ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO

Redacción INCÍSOS

La analista política venezolana Naky Soto, una de las voces más leídas de la conversación pública venezolana durante los últimos quince años, publicó en X tras el cierre del primer ciclo una lectura que aporta al debate dos elementos que ninguna otra voz articuló con la misma precisión: una distinción categorial entre «entregables de tutelados» y «acuerdos», y la identificación de dos motivaciones específicas detrás del pacto. Segunda pieza del especial Ángulos: Primer Ciclo.

Hay lecturas que se sostienen por el rigor técnico. Hay otras que se sostienen por la fuerza narrativa. Y hay una tercera categoría, más rara, que se sostiene por la precisión conceptual con que introducen una distinción que reorganiza el debate. La lectura que Naky Soto ofreció del primer ciclo de conversaciones entre Gobierno Nacional y Asamblea Nacional electa en 2015 pertenece a esta tercera categoría. Su aporte al debate público venezolano tras el 12 de agosto de 2026 no está solamente en el análisis del contenido del acuerdo. Está en la propuesta de una distinción categorial: entregables de tutelados no es lo mismo que acuerdos. Y esa distinción, una vez introducida, cambia la manera en que se puede pensar el proceso.

Esta pieza reproduce sus textos completos publicados en X, y despliega el análisis editorial de INCÍSOS sobre lo que sus publicaciones aportan al debate. La pieza forma parte del especial Ángulos: Primer Ciclo, cuyo propósito editorial es documentar las lecturas más consistentes que la sociedad civil venezolana está haciendo del primer ciclo de conversaciones.

Los textos originales

Naky Soto publicó, en su cuenta oficial de X @Naky, la siguiente pregunta acompañada de análisis:

¿Y son acuerdos?
Hasta ahora son entregables de tutelados. Serán acuerdos cuando el chavismo restante ejecute su parte, esa que no quiere hacer.

Venezuela necesita reinstitucionalizarse, tener un cronograma electoral y con eso, presionar para consolidar una transición democrática.

Presionar supone recordarle a diario a esta dictadura de facto que eso es, que las condiciones de vida en este país son indignas e insoportables, que 27 años de destrucción han sido tan significativos y dañinos como los terremotos, y que es imperativo que termine este período ilegal.

Un acuerdo con el chavismo restante demanda obligarlos a cumplir, y es ahí donde la mayoría estima que el tutor juega su rol, ojalá así sea.

Nosotros a presionar, para que la inelecta usurpadora deje de ‘saludar y celebrar’ procesos que ella y su hermano han saboteado por años con absoluta impunidad.

PrimeraRonda

En una publicación paralela, bajo el mismo hashtag, ofreció el análisis complementario que enmarca la motivación del acuerdo:

¿Por qué son estos los primeros acuerdos?

1. El chavismo restante quiere usar los terremotos para captar renta humanitaria, descongelar cuentas, vender bienes y reducir las multas en contra, pero, sin cambiar las razones que justifican sus sanciones: autoritarismo, ilegitimidad y corrupción. La administración de los recursos congelados en Inglaterra no debería depender de estos depredadores, pero también son nuestros secuestradores.

2. La renovación del TSJ sería el cambio institucional más significativo que viviría Venezuela desde que comenzó este oscuro período de nuestra historia, porque el chavismo se esforzó por degradar a la justicia como un objetivo estratégico, el eje que los mantendría en el poder disfrazando abusos con sentencias supuestamente legales, con esa suerte de Constituyente eterna que es la Sala Constitucional, una aberración que tiene que ser cambiada.

No es casual que la redacción de este punto en el comunicado sea difusa, la idea es que parezca insignificante versus la decisión fáctica de darles acceso al oro congelado en Inglaterra, pero el TSJ es un baluarte de nuestra institucionalidad.

PrimeraRonda

Quién es Naky Soto

Naky Soto es escritora y analista política venezolana. Su cuenta oficial en X, @Naky, tiene registro activo desde marzo de 2007 y acumula más de 170 mil seguidores. Es autora del blog Zaperoqueando, y ha sido durante más de década y media una de las voces más leídas de la conversación pública venezolana en redes. Su lectura del acontecer político venezolano se caracteriza por una capacidad específica: sintetizar en textos breves argumentos que en otros formatos requerirían extensiones mayores, sin sacrificar precisión conceptual.

Radicada en Caracas, su voz ha estado presente en cada uno de los procesos políticos venezolanos de las últimas dos décadas: los procesos constituyentes fallidos, los ciclos de negociación entre gobierno y oposición, las movilizaciones ciudadanas, las elecciones bloqueadas, los momentos de mayor represión y los momentos de mayor apertura relativa. Su bio pública en X consigna una frase que capta el registro de su trabajo: «Lo que más me gusta hacer lo aprendí temprano: hablar, leer y escribir.»

