El jueves 7 de mayo de 2026, el Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano confirmó lo que la madre de Víctor Hugo Quero Navas venía denunciando durante quince meses. Su hijo estaba muerto. Llevaba diez meses muerto. El régimen lo había enterrado sin avisarle. Carmen Navas, de 82 años, había recorrido cárceles, tribunales y oficinas durante todo ese tiempo buscando a un hijo que ya no existía.

La confirmación tenía la forma burocrática de un comunicado breve. Pero su efecto en otras familias venezolanas fue inmediato. La madre de Hugo Marino, la hermana del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, los hijos de Alcedo Mora, las hermanas de los desaparecidos colombianos Esnéider y Eliécer Vergel. Todos volvieron a levantar la voz. Porque entendieron lo que la confesión oficial sobre Quero Navas significaba para sus propios casos. Si el Estado pudo ocultar durante diez meses una muerte, podía estar ocultando muchas otras.

Cuatro días después, el lunes 11 de mayo, la conversación cambió de escala. La Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida como Grupo IDEA, emitió declaración formal sobre las desapariciones forzadas en Venezuela. La firmaron 31 expresidentes y exjefes de gobierno. La autenticó su secretario general, Asdrúbal Aguiar Aranguren. Y por primera vez en años, lo que las madres venían diciendo se respaldó con firma institucional de peso continental.

Cuarenta y un familias esperando

La organización Justicia, Encuentro y Perdón documentó al 13 de abril de 2026 un total de 41 personas en situación de desaparición forzada activa en Venezuela. La cifra no es estimación. Es registro caso por caso con expediente, fecha de detención, identificación del organismo presuntamente responsable y testimonio familiar verificado.

Las cifras históricas son más amplias. Provea contabilizó 211 víctimas de desaparición forzada entre el año 2000 y 2021. La Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, en alianza con Foro Penal, documentó más de 700 casos a lo largo de la era chavista, con un pico de 524 casos solo en 2019. El Grupo IDEA, en su declaración del 11 de mayo, registra más de 750 víctimas de desaparición forzada solo entre 2018 y 2020. Provea advirtió en su informe del 30 de agosto de 2025 que la práctica se ha «institucionalizado» como política de Estado contra la población civil, particularmente tras los comicios del 28 de julio de 2024.

Amnistía Internacional, en informe presentado el 15 de julio de 2025 sobre 15 casos documentados entre julio de 2024 y junio de 2025, concluyó que las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo cual configura crimen de lesa humanidad.

La diferencia entre los 41 casos del registro JEP y los miles documentados históricamente está en la duración. La mayoría de las desapariciones forzadas registradas por Foro Penal y RFK Human Rights duraban en promedio cinco días, lo cual sugería, según el análisis, que el gobierno deseaba evitar el escrutinio que conllevan detenciones formales prolongadas. Los 41 casos que JEP mantiene activos son aquellos donde la familia, después de meses o años, todavía no tiene confirmación oficial de paradero, condición legal o estado de salud.

Once años buscando a Alcedo Mora

El caso más antiguo de la lista es el de Luis Alcedo Mora Márquez, conocido como Batería. Cumplió once años desaparecido el 27 de febrero de 2026. Dirigente social del estado Mérida, militante histórico de la izquierda venezolana y trabajador de la gobernación regional, había denunciado durante meses una red de contrabando de gasolina y gasoil entre funcionarios de PDVSA en El Vigía y la gobernación de Mérida, presuntamente articulada con paramilitares colombianos.

Días antes de su desaparición, Mora envió un mensaje a sus camaradas: «Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin». El 27 de febrero de 2015, salió de una reunión con el secretario general de la Gobernación de Mérida, Luis Martínez, donde había entregado pruebas documentales del contrabando. No regresó a su casa.

Dos días después también desaparecieron los hermanos Esnéider y Eliécer Vergel Prado, colombianos en condición de refugiados que trabajaban ocasionalmente con Mora. La investigación independiente realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y por Provea apunta al SEBIN como responsable.

El rastreo del teléfono celular de Mora, según declaró el abogado de Provea Marino Alvarado, mostró que el dispositivo siguió activo durante aproximadamente 48 horas tras su desaparición, con sus captores prendiéndolo y apagándolo dentro del estado Mérida. Después se perdió toda señal. Once años después, Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo y luego Fiscal General, nunca avanzó la investigación con seriedad. Le confesó a uno de los hijos de Mora, según relataron familiares al periodismo de Infobae, que no podía decir nada porque «me meto en un peo».

El caso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio de 2016. Forma parte de los expedientes que Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, investigaba como crimen de lesa humanidad antes de que el régimen de Maduro solicitara suspender la investigación. La Fundación Clooney para la Justicia ha grabado los testimonios familiares para su serie de podcast «Voces del Desamparo».

