Economía
El salario que no es salario: la matemática de los 240 dólares de Delcy Rodríguez
El 30 de abril, Delcy Rodríguez decretó un aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales. Pero el salario mínimo legal sigue congelado en 130 bolívares —menos de un dólar al cambio oficial—. La distinción no es gramatical. Es matemática. Y el aumento no recae sobre la base que calcula vacaciones, prestaciones y pensiones. Sindicatos, APUCV y la ONG Provea rechazaron el anuncio. Para la diáspora que envía remesas, la diferencia importa.
El 30 de abril, Delcy Rodríguez decretó un aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales. Pero el salario mínimo legal sigue congelado en 130 bolívares —menos de un dólar al cambio oficial—. La distinción no es gramatical. Es matemática. Y el aumento no recae sobre la base que calcula vacaciones, prestaciones y pensiones. Sindicatos, APUCV y la ONG Provea rechazaron el anuncio. Para la diáspora que envía remesas, la diferencia importa.
El jueves 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante una multitud concentrada en Caracas que el ingreso mínimo integral pasaría de 190 a 240 dólares mensuales. Lo presentó como el aumento más importante en años. Lo es, en términos del agregado nominal. Pero la distinción técnica que el anuncio omitió mencionar tiene consecuencias profundas. El salario mínimo legal venezolano —el monto que sirve de base de cálculo para prestaciones, vacaciones, utilidades y pensiones— sigue congelado en 130 bolívares mensuales. Al tipo de cambio oficial de aproximadamente 489 bolívares por dólar, eso equivale a unos 27 centavos de dólar al mes.
La distinción no es gramatical. Es matemática. Y la matemática, en política laboral, es la que define cuánto vale realmente un trabajador.
QUÉ ES INGRESO Y QUÉ ES SALARIO
El ingreso mínimo integral es la suma del salario base más un conjunto de bonificaciones. Las bonificaciones son pagos que la administración pública otorga de manera discrecional. Pueden ser ajustadas, sustituidas o eliminadas mediante decisiones administrativas, sin necesidad de reformas legales. No se consolidan en la trayectoria laboral del trabajador. No se incorporan al cálculo de la liquidación cuando un empleado se jubila o cambia de empleo.
El salario mínimo legal, en cambio, es el componente del ingreso que la legislación laboral protege. Determina el monto base sobre el cual se calculan las prestaciones sociales —el ahorro obligatorio que el empleador acumula a favor del trabajador a lo largo de su vida laboral—. Determina las vacaciones pagas, las utilidades anuales, los aportes al seguro social, las pensiones futuras. Cuando ese salario se congela, todos esos componentes se congelan con él. La pirámide entera del derecho laboral colapsa hacia los 130 bolívares.
Por eso la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela emitió un comunicado el mismo 30 de abril rechazando los anuncios. La APUCV calificó la política salarial del interinato como continuación de la «pulverización» de beneficios laborales que el chavismo viene aplicando desde 2022, año en que el salario mínimo legal quedó congelado en su nivel actual.
LA REACCIÓN SINDICAL
Más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas suscribieron un documento en abril abogando por —en sus términos— un pago que no condene a la población a la miseria. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) había documentado en 2019, a través de su Comisión de Encuesta, el desmantelamiento de la institucionalidad laboral venezolana. El gobierno entonces ignoró esas recomendaciones, sustituyó el salario por bonificaciones, anuló contratos colectivos y encarceló a dirigentes sindicales por defender derechos básicos.
El ingreso mínimo integral de 240 dólares decretado por Rodríguez ahora repite la misma lógica. Los trabajadores aspiraban a un incremento del salario mínimo. La presidenta encargada anunció un incremento del ingreso. La diferencia se traduce en que las bonificaciones no se acumulan en el sistema de prestaciones, las pensiones de los jubilados no aumentan en proporción al anuncio, y los docentes jubilados —junto con profesionales venezolanos en el exterior— quedan excluidos del nuevo «Bono de Reconocimiento a profesionales en áreas estratégicas» que forma parte del paquete de bonificaciones.
