Política
Una semana después: el método Venezuela, ensayado sobre México
Una semana es tiempo suficiente. El miércoles 6 de mayo de 2026, en una alocución desde la Casa Blanca, Donald Trump dijo dos frases que merecen ser leídas en conjunto: que «los cárteles gobiernan México» y que, si el gobierno mexicano «no va a hacer el trabajo», lo hará Estados Unidos. La primera define al adversario. La segunda anuncia la herramienta. Entre las dos, queda enunciado un programa político que en otras circunstancias hubiera sido recibido como amenaza diplomática extrema, pero que ahora se procesa como una declaración más en una serie que se va volviendo rutinaria. El problema con esa normalización es que oculta lo que efectivamente está ocurriendo. Una semana después de las declaraciones, con la respuesta de Claudia Sheinbaum ya emitida y el ciclo informativo desplazado hacia otros frentes, conviene preguntarse no qué pasó esta semana sino qué viene. Y para entender qué viene, hay que reconocer el método.
Los pasos del método
Hay una secuencia que se repite. El primer paso es la redefinición jurídica del adversario. En Venezuela, fue la calificación del régimen como «narcoestado» articulado alrededor del Cartel de los Soles. En México, fue la designación oficial del Cártel de Sinaloa y del CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, decretada por Trump al regresar a la Casa Blanca en 2025. Esa redefinición tiene una función práctica clave: trasladar el conflicto del marco penal (donde rige cooperación bilateral, extradiciones, debido proceso) al marco antiterrorista (donde rige uso de la fuerza militar, acción unilateral, doctrina de «amenaza directa a la seguridad nacional»).
El segundo paso es la presión sobre actores específicos del Estado adversario. En Venezuela, fueron las sanciones individuales contra funcionarios del régimen, las acusaciones formales contra Maduro y Cabello por narcotráfico, las recompensas millonarias por información que llevara a su captura. En México, comienza con la acusación formal del 9 de abril contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, y con el anuncio del fiscal general interino Todd Blanche de que vendrán más acusaciones. Lo que se construye con cada acusación es la idea de un Estado capturado por el adversario, y por tanto incapaz de ser interlocutor confiable.
El tercer paso es la demostración de capacidad militar limitada. En Venezuela, fueron los ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe durante 2024 y 2025. En México, son los mismos ataques, ahora extendidos al Pacífico oriental: 190 muertos en ocho meses según cifras del propio Comando Sur. Cada ataque cumple dos funciones: producir resultados operativos (interceptar drogas, supuestamente) y normalizar la idea de que Estados Unidos opera militarmente, sin pedir permiso, contra blancos en territorios aledaños a otros Estados.
El cuarto paso es la apertura retórica de la «fase terrestre». En Venezuela, esa apertura llegó cuando Trump comenzó a hablar abiertamente de «todas las opciones sobre la mesa» durante la segunda mitad de 2025, hasta culminar en la operación del 3 de enero. En México, esa apertura se inauguró el 6 de mayo con la frase de la «fase terrestre» que «es mucho más fácil» que la marítima. No es retórica al pasar. Es señal.
El quinto paso, en el caso venezolano, fue la operación militar directa. Que ese paso se ejecute o no en México depende de variables que conviene examinar con cuidado.
Lo que la respuesta de Sheinbaum dice y lo que no dice
La respuesta de Claudia Sheinbaum del 7 de mayo siguió un libreto cuidadoso. Presentó cifras: 50% menos homicidios dolosos, 2.500 laboratorios destruidos, reducción del paso de fentanilo. Reconoció la cooperación: México ha entregado a más de 100 narcotraficantes de alto impacto. Reafirmó el principio: la cooperación continúa «siempre y cuando tengamos muy claro que no se viola la soberanía». Y agregó una observación, citada menos pero significativa: que Estados Unidos también tiene «un problema grave de consumo» que tendría que reconocer, junto con la responsabilidad estadounidense en el tráfico de armas hacia México.