Siete años y ocho meses sin Hurtado Campos

El teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos era oficial del Ejército venezolano asignado al Palacio de Miraflores, donde estaba encargado del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial. El 4 de septiembre de 2018, un mes después del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro conocido como Caso Drones del 4 de agosto, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo sacó del Palacio.

Según testimonio del sargento primero Gustavo Enrique Graterol Torrealba, exintegrante de la Guardia de Honor Presidencial durante nueve años, la detención fue ejecutada por una comisión encabezada por el teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, entonces jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM. Graterol desertó posteriormente para evitar ser vinculado al caso.

La hermana del oficial, Dora Hurtado, recuerda haber acudido el día siguiente al Palacio de Miraflores para preguntar por su hermano. Fue recibida por un hombre vestido de civil que se identificó como coronel Rubén Coronel y le aseguró no tener información. Le aconsejó que no investigara «en ninguna institución, pues la información era la misma en todas partes». La familia recorrió luego El Helicoide, la cárcel militar de Ramo Verde, El Rodeo I, el Ministerio Público, el CICPC y la Fiscalía General Militar. En todas partes les dijeron lo mismo. Que Hurtado no estaba.

El 23 de enero de 2024, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López publicó una lista de 33 militares expulsados y degradados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la lista aparecía el nombre de Hurtado Campos. La familia interpretó la mención como señal de vida, pero la institución nunca confirmó dónde estaba el oficial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Volker Türk, hizo público en julio de 2023 un informe expresando preocupación por la falta de avances en la investigación del caso.

2.579 días sin Hugo Marino

Hugo Enrique Marino Salas tenía 57 años cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía la mañana del 20 de abril de 2019. Era economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y, sobre todo, submarinista profesional, fundador y CEO de Sistemas Electrónicos Acuáticos. Había trabajado para el propio Estado venezolano en operaciones de localización de aeronaves siniestradas. Tenía doble nacionalidad italiana y venezolana. Llamó a su familia para avisar que había llegado bien. Esa fue la última vez.

Su madre, Beatriz Salas, mantiene desde entonces el conteo público diario en redes sociales del número de días que su hijo lleva desaparecido. Al cierre de esta edición la cifra supera los dos mil quinientos setenta y nueve. Su rutina es meticulosa. Cada día publica el conteo. Cada día exige fe de vida. Cada día recuerda que la DGCIM fue la responsable. Cada día nombra al hijo.

«Tengo siete años buscando a mi hijo y para ellos no puede ser excusa decir que no supieron dónde localizarnos. Como Estado, ellos son los responsables», declaró Salas a VPItv el 8 de mayo de 2026, dos días después de la confirmación oficial de la muerte de Quero Navas. «Me tienen que dar fe de vida de mi hijo, porque se lo llevaron vivo y vivo me lo tienen que entregar. O me tienen que dar razón de qué fue lo que pasó con él».

En entrevista a César Batiz, director de El Pitazo, ese mismo viernes 8 de mayo, Beatriz Salas acompañada por Elizabeth Marqués, esposa de Hugo Marino, declaró: «No quisiera que ninguna otra madre tenga que pasar por este calvario que nos ha tocado vivir. Yo quisiera que los próximos días de la madre lo celebraran con la satisfacción de que encontraron a sus hijos». Marqués añadió que la familia mantiene búsqueda diaria a través de abogados, medios de comunicación y redes sociales. «Todos los días hemos estado buscando a Hugo. Todos los días su mamá postea en Twitter, en Instagram, que lo estamos buscando».

El caso de Marino fue presentado ante el Ministerio Público de Venezuela, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que en 2023 solicitó medidas provisionales de carácter obligatorio), ante la Corte Penal Internacional, ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y ante la Fiscalía italiana. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU mencionó explícitamente su caso en sus informes de 2021 y 2023. La Fiscalía italiana abrió expediente por tratarse de ciudadano italiano. Hasta el cierre de esta edición, el Estado venezolano no ha proporcionado ninguna respuesta oficial.

Beatriz Salas relató en entrevista al medio Armando.info que poco después de la desaparición de su hijo, alguien entró en la vivienda familiar con las llaves de Hugo. La cerradura multilock no fue forzada. Destrozaron paredes. Robaron. Los vecinos no dijeron nada.

Veintiocho muertos con nombre

La muerte de Víctor Hugo Quero Navas no es la primera ni la única. Según las cifras conjuntas de Justicia, Encuentro y Perdón y Provea, son al menos 27 las personas detenidas por motivos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano desde 2014. Con Quero Navas, son 28.

La declaración del Grupo IDEA del 11 de mayo de 2026 recogió la lista con nombre propio. El concejal Fernando Albán y el exministro Nelson Martínez murieron bajo custodia en 2018. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en 2019. El general en jefe Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, murió en prisión en 2021. Ese mismo año fallecieron Gabriel Medina Díaz y Salvador Franco, indígena de la etnia pemón. Leoner Azuaje murió en 2023. Jesús Manuel Martínez Medina, Edwin Santos, Reinaldo Araujo, el exgobernador Alfredo Díaz Figueroa y el obrero Lindomar Amaro Bustamante fallecieron en 2024 y 2025. En 2026 ya han muerto el policía Edison Torres Fernández y el concejal José Manuel García Sabino. Y ahora, Víctor Hugo Quero Navas.

