Economía
La privatización que el chavismo nunca quiso: la Comisión de Activos Públicos de Delcy Rodríguez
El 22 de abril, el gobierno encargado instaló la Comisión de Evaluación de Activos Públicos. Su tarea: identificar bienes nacionales privatizables. La integran el procurador general, el vicepresidente de Economía, tres ministros y, como sorpresa, Luigi Pisella, expresidente de la patronal Conindustria. La inclusión simboliza el quiebre con la doctrina chavista clásica. Lo que para Hugo Chávez era anatema, para el delcismo es política activa.
El 22 de abril, el gobierno encargado instaló la Comisión de Evaluación de Activos Públicos. Su tarea: identificar bienes nacionales privatizables. La integran el procurador general, el vicepresidente de Economía, tres ministros y, como sorpresa, Luigi Pisella, expresidente de la patronal Conindustria. La inclusión simboliza el quiebre con la doctrina chavista clásica. Lo que para Hugo Chávez era anatema, para el delcismo es política activa.
El miércoles 22 de abril, en una ceremonia poco publicitada en Caracas, el gobierno encargado de Venezuela instaló la Comisión de Evaluación de Activos Públicos. La tarea de la Comisión es identificar bienes nacionales que puedan ser privatizados. La frase, que en cualquier otro país sería trámite ordinario de gestión pública, en Venezuela tiene carga simbólica que excede ampliamente lo administrativo. Porque durante 27 años, la privatización fue para el chavismo lo opuesto a su razón de existir.
EL QUIEBRE DOCTRINARIO
El proyecto político fundado por Hugo Chávez en 1999 se construyó precisamente como reversión del modelo privatizador implementado en Venezuela durante los años 90. La Carmona, las protestas contra el ajuste estructural, la nacionalización progresiva de empresas públicas privatizadas en la década anterior, la reestatización de la industria petrolera, las nacionalizaciones de Cantv, Sidor, electricidad, cementeras, agroindustriales y banca: cada uno de estos hitos definía no solo la política económica del chavismo sino su identidad ideológica.
La frase «privatizar es entregar la patria» fue parte del léxico chavista durante años. Apareció en discursos, propaganda oficial, planes de la nación, artículos doctrinarios. Que en abril de 2026 el mismo proyecto político —ahora en su variante delcista— instale formalmente una Comisión cuya función es privatizar activos públicos no es un ajuste técnico. Es una mutación.
El politólogo Nicmer Evans, citado por Infobae, ha resumido el momento: «Está colapsando un proyecto que es inviable y tiene dificultades para sostener sus propias premisas». La frase es severa pero descriptiva. Cuando un proyecto político activa instituciones que contradicen su propia narrativa fundacional, lo que ocurre no es ajuste. Es vaciamiento ideológico.
QUIÉN INTEGRA LA COMISIÓN
La composición de la Comisión es información política valiosa. La integran la procuradora general de la República, el vicepresidente sectorial de Economía, tres ministros, y un nombre que rompe la lógica institucional habitual: Luigi Pisella, expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Pisella no pertenece al PSUV. Tampoco proviene del aparato administrativo del gobierno. Su trayectoria es la de un industrial vinculado al sector privado tradicional venezolano.
La inclusión de Pisella es deliberada. Para el gobierno encargado, su presencia en la Comisión envía dos mensajes simultáneos. Primero, hacia el sector privado venezolano: las decisiones sobre privatización no se tomarán solo desde la óptica del aparato estatal. Habrá voces empresariales en la mesa. Segundo, hacia los inversionistas internacionales: el proceso tendrá interlocutores reconocibles fuera del PSUV, lo cual reduce el riesgo de discrecionalidad ideológica en las decisiones.
Pisella no es figura menor. Compitió por la jefatura de Fedecámaras en febrero de 2026 y perdió por apenas dos votos contra Felipe Capozzolo. Su perfil combina credibilidad gremial empresarial con disposición a interlocución pragmática con el gobierno encargado. Esa combinación lo convierte en activo político valioso para Delcy Rodríguez en este momento.
