Por Ángel Alberto Bellorín

Nuestro deber, más como ciudadanos que como profesionales de distintas áreas del conocimiento, está en proteger esa Constitución que ha sido descarrilada por las propias leyes y por un poder judicial obligado a garantizar su supremacía.

Sus mandatos, destinados a su propia protección, nos obligan a colaborar en restablecer su efectiva vigencia determinando lo verdaderamente esencial, para no perder el tiempo discutiendo si fue primero el huevo o la gallina.

A pesar de sus muchos artículos desaplicados impunemente, la esencia está allí, en el Título Primero. Allí está la única solución pacífica.

Seis mandatos en un solo artículo

Le pido al lector tres minutos de atención sobre el artículo 5 de la Constitución. Su texto es breve: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Y añade que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Repito mi acostumbrado enfoque didáctico y desgloso desde ese artículo los seis mandatos diferentes pero concurrentes que allí se nos presentan.

1. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular.
2. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
3. La soberanía se puede ejercer solo de dos formas, una directa y otra indirecta.
4. El pueblo ejerce la soberanía directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley.
5. El pueblo ejerce la soberanía indirectamente mediante el sufragio.
6. Los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular.

Se observa una arquitectura jurídica perfecta que nunca fue desarrollada en la legislación necesaria. No por esa razón su gramática pierde la condición de mandato y de principio. Toda la Constitución debe ser de ejecución prioritaria.

Cómo se digieren estos mandatos

Se deben procesar como lo que son: principios fundamentales que rigen toda la actividad republicana y la razón de ser de cualquier Estado. Los principios son el eje transversal en la interpretación y lectura tanto de la propia Constitución como de todo el ordenamiento jurídico.

Todos los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular, mandato seis, por la sencilla razón de que emanan de esa soberanía popular, mandato uno.

Si estamos tratando de retomar el sendero constitucional mediante la urgente legitimación del Poder Judicial y del Poder Electoral, y el obstáculo evidente lo constituyen dos órganos legislativos que considero ilegítimos, las asambleas de 2015 y de 2026, sumados a un órgano presidencial cuya legitimidad de origen no proviene del voto, hay que tener presente que todo ese obstáculo corresponde al ejercicio indirecto de la soberanía, mandato cinco.

Por definición gramatical, nada indirecto precede en importancia a lo que es directo.

Si el principio fundamental establece que la soberanía se puede ejercer solo de dos formas, mandato tres, y estamos en presencia de órganos que no se someten a la soberanía popular, mandato seis, entonces en paz se puede intentar hacer valer esa soberanía uniendo criterios y voluntades en torno a los mejores argumentos.

La sociedad civil, como máxima representante de esa soberanía popular, y sus voceros en la opinión pública tienen que cerrar filas para imponer la racionalidad argumental, aprovechando al máximo toda rendija posible para hacer uso del ejercicio directo de la soberanía.

Esa rendija sigue allí, en este resbaladizo diálogo y en algunas de sus incidencias.

Lo que dice el artículo 270

Está documentado en demasía que el ejercicio directo es el indicado por el constituyente para que los comités de postulaciones, es decir la sociedad civil, sean los únicos con competencia constitucional para seleccionar y ordenar a la Asamblea Nacional, la sociedad política, que designe a esos ciudadanos en los órganos de los poderes de contrapeso, conforme al mandato uno.

No hace falta deducirlo. El artículo 270 de la Constitución establece que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley. El texto constitucional no menciona diputados. La ley que los incorporó no desarrolló ese artículo: lo contradijo.

Al ser secuestrados los comités de postulaciones por la Asamblea Nacional, mediante la inclusión de once diputados en su conformación, observamos cómo un órgano producto del ejercicio indirecto de la soberanía se transfiere a sí mismo parte del ejercicio de esa soberanía, en desacato de otro principio concurrente, el mandato dos.

Pero la violación más grave del principio señalado es que desde el año 2004 son los propios diputados quienes escogen a quienes figurarán como representantes de la sociedad civil. No los designa la sociedad civil verdadera, porque ese fue precisamente el objeto del secuestro.

En cada reforma que le han hecho al comité han jugado con los números para simular mayor legitimidad. Ahora cedieron la mayoría numérica al pasar el comité de 21 a 23 miembros, once diputados frente a doce representantes de la sociedad civil. La proporción cambió. El mecanismo de selección de esos doce, no.

La última rendija

El juego no está perdido. Queda otra rendija surgida del documento firmado el 12 de agosto de 2026: la conformación de la comisión de verificación de credenciales. Esa es la última carta que la sociedad civil debe jugar, y debe jugarla con precisión. Los baremos.

Quienes dicen representar a la oposición y aún no han respondido a esta reforma legislativa convertida en noticia deben hacer lo posible para que esa comisión preliminar sea el verdadero ejecutor del ejercicio directo de la soberanía. Su conformación debe ser la respuesta contundente.

Toda la sociedad civil honesta debe estar atenta a que dicha comisión no quede contaminada de política ni de piratería académica. En sus manos está la recuperación del sendero constitucional y de la república.

Su mejor argumento será la Constitución con los requisitos de los postulados. Su mejor arma contra la ignorancia y la manipulación es el baremo. Y sus municiones serán inagotables si las usa con inteligencia: la publicidad, la transparencia y la tenaz custodia del escalafón final.