Cada uno de esos nombres tiene una familia. Cada uno tiene una madre, una esposa, una hija que pasaron meses sin información oficial sobre el paradero de sus seres queridos antes de enterarse de la muerte. En varios casos, como el de Quero Navas, el aviso oficial llegó cuando el cuerpo ya estaba enterrado.

La práctica como sistema

Las desapariciones forzadas documentadas en Venezuela no son episodios sueltos. Configuran patrón. La organización Provea, en su informe del 26 de junio de 2025 titulado «Desaparición, incomunicación y aislamiento de detenidos afianzan la tortura en Venezuela», sostiene que la práctica se intensificó tras los comicios del 28 de julio de 2024 con el «relanzamiento del plan Furia Bolivariana». La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas ha señalado que la incomunicación y el aislamiento prolongado equivalen a actos de desaparición forzada.

La mayoría de los casos documentados involucra a funcionarios de la DGCIM o del SEBIN. Las cárceles donde las familias buscan suelen ser las mismas. El Helicoide en Caracas. Ramo Verde. Boleíta. El Rodeo I y II. Los Teques. Tocuyito. Yare. En todas, las familias reportan haber recibido la misma respuesta repetida durante meses o años: «aquí no está».

Para la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del Casla Institute, quien lleva varios de los casos ante instancias internacionales, los expedientes documentan una práctica sistemática que coincide con la definición jurídica de crimen de lesa humanidad. Han sido presentados ante la Corte Interamericana, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y ante la Corte Penal Internacional.

Treinta y un expresidentes responden

La declaración emitida por el Grupo IDEA el 11 de mayo de 2026 merece registro propio. La Iniciativa Democrática de España y las Américas reúne a exjefes de Estado y de gobierno con más de una década de trabajo conjunto en defensa de la democracia continental. La firma de 31 de ellos a un mismo documento sobre Venezuela es señal política específica.

Los nombres pesan. Por España firman José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy. Por México, Felipe Calderón y Vicente Fox. Por Colombia, Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana. Por Argentina, Mauricio Macri. Por Chile, Eduardo Frei. Por Uruguay, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. Por Costa Rica, Óscar Arias, Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís. Por Bolivia, Jeanine Áñez, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga. Por Paraguay, Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy. Por Ecuador, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenín Moreno. Por Panamá, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares. Por El Salvador, Alfredo Cristiani. Por República Dominicana, Hipólito Mejía. La autenticidad fue certificada por el secretario general del Grupo, Asdrúbal Aguiar Aranguren.

La declaración recoge tres planteamientos. El primero es de constatación. Los firmantes registran haber recibido «con escándalo» la noticia de la desaparición forzada y el ocultamiento de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, y precisan que lo único que se logró saber del caso fue gracias al «reclamo público y permanente de su madre, a través de los medios de comunicación social». El segundo planteamiento es de documentación. La declaración enumera con nombre propio a las 28 personas que han muerto bajo custodia del régimen venezolano desde 2018, y refiere más de 750 víctimas de desaparición forzada en Venezuela entre 2018 y 2020.

El tercer planteamiento es de demanda política. Los firmantes consideran que «la desaparición forzada de personas, sus torturas y sus muertes bajo custodia gubernamental implican una peligrosa ruptura con las leyes universales de humanidad». Y sostienen, citando expresamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estos hechos «representan una violación múltiple, continua y grave de derechos humanos que combina la privación de libertad, la tortura y frecuentemente la ejecución extrajudicial, constituyéndose en crimen de lesa humanidad, imprescriptible».

La conclusión que ofrece la declaración es la que más resonará. Los firmantes advierten que la estabilidad esperada en Venezuela, «bajo un clima de respeto a la dignidad de la persona humana, sólo se alcanzará con el restablecimiento inmediato de su democracia, bajo la genuina guía de la voluntad popular de los venezolanos». Y agregan que ello «exige del cese en el poder de quienes han sido identificados como los presuntos responsables de esas violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, por los Informes de la Misión Independiente de Naciones Unidas».

La frase no nombra individuos pero apunta a una posición clara. Los responsables identificados por la Misión Independiente de la ONU deben dejar el poder. Esa demanda se hace pública el mismo día en que Donald Trump declaró a Fox News que considera seriamente convertir a Venezuela en el Estado 51 de Estados Unidos. La coincidencia temporal merece registro, aunque las dos declaraciones operan en planos completamente distintos. Una propone una reorganización geopolítica. La otra exige rendición de cuentas judicial.

