ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO

Redacción INCÍSOS

El coronel y abogado constitucionalista Ángel Alberto Bellorín, cuya doctrina jurídica sobre la reforma legal previa como condición para renovar el TSJ ya había sido documentada en la cobertura del 12 de agosto, aporta al especial una dimensión analítica adicional: los actuales magistrados del TSJ pueden ser enjuiciados según el artículo 333 de la Constitución y el 243 numeral 2 del Código Penal, si existe la voluntad institucional de aplicar esas normas. La lectura convierte la renovación del TSJ en algo más que sustitución de personas: es punto de partida potencial para la sanción de los actos que dieron forma jurídica a la construcción antidemocrática. Novena pieza del especial Ángulos: Primer Ciclo.

Hay lecturas del proceso venezolano que se sostienen en la política. Hay otras que se sostienen en la geopolítica. Y hay una tercera categoría, más rara y más difícil, que se sostiene específicamente en la técnica jurídica: la que examina qué dice exactamente la ley, cómo se aplica, y qué consecuencias tiene su aplicación. La lectura de Ángel Alberto Bellorín sobre el primer ciclo pertenece a esa tercera categoría, y por eso su presencia en el especial es indispensable. Sin la voz que examina el marco legal específico, cualquier análisis del proceso queda incompleto en su dimensión más técnica.

Bellorín ya había aportado al debate público la doctrina sobre la reforma previa de la Ley Orgánica del TSJ como condición para la validez de cualquier nueva designación de magistrados. Esa doctrina se documentó en la pieza principal de INCÍSOS sobre el acuerdo del 12 de agosto, donde se sostuvo con precisión que el orden establecido en el texto firmado (reformar la ley primero, nombrar después) es exactamente la secuencia técnicamente correcta que Bellorín viene reclamando durante quince años. Esa dimensión de su doctrina no se repetirá aquí porque ya fue expuesta con detalle en cobertura previa del medio.

Esta pieza documenta una dimensión distinta y complementaria de su análisis, publicada por Bellorín tras el cierre del primer ciclo: la posibilidad jurídica específica de enjuiciar penalmente a los actuales magistrados del TSJ y a otros funcionarios que hayan participado en la modificación de facto de la Constitución venezolana. La pieza reproduce su texto completo, despliega el análisis editorial de INCÍSOS sobre las consecuencias operativas de su tesis, y ubica esta dimensión dentro del mapa completo del debate público sobre el proceso.

El texto original

Bellorín publicó, tras el cierre del primer ciclo del diálogo, el siguiente análisis jurídico:

En realidad todos los actuales magistrados, así como otros funcionarios pueden ser enjuiciados si existe la voluntad de interpretar el mandato constitucional previsto en el Artículo 333 para la perfecta aplicación de la conducta delictual previsto en el numeral segundo del Artículo 243 del Código Penal venezolano que sanciona la conspiración para intentar modificar en forma violenta la constitución.

Puede observarse que la norma constitucional prevé dos supuestos de pérdida de vigencia de la Constitución, la primera «por acto de fuerza», que bien pudiera subsumirse en la rebelión o alzamiento que en sin numeral primero recoge la norma penal contrastada; y que no se relaciona con la conducta de estas personas que ameritó ejercicio grotesco de funciones. La segunda es más amplia y diversificada al expresar «por cualquier otro medio distinto al previsto en ella».

En esta última situación podemos concluir que cualquier cambio distinto a la enmienda, reforma o constituyente es violento, y por lo tanto se adecúa a la norma penal denunciada, y más allá de las actuaciones del TSJ, CNE y Asamblea para convalidar el fraude electoral (conspiración) sobran las sentencias, leyes y actuaciones públicas que demuestran las modificaciones a los mandatos y razón de la carta magna.

Quién es Ángel Alberto Bellorín

Ángel Alberto Bellorín es coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Constitucional, y profesor titular universitario. Publica columnas regularmente en el portal venezolano Curadas y mantiene actividad sostenida en su cuenta de Facebook. Su trayectoria profesional combina el ejercicio militar con la formación jurídica avanzada, condición poco común en la conversación pública venezolana contemporánea.

Su doctrina sobre el sistema de justicia venezolano se ha desarrollado durante más de una década a través de una serie sistemática de artículos que constituyen un cuerpo doctrinal reconocible. Entre los más citados: «Los juramentos y las promesas» (Curadas, 15 de enero de 2025), donde formuló con precisión categórica la tesis del «brutal error de nombrar magistrados sin modificar la inconstitucional ley orgánica del TSJ»; «Hacia un comité de postulaciones sin diputados» (Curadas, 24 de mayo de 2026), donde actualizó su análisis tras la juramentación del comité actual; «TSJ Prescripción de la hermenéutica» (Curadas, 8 de marzo de 2026), sobre las salidas técnicas al problema de designación; y «Las complicidades en la telaraña habilitante» (Curadas, 23 de diciembre de 2024), sobre las estructuras habilitantes del régimen.