Lo que Sheinbaum no dijo es tan revelador como lo que dijo. No anunció represalias diplomáticas. No llamó a consultas al embajador mexicano en Washington. No suspendió ningún acuerdo bilateral. No solicitó reunión con el Consejo de Seguridad de la OEA. No invocó tratados de soberanía. La respuesta fue, deliberadamente, una respuesta de baja intensidad. La razón es transparente: México no puede permitirse romper con Estados Unidos. El 80% de sus exportaciones tienen ese destino. Las remesas que sostienen millones de hogares dependen del estatus migratorio de la diáspora mexicana en Estados Unidos. La política industrial de los próximos años pasa por la negociación del T-MEC. Sheinbaum está jugando un equilibrio: rechazar la intervención, mostrar resultados internos, evitar la confrontación abierta, y ganar tiempo.
El problema es que el tiempo, en este patrón, suele jugar en contra del actor presionado, no a su favor. Cada semana de espera es una semana en la que la administración estadounidense acumula expedientes, prepara más acusaciones formales y normaliza el lenguaje militar.
Las diferencias que sí importan
Aquí es donde el caso mexicano se separa estructuralmente del venezolano, y donde el «método» encuentra sus límites reales. Cinco diferencias merecen registro.
La primera es la integración económica. La economía estadounidense depende de México de una manera que jamás dependió de Venezuela. Las cadenas automotrices, electrónicas, agrícolas y manufactureras del Medio Oeste y del Sur estadounidense pasan por suelo mexicano. Una operación militar contra cárteles que perturbe la frontera o desestabilice estados productivos provocaría daño inmediato a sectores económicos enteros del propio votante trumpista. El cálculo costo-beneficio que llevó a la Casa Blanca a actuar contra Maduro —un Estado pobre, aislado internacionalmente, sin integración productiva con Estados Unidos— no se replica con México.
La segunda es la dimensión migratoria. La frontera México-Estados Unidos es la frontera política más sensible de la administración Trump. Cualquier operación militar transfronteriza, aunque sea limitada y quirúrgica, produciría desplazamientos internos en México, presión migratoria adicional hacia el norte, y una crisis humanitaria que convertiría a la frontera en escenario imposible de administrar políticamente.
La tercera es la dimensión política mexicana. Sheinbaum llegó a la Presidencia con el 60% del voto. La 4T, con todos sus defectos, mantiene cohesión interna y respaldo legislativo. No hay en México un equivalente del María Corina Machado venezolano: una figura opositora con legitimidad electoral demostrable que Estados Unidos pueda reconocer como gobierno paralelo y a la que pueda transferir poder en caso de intervención. El vacío sería absoluto, y eso lo saben tanto en Washington como en Ciudad de México.
La cuarta es la dimensión militar. Las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen entrenamiento, capacidad operativa y, sobre todo, alianzas internas con sectores políticos y empresariales que Venezuela nunca tuvo. Una operación contra los cárteles en territorio mexicano enfrentaría la respuesta del propio Estado mexicano, lo cual escalaría inmediatamente el conflicto a una dimensión interestatal que la administración Trump no querría ni podría sostener.
La quinta es la dimensión hemisférica. Los gobiernos de América Latina, incluso aquellos alineados con Washington, observaron la operación en Venezuela con incomodidad. Una operación similar en México produciría rechazo continental amplio, alteraría los equilibrios regionales que la administración Trump construye con dificultad, y aceleraría iniciativas como las que Brasil, Colombia y la propia Sheinbaum vienen explorando para crear arquitecturas regionales menos dependientes de Washington.