La APUCV calificó como «deplorable» la continuidad de esta política laboral en un contexto de mayores ingresos para el Estado venezolano. La frase resume el problema económico-político de fondo. Mientras los acuerdos energéticos con empresas estadounidenses como Chevron, italianas como Eni o españolas como Repsol generan flujos de divisas que reactivan las cuentas fiscales del país, el salario mínimo legal de los trabajadores no recupera capacidad real.
LA POSICIÓN DE PROVEA
La organización venezolana de derechos humanos Provea publicó una declaración después del anuncio del 30 de abril que vale la pena citar con precisión. Provea contrastó la posición del Ejecutivo encargado frente a los reclamos laborales internos con la posición que sostiene ante el gobierno de Estados Unidos y las compañías petroleras que firman convenios con Caracas. La conclusión de Provea fue que el «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez —caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos comerciales— está echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional.
El argumento es severo pero numéricamente verificable. Si las exportaciones petroleras venezolanas alcanzan en 2026 niveles que no se veían desde 2018 —según ha reportado el propio gobierno encargado—, y si los acuerdos de inversión extranjera reactivan el flujo de divisas, la pregunta política es por qué el aumento del salario mínimo legal no acompaña ese flujo. La respuesta política, en las palabras de Provea, es que la prioridad del Ejecutivo encargado está en consolidar las relaciones bilaterales con Washington antes que en restaurar la institucionalidad laboral interna.
QUÉ SIGNIFICA PARA LA DIÁSPORA
Para los millones de venezolanos en Estados Unidos que envían remesas a sus familias, la distinción entre ingreso y salario tiene tres consecuencias prácticas. Primera: las remesas siguen siendo fundamentales. Si el salario base oficial es de 27 centavos de dólar al mes, ningún hogar venezolano puede sostenerse exclusivamente del ingreso laboral local. Las transferencias desde Estados Unidos —que en 2026 se estiman en torno a los 5.500 millones de dólares anuales— no son complemento. Son base. La estabilidad económica de los hogares venezolanos depende del corredor migratorio Estados Unidos-Venezuela.
Segunda: las pensiones futuras de los familiares en Venezuela están comprometidas. Quien hoy trabaja en Venezuela con un salario mínimo de 130 bolívares acumula una expectativa de pensión que, cuando se haga efectiva, será nominalmente equivalente a esa cifra. La diáspora que evalúa el retorno o que planifica el cuidado de padres mayores tendrá que seguir financiando esa diferencia desde el exterior.
Tercera: la brecha cambiaria amplifica la diferencia. Mientras el dólar oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza alrededor de 489 bolívares, el USDT en plataformas como Binance se cotiza cerca de 641 bolívares. La diferencia del 42% significa que cada dólar que llega a una familia venezolana puede valer un 42% más si se intercambia en el mercado paralelo que si se cobra al cambio oficial. Para las familias de la diáspora, esa diferencia condiciona decisiones diarias sobre cómo enviar el dinero, cuándo enviarlo y a través de qué canales.
EL CACEROLAZO DE BARINAS
El primer indicador de rechazo popular al anuncio de Rodríguez se registró en Barinas el mismo 30 de abril. Hubo cacerolazos en distintos sectores de la ciudad denunciando que el «salario integral» no resuelve la situación económica de los trabajadores venezolanos. El sindicalista Ángel Pernía declaró el 29 de abril, en el contexto de los preparativos de la marcha del 1 de mayo: «No se puede vivir con 130 bolívares».
La frase es clínica. No se puede. La aritmética del 130 bolívares mensuales es incompatible con la canasta básica de cualquier hogar venezolano. La canasta alimentaria familiar en Venezuela —según mediciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros— supera los 500 dólares mensuales. Con un salario mínimo legal de menos de un dólar y un ingreso integral de 240, la cobertura sigue siendo parcial. Por eso el cacerolazo de Barinas. Por eso el rechazo sindical. Por eso la posición de la APUCV y de Provea.
LA POLÍTICA DETRÁS DE LA MATEMÁTICA
El gobierno encargado de Delcy Rodríguez tiene un cálculo político transparente. Aumentar el ingreso integral genera titulares positivos sobre poder adquisitivo recuperado. Mantener congelado el salario mínimo legal evita un costo fiscal estructural sobre las prestaciones, las pensiones y el sistema de seguridad social. La diferencia se asume como bonificación —pagable, modulable, retirable— en lugar de como derecho consolidado.
