Son 31 toneladas de lingotes depositadas en Londres desde 2008. Están valoradas hoy en más de 4.000 millones de dólares y representan cerca del 20 por ciento del presupuesto nacional venezolano de 2026. El acuerdo firmado el 12 de agosto compromete a ambas delegaciones a promover su recuperación bajo tres palabras que hasta hoy no habían aparecido en ningún proceso similar: transparencia, trazabilidad, auditoría.

En las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra en Threadneedle Street, Londres, hay 31 toneladas de lingotes de oro que pertenecen a Venezuela. Al precio actual del metal, valen más de 4.000 millones de dólares. Representan aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto nacional venezolano de 2026, según cálculos publicados por BBC Mundo en enero de este año.

Están ahí desde 2008, cuando el Banco Central de Venezuela las depositó siguiendo la práctica habitual de los bancos centrales del mundo. El Banco de Inglaterra custodia oficialmente cerca de 400.000 lingotes en sus bóvedas subterráneas, unas 310 toneladas en total, y es la segunda institución del mundo que más metal precioso guarda, solo superada por la Reserva Federal de Nueva York.

Desde 2019, ese oro venezolano está bloqueado. La disputa judicial entre el Banco Central de Venezuela y la entidad británica está paralizada en el Tribunal Superior de Londres desde 2022, sin que los jueces ingleses hayan resuelto quién tiene la autoridad legítima para decidir su destino.

El acuerdo firmado el 12 de agosto de 2026 por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera cambia, por primera vez en siete años, el panorama del expediente. Y lo hace introduciendo tres palabras que no habían aparecido en ninguno de los intentos previos de gobierno o de oposición para recuperar esos recursos: transparencia, trazabilidad y auditoría.

Este reportaje explica qué significan exactamente esas tres palabras en este contexto, por qué su inclusión en un documento firmado por ambas delegaciones puede desbloquear una disputa que llevaba años paralizada, y qué queda pendiente para que 31 toneladas de oro dejen de ser un activo congelado y empiecen a ser recursos disponibles para las víctimas del doble terremoto del 24 de junio.

Lo que dice el acuerdo, letra por letra

El punto 1 del apartado de acuerdos del comunicado firmado el 12 de agosto, en su formulación literal, establece:

«En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados.»

Cinco elementos concretos aparecen en este párrafo, y todos merecen ser leídos por separado.

Primero, la vinculación explícita del oro con la respuesta al terremoto. No es recuperación de activos con destino discrecional. Es recuperación de activos con destino específico declarado: vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.

Segundo, el compromiso de «ambas partes» a «concentrar esfuerzos» en la recuperación. Es la primera vez que gobierno y oposición venezolana firman una declaración conjunta sobre este activo particular. Desde 2019 y hasta hoy, cada parte ha reclamado el oro por separado, mutuamente impugnándose ante los tribunales británicos.

Tercero, la palabra «promover». No dice «solicitar», no dice «reclamar», no dice «exigir». Dice «promover la recuperación». Es fórmula que reconoce que el poder de decisión final está en los tribunales británicos y en el Ejecutivo del Reino Unido, no en las partes venezolanas.

Cuarto, los tres mecanismos: transparencia, trazabilidad, auditoría. Son las palabras nuevas del expediente. Ninguna de ellas apareció en la demanda del gobierno venezolano de 2020 ni en las objeciones del BCV ad hoc opositor durante la administración de Juan Guaidó. Ambas partes reclamaban el oro para sí. Ninguna proponía mecanismos de control compartido sobre su uso.

Quinto, la fórmula «utilización eficiente» con destinatario final expresamente nombrado: «el bienestar de todos los afectados». Es lenguaje contable, no político. Es lenguaje diseñado para ser presentable ante un tribunal británico, no para movilizar simpatías internas.

Por qué esto puede desbloquear el expediente

Para entender por qué el acuerdo del 12 de agosto puede efectivamente mover un expediente que llevaba tres años paralizado, hay que reconstruir brevemente cómo llegó a paralizarse.

El bloqueo del oro venezolano se originó en enero de 2019. Ese mes, el diputado Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, se juramentó como presidente encargado con base en los artículos 233 y 333 de la Constitución venezolana, y fue reconocido por más de cincuenta gobiernos, incluido el del Reino Unido. La AN 2015 designó una directiva paralela del Banco Central de Venezuela, conocida como BCV ad hoc.