Lo que sí va a ocurrir
Sumadas las cinco diferencias, una operación terrestre directa parece improbable en el corto plazo. Pero lo improbable de la operación no significa que la presión vaya a ceder. Lo que es altamente probable es:
Que sigan los ataques en aguas internacionales contra embarcaciones, ampliándose en frecuencia y geografía. Que se sumen nuevas acusaciones formales contra funcionarios mexicanos, particularmente de Morena, en una secuencia diseñada para fracturar la cohesión política interna del oficialismo. Que el embajador Ronald Johnson aumente su presencia visible en estados y sectores donde existe oposición a la 4T. Que se utilicen las herramientas migratorias, arancelarias y comerciales como palanca para arrancar concesiones específicas: extradiciones, presencia ampliada de DEA, autorizaciones para operativos conjuntos, posiblemente uso limitado del espacio aéreo mexicano. Que la conversación pública estadounidense, alimentada por una administración que necesita victorias visibles, mantenga vivo el lenguaje militar incluso cuando el operativo no se ejecute.
El objetivo de fondo, leído con cuidado, no parece ser la intervención militar. Parece ser una de dos cosas, o ambas simultáneamente. La primera, doblegar la posición política de Sheinbaum hasta que la cooperación cruce la línea de lo que la Constitución mexicana define como soberanía, abriendo así una vía de acceso operativo estadounidense de facto. La segunda, debilitar electoralmente a Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027 y al recambio presidencial de 2030, instalando en el discurso público mexicano la idea de un oficialismo capturado.
El espejo venezolano
Si algo enseña la experiencia venezolana, es que el método trumpista no necesita ejecutarse plenamente para producir resultados. Maduro cayó por una operación militar, pero el camino que llevó a esa operación se construyó durante años con sanciones, acusaciones, ataques marítimos, declaraciones públicas y presión hemisférica. El régimen mexicano —la 4T, con todas sus diferencias democráticas y de legitimidad respecto al chavismo— está hoy en la fase media de ese camino. La pregunta no es si Estados Unidos invadirá México. La pregunta es cuánto cede el gobierno mexicano antes de que la presión deje de ser sostenible.
Y allí, otra vez, conviene mirar el espejo venezolano. María Corina Machado terminó aceptando, en una entrevista a NPR el lunes pasado, que la nueva elección venezolana es una concesión a Trump y a Rubio, no una decisión propia. La frase ya circula por la diplomacia mexicana como advertencia silenciosa. Cuando Washington plantea un camino, el costo de no aceptarlo es escalada. Y cuando el camino se acepta, el costo es renunciar a piezas centrales de la soberanía declarada.
Sheinbaum lo sabe. Trump también. La negociación real, aunque ninguno la enuncie así, ya está en curso.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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La sociedad civil aún puede recuperar el comité de postulaciones
Queda una rendija: la conformación de la comisión de verificación de credenciales. Es la última carta que la sociedad civil debe jugar, y debe jugarla con precisión.
Por Ángel Alberto Bellorín
Nuestro deber, más como ciudadanos que como profesionales de distintas áreas del conocimiento, está en proteger esa Constitución que ha sido descarrilada por las propias leyes y por un poder judicial obligado a garantizar su supremacía.
Sus mandatos, destinados a su propia protección, nos obligan a colaborar en restablecer su efectiva vigencia determinando lo verdaderamente esencial, para no perder el tiempo discutiendo si fue primero el huevo o la gallina.
A pesar de sus muchos artículos desaplicados impunemente, la esencia está allí, en el Título Primero. Allí está la única solución pacífica.
Seis mandatos en un solo artículo
Le pido al lector tres minutos de atención sobre el artículo 5 de la Constitución. Su texto es breve: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Y añade que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Repito mi acostumbrado enfoque didáctico y desgloso desde ese artículo los seis mandatos diferentes pero concurrentes que allí se nos presentan.
- Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular.
- La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
- La soberanía se puede ejercer solo de dos formas, una directa y otra indirecta.
- El pueblo ejerce la soberanía directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley.
- El pueblo ejerce la soberanía indirectamente mediante el sufragio.
