PETRÓLEO · EJECUCIÓN DEL ACUERDO

Alejandro Betancourt y John Barrett participaron desde el Zulia en el seguimiento de proyectos enlazado con Delcy Rodríguez. La inspección muestra la ejecución del acuerdo; para evaluar sus resultados hacen falta producción comparable, ingresos y rendición de cuentas.

Alejandro Betancourt participó junto al encargado de negocios estadounidense, John Barrett, en una jornada de seguimiento de proyectos petroleros que Delcy Rodríguez encabezó el viernes 23 de octubre. Según la información de El Diario, la actividad conectó a Caracas con instalaciones de PetroZamora en el Zulia.

Lo que se presentó en campo

El representante de North American Blue Energy Partners, NABEP, informó de trabajos en Bachaquero Lago 2 y de avances en Bachaquero 3 y Ceuta 4. Para estas dos últimas instalaciones planteó una incorporación a la producción en unos cuatro meses. Es una previsión de la empresa, que debe distinguirse de una instalación ya operativa.

Barrett valoró los avances expuestos. La presencia diplomática permite observar que la cooperación incluye seguimiento sobre el terreno, además de los anuncios políticos. No convierte, por sí misma, un balance empresarial en una auditoría independiente.

La presencia de Betancourt y los antecedentes

INCISOS ya explicó quién es Betancourt y su papel en el acuerdo y reseñó la investigación de ProPublica sobre sus condiciones. La novedad de esta jornada es su intervención pública en el seguimiento operativo con representantes estadounidenses. El perfil y el contrato son antecedentes para leer esa aparición, no noticias nuevas de este viernes.

Qué debe poder compararse

Para evaluar una recuperación petrolera conviene separar tres resultados: el volumen producido, lo cobrado por esa producción y lo que efectivamente recibe el Estado. Un aumento en el primero no permite deducir automáticamente el comportamiento de los otros dos.

La información útil requiere periodos comparables, identificación del campo o conjunto de campos y explicación de la participación de cada operador. Un anuncio de obras puede revisarse después contra su fecha prevista. Una cifra de ingresos necesita, además, información sobre ventas, costos y distribución.

Ese es el vínculo con la exigencia de los obispos: el seguimiento del acuerdo también debe permitir saber cómo sus resultados llegan a los ciudadanos. Mostrar instalaciones es un punto de partida; demostrar beneficios públicos requiere otra información.

Para leer más en INCISOS

• La Iglesia pide que la recuperación llegue a los venezolanos
• Quién es Alejandro Betancourt
• Las condiciones del pacto petrolero investigadas por ProPublica

Fuentes principales: El Diario · Tahiana González · Jornada petrolera · 23 de octubre.

El Gobierno dice que la integración de información con la banca y los registros públicos le permitirá «empezar a cobrar». La pregunta que nadie ha respondido es con qué límites.

Qué dijo el Gobierno

El miércoles 21 de octubre de 2026, al anunciar la suspensión de la máquina fiscal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez explicó cuál es la otra cara de la flexibilización: «Tenemos un cruce muy importante de información que, integrado a un nuevo sistema, va a permitir empezar a cobrar lo que se debe cobrar en el país». Según el Gobierno, el sistema bancario nacional, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Banco Central de Venezuela ya están interconectados con el SENIAT.

La pieza bancaria tiene base formal: el 7 de octubre de 2026, el SENIAT y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) firmaron un acuerdo de intercambio de información. La conexión con el Saren había sido anunciada el 15 de agosto como una forma de reducir trámites duplicados. Lo nuevo es que ahora todo se presenta como una sola herramienta de fiscalización.

Qué puede ver el fisco

Si la integración funciona como se describe, el SENIAT podría cruzar los movimientos de una cuenta bancaria con lo que el titular declara, saber qué inmuebles, vehículos o empresas tiene registrados ante el Saren, verificar identidad, domicilio y movimientos migratorios a través del Saime, y comparar operaciones cambiarias reportadas al BCV. Es el mismo principio que usan las administraciones tributarias modernas: el contribuyente que declara poco y mueve mucho salta en el sistema sin necesidad de que un fiscal visite su local.

Desde un punto de vista técnico, no es una idea extravagante. En EE.UU., el IRS recibe formularios de bancos, empleadores y corredores, y los compara automáticamente con cada declaración. La diferencia está en el marco que rodea ese poder.