Caracas, 29 de agosto de 2026

Ángel Alberto Bellorín. Abogado. Especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.

La objeción jurídica que se formuló el domingo apuntaba exactamente a este destino. El propio presidente lo confirmó por escrito.

El presidente estadounidense anunció el domingo 30 de agosto de 2026 que una de las cosas que hará con el petróleo venezolano es llenar las reservas estratégicas nacionales, que según su descripción quedaron prácticamente vacías. Señaló que el proceso de llenado comenzará pronto y lo calificó como «un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos».

Qué es una reserva estratégica

Conviene precisarlo, porque el término se confunde con las reservas probadas.

Una reserva probada es petróleo que está bajo tierra y se estima recuperable. Una reserva estratégica es petróleo ya extraído, comprado y almacenado en depósitos, que un país mantiene para atender interrupciones graves de suministro.

La primera es geología. La segunda es un inventario de emergencia, y funciona como una póliza de seguro nacional.

Cómo se llena

Un Estado llena su reserva estratégica comprando crudo en el mercado, o recibiéndolo como pago en especie de la producción de sus propias áreas federales.

No se llena con obsequios. La palabra regalo, aplicada a una operación de este tipo, describe una percepción política y no un mecanismo.

Si el crudo se compra, hay un precio, un vendedor y un contrato. Si se entrega sin contraprestación, la operación tendría una naturaleza distinta y consecuencias jurídicas propias en ambos ordenamientos.

El anuncio no permite distinguir entre las dos posibilidades, y esa distinción no es menor.

La objeción anterior

Dos días antes, el abogado José Ignacio Hernández había objetado precisamente el destino de reservas venezolanas a la reserva estratégica estadounidense, entre los reparos que formuló al acuerdo.

El anuncio presidencial confirma que ese destino está contemplado.

Eso convierte una objeción doctrinal en una discusión sobre un hecho declarado, que es un terreno distinto.

Las tres preguntas

A qué precio. Si hay compra, el precio determina si la operación es comercialmente ordinaria o favorable a una de las partes.

Con cargo a qué. Si el crudo destinado al llenado forma parte de la producción sujeta a regalía e impuesto, o si se computa aparte.

Bajo qué instrumento. Un suministro con destino a la reserva estratégica de otro Estado es, por definición, una operación entre un particular y un gobierno extranjero, o entre dos gobiernos. La segunda hipótesis remite otra vez al artículo 150 de la Constitución venezolana.

Ninguna de las tres tiene respuesta pública.

La objeción jurídica anterior está desarrollada en Juristas advierten que un gobierno transitorio no puede comprometer reservas.

Fuentes principales: Declaraciones de Donald Trump difundidas el 30 de agosto de 2026 en su cuenta de Truth Social, reseñadas por agencias. Declaraciones de José Ignacio Hernández reseñadas por El Pitazo el 31 de agosto de 2026. Documentación pública sobre la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos.

Tres días después del anuncio, las posiciones opositoras conocidas comparten una estructura: no rechazan la inversión, condicionan las reglas.

Tres días después del anuncio, las posiciones opositoras conocidas comparten una estructura: ninguna rechaza la inversión y todas condicionan las reglas.

Las posiciones

Juan Pablo Guanipa, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, pidió una lectura calmada de un acuerdo que, en su opinión, puede resultar trascendental para el país.

Primero Justicia exigió transparencia sobre el manejo de los recursos y sostuvo que quienes condujeron la industria hasta su estado actual no pueden pretender conducir su restauración. La organización respaldó expresamente la inversión que permita reactivar la producción, generar empleo y recuperar la economía, y añadió que el país necesita además capacidad técnica, seguridad jurídica, controles institucionales y reglas claras.

La estructura común

Las dos posiciones, y las de los juristas que han objetado el acuerdo, comparten una arquitectura.

Aceptan el fin. Nadie sostiene que Venezuela no necesite inversión ni que la industria no requiera recuperación. Ese punto está fuera de discusión en el debate público venezolano.

Objetan el procedimiento. Quién decide, bajo qué controles, con qué transparencia y con qué mandato.

Esa separación entre fin y procedimiento es la que hace que el debate no se organice como respaldo contra rechazo, sino como una discusión sobre reglas.

Por qué no hay posiciones más definidas

Hay una explicación que no es política sino informativa.

Los términos del acuerdo no se conocen. No hay instrumento público, no se conocen la regalía ni la alícuota, no se conoce el plazo, no se sabe qué campos comprende ni quién designa a los operadores.

Fijar posición definitiva sobre un contrato que nadie ha leído tiene un costo evidente: la posición puede quedar desmentida por el propio documento.

Esa cautela, que a veces se lee como tibieza, es en parte una consecuencia razonable de la opacidad.

Lo que va a definir el debate

Cuando aparezca el instrumento, las posiciones se ordenarán solas.

Un contrato con regalía conocida, plazo definido, obligaciones de inversión verificables y sometimiento a control parlamentario admite defensa pública. Uno sin esos elementos obliga a cada actor a decidir si respalda algo que no puede examinar.

Ese es el momento en que la cautela deja de ser razonable y pasa a ser una decisión.

Fuentes principales: Declaraciones de Juan Pablo Guanipa reseñadas por The Objective el 29 de agosto de 2026. Comunicado de Primero Justicia del 31 de agosto de 2026, reseñado por La Patilla.