El cálculo funciona en lo inmediato. Los titulares mencionan los 240 dólares. Los discursos celebran la mejora. Las marchas del 1 de mayo registran tensiones pero no desbordan. Pero el cálculo tiene un costo de mediano plazo. Cada mes que pasa sin reforma del salario mínimo legal acumula deuda social. Cada bonificación discrecional erosiona la institucionalidad laboral. Cada congelamiento prolongado del piso salarial expulsa a más venezolanos hacia la economía informal o hacia la migración.
LO QUE QUEDA POR RESOLVER
La pregunta que el anuncio del 30 de abril deja abierta es cuándo el gobierno encargado dará el paso de reformar el salario mínimo legal. La respuesta política, hasta ahora, es la misma que aplica al cronograma electoral. Algún día. Mientras tanto, la diáspora venezolana en Estados Unidos seguirá funcionando como infraestructura económica de los hogares venezolanos, las remesas seguirán siendo base y no complemento, y la distinción entre ingreso y salario seguirá siendo —para millones de trabajadores— la diferencia entre lo que parece haber mejorado y lo que efectivamente cambió.
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Imagen de archivo: Foto de archivo: el petrolero Navig8 Tanzanite en el puerto de Nueva York, el 19 de enero de 2018. No documenta un embarque venezolano ni las operaciones de 2026. Foto: Paul Harrison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Copia de la versión de 3840 px distribuida por Commons, sin ediciones adicionales. Aprobación editorial pendiente. CC BY-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ — atribuir autor y fuente, enlazar licencia, indicar cambios; las adaptaciones deben conservar licencia compatible.. Fuente · CC BY-SA 4.0.
ECONOMÍA · LA CUENTA DEL PETRÓLEO
Un informe confidencial de KPMG, obtenido por The New York Times, dice que por la cuenta de custodia que controla el Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre el 3 de enero y el 30 de septiembre. Volvieron a Venezuela 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Las cifras de la cuenta de custodia de los ingresos petroleros venezolanos controlada por EE.UU. |
|---|---|
| Quién | KPMG, por encargo del Gobierno de EE.UU.; The New York Times; el Departamento de Estado y el Tesoro; el BCV. |
| Cuándo | Del 3 de enero al 30 de septiembre de 2026; publicado el 10 de noviembre. |
| Dónde | Una cuenta creada por el Tesoro de EE.UU. y controlada por ese país. |
| Por qué | Ofrece, según el NYT, la radiografía más detallada hasta ahora del control financiero estadounidense desde la captura de Maduro. |
| Cómo | Las ventas se depositan en la cuenta y el BCV solicita fondos, que se liberan tras verificar criterios de integridad financiera. |
Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026 entraron unos 12.260 millones de dólares en la «Cuenta de custodia de Venezuela», una cuenta controlada por el Tesoro de EE.UU. donde se depositan los ingresos por ventas de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos. Lo dice un informe confidencial de la firma KPMG, preparado para el Gobierno de EE.UU., que obtuvo The New York Times y que difundió EFE el martes 10 de noviembre (Infobae/EFE).
Adónde fue el dinero
- Unos 11.700 millones volvieron a Venezuela en poco tiempo, sobre todo para sostener el bolívar mediante las subastas de divisas de la banca comercial.
- Unos 130 millones pagaron deuda externa, principalmente con otros gobiernos y organismos internacionales.
- Quedaban unos 170 millones al cierre del informe, y la cuenta había generado unos 12 millones en intereses.
- Trafigura y Vitol, que adquirieron derechos para vender el crudo venezolano, aportaron el 61 % de los ingresos (Infobae/EFE).
El BCV solicita los fondos, que se liberan cuando funcionarios de EE.UU. confirman que se cumplen criterios de integridad financiera. Todas las transacciones deben ser aprobadas por el Departamento de Estado y el Tesoro, según EFE, que cita al NYT (Infobae/EFE).
Las cifras resumidas por EFE no permiten conciliar todo el total: los fondos devueltos, el pago de deuda y el saldo suman 12.000 millones, 260 millones menos que las entradas citadas, sin contar los intereses. Sin el informe completo no se puede explicar esa diferencia.