Cuando el gobierno de Nicolás Maduro intentó retirar los lingotes en 2019, el Banco de Inglaterra bloqueó la operación argumentando que el Ejecutivo británico no reconocía a Maduro como presidente. El BCV ad hoc opositor apoyó el bloqueo. El gobierno de Maduro demandó al Banco de Inglaterra en 2020, argumentando que necesitaba los recursos para atender la pandemia. La demanda desató una batalla judicial de definición de legitimidad que llegó hasta la Corte Suprema del Reino Unido en 2021, la cual devolvió el caso a los tribunales inferiores. En 2022, el Tribunal Superior de Londres suspendió el procedimiento a la espera de definiciones políticas que no llegaron.

Desde entonces, el expediente está paralizado. Sarosh Zaiwalla, abogado que representa al BCV en Londres, declaró en enero de 2026 que llevaba más de cinco años luchando en los tribunales por la «absurda situación de que el gobierno británico no reconoce a quien en realidad gobierna Venezuela». El constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández, que lideró los esfuerzos opositores para evitar que Maduro se hiciera con el oro, resumió el estado del caso en la misma fecha para BBC Mundo: «La situación básicamente sigue igual, el oro sigue, y seguirá, resguardado en el Banco de Inglaterra».

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 y la transición tutelada bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez cambiaron el panorama político, pero no el jurídico. La ministra británica de Exteriores Yvette Cooper dejó claro tras la captura que Londres seguía sin reconocer a las nuevas autoridades venezolanas. El oro permaneció congelado.

Delcy Rodríguez envió el 22 de julio de 2026 una carta al rey Carlos III solicitando personalmente la liberación del oro. La comunicación fue registrada por CNN en Español, pero no produjo movimiento en el expediente. La razón técnica es simple: el problema en Londres no es de reconocimiento de gobierno, sino de definición jurídica sobre quién controla el uso del activo. Y ninguna carta a la Corona puede resolver esa definición.

Aquí es donde el acuerdo del 12 de agosto introduce algo nuevo. Por primera vez, las dos partes que hasta hoy se disputaban la autoridad legítima sobre el activo firman un compromiso conjunto sobre su uso, con mecanismos de control externo verificable. Eso, si se traduce en documentos legales presentados ante el Tribunal Superior de Londres, cambia sustancialmente el estado del expediente.

Ya no habría dos autoridades venezolanas reclamando el oro entre sí. Habría un compromiso firmado entre ambas para su uso conjunto con mecanismos internacionales de verificación. Eso es lo que el sistema jurídico británico llama un «presupuesto habilitante» para reabrir la discusión sobre el fondo. Y es lo que el expediente no tenía hasta el 12 de agosto de 2026.

Qué significa «trazabilidad» en el derecho internacional

La palabra trazabilidad aparece en el acuerdo sin definición técnica. Pero en el derecho internacional financiero tiene un significado preciso, y conviene explicarlo porque será el eje de las discusiones jurídicas de las próximas semanas.

Trazabilidad, en el contexto de activos internacionales bajo custodia, significa la capacidad de seguir el movimiento de esos activos desde su origen hasta su destino final, con documentación verificable en cada paso. En términos operativos, incluye tres componentes.

Uno: identificación específica del activo, en este caso los lingotes con sus números de serie individuales, sus quilates y pesos exactos.

Dos: registro documentado de cada transferencia, incluyendo remitente, destinatario, fecha, cantidad y propósito declarado.

Tres: capacidad de terceros independientes de verificar en cualquier momento que el activo, o los recursos derivados de él, están efectivamente aplicándose al destino declarado.

Cuando el acuerdo del 12 de agosto compromete «mecanismos de trazabilidad», está comprometiendo estos tres componentes. En la práctica, eso puede materializarse mediante estructuras como fideicomisos internacionales administrados por bancos multilaterales, cuentas en escrow supervisadas por instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o mecanismos ad hoc de auditoría cruzada entre partes venezolanas y organismos internacionales.

El detalle técnico específico no aparece en el acuerdo del 12 de agosto. Pero la palabra está firmada. Y esa palabra, en el vocabulario del derecho financiero internacional, tiene consecuencias operativas concretas.

Qué falta para que el oro se mueva

El compromiso firmado no libera el oro. Libera un proceso que puede llevar al desbloqueo del oro. Los pasos operativos que quedan pendientes, y que este medio dará seguimiento en el especial Verificable, son al menos cinco.