QUÉ SE PUEDE PRIVATIZAR
El alcance de la Comisión cubre, en principio, todo el patrimonio empresarial del Estado venezolano. Esto incluye Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque la privatización total de la petrolera estatal sería políticamente inviable incluso para el gobierno encargado. Más probable es la privatización parcial mediante alianzas mixtas con empresas como Chevron, Eni y Repsol, lo cual ya está en marcha sin intervención formal de la Comisión.
Otros activos potencialmente privatizables incluyen: la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus filiales en hierro, aluminio y oro; las empresas eléctricas regionales del Estado; el conjunto de hoteles incautados durante la era Chávez (cadena Venetur); empresas agroindustriales como Lácteos Los Andes y CASA; y la red de servicios financieros del sector público. La banca privada estatizada durante los años 2000 también podría ser revisada bajo el nuevo marco.
El cálculo del gobierno encargado es que la privatización selectiva genera ingresos fiscales de corto plazo, libera al Estado de empresas deficitarias que demandan subsidios crónicos, y atrae inversión extranjera que el actual flujo de caja del país necesita para sostener el ajuste económico. La crítica de los sectores chavistas radicales —Mario Silva, el Partido Comunista de Venezuela, sectores sindicales— es que la privatización transfiere patrimonio popular a manos del capital extranjero a precios de remate.
LA REACCIÓN DEL EMPRESARIADO
El empresariado venezolano organizado ha reaccionado con cautela favorable. Conindustria, Fedecámaras, Fedeagro y la propia Federación Nacional de Ganaderos —Fedenaga, hoy dirigida por una ficha cercana al gobernador chavista Freddy Bernal— han manifestado disposición a participar en las negociaciones que se deriven de las decisiones de la Comisión. La participación de Pisella en la Comisión actúa como puente formal con esos gremios.
El presidente de Fedenaga, Edgar Medina, declaró durante la peregrinación convocada por Rodríguez en abril que «Venezuela atraviesa un momento histórico de resistencia y renacimiento». La frase es elocuente. Una organización gremial que durante 27 años fue acérrimo enemigo del gobierno hoy participa de actos oficialistas. La normalización entre gobierno encargado y empresariado tradicional es uno de los marcadores más claros del delcismo.
LA RESISTENCIA INTERNA
La Comisión enfrenta resistencia desde el chavismo histórico. El Partido Comunista de Venezuela, encabezado por Óscar Figuera, denunció el 28 de abril al gobierno por aplicar políticas de «entreguismo al imperialismo estadounidense». La crítica del PCV apunta directamente a los mecanismos de privatización que la Comisión está articulando. Mario Silva, en sus intervenciones recientes, ha advertido que «las concesiones hechas hasta ahora amenazan con un punto de no retorno».
La crítica desde la izquierda chavista es ideológicamente coherente, pero políticamente débil. El PCV no tiene representación parlamentaria significativa, Mario Silva opera dentro del aparato comunicacional pero sin poder decisional, y los sectores sindicales más críticos están atravesados por las propias divisiones internas del PSUV. La oposición interna a la Comisión existe, pero no tiene capacidad de bloqueo institucional.
QUÉ SIGNIFICA PARA LA DIÁSPORA
Para los venezolanos en Estados Unidos con bienes en Venezuela —propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales, ahorros en moneda local—, la apertura privatizadora abre dos preguntas operativas. Primera: ¿qué efectos tendrá el nuevo marco institucional sobre la valoración de activos heredados o conservados durante años? La privatización de empresas estatales puede generar dinamización económica que aumente el valor relativo de propiedades cercanas a polos industriales reactivados. También puede generar volatilidad cambiaria que afecte el valor real de cualquier activo en bolívares.
Segunda: ¿qué oportunidades concretas se abren para la inversión venezolana desde el exterior? Históricamente, la diáspora venezolana de mayor capacidad económica ha mantenido distancia respecto a la inversión productiva en Venezuela por riesgo político. Si la apertura privatizadora se consolida, parte de esa diáspora puede recalibrar decisiones sobre vehículos de inversión, alianzas con socios locales o repatriación parcial de capitales.