Lo que el rodrigato no resuelve

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 cambió la conversación pública sobre Venezuela. Petróleo, transición tutelada, declaraciones sobre Estado 51, cumbre Trump-Xi, plan de tres fases articulado por Marco Rubio. Todo eso es noticia continuamente. Las desapariciones forzadas, no.

Hay una explicación parcial. Las cadenas de mando que ejecutaron muchas de estas desapariciones siguen operativas dentro del nuevo orden tutelado. Granko Arteaga, señalado por el caso Hurtado Campos. Saab, que fue Defensor del Pueblo cuando ocurrieron las desapariciones de Mora y los Vergel y luego Fiscal General durante años. Los funcionarios de la DGCIM mencionados en el caso Marino. Algunos están retirados. Otros permanecen en cargos públicos o han sido reasignados dentro de la nueva administración encabezada por Delcy Rodríguez.

Mientras esas cadenas de mando no rindan cuentas y mientras los expedientes sigan abiertos sin avance, los casos individuales no se cierran. La muerte de Víctor Hugo Quero Navas en julio de 2025, confirmada por el Estado en mayo de 2026, demostró que la fórmula seguía operando incluso bajo la nueva administración. La declaración del Grupo IDEA del 11 de mayo confirma que la comunidad democrática hemisférica reconoce el patrón y exige consecuencias.

Las madres no se rinden

El domingo 10 de mayo de 2026, Día de la Madre en Venezuela, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos colocó en los alrededores de la cárcel El Rodeo I un cartel con la fotografía de Víctor Hugo Quero Navas. La inscripción explicaba que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025, después de haber permanecido en desaparición forzada desde enero de ese mismo año. El texto acusaba a las autoridades de haber negado su presencia en la cárcel, ocultado su muerte y destruido evidencia.

Ese mismo domingo, Beatriz Salas publicó nuevamente el conteo diario. Dora Hurtado escribió que mantiene la fe de que su hermano sigue vivo. Los hijos de Alcedo Mora, desde el exilio en Ecuador, recordaron a su padre. Dany Vergel publicó otra exigencia por sus hermanos.

María Corina Machado declaró en redes que todas las venezolanas son hoy una sola voz en la de Carmen Navas. La Plataforma Unitaria Democrática se solidarizó con las madres «que enfrentan el dolor de la injusticia y la separación». El Observatorio Venezolano de Prisiones pidió la destitución del ministro para el Servicio Penitenciario Julio García Zerpa.

Y las madres siguieron haciendo lo que llevan años haciendo. Preguntando. Publicando. Esperando.

Lo que sigue

INCÍSOS hará seguimiento periódico de estos casos. Beatriz Salas seguirá publicando su conteo diario. Dora Hurtado seguirá insistiendo. La familia de Alcedo Mora seguirá demandando justicia desde el exilio. Las hermanas de los Vergel seguirán esperando. Y se sumarán nombres nuevos a medida que se documenten casos del último año.

Mientras tanto, el expediente abierto ante la Corte Penal Internacional sobre Venezuela permanece técnicamente activo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene medidas cautelares y provisionales sobre varios de los casos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas sigue recibiendo nuevos expedientes. La Fiscalía italiana mantiene la causa sobre Hugo Marino. El Casla Institute, junto con Foro Penal, Provea, OVP y JEP, continúa documentando. Y el Grupo IDEA, con sus 31 firmas, ha puesto la cuestión sobre la mesa de quienes ahora administran la transición.

La transición venezolana podrá negociar petróleo, redactar leyes y rediseñar instituciones. Pero ningún acuerdo internacional, ninguna licencia OFAC, ninguna conversación de Doha, podrá cerrar estos casos sin verdad. Y las madres, como Beatriz Salas escribió en su última publicación, no se rinden.

Fuentes principales: Declaración del Grupo IDEA (11 mayo 2026), JEP (registro al 13 abril 2026), Foro Penal, Provea, Amnistía Internacional, RFK Human Rights, OVP, ACNUDH, Corte IDH, CIDH, CPI, Casla Institute, ODH-ULA, Misión Independiente ONU, entrevistas en El Pitazo y VPItv (8 mayo 2026), Armando.info, Infobae, El Nacional, Correo del Caroní.

Hay viajes presidenciales que se hacen para celebrar una posición. Y hay viajes que se hacen porque no quedaba otro remedio. La visita de Donald Trump a Beijing los días 14 y 15 de mayo de 2026 pertenece a la segunda categoría, por más que la Casa Blanca trabaje el relato en sentido contrario.

Es la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi nueve años. Y es también la primera vez en este segundo mandato que Trump llega a una mesa de negociación sin las herramientas con las que construyó su política exterior durante el primer año. Sin aranceles ilimitados, porque la Suprema Corte se los tumbó en febrero. Sin guerra comercial en curso, porque la perdió en 2025 cuando Xi amenazó con cortar tierras raras y Trump retrocedió. Sin precios de petróleo bajos, porque la guerra con Irán mantiene el Estrecho de Hormuz tensionado. Y sin la popularidad doméstica que sostenía la doctrina de imprevisibilidad. Lo que llega a Beijing no es el Trump del «arte del deal». Es un presidente que necesita la cumbre más de lo que querría admitirlo.