- Los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular.
Se observa una arquitectura jurídica perfecta que nunca fue desarrollada en la legislación necesaria. No por esa razón su gramática pierde la condición de mandato y de principio. Toda la Constitución debe ser de ejecución prioritaria.
Cómo se digieren estos mandatos
Se deben procesar como lo que son: principios fundamentales que rigen toda la actividad republicana y la razón de ser de cualquier Estado. Los principios son el eje transversal en la interpretación y lectura tanto de la propia Constitución como de todo el ordenamiento jurídico.
Todos los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular, mandato seis, por la sencilla razón de que emanan de esa soberanía popular, mandato uno.
Si estamos tratando de retomar el sendero constitucional mediante la urgente legitimación del Poder Judicial y del Poder Electoral, y el obstáculo evidente lo constituyen dos órganos legislativos que considero ilegítimos, las asambleas de 2015 y de 2026, sumados a un órgano presidencial cuya legitimidad de origen no proviene del voto, hay que tener presente que todo ese obstáculo corresponde al ejercicio indirecto de la soberanía, mandato cinco.
Por definición gramatical, nada indirecto precede en importancia a lo que es directo.
Si el principio fundamental establece que la soberanía se puede ejercer solo de dos formas, mandato tres, y estamos en presencia de órganos que no se someten a la soberanía popular, mandato seis, entonces en paz se puede intentar hacer valer esa soberanía uniendo criterios y voluntades en torno a los mejores argumentos.
La sociedad civil, como máxima representante de esa soberanía popular, y sus voceros en la opinión pública tienen que cerrar filas para imponer la racionalidad argumental, aprovechando al máximo toda rendija posible para hacer uso del ejercicio directo de la soberanía.
Esa rendija sigue allí, en este resbaladizo diálogo y en algunas de sus incidencias.
Lo que dice el artículo 270
Está documentado en demasía que el ejercicio directo es el indicado por el constituyente para que los comités de postulaciones, es decir la sociedad civil, sean los únicos con competencia constitucional para seleccionar y ordenar a la Asamblea Nacional, la sociedad política, que designe a esos ciudadanos en los órganos de los poderes de contrapeso, conforme al mandato uno.
No hace falta deducirlo. El artículo 270 de la Constitución establece que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. El texto constitucional no menciona diputados. La ley que los incorporó no desarrolló ese artículo: lo contradijo.
Al ser secuestrados los comités de postulaciones por la Asamblea Nacional, mediante la inclusión de once diputados en su conformación, observamos cómo un órgano producto del ejercicio indirecto de la soberanía se transfiere a sí mismo parte del ejercicio de esa soberanía, en desacato de otro principio concurrente, el mandato dos.
Pero la violación más grave del principio señalado es que desde el año 2004 son los propios diputados quienes escogen a quienes figurarán como representantes de la sociedad civil. No los designa la sociedad civil verdadera, porque ese fue precisamente el objeto del secuestro.
En cada reforma que le han hecho al comité han jugado con los números para simular mayor legitimidad. Ahora cedieron la mayoría numérica al pasar el comité de 21 a 23 miembros, once diputados frente a doce representantes de la sociedad civil. La proporción cambió. El mecanismo de selección de esos doce, no.
La última rendija
El juego no está perdido. Queda otra rendija surgida del documento firmado el 12 de agosto de 2026: la conformación de la comisión de verificación de credenciales. Esa es la última carta que la sociedad civil debe jugar, y debe jugarla con precisión. Los baremos.
Quienes dicen representar a la oposición y aún no han respondido a esta reforma legislativa convertida en noticia deben hacer lo posible para que esa comisión preliminar sea el verdadero ejecutor del ejercicio directo de la soberanía. Su conformación debe ser la respuesta contundente.
Toda la sociedad civil honesta debe estar atenta a que dicha comisión no quede contaminada de política ni de piratería académica. En sus manos está la recuperación del sendero constitucional y de la república.
