Política
Cuando la diáspora empieza a aprenderse otro himno
Hay un detalle pequeño que se ve en las redes de la diáspora venezolana desde mediados de 2025. Cada vez más venezolanos publican videos de ceremonias de ciudadanía. La música es la misma, la canción es la misma, los gestos protocolares son los mismos. Lo que cambia es la frecuencia. Lo que era ocasional se volvió semanal. Lo que era anecdótico se volvió cotidiano. Y lo que era confesión privada —»me hice ciudadano»— se transformó en declaración pública. Frente a una administración Trump que ha modificado profundamente las reglas migratorias, la lógica de muchas familias venezolanas residentes en Estados Unidos pasó de «esto ya es mi casa» a «esto ya tiene que ser mi casa en términos legales completos». Es una transformación silenciosa, profunda, y con consecuencias políticas que no se han procesado todavía.
La doctrina Trump y la imprevisibilidad como instrumento
Para entender el fenómeno, conviene partir de un marco analítico que circula desde los años setenta. La «madman theory» o teoría del loco, desarrollada por Henry Kissinger y aplicada por Richard Nixon durante su primer mandato. La tesis es simple: si las partes adversarias creen que el negociador puede actuar irracionalmente, las concesiones se obtienen más rápido y más profundas. La imprevisibilidad, cuando es deliberada, es ventaja. El observador externo no puede calcular costos con certidumbre, así que cede más temprano.
Donald Trump no actúa por capricho. Cultiva imprevisibilidad como instrumento. Anuncia operaciones que después suspende. Amenaza con aranceles que después retira. Declara guerras y firma treguas. Acusa funcionarios extranjeros y después negocia con ellos. El efecto acumulado es que ningún actor —gobierno, empresa, organización, persona individual— puede planificar a mediano plazo basándose en la consistencia de la política estadounidense. Esa inestabilidad es exactamente el efecto buscado.
Para la diáspora venezolana, esa inestabilidad se tradujo en un cálculo concreto. La residencia permanente, que durante décadas fue considerada estatus protector suficiente, dejó de serlo. Trump ha indicado, en distintos momentos, voluntad de revisar concesiones migratorias previas, suspender programas TPS, modificar protecciones de DACA, y aplicar nuevos criterios de exclusión por antecedentes que antes eran ignorados. Los venezolanos con residencia permanente entienden, en ese contexto, que la única protección verdaderamente irreversible es la ciudadanía.
Lo que enseña la otra orilla
Hay una observación que merece detenerse. Los venezolanos que se naturalizan en 2025-2026 no lo hacen renunciando emocionalmente a Venezuela. Lo hacen, en muchos casos, en el momento mismo en que Venezuela atraviesa la transición política más significativa en una generación. La paradoja es solo aparente. Lo que motiva la naturalización es la lectura sobria de las condiciones del país de adopción, no la pérdida de fe en el país de origen.
La diáspora venezolana ha entendido algo que las anteriores oleadas migratorias hispanas tardaron generaciones en procesar: que la integración política plena no es traición a la identidad. Es ampliación de capacidad. La persona naturalizada vota en Estados Unidos sin perder su pasaporte venezolano. Influye en políticas que afectan a millones. Participa en mecanismos de presión legal contra el régimen del país de origen. Construye representación. La ciudadanía estadounidense, en esta lectura, no es renuncia. Es herramienta.
Lo que cambia para todos
El cambio cuantitativo de la diáspora produce cambio cualitativo. Una diáspora venezolana con doble nacionalidad masiva, registrada para votar en estados clave como Florida y Texas, con redes de representación legal, política y económica, no es la misma diáspora que hace cinco años. Es actor político con capacidad concreta de incidir en políticas estadounidenses hacia Venezuela, hacia América Latina, hacia el conjunto del hemisferio.
Esa transformación, todavía en proceso, va a producir consecuencias visibles en los próximos años. En primer lugar, una mayor sofisticación del lobby venezolano en Washington, no ya dependiente de figuras individuales sino articulado a través de redes de votantes registrados. En segundo lugar, una influencia creciente en las elecciones locales y estatales en los estados de mayor concentración. En tercer lugar, una capacidad de presión bilateral sobre el gobierno venezolano que la diáspora previa no tuvo.
El cierre que no es cierre
Hay un detalle que conviene anotar. Cada juramento de ciudadanía termina con la promesa formal de defender la Constitución estadounidense «contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos». La frase, leída con detalle, abre una posibilidad que pocos consideran. Un venezolano naturalizado en mayo de 2026 puede, perfectamente, considerar que sus deberes constitucionales como nuevo ciudadano incluyen defender los principios democráticos cuando estos están siendo erosionados desde el propio gobierno que administra el juramento. La paradoja es perfecta, y no la inventaron los venezolanos. La inventó el sistema mismo.