Lo que Xi ganó antes de recibirlo

Para entender el viaje, hay que entender qué pasó durante 2025. Trump empezó su segundo mandato con la herramienta de la primera presidencia ampliada al extremo: aranceles «recíprocos» que llegaron a superar el 140% sobre bienes chinos. Xi respondió con lo que en Beijing se llama informalmente la «break glass tool»: amenaza explícita de cortar el suministro de tierras raras y de magnetos que las industrias estadounidenses necesitan para fabricar desde autos eléctricos hasta sistemas de defensa. Lo amenazó en abril de 2025. Lo amenazó otra vez en octubre. En ambas ocasiones, Trump cedió.

En febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional el régimen de aranceles «recíprocos». Trump perdió la herramienta arancelaria que era central a su política exterior. Y en el momento en que la perdió, Xi adoptó una medida adicional: suspendió exportaciones de una gama amplia de tierras raras y prohibió la venta de semiconductores de la china Nexperia al mercado estadounidense. Las cadenas industriales europeas, japonesas, surcoreanas y norteamericanas se vieron afectadas de inmediato. Beijing demostró, en términos prácticos, que controla nodos críticos de la economía manufacturera global que ninguna alternativa cercana puede sustituir en plazos cortos.

Por eso Trump va a Beijing. No para celebrar. Para tratar de estabilizar.

La guerra que ningún lado ganó (todavía)

El otro elemento del cuadro es Irán. La administración Trump, junto con Israel, inició operaciones militares contra Irán el 28 de febrero de 2026. La predicción inicial era una campaña de cuatro a seis semanas. Lleva más de dos meses y medio. El Estrecho de Hormuz, por donde pasa una porción significativa del petróleo y gas global, está bajo bloqueo dual. Los precios de la energía están elevados. Y China, que es el mayor socio comercial de Irán y el principal comprador de su petróleo, es uno de los pocos actores con capacidad real de mover la aguja diplomáticamente.

La semana pasada, el canciller iraní Abbas Araghchi visitó Beijing. La semana siguiente al viaje de Trump, Putin tiene previsto visitar también la capital china. Xi está orquestando deliberadamente una secuencia: recibe a Irán antes que a Estados Unidos, recibe a Estados Unidos en el medio, y recibe a Rusia después. El mensaje es claro y se entiende en cualquier idioma: las piezas críticas del tablero global pasan por mi mesa, no por la tuya.

Para Trump, esto significa que llega a la cumbre necesitando que Xi presione a Teherán para reabrir el Estrecho de Hormuz. No es una solicitud cualquiera. Es un favor que Beijing puede cobrar caro en otras divisas: Taiwán, acceso a tecnología de inteligencia artificial, levantamiento de sanciones sobre empresas chinas, condiciones favorables en el comercio bilateral.

La delegación empresarial como acto declarativo

A esta cumbre Trump no llega solo. Lo acompañan Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink, Kelly Ortberg y directivos de Citigroup, entre otros. Más de una docena de líderes empresariales. La presencia de esta delegación cumple varias funciones simultáneas. La primera, decorativa: poblar el viaje de imágenes que sugieren oportunidad. La segunda, transaccional: que cada CEO traiga compromisos de compra o de inversión que permitan a ambos gobiernos anunciar «victorias» sustanciales al final del encuentro. La tercera, y probablemente la más importante, es de presión interna: cuando los CEO de las principales empresas estadounidenses sienten que necesitan acceso al mercado chino, la lógica de «desacoplamiento» predicada por una porción del Partido Republicano se vuelve difícil de sostener.

Conviene leer este detalle: la delegación es más pequeña que la que acompañó a Trump en su visita a Arabia Saudita el año pasado, cuando viajaron más de treinta líderes corporativos. Una delegación de doce o trece nombres es delegación de trabajo, no de espectáculo. Indica que las empresas estadounidenses están dispuestas a acompañar el viaje siempre y cuando produzca resultados concretos, pero que el entusiasmo del sector privado por la doctrina trumpista hacia China no es tan robusto como hace dieciocho meses.

Lo que China hará y lo que no hará

El análisis más sereno de la cumbre proviene del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y del Council on Foreign Relations, dos centros de pensamiento donde la tradición de leer a China sin entusiasmo trumpista pero también sin hostilidad ideológica está bien establecida. Su lectura combinada es la siguiente. China llegará con capacidad para resistir a Trump en sanciones, controles tecnológicos, minerales críticos e Irán. Pero la disposición misma de Xi a recibir al presidente estadounidense en una visita de Estado, con todo el aparato ceremonial chino, indica que Beijing necesita esa cumbre menos que Washington pero más de lo que aparenta. Una economía china desacelerada, presiones demográficas internas, tensiones financieras en el sector inmobiliario y un sector exportador buscando estabilidad, hacen que Xi prefiera, en este momento, un equilibrio negociado a una confrontación abierta.