En el espectro de la conversación pública venezolana contemporánea, Soto ocupa un lugar reconocible: analista con lectura estructural del proceso, capacidad de articular posiciones críticas sin reduccionismos y sin adhesiones partidistas cerradas, y con presencia sostenida en el debate durante períodos suficientemente largos como para permitir el contraste de sus análisis previos con la evolución posterior de los hechos. Su lectura del primer ciclo se lee, por tanto, con el peso de una voz que ha visto pasar 18 procesos de diálogo fallidos y que ha analizado cada uno con la misma exigencia.

La distinción central: entregables de tutelados no son acuerdos

La formulación más importante de la lectura de Soto es una que aparece en una sola oración: «Hasta ahora son entregables de tutelados. Serán acuerdos cuando el chavismo restante ejecute su parte, esa que no quiere hacer.»

La distinción es sutil y merece ser desarmada porque es exactamente donde el debate se juega. Un acuerdo, en la formulación clásica del derecho internacional y de la teoría política, presupone dos partes que asumen compromisos recíprocos y que tienen tanto la voluntad como la capacidad de ejecutarlos. Un entregable, en cambio, es un producto específico que una parte compromete ante un tercero como parte de un mandato que le ha sido asignado.

Soto sostiene que lo firmado el 12 de agosto no cumple los requisitos de la primera categoría. No son dos partes libremente comprometidas: son actores que operan bajo la tutela de un tercero (el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya presencia operativa a través de Michael Kozak y John Barrett este medio ha documentado). Y sus compromisos no son garantías: son entregables condicionados a la ejecución posterior, especialmente por parte del chavismo restante, «esa que no quiere hacer».

La distinción no es semántica. Tiene consecuencias operativas. Si lo firmado es un acuerdo, la actitud pública correcta es de expectativa positiva: cumplirán porque se comprometieron. Si lo firmado es un entregable de tutelados, la actitud pública correcta es de exigencia sostenida: cumplirán solo si la presión externa se mantiene y la presión interna se organiza.

Soto, en el mismo texto, nombra explícitamente esa consecuencia: «Un acuerdo con el chavismo restante demanda obligarlos a cumplir, y es ahí donde la mayoría estima que el tutor juega su rol, ojalá así sea. Nosotros a presionar.»

La distinción «acuerdo/entregable» reorganiza así el debate. No pregunta si el proceso es bueno o malo. Pregunta qué actitud pública lo hace efectivo. Y responde con precisión: presión sostenida, tanto externa como interna.

Las dos motivaciones nombradas sin eufemismos

El segundo aporte editorial de la lectura de Soto es la identificación de las dos motivaciones específicas que, según su análisis, están detrás del acuerdo. Vale la pena leerlas como diagnóstico y no como imputación.

Primera motivación: renta humanitaria. Soto sostiene que el chavismo restante quiere usar los terremotos para captar recursos humanitarios, descongelar cuentas, vender bienes y reducir las multas en su contra, sin cambiar las razones que justifican las sanciones internacionales: autoritarismo, ilegitimidad y corrupción. La formulación es dura pero es precisa. Los recursos venezolanos congelados en el Banco de Inglaterra son, técnicamente, activos del Estado venezolano bajo custodia legal. La posibilidad de su desbloqueo depende de que las autoridades británicas reconozcan una autoridad legítima que pueda recibirlos. Un acuerdo conjunto entre gobierno actual y AN 2015 sobre su uso bajo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría es exactamente lo que crea las condiciones jurídicas para ese desbloqueo. La lectura de Soto identifica esta dinámica sin adornos: para el chavismo restante, el acuerdo del 12 de agosto es la vía para acceder a recursos que sin acuerdo seguían congelados.

Segunda motivación: la magnitud subestimada de la renovación del TSJ. Aquí Soto ofrece la observación más analíticamente aguda de su lectura. La renovación del TSJ, dice, sería el cambio institucional más significativo desde el inicio del período que ella denomina «oscuro» de la historia venezolana. Y sin embargo, la redacción del acuerdo hace que ese punto «parezca insignificante versus la decisión fáctica de darles acceso al oro». No es casual, sostiene. Es diseño.