Cuando la diáspora empieza a aprenderse otro himno, lo que está aprendiendo no es subordinación. Es la lengua del lugar donde, por ahora, le toca quedarse. La canción es solo el medio. El contenido sigue siendo, y va a seguir siendo, la convicción profunda de que un país, cualquier país, vale lo que valgan los derechos que protege para todos los que viven en él.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
Alfredo Yánez
9 libros que te cambian la perspectiva
Finanzas, emprendimiento, migración y más — disponibles en Amazon
VER LIBROS →Política
La misma Asamblea aprobó el tribunal y el respaldo al contrato
El órgano que respalda el contrato es el mismo que designa a quienes decidirían sobre su validez.
La misma Asamblea aprobó el tribunal y el respaldo al contrato
Las dos decisiones se tomaron el mismo día y en el mismo lugar. Puestas una al lado de la otra, describen un circuito cerrado.
| Qué | La Asamblea sancionó la reforma que reinicia la designación de magistrados y aprobó un respaldo al convenio petrolero en la misma jornada. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | El tribunal que se designará sería competente para conocer controversias sobre el convenio. |
| Cómo | Mediante dos actos aprobados en la misma sesión parlamentaria. |
Dos decisiones del mismo día, tomadas por el mismo órgano.
La primera sanciona la reforma que reinicia la designación de la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda respalda el convenio petrolero con Estados Unidos.
Puestas una al lado de la otra, describen un circuito.
El circuito
El Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de las controversias sobre contratos de interés público nacional y para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que los autorizan.
Los magistrados de ese tribunal los designa la Asamblea Nacional, a partir de la preselección del comité que la propia reforma acaba de rediseñar.
Y el respaldo al convenio lo aprobó ese mismo cuerpo.
De modo que el órgano que respalda el contrato es el mismo que designará a quienes decidirían sobre su validez.
Por qué esto no es una acusación
Conviene decirlo con precisión, porque el señalamiento se presta a la lectura fácil.
En cualquier sistema constitucional, el Parlamento participa en la designación de los jueces del máximo tribunal. Eso ocurre en democracias consolidadas y no constituye por sí mismo una anomalía.
Lo que introduce la anomalía es la simultaneidad y el objeto.
No se trata de un Parlamento que designa magistrados en abstracto y años después legisla sobre un contrato. Se trata del mismo cuerpo aprobando, en la misma jornada, el rediseño del mecanismo de designación y el respaldo a la operación económica más grande comprometida por el país en décadas.
La consecuencia práctica
La seguridad jurídica de un contrato depende de que exista un tercero imparcial que pueda declarar su validez o su nulidad.
Si el foro competente es un tribunal cuya composición se define en el mismo acto político que respalda el contrato, ese tercero pierde la condición que lo hace útil, no necesariamente por conducta de sus integrantes sino por diseño.
Y eso perjudica también a quien invierte. Un inversionista que no puede acudir a un foro percibido como independiente exige más garantías, más cobertura y mayor retorno.
Lo que resolvería el asunto
Dos cosas, y ninguna requiere reformar nada.
El foro de controversias pactado en el contrato. Si remite a arbitraje internacional, la competencia del tribunal nacional queda acotada y el circuito se abre.
El baremo y la publicidad del proceso de designación. Si los magistrados se escogen con criterios públicos y verificables, la objeción sobre el origen pierde fuerza aunque el mecanismo siga siendo el mismo.
Las dos son verificables. Ninguna se conoce todavía.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150, 187 y 266. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Política
Un acuerdo de respaldo no es la autorización que exige la Constitución
Son dos actos parlamentarios distintos, con forma, contenido y efectos distintos. Y solo uno de los dos satisface la exigencia constitucional.
Un acuerdo de respaldo no es la autorización que exige la Constitución
El Parlamento se pronunció sobre el convenio petrolero. Conviene precisar qué clase de acto aprobó, porque la diferencia decide si la exigencia constitucional quedó cubierta.
| Qué | La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo al convenio petrolero con Estados Unidos. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | El artículo 150 de la Constitución exige aprobación parlamentaria para contratos de interés público nacional con Estados extranjeros. |
| Cómo | Mediante un acuerdo, figura parlamentaria distinta de la autorización de un contrato. |
La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo al convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Conviene precisar qué clase de acto es ese, porque la diferencia no es formal.
Las dos figuras
Un acuerdo parlamentario es una manifestación de voluntad política. Expresa una posición del cuerpo sobre un asunto. No crea obligaciones, no habilita competencias y no aprueba documentos que no se le han sometido.
Una autorización para celebrar un contrato de interés público nacional es otra cosa. Es un acto por el cual el Parlamento examina un instrumento concreto, con su objeto, su plazo y sus condiciones, y habilita al Ejecutivo para suscribirlo.
La primera se pronuncia sobre una idea. La segunda se pronuncia sobre un texto.