Lo que no hará Xi es ceder en los puntos donde tiene ventaja estructural. No abrirá el flujo de tierras raras sin condiciones. No reducirá el control sobre las cadenas de electrotech. No aceptará restricciones operativas a sus empresas en sectores de inteligencia artificial. Y, sobre todo, no negociará Taiwán a la baja. Wang Yi, principal diplomático chino, le dijo a Marco Rubio en una llamada del 30 de abril que Taiwán es «el mayor punto de riesgo» en la relación bilateral, y le exigió a Washington «cumplir sus promesas» y «tomar las decisiones correctas».

Lo que sí hará China es ofrecer concesiones simbólicas y comerciales que ambos lados puedan presentar como victoria: compras de soya, eventualmente algunas concesiones puntuales en aviación o energía, acuerdos generales sobre uso de inteligencia artificial en armas nucleares (que ya existía con Biden y puede reactivarse), comunicados conjuntos sobre cooperación en clima y salud pública. Lo suficiente para que el viaje produzca titulares positivos y para que la relación bilateral se estabilice durante al menos los próximos seis meses.

El hilo venezolano

Hay una pieza menor en esta cumbre que conviene seguir, porque conecta directamente con el resto de la edición. Venezuela. China prestó a Caracas más de sesenta mil millones de dólares en créditos respaldados por petróleo entre 2007 y 2015. Buena parte de esa deuda nunca fue pagada en términos del principal. Cuando Maduro fue capturado el 3 de enero, Beijing perdió bruscamente al deudor con el que había negociado durante quince años. Las estimaciones más conservadoras hablan de unos veinte mil millones de dólares de deuda activa que China quiere asegurar en cualquier reestructuración. La administración Rodríguez, tutelada por Washington, no tiene ni la autonomía ni el incentivo para reconocer esa deuda automáticamente.

Trump ha sugerido que China y Rusia pueden seguir comprando crudo venezolano mientras Estados Unidos administre la transición. La frase suena generosa pero esconde una posición negociadora dura: el crudo que Beijing quiera comprar será administrado por las empresas estadounidenses que ahora retoman concesiones en Venezuela. Es decir, China compra, pero no controla. Y la deuda histórica queda como pieza de negociación.

En la cumbre de Beijing, Venezuela no será tema central. Pero será uno de los muchos asuntos donde Xi puede preguntar discretamente, sin presionar, qué espacio queda para los intereses chinos en el rediseño del hemisferio occidental. La respuesta de Trump, sea cual sea, marcará la línea de lo que Washington está dispuesto a conceder en su patio trasero para sostener la estabilidad del Pacífico. Y la lectura que haga Beijing de esa respuesta determinará si la «asociación estratégica a largo plazo» entre Caracas y Washington puede consolidarse sin obstrucción china, o si Xi prefiere recordarle a Trump, por vías indirectas, que aún tiene cartas que jugar en América Latina.

El nuevo orden, sin entusiasmo

Lo que ocurra en Beijing los próximos dos días no resolverá la relación bilateral más importante del mundo. Pero sí marcará la temperatura. Si la cumbre produce comunicados conjuntos, concesiones simbólicas y un calendario regular de reuniones futuras —Xi en Washington en septiembre, Trump en el APEC de Shenzhen en noviembre, Xi otra vez en el G20 de Miami en diciembre—, lo que se estará dibujando es un nuevo equilibrio basado en la administración mutua del desacuerdo, no en su resolución. China y Estados Unidos no van a hacerse aliados. Van a aprender a coexistir mientras compiten por nodos críticos de la economía global.

Para el resto del mundo, incluido el hemisferio occidental, lo que se juega en esa coexistencia es relevante. Significa que las potencias medias —Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela también— operarán durante los próximos años en un sistema donde las dos grandes capitales negocian bilateralmente, donde los foros multilaterales pesan cada vez menos, y donde cada país tendrá que escoger con qué velocidad y con qué condiciones se inserta en cuál de las dos cadenas de valor. El mundo de Bretton Woods está cerrado. El mundo que lo reemplaza no tiene nombre todavía. Pero los primeros contornos se están firmando, con tinta provisional, en mesas como la del Gran Salón del Pueblo esta semana.

Trump llega con menos cartas de las que querría. Xi lo sabe. La diplomacia china, paciente como pocas, lleva décadas esperando exactamente este momento.