Qué garantías existen

Venezuela no tiene una ley general de protección de datos personales ni una autoridad administrativa dedicada a vigilarla. La protección descansa en la Constitución, cuyos artículos 28 y 60 reconocen el derecho de acceso a los propios datos y a la privacidad, en la figura del habeas data desarrollada por la Sala Constitucional desde 2001 y en la sentencia 1318 de 2011, que fijó principios como consentimiento previo, finalidad y seguridad. Hay además sanciones penales para delitos informáticos y para la violación de la privacidad de las comunicaciones.

En la práctica, quien crea que sus datos se usaron de forma indebida tiene que acudir a un tribunal. No hay un ente al que reclamar, ni una obligación pública de notificar filtraciones, ni reglas publicadas sobre cuánto tiempo se conserva la información o quién dentro del Estado puede consultarla.

Lo que falta

Primero, el instrumento jurídico. No se ha publicado el texto del acuerdo SENIAT-Sudeban ni una providencia que defina qué datos se transmiten, con qué frecuencia y con qué propósito exclusivo. Sin esa definición, la frontera entre fiscalización tributaria y vigilancia general queda en manos del funcionario.

Segundo, las salvaguardas. Un sistema que reúne cuentas bancarias, propiedades e identidad es valioso para el fisco y también para cualquiera que logre acceder a él. Venezuela ha tenido filtraciones de bases de datos públicas en años anteriores. No se ha informado qué controles de acceso, auditoría o cifrado tendrá el nuevo sistema.

Tercero, la transparencia de resultados. La presidenta encargada sostuvo que la recaudación subió 27 % en octubre y superó la meta del mes, sin decir contra qué periodo, en qué moneda ni con qué montos. Si el cruce de datos se justifica por sus resultados, esos resultados tienen que poder medirse.

Qué significa para el venezolano en el exterior

Para quien vive en EE.UU. y conserva cuentas, propiedades o una empresa en Venezuela, el mensaje es claro: la información que antes estaba dispersa en registros desconectados ahora puede leerse en conjunto. Una propiedad heredada sin declarar, una cuenta que recibe remesas para un negocio familiar o una empresa inactiva con obligaciones atrasadas pueden aparecer en el radar del SENIAT. Conviene revisar con un contador venezolano la situación de esos activos antes de que el sistema lo haga.

La integración de datos puede ayudar a que pague quien debe pagar y a que el impuesto se reparta mejor. Para que eso ocurra sin abrir otra puerta a la arbitrariedad, hacen falta reglas escritas, límites de uso y alguien independiente que las haga cumplir. Por ahora, nada de eso se ha publicado.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría tributaria, financiera ni legal. Consulte a un profesional antes de tomar decisiones sobre sus activos o declaraciones.

Fuentes principales

• El Nacional, 21 de octubre de 2026 — elnacional.com
• elDiario, 21 de octubre de 2026 — eldiario.com
• AVN, 21 de octubre de 2026 — avn.info.ve
• elDiario, cambios del SENIAT en 2026, 17 de agosto de 2026 — eldiario.com
• Global Compliance News, protección de datos en Venezuela — globalcompliancenews.com

La mesa de Caracas acordó una comisión de seis miembros para recuperar el oro. El obstáculo no es diplomático sino judicial: un tribunal británico todavía tiene que decidir quién habla en nombre del Banco Central de Venezuela.

El acuerdo, en una frase

El comunicado que cerró el tercer ciclo de la mesa de Caracas el miércoles 21 de octubre de 2026 creó una comisión 3+3 para recuperar el oro del Banco Central de Venezuela (BCV) depositado en Londres y destinarlo a las víctimas del sismo del 24 de junio y a los servicios públicos. Lo que importa es lo que esa comisión encontrará cuando llegue a Londres.

Qué hay en la bóveda

Se trata de unas 31 toneladas de oro en lingotes, que el BCV depositó en el Banco de Inglaterra desde 2008. A los precios de 2026 equivalen a unos 4.000 millones de dólares, según estimaciones citadas por CNN y Euronews. A eso se suman unos 120 millones de dólares procedentes de una operación de canje de oro con Deutsche Bank que quedó congelada cuando estalló la disputa.

