ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO

Redacción INCÍSOS

El consultor político venezolano Luis Peche Arteaga publicó en X, tras la firma del acuerdo del 12 de agosto de 2026, una enumeración de diez casos concretos en los que el TSJ dio forma jurídica específica a los abusos del chavismo contra el cambio democrático. La lectura merece ser leída completa por lo que aporta al debate público sobre por qué la renovación de ese tribunal es exactamente lo que está en juego. Primera pieza del especial Ángulos: Primer Ciclo.

Hay un tipo de argumento que solo funciona por acumulación. Ningún caso individual sostiene la tesis; los diez juntos vuelven la tesis inevitable. Es lo que hizo Luis Peche Arteaga, consultor político venezolano, con su publicación en X tras la firma del acuerdo del 12 de agosto de 2026. Enumeró diez casos concretos en los que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano fue el instrumento jurídico específico que dio forma legal a los abusos del chavismo contra el cambio democrático. Cada caso es verificable. Cada uno tiene sentencia, fecha, y consecuencia política documentada. Y la suma de los diez, leída sin adornos, sostiene una tesis que la conversación pública venezolana ha tenido siempre presente pero rara vez articulada con esta economía.

INCÍSOS reproduce el texto original de Peche completo, sin edición, y a continuación despliega el contexto verificable de cada uno de los diez casos citados. La pieza forma parte del especial Ángulos: Primer Ciclo, cuyo propósito editorial es documentar las lecturas más consistentes que la sociedad civil venezolana está haciendo del primer ciclo de conversaciones entre Gobierno Nacional y Asamblea Nacional electa en 2015.

El texto original

Peche Arteaga publicó lo siguiente en su cuenta oficial de X, @LuisPecheVE:

El TSJ fue la base usada por el chavismo para el desconocimiento de la victoria de la Asamblea Nacional 2015, declarándola en «desacato» y anulando todos sus actos.

El TSJ fue la base que dejó en pie la suspensión del revocatorio de 2016 decidida por tribunales penales regionales.

El TSJ fue la base que sostuvo la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

El TSJ fue la base que sostuvo el fraude electoral del 28 de julio, «certificando» un resultado sin una sola acta.

El TSJ fue la base que intervino a Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei, y les entregó las tarjetas a dirigentes alacranes.

El TSJ fue la base que anuló la victoria opositora en Barinas en 2021 y obligó a repetir la elección.

El TSJ fue la base que intentó suspender los efectos de la primaria de octubre de 2023.

El TSJ fue la base que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado en enero de 2024.

El TSJ fue la base que negó de forma sistemática los amparos y los habeas corpus de los detenidos políticos.

El TSJ fue la base que allanó inmunidades para que la Fiscalía persiguiera diputados.

El TSJ fue el instrumento con el que el chavismo le dio forma jurídica a cada abuso contra el cambio pacífico y político que los venezolanos han intentado durante las últimas dos décadas. Sin ese sello del poder judicial, ninguna de estas decisiones se habría sostenido un solo día.

Quién es Luis Peche Arteaga

Luis Peche Arteaga es un consultor político e internacionalista venezolano, nacido en Caracas el 3 de noviembre de 1994. Cursó estudios de Máster en Consultoría Política en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ceremonia en la que fue elegido orador en nombre de los graduandos según su propio testimonio público. Trabaja en Sala 58, colectivo de análisis político venezolano con proyección regional, y produce contenido en la plataforma Es Bravo. Su cuenta oficial en X, @LuisPecheVE, acumula al momento de esta publicación más de once mil seguidores.

Su bio pública en X incluye un elemento sensible que corresponde nombrar con la sobriedad que merece: consigna la fecha del 13 de octubre de 2025 como día en que, según su propio testimonio, la dictadura venezolana intentó asesinarlo. INCÍSOS no desarrolla en esta pieza ese aspecto biográfico porque no es el tema del análisis que Peche ofrece sobre el TSJ, y porque el peso de su voz en este debate no depende de ese antecedente sino de la calidad de su argumentación política. Pero corresponde consignarlo por respeto informativo a los lectores.

En el espectro de la conversación pública venezolana contemporánea, Peche ocupa un lugar reconocible: analista de generación joven con formación técnica, con lectura estructural del proceso venezolano, y con capacidad de sintetizar en publicaciones breves argumentos que en otros formatos requieren extensiones mayores. Su cuenta es fuente habitual de citas en medios independientes y en los debates de sectores organizados de la oposición venezolana en el exilio y dentro del país.

Los diez casos, verificados uno por uno

El valor del texto de Peche no está en la retórica, sino en que cada uno de los diez casos que menciona corresponde a un acto documentado con sentencia, fecha y consecuencia política concreta. INCÍSOS verifica a continuación cada caso, en el orden en que Peche los enumeró.