Una semana es tiempo suficiente. El miércoles 6 de mayo de 2026, en una alocución desde la Casa Blanca, Donald Trump dijo dos frases que merecen ser leídas en conjunto: que «los cárteles gobiernan México» y que, si el gobierno mexicano «no va a hacer el trabajo», lo hará Estados Unidos. La primera define al adversario. La segunda anuncia la herramienta. Entre las dos, queda enunciado un programa político que en otras circunstancias hubiera sido recibido como amenaza diplomática extrema, pero que ahora se procesa como una declaración más en una serie que se va volviendo rutinaria. El problema con esa normalización es que oculta lo que efectivamente está ocurriendo. Una semana después de las declaraciones, con la respuesta de Claudia Sheinbaum ya emitida y el ciclo informativo desplazado hacia otros frentes, conviene preguntarse no qué pasó esta semana sino qué viene. Y para entender qué viene, hay que reconocer el método.

Los pasos del método

Hay una secuencia que se repite. El primer paso es la redefinición jurídica del adversario. En Venezuela, fue la calificación del régimen como «narcoestado» articulado alrededor del Cartel de los Soles. En México, fue la designación oficial del Cártel de Sinaloa y del CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, decretada por Trump al regresar a la Casa Blanca en 2025. Esa redefinición tiene una función práctica clave: trasladar el conflicto del marco penal (donde rige cooperación bilateral, extradiciones, debido proceso) al marco antiterrorista (donde rige uso de la fuerza militar, acción unilateral, doctrina de «amenaza directa a la seguridad nacional»).

El segundo paso es la presión sobre actores específicos del Estado adversario. En Venezuela, fueron las sanciones individuales contra funcionarios del régimen, las acusaciones formales contra Maduro y Cabello por narcotráfico, las recompensas millonarias por información que llevara a su captura. En México, comienza con la acusación formal del 9 de abril contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, y con el anuncio del fiscal general interino Todd Blanche de que vendrán más acusaciones. Lo que se construye con cada acusación es la idea de un Estado capturado por el adversario, y por tanto incapaz de ser interlocutor confiable.

El tercer paso es la demostración de capacidad militar limitada. En Venezuela, fueron los ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe durante 2024 y 2025. En México, son los mismos ataques, ahora extendidos al Pacífico oriental: 190 muertos en ocho meses según cifras del propio Comando Sur. Cada ataque cumple dos funciones: producir resultados operativos (interceptar drogas, supuestamente) y normalizar la idea de que Estados Unidos opera militarmente, sin pedir permiso, contra blancos en territorios aledaños a otros Estados.

El cuarto paso es la apertura retórica de la «fase terrestre». En Venezuela, esa apertura llegó cuando Trump comenzó a hablar abiertamente de «todas las opciones sobre la mesa» durante la segunda mitad de 2025, hasta culminar en la operación del 3 de enero. En México, esa apertura se inauguró el 6 de mayo con la frase de la «fase terrestre» que «es mucho más fácil» que la marítima. No es retórica al pasar. Es señal.

El quinto paso, en el caso venezolano, fue la operación militar directa. Que ese paso se ejecute o no en México depende de variables que conviene examinar con cuidado.

Lo que la respuesta de Sheinbaum dice y lo que no dice

La respuesta de Claudia Sheinbaum del 7 de mayo siguió un libreto cuidadoso. Presentó cifras: 50% menos homicidios dolosos, 2.500 laboratorios destruidos, reducción del paso de fentanilo. Reconoció la cooperación: México ha entregado a más de 100 narcotraficantes de alto impacto. Reafirmó el principio: la cooperación continúa «siempre y cuando tengamos muy claro que no se viola la soberanía». Y agregó una observación, citada menos pero significativa: que Estados Unidos también tiene «un problema grave de consumo» que tendría que reconocer, junto con la responsabilidad estadounidense en el tráfico de armas hacia México.

Lo que Sheinbaum no dijo es tan revelador como lo que dijo. No anunció represalias diplomáticas. No llamó a consultas al embajador mexicano en Washington. No suspendió ningún acuerdo bilateral. No solicitó reunión con el Consejo de Seguridad de la OEA. No invocó tratados de soberanía. La respuesta fue, deliberadamente, una respuesta de baja intensidad. La razón es transparente: México no puede permitirse romper con Estados Unidos. El 80% de sus exportaciones tienen ese destino. Las remesas que sostienen millones de hogares dependen del estatus migratorio de la diáspora mexicana en Estados Unidos. La política industrial de los próximos años pasa por la negociación del T-MEC. Sheinbaum está jugando un equilibrio: rechazar la intervención, mostrar resultados internos, evitar la confrontación abierta, y ganar tiempo.

El problema es que el tiempo, en este patrón, suele jugar en contra del actor presionado, no a su favor. Cada semana de espera es una semana en la que la administración estadounidense acumula expedientes, prepara más acusaciones formales y normaliza el lenguaje militar.

Las diferencias que sí importan

Aquí es donde el caso mexicano se separa estructuralmente del venezolano, y donde el «método» encuentra sus límites reales. Cinco diferencias merecen registro.