El delcismo económico, en suma, es el quiebre más significativo del chavismo histórico desde su fundación. Que la cara visible de ese quiebre sea una Comisión de Activos Públicos en la que se sienta un industrial tradicional como Luigi Pisella es, en sí mismo, la postal de una transformación cuyas consecuencias van a definir la economía venezolana de los próximos años.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Economía
Betancourt presenta el avance petrolero junto a la diplomacia estadounidense
Alejandro Betancourt y John Barrett participaron desde el Zulia en el seguimiento de proyectos enlazado con Delcy Rodríguez. La inspección muestra la ejecución del acuerdo; para evaluar sus resultados hacen falta producción comparable, ingresos y rendición de cuentas.
PETRÓLEO · EJECUCIÓN DEL ACUERDO
Alejandro Betancourt y John Barrett participaron desde el Zulia en el seguimiento de proyectos enlazado con Delcy Rodríguez. La inspección muestra la ejecución del acuerdo; para evaluar sus resultados hacen falta producción comparable, ingresos y rendición de cuentas.
Las 6W · INCISOS
| Qué | Inspección de proyectos petroleros. |
|---|---|
| Quién | NABEP, PDVSA y diplomacia estadounidense. |
| Cuándo | 23 de octubre. |
| Dónde | Costa Oriental del Lago y enlace con Caracas. |
| Por qué | Ejecución del acuerdo energético. |
| Cómo | Seguimiento de obras y operaciones. |
Alejandro Betancourt participó junto al encargado de negocios estadounidense, John Barrett, en una jornada de seguimiento de proyectos petroleros que Delcy Rodríguez encabezó el viernes 23 de octubre. Según la información de El Diario, la actividad conectó a Caracas con instalaciones de PetroZamora en el Zulia.
Lo que se presentó en campo
El representante de North American Blue Energy Partners, NABEP, informó de trabajos en Bachaquero Lago 2 y de avances en Bachaquero 3 y Ceuta 4. Para estas dos últimas instalaciones planteó una incorporación a la producción en unos cuatro meses. Es una previsión de la empresa, que debe distinguirse de una instalación ya operativa.
Barrett valoró los avances expuestos. La presencia diplomática permite observar que la cooperación incluye seguimiento sobre el terreno, además de los anuncios políticos. No convierte, por sí misma, un balance empresarial en una auditoría independiente.
La presencia de Betancourt y los antecedentes
INCISOS ya explicó quién es Betancourt y su papel en el acuerdo y reseñó la investigación de ProPublica sobre sus condiciones. La novedad de esta jornada es su intervención pública en el seguimiento operativo con representantes estadounidenses. El perfil y el contrato son antecedentes para leer esa aparición, no noticias nuevas de este viernes.
Qué debe poder compararse
Para evaluar una recuperación petrolera conviene separar tres resultados: el volumen producido, lo cobrado por esa producción y lo que efectivamente recibe el Estado. Un aumento en el primero no permite deducir automáticamente el comportamiento de los otros dos.
La información útil requiere periodos comparables, identificación del campo o conjunto de campos y explicación de la participación de cada operador. Un anuncio de obras puede revisarse después contra su fecha prevista. Una cifra de ingresos necesita, además, información sobre ventas, costos y distribución.
Ese es el vínculo con la exigencia de los obispos: el seguimiento del acuerdo también debe permitir saber cómo sus resultados llegan a los ciudadanos. Mostrar instalaciones es un punto de partida; demostrar beneficios públicos requiere otra información.
Para leer más en INCISOS
- La Iglesia pide que la recuperación llegue a los venezolanos
- Quién es Alejandro Betancourt
- Las condiciones del pacto petrolero investigadas por ProPublica
Fuentes principales: El Diario · Tahiana González · Jornada petrolera · 23 de octubre.
Economía
El SENIAT cruzará datos bancarios sin una ley que proteja al contribuyente
El SENIAT integrará información de la banca, el Saren, el Saime y el BCV para cobrar impuestos. Venezuela no tiene ley general de protección de datos ni autoridad independiente que controle ese uso.