Uno · El desacato de la AN 2015 y la anulación de sus actos. El proceso comenzó con la sentencia n° 260 de la Sala Electoral del TSJ del 30 de diciembre de 2015, que suspendió a los diputados Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, todos electos por el estado Amazonas para la mayoría opositora. La sentencia n° 808 de la Sala Constitucional, del 2 de septiembre de 2016, y las diez sentencias subsiguientes hasta 2019, ratificaron que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato y que todos sus actos eran nulos de nulidad absoluta y carentes de eficacia jurídica. El 29 de marzo de 2017, en lo que la Organización de Estados Americanos calificó como autogolpe, la Sala Constitucional dictó una sentencia por la cual asumió directamente las competencias parlamentarias, o las asignó al órgano que ella misma dispusiera. La formulación textual es «esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho». El caso es exacto tal como Peche lo enunció.

Dos · La suspensión del revocatorio de 2016. El proceso de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro fue suspendido en octubre de 2016 por decisiones de tribunales penales regionales que alegaron irregularidades en la recolección del primer 1% de firmas. El Consejo Nacional Electoral suspendió indefinidamente la siguiente fase de recolección del 20% de firmas requerido para activar el referéndum. El TSJ no revirtió ninguna de esas decisiones, dejando en pie el bloqueo del mecanismo constitucional. Al no revocar las decisiones de tribunales inferiores, el máximo tribunal validó de facto la suspensión. La lectura de Peche es correcta.

Tres · La Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Convocada por Nicolás Maduro por decreto sin cumplir el requisito constitucional de referéndum consultivo previo, la Constituyente fue avalada por el TSJ en sus sucesivas sentencias sobre el proceso. La composición de la Constituyente, con voto sectorial que garantizaba mayoría gubernamental, y sus decisiones subsecuentes fueron sostenidas por decisiones del TSJ que rechazaron impugnaciones. El caso es preciso.

Cuatro · La certificación del resultado del 28 de julio de 2024. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio de las máquinas de votación. La Plataforma Unitaria y el candidato Edmundo González Urrutia publicaron su propia recopilación de actas obtenidas por testigos de mesa, que arrojaban un resultado sustancialmente distinto. El TSJ, en agosto de 2024, «certificó» el resultado anunciado por el CNE sin haber realizado auditoría independiente de las actas y sin resolver la contradicción documental. La expresión de Peche «sin una sola acta» refleja la ausencia de publicación oficial de actas que sostuvieran el resultado certificado. El caso es exacto.

Cinco · La intervención de partidos opositores y la entrega de tarjetas a «alacranes». La secuencia documentada por múltiples fuentes independientes es la siguiente. La Sala Constitucional del TSJ suspendió el 15 de junio de 2020, mediante sentencia n° 0071, la directiva de Acción Democrática, y designó una junta ad hoc encabezada por José Bernabé Gutiérrez, hermano del rector del CNE José Luis Gutiérrez designado por el propio TSJ días antes. El 16 de junio de 2020, la Sala Constitucional designó una directiva ad hoc de Primero Justicia presidida por José Brito, previamente expulsado del partido por acusaciones de corrupción. Voluntad Popular fue intervenido en la misma secuencia. Copei ya había sido intervenido con anterioridad. Los dirigentes designados por el TSJ, conocidos coloquialmente como «alacranes» tras la denominada Operación Alacrán de finales de 2019, recibieron las tarjetas electorales de los partidos. La enumeración de Peche es exacta y verificable en documentos publicados por El Diario, TalCual, Observatorio Electoral Venezolano y la Wikipedia especializada en intervenciones judiciales de partidos.

Seis · La anulación de la victoria opositora en Barinas de 2021. En las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021, el candidato opositor Freddy Superlano ganó la gobernación del estado Barinas, cuna del chavismo. El TSJ inhabilitó a Superlano después de la elección y ordenó la repetición del proceso electoral en enero de 2022. El opositor Sergio Garrido, sustituto de Superlano, ganó nuevamente la elección repetida. El caso es exacto.

Siete · El intento de suspender los efectos de la primaria de octubre de 2023. La Sala Electoral del TSJ, en octubre de 2023, ordenó la suspensión «de todos los efectos» de la elección primaria opositora del 22 de octubre en la que resultó ganadora María Corina Machado con más del 90 por ciento de los votos. La primaria, organizada por la Comisión Nacional de Primaria de forma autogestionada, siguió su curso porque la Plataforma Unitaria no acató la sentencia. Pero el TSJ efectivamente ordenó la suspensión. La formulación de Peche («intentó suspender») es precisa.