La primera es la integración económica. La economía estadounidense depende de México de una manera que jamás dependió de Venezuela. Las cadenas automotrices, electrónicas, agrícolas y manufactureras del Medio Oeste y del Sur estadounidense pasan por suelo mexicano. Una operación militar contra cárteles que perturbe la frontera o desestabilice estados productivos provocaría daño inmediato a sectores económicos enteros del propio votante trumpista. El cálculo costo-beneficio que llevó a la Casa Blanca a actuar contra Maduro —un Estado pobre, aislado internacionalmente, sin integración productiva con Estados Unidos— no se replica con México.

La segunda es la dimensión migratoria. La frontera México-Estados Unidos es la frontera política más sensible de la administración Trump. Cualquier operación militar transfronteriza, aunque sea limitada y quirúrgica, produciría desplazamientos internos en México, presión migratoria adicional hacia el norte, y una crisis humanitaria que convertiría a la frontera en escenario imposible de administrar políticamente.

La tercera es la dimensión política mexicana. Sheinbaum llegó a la Presidencia con el 60% del voto. La 4T, con todos sus defectos, mantiene cohesión interna y respaldo legislativo. No hay en México un equivalente del María Corina Machado venezolano: una figura opositora con legitimidad electoral demostrable que Estados Unidos pueda reconocer como gobierno paralelo y a la que pueda transferir poder en caso de intervención. El vacío sería absoluto, y eso lo saben tanto en Washington como en Ciudad de México.

La cuarta es la dimensión militar. Las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen entrenamiento, capacidad operativa y, sobre todo, alianzas internas con sectores políticos y empresariales que Venezuela nunca tuvo. Una operación contra los cárteles en territorio mexicano enfrentaría la respuesta del propio Estado mexicano, lo cual escalaría inmediatamente el conflicto a una dimensión interestatal que la administración Trump no querría ni podría sostener.

La quinta es la dimensión hemisférica. Los gobiernos de América Latina, incluso aquellos alineados con Washington, observaron la operación en Venezuela con incomodidad. Una operación similar en México produciría rechazo continental amplio, alteraría los equilibrios regionales que la administración Trump construye con dificultad, y aceleraría iniciativas como las que Brasil, Colombia y la propia Sheinbaum vienen explorando para crear arquitecturas regionales menos dependientes de Washington.

Lo que sí va a ocurrir

Sumadas las cinco diferencias, una operación terrestre directa parece improbable en el corto plazo. Pero lo improbable de la operación no significa que la presión vaya a ceder. Lo que es altamente probable es:

Que sigan los ataques en aguas internacionales contra embarcaciones, ampliándose en frecuencia y geografía. Que se sumen nuevas acusaciones formales contra funcionarios mexicanos, particularmente de Morena, en una secuencia diseñada para fracturar la cohesión política interna del oficialismo. Que el embajador Ronald Johnson aumente su presencia visible en estados y sectores donde existe oposición a la 4T. Que se utilicen las herramientas migratorias, arancelarias y comerciales como palanca para arrancar concesiones específicas: extradiciones, presencia ampliada de DEA, autorizaciones para operativos conjuntos, posiblemente uso limitado del espacio aéreo mexicano. Que la conversación pública estadounidense, alimentada por una administración que necesita victorias visibles, mantenga vivo el lenguaje militar incluso cuando el operativo no se ejecute.

El objetivo de fondo, leído con cuidado, no parece ser la intervención militar. Parece ser una de dos cosas, o ambas simultáneamente. La primera, doblegar la posición política de Sheinbaum hasta que la cooperación cruce la línea de lo que la Constitución mexicana define como soberanía, abriendo así una vía de acceso operativo estadounidense de facto. La segunda, debilitar electoralmente a Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027 y al recambio presidencial de 2030, instalando en el discurso público mexicano la idea de un oficialismo capturado.

El espejo venezolano

Si algo enseña la experiencia venezolana, es que el método trumpista no necesita ejecutarse plenamente para producir resultados. Maduro cayó por una operación militar, pero el camino que llevó a esa operación se construyó durante años con sanciones, acusaciones, ataques marítimos, declaraciones públicas y presión hemisférica. El régimen mexicano —la 4T, con todas sus diferencias democráticas y de legitimidad respecto al chavismo— está hoy en la fase media de ese camino. La pregunta no es si Estados Unidos invadirá México. La pregunta es cuánto cede el gobierno mexicano antes de que la presión deje de ser sostenible.

Y allí, otra vez, conviene mirar el espejo venezolano. María Corina Machado terminó aceptando, en una entrevista a NPR el lunes pasado, que la nueva elección venezolana es una concesión a Trump y a Rubio, no una decisión propia. La frase ya circula por la diplomacia mexicana como advertencia silenciosa. Cuando Washington plantea un camino, el costo de no aceptarlo es escalada. Y cuando el camino se acepta, el costo es renunciar a piezas centrales de la soberanía declarada.

Sheinbaum lo sabe. Trump también. La negociación real, aunque ninguno la enuncie así, ya está en curso.