Su rigor técnico es reconocido incluso por sectores con los que puede tener discrepancias políticas. Su análisis del sistema de justicia venezolano ha sido citado por medios independientes, por organizaciones de derechos humanos, y por analistas constitucionales tanto dentro del país como en la diáspora. Su presencia en el debate público sobre el primer ciclo del diálogo era, en ese sentido, previsible y necesaria.

La doctrina previa que aterrizó en el acuerdo del 12 de agosto

Como ya se documentó en la cobertura de INCÍSOS del 12 de agosto, la doctrina Bellorín sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica del TSJ antes de proceder a cualquier nueva designación de magistrados encontró correspondencia exacta en el orden establecido por el comunicado firmado ese día. El acuerdo enumera cuatro medidas para el sistema de justicia y las coloca en el orden precisamente reclamado por la doctrina jurídica independiente durante quince años: reformar la ley (letra a), renovar el Comité de Postulaciones (letra b), activar el nuevo proceso de designación (letra c), conformar el consejo revisor de credenciales (letra d).

Esa correspondencia no era garantizada. Ninguno de los procesos de diálogo previos entre gobierno y oposición venezolana durante las últimas dos décadas había producido un compromiso escrito con esa secuencia técnica. El acuerdo del 12 de agosto es, en términos jurídicos estrictos, el primer documento firmado en la historia reciente venezolana que reconoce implícitamente la validez de la doctrina Bellorín al estructurar el compromiso de renovación en el orden que ella exige.

Esta pieza no repetirá los detalles de esa doctrina ya documentados. Se concentra en la dimensión adicional que Bellorín aporta al debate tras el cierre del primer ciclo: la posibilidad jurídica de enjuiciar penalmente a los actuales magistrados y otros funcionarios responsables de los actos que dieron forma legal a la construcción antidemocrática venezolana.

El artículo 333 de la Constitución venezolana

La tesis de Bellorín se sostiene en la interpretación del artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.»

Bellorín identifica en esta norma dos supuestos distintos de pérdida de vigencia constitucional que la propia Constitución nombra: el acto de fuerza (primer supuesto) y la derogación por cualquier otro medio distinto al previsto en ella (segundo supuesto). Su análisis se concentra en el segundo, porque el primero corresponde a la figura clásica del golpe de Estado violento (rebelión, alzamiento militar) que no aplica al caso venezolano actual. El segundo supuesto es más amplio, y es exactamente el que Bellorín sostiene que se ha producido reiteradamente en Venezuela durante las últimas dos décadas.

La formulación textual del artículo 333 es específica: «por cualquier otro medio distinto al previsto en ella». La Constitución venezolana prevé tres medios legítimos de modificación constitucional: la enmienda (artículo 340), la reforma constitucional (artículo 342), y la Asamblea Nacional Constituyente (artículo 347). Cualquier modificación efectiva del contenido constitucional realizada por medios distintos a esos tres es, por la propia definición del artículo 333, un supuesto de derogación de la Constitución que sus propios términos rechazan.

La lectura de Bellorín aplica esta interpretación a la práctica constitucional venezolana reciente. Sostiene que «sobran las sentencias, leyes y actuaciones públicas que demuestran las modificaciones a los mandatos y razón de la carta magna». No detalla el catálogo en esta publicación, pero remite a la doctrina acumulada del propio Bellorín y a los diez casos históricos enumerados por Luis Peche Arteaga documentados en la primera pieza del especial Ángulos: Primer Ciclo: la declaración de desacato de la Asamblea Nacional 2015, la asunción de competencias parlamentarias por parte de la Sala Constitucional, la certificación del fraude electoral del 28 de julio de 2024 sin actas, la intervención de partidos políticos, la ratificación de inhabilitaciones, entre otros. Cada uno de esos actos, en la lectura de Bellorín, constituye modificación efectiva del mandato constitucional por medio distinto a los previstos en la Constitución. Y por tanto, cada uno se subsume en el segundo supuesto del artículo 333.

El artículo 243 numeral 2 del Código Penal venezolano

La segunda parte de la tesis de Bellorín es la conexión de esa interpretación del artículo 333 constitucional con el tipo penal específico del artículo 243 numeral 2 del Código Penal venezolano. Este artículo tipifica las conductas de conspiración contra la Constitución en dos supuestos: el numeral primero, que sanciona el intento de «modificar por medios violentos la Constitución» (que Bellorín asocia con el acto de fuerza clásico); y el numeral segundo, que sanciona la conspiración específica para intentar modificar la Constitución por medios distintos a los previstos en ella.

