudian las personas. Y solo si el repudio se traduce en presión sostenida, en escrutinio constante, en exigencia de justicia, vale algo.

Carmen Teresa no necesita compasión. Necesita justicia. La nuestra, la que cada uno de nosotros pueda dar.

Y en la mesa, seguramente siguen las hallacas que prepararon para él. Las servilletas dobladas. El plato puesto. Una madre esperando.

El miércoles 6 de mayo, Donald Trump, en una de sus frecuentes intervenciones ante periodistas, dijo que la gente en Venezuela está bailando en las calles por lo bien que va el proceso desde el 3 de enero. Lo dijo como quien describe una postal: una fiesta nacional ininterrumpida, salsa en cada esquina, alegría desbordada.

Yo me quedé pensando en ese verbo. Bailar.

Lamentablemente, el presidente Trump no ha superado las imágenes de Maduro bailando en tarimas mientras el país se caía a pedazos, mientras sus serviles segundones robaban, mataban, contrabandeaban, extorsionaban, torturaban, a su ritmo, siguiendo su compás y su tumbao.

Esos son los bailes a los que quizá se refiere Trump. Quienes bailan ahora son los mismos que le hacían comparsa a Maduro y hoy están en la primera fila de esa coreografía.

La gente no.

La gente de verdad verdad no tiene ánimos para bailar. Los 28 millones de venezolanos retratados en la más reciente encuesta Encovi de la Universidad Católica Andrés Bello no tienen una cuenta en Citibank que pueden activar bajo tutela, ni reciben directrices de tres fases, ni pueden operar un parlamento gatopardiano que desempolva leyes para que los cambios sirvan para que todo siga igual.

La gente, esa gente, está en otra cosa.

Mientras Trump describía un país festivo desde Washington, tres funcionarios de la Policía de Chacao narraron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo se cosieron la boca en El Helicoide para no morir tragando lo que les daban, cómo les forraron la cabeza con periódico y cinta adhesiva para torturarlos, cómo aprendieron por qué las personas se suicidan. Una de ellas, Venus Medina, contó que la celda de las mujeres estaba debajo de la celda de castigo y que se quedaban en silencio escuchando las torturas. Un silencio, dijo, que es temor pero también respeto. Eso no es ritmo. Es mortaja.

No se puede bailar cuando un encarcelado, desaparecido en alguna cárcel, muere bajo custodia del Estado, lo entierran y no ofrecen información-decenas de veces solicitadas por su madre- sino hasta diez meses después del hecho. Víctor Quero, el nuevo rostro de la barbarie que sale a bailar, y luego pide superar los hechos, perdonar y regresar.

Los trabajadores marcharon en Caracas hacia la embajada de Estados Unidos para entregar una carta. No fueron a Miraflores, donde está el gobierno. Fueron a la embajada que recién reabrió. Allí pidieron lo que el salario mínimo les niega: que con 130 bolívares al mes, equivalentes a 0,27 dólares, no se puede vivir. Eso no es un tema de tarima.

En Carabobo, los apagones se intensificaron después de los 45 días de racionamiento. En Falcón, los pacientes temen que cierre la unidad de diálisis por falta de personal. En Jesús de Nazareth, San Juan de los Morros, llevan tres días sin electricidad. En Barinas, los partidos opositores se reorganizan. En Mérida, en Maracaibo, en El Tigre. En cada esquina del mapa, lo mismo.

A la gente en Venezuela sí le gusta bailar y sí está lista para una fiesta de varios días, con música de todos los calibres y géneros. Pero este vals hablado de los últimos meses es música luctuosa. Invita al luto.

En el país están pasando cosas. Y muchos ya están escogiendo las playlists. Cuando el DJ —que ni ha querido revelar su nombre artístico— haga sonar la música que este país quiere oír, ahí sí se va a maravillar Trump por el movimiento de caderas en ritmo de joropo, tamunangue, merengue, salsa y tambor.