La cifra frente a la frase
El lunes, Trump dijo que EE.UU. está recibiendo «miles de millones y miles de millones de dólares al día». El informe de KPMG da otra escala: 12.260 millones en 271 días son unos 45 millones de dólares diarios, y casi todo ese dinero volvió a Venezuela. Está en el mismo orden de magnitud que nuestra valoración hipotética de las importaciones de agosto registradas por la EIA al Brent de 94 dólares del lunes: unos 61 millones diarios, no ingresos auditados de la cuenta ni ganancias estadounidenses. Ambas escalas están muy lejos de «miles de millones al día».
Lo que no se sabe con la información publicada
La información publicada por EFE no detalla el gasto final de los 11.700 millones más allá de las subastas cambiarias, ni cuánto llegó a salarios, hospitales o electricidad. Tampoco precisa cuánto recibieron Trafigura y Vitol por su intermediación. Sin el informe completo de KPMG, no se puede afirmar que el documento omita esos datos. El dólar oficial pasó de 897,54 a 901,62 bolívares en dos días (Finanzas Digital): las subastas sostienen el bolívar, pero no lo detienen.
La información conocida ahora ofrece, según el NYT, la radiografía más detallada hasta el momento del control financiero estadounidense desde el 3 de enero. Dos conclusiones. La primera: la frase de Trump no tenía sustento. La segunda: casi todo el dinero volvió, pero la mayor parte se utilizó para sostener el tipo de cambio, mientras los jubilados petroleros se encadenan por su pensión y los pensionados pagan comisiones. Que el dinero pase por una cuenta supervisada evita el saqueo de otros tiempos, pero no reemplaza el control de la Asamblea ni la rendición de cuentas al país. Un informe tan importante no debería conocerse por una filtración.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Tesoro de EE.UU. y el BCV publiquen el informe de KPMG completo; que se informe cada mes qué entra en la cuenta y en qué se gasta; y que la Asamblea Nacional revise esos flujos.
Para leer más en INCÍSOS
- Los «miles de millones al día» de Trump no cuadran: las cuentas de los «miles de millones».
- Jubilados petroleros se encadenan en PDVSA para cobrar 720 millones: los jubilados de PDVSA.
- Doce mil millones y una pensión de 130 bolívares: el Inciso.
- Exxon vuelve con Delcy Rodríguez, que la acusó en 2025: Exxon.
Fuentes principales: Infobae/EFE, con información de The New York Times; El Carabobeño; Finanzas Digital.
Economía
NABEP dice que cambió 1.149 kilómetros de tuberías en el Lago
Tuberías nuevas, cifras de parte.
Imagen de archivo: Estaciones de perforación de petróleo en el Lago de Maracaibo, fotografía de archivo de 2014. Dennysalberto7 / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Fuente · CC BY-SA 3.0.
ECONOMÍA · PETRÓLEO
NABEP, la empresa que opera campos petroleros en el Lago de Maracaibo y en la Faja del Orinoco por el acuerdo con EE.UU., informó que ha instalado 1.149 kilómetros de tubería flexible en la Costa Oriental del Lago para reducir las fugas. Por la tubería nueva salen unos 52.000 barriles diarios. Son cifras de la propia empresa.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El reemplazo de líneas de flujo y gas en campos petroleros del Lago de Maracaibo y la reactivación de un horno en el Orinoco. |
|---|---|
| Quién | North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por Alejandro Betancourt; PDVSA. |
| Cuándo | Comunicados del 3 y el 9 de noviembre de 2026. |
| Dónde | Campos Bachaquero y Ceuta, en la Costa Oriental del Lago, Zulia; planta de Zuata 2 (Petrocedeño), en la Faja del Orinoco. |
| Por qué | Las tuberías de acero de unos 50 años son una fuente de derrames que han dañado el Lago durante décadas. |
| Cómo | Con tubería flexible, que tiene menos uniones, y el reemplazo completo de la red de cada pozo. |
«Décadas de abandono han dejado petróleo en las costas del Lago de Maracaibo». Así empieza el comunicado que North American Blue Energy Partners (NABEP) difundió el lunes 9 de noviembre. La empresa dice que ha instalado 1.149 kilómetros de tubería flexible en la Costa Oriental del Lago desde que empezó a operar en la zona en 2024, en los campos Bachaquero y Ceuta, para reemplazar líneas de acero que describe como «una de las principales fuentes de fugas que han dañado el Lago durante décadas» (La Verdad).