El Gobierno dice que la integración de información con la banca y los registros públicos le permitirá «empezar a cobrar». La pregunta que nadie ha respondido es con qué límites.
| Qué | El SENIAT integra sus sistemas con la banca, el Saren, el Saime y el BCV para detectar obligaciones tributarias pendientes. |
|---|---|
| Quién | La presidenta encargada Delcy Rodríguez lo anunció; el SENIAT y la Sudeban firmaron la alianza bancaria. |
| Cuándo | Alianza con Sudeban el 7 de octubre de 2026; anuncio del cruce ampliado el miércoles 21 de octubre de 2026. |
| Dónde | Venezuela; alcanza a cuentas, propiedades y registros de identidad de residentes y no residentes. |
| Por qué | El Gobierno quiere ampliar la base de recaudación y cobrar impuestos que no se están pagando. |
| Cómo | Interconexión tecnológica de bases de datos integradas en un sistema nuevo cuyo diseño no se ha publicado. |
Qué dijo el Gobierno
El miércoles 21 de octubre de 2026, al anunciar la suspensión de la máquina fiscal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez explicó cuál es la otra cara de la flexibilización: «Tenemos un cruce muy importante de información que, integrado a un nuevo sistema, va a permitir empezar a cobrar lo que se debe cobrar en el país». Según el Gobierno, el sistema bancario nacional, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Banco Central de Venezuela ya están interconectados con el SENIAT.
La pieza bancaria tiene base formal: el 7 de octubre de 2026, el SENIAT y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) firmaron un acuerdo de intercambio de información. La conexión con el Saren había sido anunciada el 15 de agosto como una forma de reducir trámites duplicados. Lo nuevo es que ahora todo se presenta como una sola herramienta de fiscalización.
Qué puede ver el fisco
Si la integración funciona como se describe, el SENIAT podría cruzar los movimientos de una cuenta bancaria con lo que el titular declara, saber qué inmuebles, vehículos o empresas tiene registrados ante el Saren, verificar identidad, domicilio y movimientos migratorios a través del Saime, y comparar operaciones cambiarias reportadas al BCV. Es el mismo principio que usan las administraciones tributarias modernas: el contribuyente que declara poco y mueve mucho salta en el sistema sin necesidad de que un fiscal visite su local.
Desde un punto de vista técnico, no es una idea extravagante. En EE.UU., el IRS recibe formularios de bancos, empleadores y corredores, y los compara automáticamente con cada declaración. La diferencia está en el marco que rodea ese poder.
Qué garantías existen
Venezuela no tiene una ley general de protección de datos personales ni una autoridad administrativa dedicada a vigilarla. La protección descansa en la Constitución, cuyos artículos 28 y 60 reconocen el derecho de acceso a los propios datos y a la privacidad, en la figura del habeas data desarrollada por la Sala Constitucional desde 2001 y en la sentencia 1318 de 2011, que fijó principios como consentimiento previo, finalidad y seguridad. Hay además sanciones penales para delitos informáticos y para la violación de la privacidad de las comunicaciones.
En la práctica, quien crea que sus datos se usaron de forma indebida tiene que acudir a un tribunal. No hay un ente al que reclamar, ni una obligación pública de notificar filtraciones, ni reglas publicadas sobre cuánto tiempo se conserva la información o quién dentro del Estado puede consultarla.
Lo que falta
Primero, el instrumento jurídico. No se ha publicado el texto del acuerdo SENIAT-Sudeban ni una providencia que defina qué datos se transmiten, con qué frecuencia y con qué propósito exclusivo. Sin esa definición, la frontera entre fiscalización tributaria y vigilancia general queda en manos del funcionario.
Segundo, las salvaguardas. Un sistema que reúne cuentas bancarias, propiedades e identidad es valioso para el fisco y también para cualquiera que logre acceder a él. Venezuela ha tenido filtraciones de bases de datos públicas en años anteriores. No se ha informado qué controles de acceso, auditoría o cifrado tendrá el nuevo sistema.