Su mejor argumento será la Constitución con los requisitos de los postulados. Su mejor arma contra la ignorancia y la manipulación es el baremo. Y sus municiones serán inagotables si las usa con inteligencia: la publicidad, la transparencia y la tenaz custodia del escalafón final.
Caracas, 29 de agosto de 2026
Ángel Alberto Bellorín. Abogado. Especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Política
Trump anuncia que llenará la reserva estratégica con crudo venezolano
La reserva estratégica es un inventario de emergencia. Llenarla es una compra, no un obsequio, y esa distinción tiene consecuencias.
La objeción jurídica que se formuló el domingo apuntaba exactamente a este destino. El propio presidente lo confirmó por escrito.
| Qué | El presidente estadounidense anunció que llenará la reserva estratégica de su país con crudo venezolano. |
|---|---|
| Quién | Donald Trump; Departamento de Energía estadounidense; Estado venezolano. |
| Cuándo | Anuncio difundido el domingo 30 de agosto de 2026. |
| Dónde | Estados Unidos. |
| Por qué | La reserva estratégica es el inventario de emergencia para casos de interrupción de suministro. |
| Cómo | Mediante compras destinadas al llenado de los depósitos, según el anuncio. |
El presidente estadounidense anunció el domingo 30 de agosto de 2026 que una de las cosas que hará con el petróleo venezolano es llenar las reservas estratégicas nacionales, que según su descripción quedaron prácticamente vacías. Señaló que el proceso de llenado comenzará pronto y lo calificó como «un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos».
Qué es una reserva estratégica
Conviene precisarlo, porque el término se confunde con las reservas probadas.
Una reserva probada es petróleo que está bajo tierra y se estima recuperable. Una reserva estratégica es petróleo ya extraído, comprado y almacenado en depósitos, que un país mantiene para atender interrupciones graves de suministro.
La primera es geología. La segunda es un inventario de emergencia, y funciona como una póliza de seguro nacional.
Cómo se llena
Un Estado llena su reserva estratégica comprando crudo en el mercado, o recibiéndolo como pago en especie de la producción de sus propias áreas federales.
No se llena con obsequios. La palabra regalo, aplicada a una operación de este tipo, describe una percepción política y no un mecanismo.
Si el crudo se compra, hay un precio, un vendedor y un contrato. Si se entrega sin contraprestación, la operación tendría una naturaleza distinta y consecuencias jurídicas propias en ambos ordenamientos.
El anuncio no permite distinguir entre las dos posibilidades, y esa distinción no es menor.
La objeción anterior
Dos días antes, el abogado José Ignacio Hernández había objetado precisamente el destino de reservas venezolanas a la reserva estratégica estadounidense, entre los reparos que formuló al acuerdo.
El anuncio presidencial confirma que ese destino está contemplado.
Eso convierte una objeción doctrinal en una discusión sobre un hecho declarado, que es un terreno distinto.
Las tres preguntas
A qué precio. Si hay compra, el precio determina si la operación es comercialmente ordinaria o favorable a una de las partes.
Con cargo a qué. Si el crudo destinado al llenado forma parte de la producción sujeta a regalía e impuesto, o si se computa aparte.
Bajo qué instrumento. Un suministro con destino a la reserva estratégica de otro Estado es, por definición, una operación entre un particular y un gobierno extranjero, o entre dos gobiernos. La segunda hipótesis remite otra vez al artículo 150 de la Constitución venezolana.
Ninguna de las tres tiene respuesta pública.
La objeción jurídica anterior está desarrollada en Juristas advierten que un gobierno transitorio no puede comprometer reservas.
Fuentes principales: Declaraciones de Donald Trump difundidas el 30 de agosto de 2026 en su cuenta de Truth Social, reseñadas por agencias. Declaraciones de José Ignacio Hernández reseñadas por El Pitazo el 31 de agosto de 2026. Documentación pública sobre la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.