Las cifras de NABEP
- Tubería flexible instalada: 1.149 km; hay 176 km en almacén, 791 km en tránsito y unos 3.400 km más previstos.
- Acero nuevo: casi 4 km este año, para reparar tramos críticos de troncales de 12 pulgadas.
- Pozos: líneas nuevas en 435 pozos; 301 ya producen por la tubería nueva, con unos 52.000 barriles diarios.
- Compresión: 144 pozos se conectarán a la planta compresora Bachaquero 3 (La Verdad).
La empresa explica que la tubería flexible «presenta menos uniones, que es donde suelen originarse las fugas», y que reemplaza la red completa de cada pozo en vez de hacer reparaciones parciales. En el lago hay unos 25.000 kilómetros de tuberías submarinas, muchas de unos 50 años. Su director, Alejandro Betancourt, habló de «reemplazar, una a una, las líneas corroídas que heredamos» (La Verdad).
También en el Orinoco
El 31 de octubre, NABEP reactivó un horno de la planta Zuata 2 (Petrocedeño), en la Faja del Orinoco, que llevaba cinco años parado. Calienta el crudo extrapesado para separarlo del agua, de modo que cumpla el máximo de 2 % de agua para la venta. La empresa espera sumar entre 8.000 y 10.000 barriles diarios. Dice que su producción pasó de unos 18.000 a más de 200.000 barriles diarios en dos años, con una inversión propia de unos 1.000 millones de dólares, y que llegó a 223.509 barriles equivalentes diarios el 19 de octubre (PR Newswire; Descifrado).
El 23 de octubre, Betancourt recorrió instalaciones en el Lago con funcionarios del Departamento de Estado y con John Barrett, encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela. «Este gran acuerdo está cambiando el escenario de la energía, no solamente en Venezuela», dijo Barrett (El Regional del Zulia).
Quién es NABEP
Según las afirmaciones de NABEP difundidas por PR Newswire y El Regional del Zulia, la empresa opera en el marco del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas y tiene derechos para comercializar o explotar una parte importante de las reservas venezolanas; los términos íntegros del acuerdo no están publicados en las fuentes consultadas. Su director, Alejandro Betancourt López, es un empresario cuyo nombre ha aparecido en investigaciones internacionales sobre corrupción, sobreprecios y lavado de dinero, según Descifrado (Descifrado). El nuevo Congreso de EE.UU. anunció que pondrá la lupa sobre el acuerdo.
Cambiar tuberías corroídas en el Lago de Maracaibo es una buena noticia para un ecosistema castigado durante décadas y para los pescadores que viven de él. Pero todas estas cifras vienen de comunicados de la propia empresa. No hay auditoría independiente de los kilómetros instalados, de los derrames evitados ni de la inversión. Con un operador cuyo director tiene antecedentes cuestionados y un acuerdo que el Congreso de EE.UU. va a revisar, la verificación externa no es un lujo.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que una autoridad ambiental o una auditoría independiente verifique las cifras de NABEP; que se publique un registro de derrames en el Lago antes y después del reemplazo; y que se conozcan los términos del acuerdo bajo el que opera.
Para leer más en INCÍSOS
- El nuevo Congreso pondrá la lupa sobre el acuerdo con NABEP: el Congreso y NABEP.
- EE.UU. manejó 12.260 millones del petróleo venezolano, según KPMG: la cuenta de custodia.
- Exxon vuelve con Delcy Rodríguez, que la acusó en 2025: Exxon.
Fuentes principales: La Verdad (comunicado de NABEP); PR Newswire; Descifrado; El Regional del Zulia.
Imagen de archivo: Refinería de Amuay, Venezuela. Foto de archivo de 2014; no corresponde al acto de firma ExxonMobil-PDVSA. Génesis García / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Fuente · CC BY-SA 3.0.