Tercero, la transparencia de resultados. La presidenta encargada sostuvo que la recaudación subió 27 % en octubre y superó la meta del mes, sin decir contra qué periodo, en qué moneda ni con qué montos. Si el cruce de datos se justifica por sus resultados, esos resultados tienen que poder medirse.
Qué significa para el venezolano en el exterior
Para quien vive en EE.UU. y conserva cuentas, propiedades o una empresa en Venezuela, el mensaje es claro: la información que antes estaba dispersa en registros desconectados ahora puede leerse en conjunto. Una propiedad heredada sin declarar, una cuenta que recibe remesas para un negocio familiar o una empresa inactiva con obligaciones atrasadas pueden aparecer en el radar del SENIAT. Conviene revisar con un contador venezolano la situación de esos activos antes de que el sistema lo haga.
La integración de datos puede ayudar a que pague quien debe pagar y a que el impuesto se reparta mejor. Para que eso ocurra sin abrir otra puerta a la arbitrariedad, hacen falta reglas escritas, límites de uso y alguien independiente que las haga cumplir. Por ahora, nada de eso se ha publicado.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría tributaria, financiera ni legal. Consulte a un profesional antes de tomar decisiones sobre sus activos o declaraciones.
Fuentes principales
- El Nacional, 21 de octubre de 2026 — elnacional.com
- elDiario, 21 de octubre de 2026 — eldiario.com
- AVN, 21 de octubre de 2026 — avn.info.ve
- elDiario, cambios del SENIAT en 2026, 17 de agosto de 2026 — eldiario.com
- Global Compliance News, protección de datos en Venezuela — globalcompliancenews.com
Economía
El oro venezolano en Londres sigue atado a un juicio sin resolver
Las 31 toneladas de oro del BCV en el Banco de Inglaterra dependen de un juicio sobre quién representa al banco central. La comisión paritaria 3+3 tendrá que desatar ese nudo primero.
La mesa de Caracas acordó una comisión de seis miembros para recuperar el oro. El obstáculo no es diplomático sino judicial: un tribunal británico todavía tiene que decidir quién habla en nombre del Banco Central de Venezuela.
| Qué | Una comisión paritaria de tres chavistas y tres opositores gestionará la recuperación del oro del BCV en el Banco de Inglaterra. |
|---|---|
| Quién | Las delegaciones de Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera; del otro lado, el Banco de Inglaterra y los tribunales británicos. |
| Cuándo | Acordada el miércoles 21 de octubre de 2026; el litigio sobre el oro está abierto desde 2020. |
| Dónde | Bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres; el juicio está en el Tribunal Comercial de Inglaterra. |
| Por qué | Ambas partes quieren destinar el oro a los afectados por el sismo del 24 de junio y a servicios públicos. |
| Cómo | Gestión ante el Reino Unido; la liberación exige una decisión judicial o un acuerdo entre las juntas rivales del BCV. |
El acuerdo, en una frase
El comunicado que cerró el tercer ciclo de la mesa de Caracas el miércoles 21 de octubre de 2026 creó una comisión 3+3 para recuperar el oro del Banco Central de Venezuela (BCV) depositado en Londres y destinarlo a las víctimas del sismo del 24 de junio y a los servicios públicos. Lo que importa es lo que esa comisión encontrará cuando llegue a Londres.
Qué hay en la bóveda
Se trata de unas 31 toneladas de oro en lingotes, que el BCV depositó en el Banco de Inglaterra desde 2008. A los precios de 2026 equivalen a unos 4.000 millones de dólares, según estimaciones citadas por CNN y Euronews. A eso se suman unos 120 millones de dólares procedentes de una operación de canje de oro con Deutsche Bank que quedó congelada cuando estalló la disputa.
Cómo se congeló
En enero de 2019, cuando el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, el Banco de Inglaterra se negó a atender las instrucciones de la junta del BCV nombrada por quien usurpaba el poder, Nicolás Maduro. Guaidó designó su propia junta directiva del BCV, y desde entonces dos juntas rivales reclaman la representación del banco ante los tribunales británicos. El expediente principal se tramita como Deutsche Bank AG (London Branch) contra el Banco Central de Venezuela.
