Inciso
El acuerdo nombra la auditoría pero no nombra al auditor
La vigilancia ciudadana en la transición venezolana. ¿Por qué anotar una cifra hoy es la única forma de poder compararla en noventa días?
Autor: Alfredo Yánez Mondragón
La palabra aparece tres veces en el acuerdo del 12 de agosto. Auditoría. Transparencia. Trazabilidad. Tres sustantivos que suenan a garantía y que no nombran a nadie.
No hay una firma auditora identificada. No hay un contrato publicado. No hay periodicidad de reporte, ni destinatario del reporte, ni consecuencia prevista si el reporte llega tarde o no llega. Hay una intención, redactada con corrección, sobre 4.000 millones de dólares en lingotes que llevan ocho años en una bóveda de Londres.
Quiero ser claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que alguien vaya a robarse ese dinero. No lo sé y nadie puede saberlo todavía. Estoy diciendo algo más incómodo y más simple: que a esta altura nadie está en condiciones de afirmar lo contrario, y que esa imposibilidad es un problema de diseño, no de mala fe.
Un mecanismo que depende de la buena voluntad de quien lo ejecuta no es un mecanismo de control. Es una promesa con vocabulario técnico.
Estuve mirando las cifras de esta semana venezolana como quien revisa una cuenta larga, y hay una operación que se repite en todas.
El gobierno anunció 131 excarcelaciones. Foro Penal, que verifica identidad caso por caso, había confirmado 72 la mañana siguiente. Ninguna de las dos cifras es necesariamente falsa: la verificación toma tiempo. Pero solo una de las dos fue anunciada con altavoz.
El balance oficial de la reconstrucción reporta 53.314 viviendas evaluadas. Es un trabajo enorme y real, y no pienso restarle mérito. En el mismo balance figura otro número: 287 viviendas entregadas, frente a 9.567 catalogadas en alto riesgo. Una por cada treinta y tres.
La alcaldía de Caracas informó, tras el aguacero del fin de semana, la atención de cinco árboles caídos. En el sector La Vega, los vecinos hablaban de dos adolescentes arrastradas por la corriente en el callejón El Sinaí. No hay confirmación oficial de eso. Puede que el reporte vecinal esté equivocado. Puede que no. Lo que sí está confirmado es que un balance municipal se difundió contando árboles antes de que nadie hubiera terminado de contar personas.
Y el comunicado del primer ciclo del diálogo se leyó tras más de seis horas de deliberación sin admitir preguntas de la prensa. En un proceso cuyo propio marco de principios incluye el compromiso de informar oportunamente a la población.
Cuatro hechos distintos, cuatro instituciones distintas, un mismo patrón: el número que sale primero es el que conviene, y el que cuesta es el que llega después, si llega.
De ahí viene mi convicción sobre esto, y perdóneme si suena a poco.
La contraloría ciudadana no es desconfianza. Es aritmética.
No consiste en sospechar de todo el mundo ni en descalificar cada anuncio. Consiste en algo mucho menos épico: anotar el número que le dan hoy para poder compararlo con el que le den en noventa días. Es tener a mano la fecha en que alguien prometió 160 megavatios y saber que ese plazo vence a mediados de noviembre. Es preguntar quién audita, no porque uno crea que van a robar, sino porque una auditoría sin auditor con nombre no es una auditoría.
Es la diferencia entre indignarse y llevar la cuenta.
Lo primero se agota en una semana. Lo segundo funciona.
No voy a fingir que esto es fácil, porque no lo es.
Vigilar cansa. Cansa de una manera particular, además: no produce satisfacción inmediata, no genera aplausos y casi nunca ofrece un momento de victoria. Uno anota una cifra, la guarda, espera tres meses y descubre que la cifra no cambió. Eso no se puede tuitear con épica. Y sin embargo es exactamente ahí donde se decide si una transición se convierte en instituciones o se queda en anuncios.
Tampoco lo puede hacer una persona sola. Ese es el punto donde suelo ver que la gente se rinde: alguien empieza a llevar la cuenta de un expediente, se agota, se calla, y el expediente se cierra sin que nadie lo note. La contraloría ciudadana funciona cuando es distribuida. Uno sigue el oro. Otro sigue los megavatios. Otro sigue el número verificado de excarcelados. Otro sigue cuántas de las 9.567 viviendas dejaron de estar en alto riesgo. Nadie carga con todo, y entre todos no se pierde nada.
Y hay un trabajo que ya está hecho por gente que lo hace desde hace años, con recursos escasos y sin reconocimiento. Foro Penal verificando nombre por nombre mientras el titular ya pasó. Los ingenieros que pidieron actualizar las normas sismorresistentes en lugar de callarse. Las organizaciones que auditan dónde termina cada dólar donado. A esa gente uno no tiene que reemplazarla. Tiene que leerla, citarla y sostenerla.