Ocho · La ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado. El 26 de enero de 2024, la Sala Político Administrativa del TSJ ratificó una inhabilitación de quince años contra María Corina Machado, dictada previamente por la Contraloría General de la República. La medida impidió su candidatura formal a la elección presidencial del 28 de julio de 2024. El caso es exacto.

Nueve · La negación sistemática de amparos y hábeas corpus a detenidos políticos. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, Provea, Clippve y el Observatorio Venezolano de Prisiones han documentado durante años la denegación sistemática de acciones de amparo constitucional y de hábeas corpus interpuestas a favor de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Al momento de esta publicación, Foro Penal contabiliza 382 presos políticos según el balance con corte al 3 de agosto de 2026. La lectura de Peche refleja un patrón documentado por múltiples fuentes independientes durante más de una década.

Diez · El allanamiento de inmunidades parlamentarias. La Sala Plena del TSJ ha allanado en múltiples ocasiones la inmunidad parlamentaria de diputados opositores, permitiendo su persecución penal por parte del Ministerio Público. Casos documentados incluyen los allanamientos de inmunidad tras el intento de asunción de mando de Juan Guaidó en enero de 2019, y en otros momentos de la vida institucional venezolana bajo el chavismo. La enumeración de Peche refleja un patrón sostenido durante años.

Qué aporta la lectura de Peche al debate sobre el acuerdo

El valor específico de la enumeración de Peche en el momento actual, tras la firma del 12 de agosto, es doble.

Primero, ubica el compromiso de renovación total del TSJ en el marco correcto de por qué esa renovación importa. El acuerdo del 12 de agosto compromete la renovación de los treinta y dos magistrados titulares del máximo tribunal. Cualquier lectura del acuerdo que reduzca esa medida a un ajuste administrativo, o que la equipare con reformas judiciales de otros procesos democráticos, pierde de vista la magnitud del rol que el TSJ ha desempeñado durante dos décadas en el sostenimiento jurídico de decisiones que suprimieron mecanismos constitucionales de cambio político. La lectura de Peche restituye esa magnitud sin retórica.

Segundo, la enumeración funciona como criterio de evaluación futura. Si el proceso de renovación del TSJ se ejecuta técnicamente en el orden correcto que la propia doctrina jurídica venezolana viene reclamando durante quince años, y si el nuevo tribunal resultante efectivamente rectifica algunas de las diez líneas de decisiones que Peche identifica, el proceso habrá cumplido con lo que hoy compromete. Si en cambio el nuevo tribunal replica cualquiera de esos patrones, aún con integrantes distintos, la renovación habrá sido cosmética, no sustantiva.

Esa distinción entre renovación sustantiva y renovación cosmética es la que la lectura de Peche permite pensar con precisión. Y es la que INCÍSOS registrará sistemáticamente en el especial Verificable a medida que las decisiones del nuevo tribunal empiecen a producirse.

La formulación de cierre

El texto de Peche cierra con una frase que merece ser leída con la misma atención que la enumeración que la precede: «El TSJ fue el instrumento con el que el chavismo le dio forma jurídica a cada abuso contra el cambio pacífico y político que los venezolanos han intentado durante las últimas dos décadas. Sin ese sello del poder judicial, ninguna de estas decisiones se habría sostenido un solo día.»

La afirmación es fuerte y merece ser sostenida con precisión. En términos de derecho comparado, todas las autocracias contemporáneas requieren de un aparato jurídico que dé forma legal a decisiones que sin ese aval quedarían expuestas como actos de fuerza. La particularidad venezolana no es la existencia de ese aparato, sino la especificidad con la que el TSJ ha operado durante dos décadas como articulador central de esa función, especialmente desde 2015 en adelante, cuando el mecanismo del «desacato» convirtió al tribunal en co-legislador de facto.

Renovar completamente ese tribunal es, en la lectura de Peche, condición necesaria para desmontar la arquitectura jurídica que sostuvo dos décadas de decisiones antidemocráticas. No es condición suficiente. Requiere también reforma legal previa como lo exige la doctrina Bellorín (que este medio cubrió en pieza aparte). Requiere consejo revisor de credenciales que efectivamente aplique el baremo constitucional. Requiere ejecución en el orden técnico correcto. Pero es condición necesaria. Y por eso la enumeración de Peche importa: porque muestra qué queda desmontado si la renovación se ejecuta bien, y qué queda intacto si se ejecuta mal.

Ubicación en el mapa del especial

Esta pieza abre las siete voces documentadas en el especial Ángulos: Primer Ciclo. Cada una se concentra en una pregunta distinta sobre el acuerdo del 12 de agosto; juntas permiten leer un mapa de posiciones, exigencias y criterios de evaluación. El Inciso de cierre firmado por el editor en jefe plantea la lectura editorial de INCÍSOS: el país que viene tiene que ser la suma de esas participaciones.