Esta observación es especialmente valiosa porque cruza directamente con la lectura de Luis Peche Arteaga documentada en la primera pieza de este especial: el TSJ ha sido el instrumento jurídico específico del chavismo durante veinte años, y su renovación completa es exactamente la condición institucional que desmontaría la arquitectura legal de dos décadas de decisiones antidemocráticas. Soto y Peche llegan al mismo punto desde ángulos distintos: Peche desde la enumeración histórica, Soto desde el análisis del diseño narrativo del acuerdo. Ambos coinciden en que la renovación del TSJ es la parte sustantiva del pacto, y que cualquier lectura que la minimice pierde de vista lo que efectivamente está en juego.

La presión como método, no como catarsis

El tercer aporte editorial de Soto es su articulación explícita de la presión ciudadana como método, no como reacción emocional. La formulación literal merece ser leída con atención: «Presionar supone recordarle a diario a esta dictadura de facto que eso es, que las condiciones de vida en este país son indignas e insoportables, que 27 años de destrucción han sido tan significativos y dañinos como los terremotos, y que es imperativo que termine este período ilegal.»

Cinco elementos concretos aparecen en esta formulación.

Primero, el imperativo de «recordarle a diario». La presión no es un acto puntual sino una práctica cotidiana. Un pronunciamiento aislado no cumple la función. Una acumulación sostenida sí.

Segundo, la caracterización explícita del gobierno actual como «dictadura de facto». Soto no eufemiza sobre la naturaleza del actor con el que se está negociando. La negociación no equivale a normalización.

Tercero, la vinculación entre condiciones materiales de vida y presión política. Las condiciones «indignas e insoportables» no son un factor accesorio sino el fundamento material de la presión.

Cuarto, la equiparación entre daño acumulado por 27 años de destrucción y el daño de los terremotos. Es una equiparación fuerte, y merece ser leída con la sobriedad que la formulación de Soto le da. No dice que sean iguales en su naturaleza. Dice que son iguales en su magnitud como fenómenos que la sociedad venezolana ha tenido que soportar.

Quinto, la conclusión sin adornos: «es imperativo que termine este período ilegal». No hay concesión terminológica.

En el cierre, Soto añade la observación sobre Delcy Rodríguez, «la inelecta usurpadora», que «saluda y celebra procesos que ella y su hermano han saboteado por años con absoluta impunidad». La formulación es dura pero es coherente con la doctrina editorial que este medio también sostiene: los cargos ejecutivos del rodrigato son de facto, no de derecho, y su tratamiento público debe reflejar esa distinción.

Qué aporta la lectura de Soto al debate

El valor específico de la lectura de Soto en el momento actual, tras la firma del 12 de agosto, es triple.

Primero, introduce una distinción conceptual (entregable versus acuerdo) que reorganiza la conversación pública. Ya no se trata de estar a favor o en contra del proceso. Se trata de identificar qué actitud pública lo hace efectivo. La respuesta que Soto ofrece es específica: presión sostenida, tanto externa como interna.

Segundo, nombra las motivaciones del pacto sin eufemismos y sin reduccionismos. El chavismo restante no firma por convicción democrática. Firma por necesidad de acceder a recursos congelados. Reconocer esa motivación no invalida el proceso: lo ubica en su marco real y permite anticipar dónde puede fallar.

Tercero, ofrece un método verificable de acción ciudadana. La presión que Soto propone no es indeterminada: es diaria, es sostenida, es material, y tiene un objetivo específico. Convierte a la ciudadanía en actor activo del proceso y no en espectador de lo que dirigentes tutelados negocian.

Esa formulación del ciudadano como actor y no como espectador es especialmente valiosa en un momento en el que amplios sectores de la sociedad venezolana han desarrollado, tras 18 procesos de diálogo fallidos, una desconfianza estructural hacia cualquier negociación. Soto no propone que se abandone la desconfianza. Propone que se convierta en acción concreta: presión diaria, recordatorio permanente, exigencia sostenida. Es la traducción operativa de la desconfianza legítima en método político efectivo.

Ubicación en el mapa del especial

Esta pieza es la segunda de siete en el especial Ángulos: Primer Ciclo. La lectura de Soto dialoga directamente con la de Peche (pieza 1), que estableció el diagnóstico histórico del rol del TSJ. Soto amplía ese diagnóstico con dos aportes específicos: la distinción categorial «entregable/acuerdo» y la identificación de la presión ciudadana como método.

Las próximas piezas del especial documentarán ángulos complementarios: la matización analítica de Walter Molina, la pedagogía política de Samuel Díaz Pulgar, la lectura afirmativa de Nelson Piñero desde la sobrevivencia, el escepticismo geopolítico de A. Herrera-Vaillant, y el contrapunto duro de José Amalio Graterol. Un Inciso firmado por el editor en jefe cerrará el especial planteando la lectura editorial de INCÍSOS: el país que viene tiene que ser la suma de esas participaciones.