Lo que exige la Constitución
El artículo 150 dispone que no podrá celebrarse contrato alguno de interés público nacional con Estados o sociedades oficiales extranjeras, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 187, en su numeral 9, atribuye al Parlamento la competencia de autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional.
Ninguna de las dos normas se refiere a un respaldo. Se refieren a la aprobación de un contrato.
La pregunta que decide
¿El texto del convenio fue sometido al Parlamento antes de aprobarse el acuerdo?
Si lo fue, el acto podría tener naturaleza autorizatoria aunque se le llame acuerdo, y lo que importaría es el contenido y no el nombre.
Si no lo fue, un cuerpo legislativo respaldó un instrumento que no ha leído, y la exigencia del artículo 150 seguiría pendiente.
Esa pregunta se responde con un dato objetivo: si el texto del convenio consta como anexo en el expediente de la sesión.
Por qué el orden importa
Hay además una cuestión de secuencia.
Una autorización parlamentaria, por su naturaleza, es previa a la celebración del contrato: habilita a firmar. Un respaldo emitido antes de que exista un texto firmado, o simultáneo a él, no cumple esa función habilitante.
Si el convenio se suscribe en los próximos días, quedará por establecer si ese acto parlamentario lo autorizó o simplemente lo acompañó.
Dónde se comprueba
En el acta de la sesión y en la Gaceta Oficial. Un acuerdo se publica con su texto, y el texto dirá si hubo examen de un instrumento o una declaración de apoyo.
Es la diferencia entre un control parlamentario y un acompañamiento.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150 y 187 numeral 9. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Política
La Asamblea aprobó en segunda discusión la reforma del Tribunal Supremo
Cinco días entre la primera y la segunda discusión. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la adscripción del órgano.
La Asamblea aprobó en segunda discusión la reforma del Tribunal Supremo
La reforma queda sancionada y el reloj de la designación empieza a correr. Se modificó un solo artículo, el 65, y la objeción de fondo quedó sin atender.
| Qué | La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. |
|---|---|
| Quién | Asamblea Nacional electa en 2025, presidida por Jorge Rodríguez. |
| Cuándo | Martes 1 de septiembre de 2026. La primera discusión fue el 27 de agosto. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | La reforma reinicia el procedimiento de designación de la totalidad de la magistratura. |
| Cómo | Mediante la aprobación del texto en segunda discusión, que agota el trámite parlamentario. |
La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con ese acto se agota el trámite parlamentario y el texto queda listo para su promulgación y publicación.
Entre la primera y la segunda discusión transcurrieron cinco días.
Lo que quedó sin corregir
En ese lapso se formularon objeciones públicas de constitucionalistas, del gremio de abogados y de organizaciones de derechos humanos. Todas apuntaban al mismo punto.
La reforma modifica el artículo 65, que fija la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, y deja intacto el artículo 64, que define al comité como órgano asesor de la Asamblea Nacional, con sede en ella.
El artículo 270 de la Constitución establece que ese comité estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, y lo ubica entre los órganos de gobierno del Poder Judicial.
La reforma sancionada modificó únicamente el artículo 65. El 64 quedó intacto.
La objeción central sobre la adscripción del órgano permanece, entonces, exactamente donde estaba el 27 de agosto. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la premisa que los constitucionalistas venían señalando.
Lo que empieza ahora
Con la reforma sancionada, el procedimiento previsto en la ley puede activarse.
Eso implica la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, la convocatoria pública, el lapso de postulación, la publicación de la lista de postulados, el lapso de impugnación y la preselección.
Y implica también la obligación que la ley establece desde 2010 y que nunca se ha cumplido: la aprobación, por las dos terceras partes de los integrantes del comité, del baremo con el que se evaluará a los aspirantes.
Esa obligación no cambió con la reforma.
Los tres datos que hay que buscar
El texto en Gaceta Oficial. Fija la fecha de entrada en vigencia y, con ella, el inicio de los lapsos del procedimiento.
El acta de instalación del comité, que dirá quiénes lo integran y en qué proporción.
La fecha de aprobación del baremo, si se produce, y si ocurre antes o después de que empiece a correr el lapso de postulación.
El tercero es el que distingue una regla de una descripción de lo ya decidido.
Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 64, 65 y 73. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.
-
Entrevistas3 meses agoZair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
-
Política2 meses agoDelcy Rodríguez enfrenta a la prensa internacional: la rueda de prensa que no cerró la brecha
-
Política3 meses agoEl economista, los bonos y Citgo
-
Política4 meses agoRoberto Smith Perera: «La reconstrucción no puede esperar a la elección»
-
Especiales3 meses agoMedia vuelta… mar.
-
Política2 meses agoEl semáforo de las estructuras: qué significa cada color tras el terremoto
-
Inciso4 meses agoLa paciencia de Washington
-
Inciso2 semanas agoMárquez sabe qué pasó el 28 de julio