Sobre los que vivimos afuera quiero decir una última cosa, porque conozco la objeción y la he escuchado muchas veces: qué derecho tengo yo a exigir cuentas desde la distancia.
La distancia quita autoridad moral para muchas cosas. Para esta, no.
Quien manda una remesa cada mes está financiando la economía que se está reconstruyendo. Quien donó a una campaña tras el 24 de junio puso dinero propio en esa cuenta. Quien tiene familia bajo un techo evaluado como habitable con restricciones tiene un interés directo, verificable y legítimo en saber cuándo dejará de estarlo. Eso no es opinar desde afuera. Es ser parte interesada.
Y la distancia da algo que adentro escasea: la posibilidad de preguntar sin miedo a la consecuencia. No es poca cosa. En un país donde durante años preguntar en voz alta tuvo precio, quien puede preguntar gratis tiene algo parecido a una obligación.
Nada de esto garantiza nada. Ese es el punto y no lo voy a maquillar.
Se pueden anotar todas las cifras, seguir todos los plazos, preguntar quién audita cada semana, y aun así perder. Diecisiete intentos de negociación anteriores no produjeron una transición y muchos de ellos tuvieron gente atenta.
Pero de la manera contraria se pierde seguro.
Una transición no se pierde en un momento dramático, con un golpe o una traición que todos ven. Se pierde en un número que nadie escribió, en un plazo que nadie recordó y en una auditoría cuyo auditor nunca tuvo nombre. Se pierde en silencio, entre dos anuncios, mientras todos miramos el siguiente titular.
Anote la cifra. Guarde la fecha. Vuelva a preguntar en noventa días.
Es poco. Y es casi todo lo que hay.
Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.
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Se fue la luz donde se vendía la energía
El país con más petróleo del mundo no pudo mantener encendida la sala donde se hablaba de su energía. Un Inciso sobre una paradoja que no es accidente.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Dos cortes de electricidad en la cumbre que debía convencer al mundo de invertir en la energía venezolana. No fue un accidente de la cumbre. Fue su mejor resumen.
El martes 29 de septiembre de 2026, en un salón del JW Marriott de Caracas, cientos de ejecutivos de la industria energética escuchaban por qué este es el momento de invertir en Venezuela. Y se fue la luz. Dos veces.
Hasta la planta del hotel, según reportó un medio internacional, cedió ante los bajones. Por unos momentos, la cumbre que debía vender la energía venezolana al mundo se quedó sin energía.
Sería fácil contarlo como anécdota. No lo es.
La paradoja completa
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Quema en mechurrios gas que podría convertirse en electricidad. Y aun así arrastra, según Reuters, un déficit de más de 1.500 megavatios, con regiones que pasan hasta 10 horas diarias sin luz. Niños que no llegan a la escuela, negocios que no abren, noches enteras sin dormir por el calor.
Esa semana, por un rato, los ejecutivos vivieron lo que el venezolano vive a diario. La diferencia es que ellos se van el jueves.
La isla de luz
Hay una norma de enero que exige a los nuevos proyectos energéticos generar su propia electricidad. Tiene lógica para quien invierte: nadie pone un pozo a depender de una red que falla. Pero conviene ver el país que dibuja esa regla si se queda sola: un pozo iluminado y, al lado, una escuela a oscuras. Islas de luz para el negocio en un mar de apagones para la gente.
Eso no es recuperación. Es un enclave.
Lo que falta
La pregunta que conviene hacer es simple: ¿qué falta, exactamente, para que pase?
No faltan permisos: Washington renovó las licencias un día antes de la cumbre. No falta interés: sobraron ejecutivos y hubo lista de espera. Falta lo menos vistoso y lo más difícil. Falta quién pague el mantenimiento que no se hizo en años. Falta quién responda cuando no lleguen los 4.800 megavatios prometidos para fin de año. Falta que el gas que hoy se quema encienda casas antes que titulares.
La luz volvió al salón. En buena parte del país, esa misma noche, no volvió.
Ese es el tamaño de la paradoja: el petróleo puede atraer al mundo a Caracas, pero no puede, por sí solo, encender Venezuela. Para eso hacen falta instituciones que funcionen, y esas no se importan en un memorando.
Fuentes principales: Reuters, 30 de septiembre de 2026; Diario Las Américas, 30 de septiembre de 2026; Infobae (con EFE), 30 de septiembre de 2026.
Inciso
Pasos en alguna dirección
Los gestos se agradecen. Lo que mide una transición es si se convierten en reglas que nadie puede retirar.