El caso recorrió todas las instancias. En 2020, el Tribunal Superior falló a favor de la junta de Guaidó; ese mismo año, el Tribunal de Apelación anuló la decisión por considerar ambiguo el reconocimiento británico. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo del Reino Unido concluyó que el Gobierno británico sí había reconocido a Guaidó sin ambigüedad, y que los tribunales ingleses no podían revisar la validez de sus nombramientos. Dejó abierta una sola puerta: si las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anularon esos nombramientos podían reconocerse en Inglaterra.
En julio de 2022, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Comercial, respondió que no, en parte por fallas de debido proceso en esas sentencias. En 2023, el Tribunal de Apelación confirmó esa negativa y añadió algo clave: el retiro del reconocimiento a Guaidó, efectivo desde el 5 de enero de 2023, solo mira hacia adelante. Los actos de Guaidó mientras fue reconocido siguen valiendo. Pero el tribunal devolvió el caso al Tribunal Comercial para que decidiera cómo seguir ahora que Londres no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro.
Quién tiene la autoridad legal en 2026
Esa es la pregunta que sigue sin respuesta pública. Tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo al Parlamento el 5 de enero que el Reino Unido no reconoce a la Administración actual y que el Banco de Inglaterra decide de forma independiente. En agosto de 2026, la Cancillería británica repitió que no es parte del juicio, y el Banco de Inglaterra dijo a Euronews que espera una decisión judicial antes de liberar el oro.
En otras palabras, ni la carta que la presidenta encargada Delcy Rodríguez envió al rey Carlos III en julio, ni una solicitud política de cualquier tipo, bastan por sí solas. El Banco de Inglaterra solo entregará el oro a quien un tribunal inglés considere representante legítimo del BCV, o a quien todas las partes del litigio acepten como tal.
Por qué la comisión 3+3 puede cambiar la ecuación
Aquí está la novedad real. Las dos juntas rivales responden, en sentido amplio, a los dos bandos que ahora se sientan en la misma mesa. Figuera dijo que su delegación habló con representantes británicos sobre recursos que estaban bajo control opositor en 2019. Si chavismo y oposición presentan una instrucción conjunta, el tribunal tendría ante sí no una disputa, sino un acuerdo que homologar. Es un atajo jurídico posible, aunque no automático.
Ese camino ya se insinuó en agosto, cuando el Gobierno y sectores opositores pidieron juntos la liberación del oro. Según declaró entonces el diputado Ramón López a Euronews, los fondos irían a cuentas del Departamento del Tesoro de EE.UU. y serían auditados por firmas internacionales. Ese mecanismo no fue ratificado en el comunicado de octubre.
Lo que falta para que el oro llegue a Venezuela
Faltan los nombres de los seis comisionados y su mandato escrito. Falta saber si la comisión actuará en nombre de una junta del BCV reconocida por ambas partes o si buscará un administrador neutral. Falta una presentación formal ante el Tribunal Comercial y, si hay acuerdo, el tiempo que tome su aprobación. Falta resolver las sanciones de EE.UU. que pesan sobre el BCV desde abril de 2019, que condicionan cualquier movimiento financiero con entidades estadounidenses. Y falta un esquema de control verificable que convenza a Londres de que el dinero llegará a los damnificados del sismo y no a otra parte.
El oro no está perdido. Está detenido en un expediente que solo se moverá cuando quienes se lo disputan firmen lo mismo ante el mismo juez.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal ni financiera.
Fuentes principales
- Infobae, 22 de octubre de 2026 — infobae.com
- Efecto Cocuyo, 21 de octubre de 2026 — efectococuyo.com
- Euronews, 17 de agosto de 2026 — euronews.com
- CNN, julio de 2026 — wtop.com
- Fox News, 8 de enero de 2026 — foxnews.com
- Linklaters, análisis de la sentencia [2023] EWCA Civ 742 — linklaters.com
- Mining.com (Reuters), 29 de julio de 2022 — mining.com
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