ECONOMÍA · PETRÓLEO
En marzo de 2025, Delcy Rodríguez acusó a ExxonMobil de conspirar contra Venezuela. Esta semana firmó con su jefe de exploración y producción, Dan Ammann, el memorando para evaluar su regreso. La Embajada de EE.UU. lo presentó como «un paso más» del plan de tres fases de Trump y Rubio. Chevron, que nunca se fue, prepara 7.000 millones de dólares.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La segunda lectura del memorando entre ExxonMobil y PDVSA: quién firmó, qué cubre y qué significa frente a Chevron. |
|---|---|
| Quién | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez; Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream; la Embajada de EE.UU.; Chevron. |
| Cuándo | Anunciado el 9 de noviembre de 2026; la Embajada lo difundió el 10. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | EE.UU. impulsa el regreso de sus petroleras como parte de su plan para Venezuela. |
| Cómo | Con un memorando que cubre campos maduros y nuevos y que no obliga a invertir. |
En marzo de 2025, cuando era vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez acusó a ExxonMobil de conspirar contra Venezuela. Esta semana, ya como presidenta encargada, le dio la bienvenida de vuelta. El memorando con PDVSA, anunciado el lunes, se firmó en Caracas durante un acto liderado por Delcy Rodríguez, con la presencia de Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream. Según teleSUR, los firmantes fueron Andrés Acosta, por ExxonMobil, y Héctor Obregón, por PDVSA (Infobae; teleSUR).
Qué cubre
Según Rodríguez, el memorando abarca «campos marrones y verdes», es decir, campos ya explotados y campos por desarrollar, con «miles de millones de barriles de reserva». No se han dicho nombres de campos ni volúmenes. Rodríguez habló de «meses de negociaciones para un regreso efectivo» y dijo que Exxon tiene «la capacidad, la tecnología y la inversión necesaria». Ammann, a través de un intérprete, habló de «capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país» (Descifrado; Infobae).
La Embajada de EE.UU. en Venezuela lo presentó el martes como «un paso más» del «plan de tres fases» del presidente Trump y del secretario Rubio (Descifrado). Desde abril, el Gobierno se ha reunido con Exxon y ConocoPhillips, tras la reforma de la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera (Infobae).
Chevron va más rápido
Chevron, que nunca salió de Venezuela, ya tiene un plan. Prevé invertir más de 7.000 millones de dólares en cinco años y podría más que duplicar su producción, hasta unos 600.000 barriles diarios. En septiembre cerró acuerdos con mejores términos fiscales, comerciales y legales y sumó áreas en la Faja del Orinoco. Exxon, en cambio, ha dicho que «no tiene prisa»: le expropiaron activos en Venezuela dos veces, la última en 2007, y tiene otras prioridades, como Guyana y la cuenca del Pérmico en EE.UU. (The Motley Fool; MarineLink/Reuters).
El laudo y Guyana
Dos temas no aparecieron en los discursos. El primero es la deuda: en 2014, el CIADI reconoció a Exxon 1.600 millones de dólares más intereses por la expropiación, y la disputa sigue abierta (MarineLink/Reuters). El segundo es Guyana: Exxon opera el bloque Stabroek en aguas que Venezuela reclama como parte de la Zona en Reclamación del Esequibo. Fue en ese contexto que Rodríguez la acusó en 2025.
El cambio de tono es enorme y merece explicación: la misma funcionaria que llamó conspiradora a Exxon la invita a volver sin decir qué cambió, salvo el poder en Washington. Para el país, lo importante no es la foto sino los términos. ¿Se negociará el laudo con barriles? ¿Qué pasa con la reclamación del Esequibo si Exxon es socia en los dos lados? ¿Quién supervisará los contratos? Si el regreso de Exxon es parte de un plan de EE.UU., los venezolanos tienen derecho a conocer los términos antes de la firma definitiva, no después.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el memorando se convierta en un contrato con campos, montos y plazos publicados; que se aclare el destino del laudo del CIADI; que el Gobierno explique su posición sobre el Esequibo frente a la presencia de Exxon en Guyana; y que la Asamblea revise los términos.
Para leer más en INCÍSOS
- Exxon firma un primer paso para volver a Venezuela: el primer paso de Exxon.
- EE.UU. manejó 12.260 millones del petróleo venezolano, según KPMG: los 12.260 millones.
- NABEP dice que cambió 1.149 kilómetros de tuberías en el Lago: NABEP en el Lago.
- Los «miles de millones al día» de Trump no cuadran: las cuentas del petróleo.
Fuentes principales: Infobae; Descifrado; The Motley Fool; MarineLink/Reuters; Bloomberg.
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