Cómo se congeló

En enero de 2019, cuando el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, el Banco de Inglaterra se negó a atender las instrucciones de la junta del BCV nombrada por quien usurpaba el poder, Nicolás Maduro. Guaidó designó su propia junta directiva del BCV, y desde entonces dos juntas rivales reclaman la representación del banco ante los tribunales británicos. El expediente principal se tramita como Deutsche Bank AG (London Branch) contra el Banco Central de Venezuela.

El caso recorrió todas las instancias. En 2020, el Tribunal Superior falló a favor de la junta de Guaidó; ese mismo año, el Tribunal de Apelación anuló la decisión por considerar ambiguo el reconocimiento británico. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo del Reino Unido concluyó que el Gobierno británico sí había reconocido a Guaidó sin ambigüedad, y que los tribunales ingleses no podían revisar la validez de sus nombramientos. Dejó abierta una sola puerta: si las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anularon esos nombramientos podían reconocerse en Inglaterra.

En julio de 2022, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Comercial, respondió que no, en parte por fallas de debido proceso en esas sentencias. En 2023, el Tribunal de Apelación confirmó esa negativa y añadió algo clave: el retiro del reconocimiento a Guaidó, efectivo desde el 5 de enero de 2023, solo mira hacia adelante. Los actos de Guaidó mientras fue reconocido siguen valiendo. Pero el tribunal devolvió el caso al Tribunal Comercial para que decidiera cómo seguir ahora que Londres no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro.

Quién tiene la autoridad legal en 2026

Esa es la pregunta que sigue sin respuesta pública. Tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo al Parlamento el 5 de enero que el Reino Unido no reconoce a la Administración actual y que el Banco de Inglaterra decide de forma independiente. En agosto de 2026, la Cancillería británica repitió que no es parte del juicio, y el Banco de Inglaterra dijo a Euronews que espera una decisión judicial antes de liberar el oro.

En otras palabras, ni la carta que la presidenta encargada Delcy Rodríguez envió al rey Carlos III en julio, ni una solicitud política de cualquier tipo, bastan por sí solas. El Banco de Inglaterra solo entregará el oro a quien un tribunal inglés considere representante legítimo del BCV, o a quien todas las partes del litigio acepten como tal.

Por qué la comisión 3+3 puede cambiar la ecuación

Aquí está la novedad real. Las dos juntas rivales responden, en sentido amplio, a los dos bandos que ahora se sientan en la misma mesa. Figuera dijo que su delegación habló con representantes británicos sobre recursos que estaban bajo control opositor en 2019. Si chavismo y oposición presentan una instrucción conjunta, el tribunal tendría ante sí no una disputa, sino un acuerdo que homologar. Es un atajo jurídico posible, aunque no automático.

Ese camino ya se insinuó en agosto, cuando el Gobierno y sectores opositores pidieron juntos la liberación del oro. Según declaró entonces el diputado Ramón López a Euronews, los fondos irían a cuentas del Departamento del Tesoro de EE.UU. y serían auditados por firmas internacionales. Ese mecanismo no fue ratificado en el comunicado de octubre.

Lo que falta para que el oro llegue a Venezuela

Faltan los nombres de los seis comisionados y su mandato escrito. Falta saber si la comisión actuará en nombre de una junta del BCV reconocida por ambas partes o si buscará un administrador neutral. Falta una presentación formal ante el Tribunal Comercial y, si hay acuerdo, el tiempo que tome su aprobación. Falta resolver las sanciones de EE.UU. que pesan sobre el BCV desde abril de 2019, que condicionan cualquier movimiento financiero con entidades estadounidenses. Y falta un esquema de control verificable que convenza a Londres de que el dinero llegará a los damnificados del sismo y no a otra parte.

El oro no está perdido. Está detenido en un expediente que solo se moverá cuando quienes se lo disputan firmen lo mismo ante el mismo juez.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal ni financiera.

Fuentes principales

• Infobae, 22 de octubre de 2026 — infobae.com
• Efecto Cocuyo, 21 de octubre de 2026 — efectococuyo.com
• Euronews, 17 de agosto de 2026 — euronews.com
• CNN, julio de 2026 — wtop.com
• Fox News, 8 de enero de 2026 — foxnews.com
• Linklaters, análisis de la sentencia [2023] EWCA Civ 742 — linklaters.com
• Mining.com (Reuters), 29 de julio de 2022 — mining.com