INCISO
Excarcelaciones, desbloqueos, una amnistía y ahora la reforma de la ley contra el odio. Cada paso cuenta. Lo que todavía no se sabe es si caminan hacia algún lugar o en círculo.
En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad la ley contra el odio. La presidía Delcy Rodríguez. Nueve años después, el 28 de septiembre de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó un oficio para pedir que se despenalicen las conductas que esa ley castiga. Con urgencia.
Sería fácil quedarse en la ironía. Prefiero la pregunta que la ironía esconde: hacia dónde van estos pasos.
Porque son varios. Desde enero salieron presos políticos, aunque a cuentagotas y sin lista pública. Hubo una ley de amnistía. Se desbloquearon decenas de dominios, aunque otros tantos siguen cerrados. Se habla de elecciones, aunque sin fecha. Y ahora, una reforma para que opinar deje de ser un delito con pena de homicidio.
Cada uno de esos pasos cambió la vida de alguien. Eso no se discute ni se desprecia. Pero todos comparten un rasgo: fueron concedidos. Llegaron por decisión de quien gobierna, en el momento que eligió y en la medida que quiso. Y lo que se concede por voluntad se puede retirar por voluntad.
Una transición no se reconoce por la cantidad de gestos, sino por el momento en que los gestos se convierten en reglas. Cuando un preso sale porque la ley lo ordena y no porque alguien lo decidió esa semana. Cuando un medio publica sin calcular si lo van a bloquear. Cuando un partido existe sin que un funcionario pueda declararlo promotor del odio.
La reforma de la ley contra el odio puede ser eso o puede ser otra concesión. Lo sabremos por el texto: si despenaliza de verdad, si ordena revisar cada causa, si elimina las herramientas contra medios y partidos. Y lo sabremos por la forma: si se discute a la vista de quienes documentaron a sus víctimas, o se aprueba en familia.
Vladimir Petit escribió que una transición se mide por lo que el país puede preguntar sin miedo. Añado algo menos elegante: también se mide por lo que el país puede decir sin que alguien tenga que autorizarlo primero.
Los pasos se agradecen. La dirección todavía hay que exigirla.
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Oficio de Delcy Rodríguez, 28 de septiembre de 2026.
Inciso
Palos de golf prestados en un país que paga cisternas
La reconstrucción se anuncia en el Country Club. La vida diaria se resuelve con cisternas.
INCISO
Para recibir a los ejecutivos del petróleo hubo que salir a buscar palos de golf. Para recibir agua, en Coro, en Margarita y en tantos otros lugares del país, hay que pagar una cisterna.
El lunes 28 de septiembre de 2026, decenas de ejecutivos petroleros jugaron un torneo de golf en el Caracas Country Club, la víspera de una cumbre de petróleo y gas con entradas agotadas: 650 asistentes y 150 en lista de espera. Los organizadores contaron a Bloomberg que días antes estaban en pánico. Tuvieron que llamar a todos los clubes y tiendas de la ciudad, pedir prestados juegos de palos y comprar otros. Caracas tiene tres clubes privados de golf y ningún campo público. «Muy pocos venezolanos juegan golf», explicó la dueña de la tienda que los sacó del apuro.
Ese mismo lunes, vecinos de Coro denunciaban dos meses sin agua y la obligación de pagar cisternas para llenar los tanques de sus casas. No es una excepción ni una emergencia pasajera: en Margarita, y en muchos otros lugares del país, pagar un camión de agua es desde hace años una partida más del presupuesto familiar.
No hay nada reprochable en que unos ejecutivos jueguen golf. Los negocios se hacen también así, y Venezuela necesita inversión. Lo que la escena retrata es otra cosa: la distancia entre el país que se anuncia y el país que se vive.
El país que se anuncia tiene 100.000 millones de dólares prometidos para el petróleo, licencias renovadas cada mes en Washington, una cumbre con lista de espera y un torneo para abrir el apetito. El país que se vive produce 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que producía en los noventa, sufre apagones que sacan a la gente a la calle y compra agua por camión.
Las dos imágenes caben en la misma semana porque la reconstrucción empezó por arriba. Primero los contratos, después las reglas; primero el crudo, después la luz y el agua. Es un orden defendible si los beneficios bajan. El problema es que nadie ha explicado cómo ni cuándo.
Mientras tanto, conviene recordar la frase de la tienda de golf. Muy pocos venezolanos juegan golf. Casi todos, en cambio, saben lo que cuesta una cisterna.
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Bloomberg vía Bloomberg Línea y La República, 28 de septiembre de 2026; La Patilla, 28 de septiembre de 2026.
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