Primero, la formalización jurídica del compromiso en un documento presentable ante tribunales británicos. Un comunicado político firmado por dos delegaciones no basta. Se requiere un instrumento formal con firma de los organismos técnicos correspondientes: BCV, Ministerio de Finanzas, y la AN 2015 en su condición jurídica reconocida por el Reino Unido.

Segundo, el diseño técnico de los mecanismos de trazabilidad. La palabra está firmada, pero los mecanismos concretos no. ¿Fideicomiso? ¿Cuentas escrow? ¿Auditoría por qué institución? Estas preguntas requieren respuesta antes de que el expediente pueda moverse en Londres.

Tercero, la interlocución formal con el Foreign Office británico y con el Banco de Inglaterra. Ambas instituciones tienen que ser notificadas del nuevo estatus del expediente por canales oficiales.

Cuarto, la presentación del nuevo material ante el Tribunal Superior de Londres, con solicitud formal de reabrir el procedimiento suspendido en 2022. Este paso requiere abogados con estanding jurídico ante los tribunales británicos, algo que hoy tienen tanto el BCV como los representantes designados por la AN 2015.

Quinto, la definición del calendario de desembolsos y su vinculación con destinos específicos verificables (proyectos concretos de reconstrucción, no rubros genéricos).

Ninguno de estos cinco pasos tiene fecha en el acuerdo del 12 de agosto. La ausencia de calendario es la crítica principal documentada al acuerdo, y merece ser tomada en serio. Pero la ausencia de calendario no invalida el hecho de que el punto de partida jurídico cambió sustantivamente ese día.

La magnitud del recurso frente a la magnitud del daño

El doble terremoto del 24 de junio de 2026 afectó a varios estados venezolanos con daños en infraestructura, viviendas, electricidad, salud pública y muertes cuya cifra sigue actualizándose. Los recursos requeridos para atender la emergencia, según estimaciones preliminares circulantes en fuentes independientes, superan varias veces las capacidades presupuestarias regulares del Estado venezolano en las condiciones actuales.

4.000 millones de dólares no resuelven el problema completo. Pero equivalen aproximadamente al 20 por ciento del presupuesto nacional de 2026, y son recursos disponibles que hoy están congelados sin producir efecto alguno sobre el bienestar de la población afectada. Ponerlos a trabajar, con mecanismos de control que garanticen que efectivamente lleguen a las víctimas, es la única finalidad del compromiso firmado.

Este medio dará seguimiento sistemático a cada uno de los cinco pasos operativos pendientes. Y publicará en el especial Verificable cada avance documentado, con fuente primaria adjunta, para que el lector pueda evaluar por sí mismo la distancia entre lo firmado el 12 de agosto y lo efectivamente ejecutado en los meses siguientes.

Por ahora, lo que hay es esto. Una firma. Tres palabras nuevas en el expediente. Y 31 toneladas de oro en las bóvedas de Threadneedle Street esperando que alguien, por fin, las traduzca en respuesta a un desastre que no puede esperar más.

Fuentes principales

• Comunicado conjunto firmado el 12 de agosto de 2026 por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, dos páginas, con firmas manuscritas y sellos institucionales.
• BBC News Mundo, «¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?», 9 de enero de 2026 (autor: Juan Francisco Alonso).
• El Expreso de Ecuador, cobertura del expediente del oro venezolano, 21 de enero de 2026.
• El Universo (Ecuador), 21 de enero de 2026.
• El Nacional (Venezuela), cobertura del expediente.
• CNN en Español, «Delcy Rodríguez pide al rey Carlos III la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra», 22 de julio de 2026.
• Sarosh Zaiwalla, abogado del BCV, declaraciones a BBC Mundo (enero 2026).
• José Ignacio Hernández, constitucionalista, declaraciones a BBC Mundo (enero 2026).
• Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores, declaraciones oficiales.
• Sitio web institucional del Banco de Inglaterra, sección de bóvedas y custodia de metales preciosos.
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 233 y 333.

Vinculación

• Especial Verificable · Decisiones documentadas del proceso de diálogo
• Nota del día · El acuerdo del TSJ y la doctrina Bellorín
• Nota del día · Reacciones al acuerdo del 12 de agosto
• Inciso · La firma que faltaba