La conexión doctrinal es analíticamente potente. Si el artículo 333 de la Constitución establece que la modificación constitucional por medio distinto a los previstos en ella es equivalente a la derogación (y por tanto acto antijurídico), y si el artículo 243 numeral 2 del Código Penal tipifica específicamente la conducta de conspirar para producir esa modificación, entonces los actores institucionales que hayan participado en las sentencias, leyes y actuaciones públicas que modificaron efectivamente los mandatos constitucionales pueden ser objeto de imputación penal por conspiración conforme al tipo del artículo 243 numeral 2.

Los actores institucionales identificados por Bellorín son específicos: los actuales magistrados del TSJ (por las sentencias que dieron forma jurídica a las modificaciones), los rectores del Consejo Nacional Electoral (por los actos que convalidaron los resultados electorales sin las auditorías correspondientes), y los diputados de la Asamblea Nacional actual (por las leyes y actuaciones que institucionalizaron las modificaciones). Todos ellos, en la lectura de Bellorín, participaron en actos que se subsumen en el tipo penal del artículo 243 numeral 2.

La condicionalidad de la interpretación

Bellorín introduce en su tesis una condicionalidad explícita que merece ser leída con atención: «si existe la voluntad de interpretar el mandato constitucional previsto en el Artículo 333 para la perfecta aplicación de la conducta delictual».

La condicionalidad es analíticamente importante. Bellorín no afirma que el enjuiciamiento se producirá. Afirma que jurídicamente es posible si existe la voluntad institucional de aplicar las normas correspondientes. Y la voluntad institucional depende de dos elementos concretos: quiénes ocupen las magistraturas del nuevo TSJ tras la renovación comprometida en el acuerdo del 12 de agosto, y qué interpretación esos nuevos magistrados hagan del artículo 333 constitucional y del artículo 243 del Código Penal.

Esta condicionalidad conecta directamente con las advertencias formuladas por Walter Molina en la tercera pieza del especial (los criterios de «rápido, transparente y con personas probas e independientes» para la renovación del TSJ) y por Juan Pablo Guanipa documentado en la cobertura del 12 de agosto («magistrados independientes, competentes y comprometidos con la Constitución»). Si el nuevo TSJ resultante de la renovación no está dispuesto a interpretar el artículo 333 con el rigor que Bellorín reclama, la posibilidad jurídica queda como potencia sin actualización.

Las consecuencias operativas de la tesis

Si la interpretación de Bellorín se aplicara, las consecuencias operativas serían sustantivas y merecen ser desagregadas por precisión.

Primero, el enjuiciamiento no se limitaría a los magistrados del TSJ. Alcanzaría también a los rectores del CNE que convalidaron actos electorales contrarios a la Constitución, y a los diputados que institucionalizaron modificaciones constitucionales por vías distintas a las previstas. El universo de imputados potenciales, según su lectura, es amplio y sistemático.

Segundo, el enjuiciamiento estaría fundamentado en normas ya vigentes tanto de la Constitución como del Código Penal, y no requeriría legislación nueva. La lectura de Bellorín no reclama reforma penal, sino aplicación estricta de las normas actuales. Es interpretación técnica, no propuesta legislativa.

Tercero, la aplicación de esta doctrina abriría espacio a un capítulo específico del proceso de reinstitucionalización que hasta ahora no ha sido explícitamente parte del debate público sobre el diálogo: la sanción de los responsables individuales de los actos institucionales que dieron forma jurídica a la construcción antidemocrática. Es dimensión de justicia transicional que la mayor parte de los análisis del proceso todavía no ha incorporado con esta precisión.

Cuarto, la tesis introduce una consecuencia editorial relevante para la conversación pública venezolana. La renovación del TSJ deja de ser solamente sustitución administrativa de magistrados. Se convierte, potencialmente, en punto de partida de un proceso de responsabilización penal específica sobre los actos que sostuvieron durante veinte años la arquitectura jurídica del chavismo. Esa dimensión eleva el peso simbólico y práctico de la renovación, y explica por qué las voces que en el especial han advertido sobre el riesgo de que la renovación se convierta en «reparto de cuotas» (Molina) o en «maquillaje institucional» (Graterol) tienen razones específicas para sus advertencias.

El diálogo con el marco general del especial

La lectura de Bellorín converge con las de otras voces documentadas en el especial en varios puntos específicos, y es importante nombrar esas convergencias porque documentan la solidez del diagnóstico compartido.

Con Luis Peche Arteaga (pieza 1): ambos coinciden en identificar los actos del TSJ como forma jurídica específica de la construcción antidemocrática. Peche los enumera como diez casos históricos. Bellorín los ubica en el marco del artículo 333 constitucional y del tipo penal correspondiente. Ambas lecturas se refuerzan mutuamente.