Y él, al ver aquello, cambiará sus ya famosos pasos porque le comenzarán a bailar las paraparas de los ojos.

Hay frases que uno aprende temprano en la vida y vuelve a entender tarde. La de hablar de la soga en la casa del ahorcado es una de esas. La cita se usa para advertir contra la imprudencia de mencionar lo evidente donde más duele. Pero también significa otra cosa, menos comentada: a veces la soga se nombra porque sigue colgando.

El miércoles 6 de mayo, la Casa Blanca publicó la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos para 2026. La sección que abre el bloque por regiones se titula Counterterrorism by Region · Our Hemisphere. Antes de Indo-Pacífico, antes de Medio Oriente, antes de África, está nuestro hemisferio. La decisión de orden importa. Por primera vez en décadas, América Latina aparece como prioridad uno en un documento oficial de contraterrorismo estadounidense. Y dentro de la sección, Venezuela ocupa el espacio que la cobertura global venía intuyendo: el de pieza central.

El documento describe a Nicolás Maduro como cartel boss in league with terror-sponsor Iran and its terror proxy Hezbollah. Eso ya no es retórica de campaña. Es lenguaje codificado en política de Estado.

La pregunta que me hago, escribiendo desde Columbus para los venezolanos estén donde estén, no es si la advertencia es exagerada. La pregunta es por qué se hace ahora.

Venezuela está bajo tutela. Maduro y Cilia Flores están presos en territorio estadounidense. Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada en Miraflores. Las relaciones diplomáticas se restablecieron en marzo. Laura Dogu llegó a Caracas el 31 de enero como encargada de negocios; el secretario de Energía Chris Wright el 11 de febrero; el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, el 18 de febrero; el secretario de Interior Doug Burgum el 4 de marzo; una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 19 de marzo; John Barrett llegó el 24 de abril. El martes 5 de mayo, Trump se reunió en la Casa Blanca con Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips para discutir la entrada de las majors a Venezuela. La normalización avanza.

Y sin embargo, el documento del 6 de mayo nombra a la soga.

Hay tres lecturas posibles. La primera es la institucional: Estados Unidos formaliza por escrito que la transición venezolana sigue siendo, hasta nuevo aviso, un asunto de seguridad antes que de diplomacia. La segunda es la disuasiva: el documento es advertencia hacia adentro de Caracas, hacia los actores del antiguo régimen que aún ocupan ministerios, hacia los socios externos que pudieran tentarse a recomponer la red. La tercera, la más incómoda, es la del recordatorio: el papel describe el peligro porque el peligro no se ha ido.

Hay otros peligros, sí. El Cartel de los Soles, aunque la acusación revisada del Departamento de Justicia haya matizado tratarlo como organización formal, sigue describiendo una red de corrupción militar enquistada que no se desmonta con un comunicado. La presencia iraní en infraestructura, en logística aérea y en negocios opacos, documentada durante años, no desaparece porque cambien los rostros visibles del poder. Hezbollah opera en la región desde hace décadas con apoyo logístico que precede y va a sobrevivir al gobierno actual de Caracas.

Cómo se combate eso se va a definir, leído con cuidado, dentro del marco que el documento codifica: con designaciones FTO, con cooperación interagencial, con presencia militar disuasiva, con condicionamiento económico, con accountability sostenida. No con una operación. Con persistencia.

Para los venezolanos, la advertencia no es alarma. Es alerta. La diferencia es importante. Una alarma pide reacción inmediata; una alerta pide vigilancia sostenida. Lo que el documento del 6 de mayo le dice al venezolano que vive afuera y al que sigue dentro del país es que la transición tutelada no es punto de llegada. Es etapa. Y como toda etapa, tiene la posibilidad de avanzar y la posibilidad de retroceder.

Hablar de la soga en la casa del ahorcado, leído así, no es imprudencia. Es honestidad. La soga sigue ahí. Reconocerla es la primera condición para retirarla.