Política
Trump describe la relación con Caracas como la de un equipo
La palabra que empleó no es diplomática ni jurídica. Y describe una relación que ningún documento público ha definido todavía.
El presidente estadounidense volvió sobre el acuerdo en un intercambio con periodistas. Dejó tres afirmaciones que conviene separar de lo verificado.
| Qué | Trump defendió el acuerdo, describió la relación bilateral como la de un equipo y afirmó que millones de barriles ya salen hacia refinerías estadounidenses. |
|---|---|
| Quién | Donald Trump, presidente de Estados Unidos. |
| Cuándo | Lunes 31 de agosto de 2026, en un intercambio con periodistas. |
| Dónde | Casa Blanca, Washington. |
| Por qué | Es la primera intervención presidencial sobre el acuerdo desde el anuncio del 28 de agosto. |
| Cómo | Mediante declaraciones a la prensa en el Despacho Oval. |
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió el lunes 31 de agosto de 2026 sobre el acuerdo petrolero con Venezuela, en un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.
Las tres afirmaciones
La relación. Describió el vínculo entre ambos países como el de «un equipo, en cierto sentido», y sostuvo que Estados Unidos mantiene una gran relación con Venezuela.
El flujo actual. Afirmó que ya están saliendo millones y millones de barriles hacia Texas, Luisiana y otros destinos, dentro y fuera de Estados Unidos.
Las empresas. Mencionó a ExxonMobil y a Chevron entre las compañías que, según dijo, están entrando en Venezuela.
Añadió que la mayor parte del crudo se destinará a refinerías estadounidenses y que esas refinerías están específicamente configuradas para el crudo pesado venezolano.
Lo que conviene separar
Sobre el flujo actual. Venezuela produce en total algo más de 1,2 millones de barriles diarios, según las cifras oficiales más recientes. Una parte de esa producción atiende consumo interno y compromisos previos con otros destinos.
Millones de barriles es una magnitud correcta si se mide en acumulado mensual, y una magnitud imposible si se lee como flujo diario adicional derivado del acuerdo. El acuerdo se anunció hace tres días y ningún campo nuevo ha entrado en producción en ese lapso.
Sobre las refinerías. Esta parte es técnicamente exacta. Buena parte de la capacidad de refinación de la costa del Golfo estadounidense está configurada para procesar crudos pesados, con unidades de coquización que los crudos livianos no requieren. Esa configuración es histórica y responde, entre otras cosas, a décadas de suministro venezolano y mexicano.
Es, de hecho, el argumento industrial más sólido del acuerdo: existe una infraestructura que encaja con ese tipo de crudo.
Sobre las empresas. ExxonMobil no figuraba en la lista de cinco compañías que, según el reporte de agencia del mismo día, encaminan la firma de contratos definitivos.
Eso no implica contradicción. Una cosa es tener interés declarado y otra es tener contrato por firmar. La mención presidencial no distingue entre ambas situaciones.
Por qué la palabra importa
Describir a dos Estados como un equipo no es una figura diplomática ni una categoría jurídica. Es una descripción política de una relación que ningún documento público ha definido.
Y ocurre mientras siguen sin conocerse el instrumento, el foro de controversias y el mecanismo de aprobación.
Cuando la relación se describe con la palabra equipo y el contrato no existe en versión pública, lo que hay es un entendimiento político. Los entendimientos políticos cambian con quien los sostiene.
La identificación de las cinco empresas que encaminan contratos separados del pacto entre gobiernos puede leerse en esta pieza de INCÍSOS.
Fuentes principales: Declaraciones de Donald Trump en la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026, reseñadas por Efecto Cocuyo y La Patilla. Reporte de Reuters del 31 de agosto de 2026 sobre las empresas que encaminan la firma de contratos. Cifras de producción venezolana de agosto de 2026.
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