Con Walter Molina (pieza 3): ambos coinciden en que la renovación sustantiva del TSJ requiere criterios específicos de probidad e independencia de los nuevos magistrados. Molina lo formula como advertencia contra el «reparto de cuotas». Bellorín lo formula como condición para que la interpretación del artículo 333 se produzca efectivamente.

Con Nelson Piñero (pieza 5): la tesis de Bellorín refuerza la lectura de Piñero según la cual «se acaba el TSJ chavista». Si además de sustituirse los magistrados se abre la posibilidad de enjuiciamiento por los actos previos, la ruptura con la arquitectura jurídica actual es aún más profunda que la sustitución administrativa.

Con A. Herrera-Vaillant (pieza 6): la observación de Herrera-Vaillant sobre lo que los magistrados removidos podrían contar cuando pierdan protección política adquiere una dimensión adicional en el marco de Bellorín. Si además de perder la protección política enfrentan la posibilidad de imputación penal, los incentivos para colaborar con investigaciones se multiplican significativamente.

La formulación política del debate

Corresponde una precisión editorial sobre el registro de la lectura de Bellorín. Su análisis es técnico-jurídico, no partidista. No propone estrategia política. No prescribe cursos de acción específicos para actores del proceso. Se limita a establecer, con la precisión propia de su formación doctoral en derecho constitucional, qué dicen las normas vigentes y qué consecuencias interpretativas se derivan de su aplicación.

Esa precisión editorial es importante porque el análisis técnico-jurídico no sustituye ni compite con las lecturas políticas del proceso. Las complementa aportando una dimensión que solo el conocimiento especializado del derecho puede proporcionar. Un debate público que carezca de esta dimensión técnica queda empobrecido en su capacidad de evaluación institucional del proceso. Y un debate que reduzca todo al análisis técnico pierde la dimensión política que es también necesaria.

La lectura de Bellorín cumple la función técnica-jurídica dentro del mapa completo del especial. Otras voces cumplen funciones políticas, estratégicas, geopolíticas, pedagógicas y ciudadanas. La suma de las participaciones permite leer la diversidad del debate sin borrar sus diferencias.

Qué aporta la lectura de Bellorín al debate

El valor específico de la lectura de Bellorín en el momento actual, tras el cierre del primer ciclo, es cuádruple.

Primero, aporta el análisis técnico-jurídico especializado que ninguna otra voz del especial documentado ofrece con la misma profundidad. La formación doctoral en Derecho Constitucional y la trayectoria de quince años en la doctrina específica sobre el TSJ le otorgan autoridad técnica difícilmente replicable.

Segundo, introduce una dimensión no explorada por otras voces del debate: la posibilidad jurídica de enjuiciamiento penal de los responsables individuales de los actos institucionales que dieron forma jurídica a la construcción antidemocrática. Esta dimensión eleva el peso simbólico y práctico de la renovación del TSJ comprometida en el acuerdo del 12 de agosto.

Tercero, condiciona explícitamente la aplicación de su tesis a la existencia de voluntad institucional específica. La condicionalidad no debilita el análisis; lo hace realista y verificable. Permite establecer criterios concretos para evaluar si el nuevo TSJ resultante de la renovación efectivamente adopta la interpretación que Bellorín sostiene.

Cuarto, conecta técnicamente el debate actual con la doctrina jurídica venezolana acumulada durante décadas. La lectura no aparece en el vacío: se inserta en un cuerpo doctrinal reconocido que Bellorín viene desarrollando desde hace quince años y que hoy encuentra correspondencia parcial en los términos del acuerdo firmado.

La formulación de cierre resume el registro: «sobran las sentencias, leyes y actuaciones públicas que demuestran las modificaciones a los mandatos y razón de la carta magna». Es afirmación empírica sobre la abundancia documental que sostendría, si la voluntad institucional apareciera, un proceso de responsabilización específica sobre veinte años de decisiones antidemocráticas.

Ubicación en el mapa del especial

Esta pieza es la novena del especial Ángulos: Primer Ciclo. La lectura de Bellorín complementa las de las ocho voces anteriores con una dimensión específica: el análisis técnico-jurídico especializado sobre las posibilidades de sanción penal a los responsables institucionales de los actos que modificaron efectivamente la Constitución venezolana.

Las próximas piezas del especial documentarán ángulos adicionales: el análisis histórico y comparativo de Carmen Beatriz Fernández, el aporte de Henrique Capriles Radonski, y el análisis semántico y estructural de José Vicente Carrasquero. El Inciso de cierre firmado por el editor en jefe sostiene la lectura editorial de INCÍSOS: el país que viene tiene que ser la suma de esas participaciones.