Connect with us
PublicidadTu lugar es aquí62 millones de hispanos. Empieza por los que deciden.Anúnciate →

Inciso

El acuerdo nombra la auditoría pero no nombra al auditor

La vigilancia ciudadana en la transición venezolana. ¿Por qué anotar una cifra hoy es la única forma de poder compararla en noventa días?

Avatar de Desconocido

Published

on

Autor: Alfredo Yánez Mondragón


La palabra aparece tres veces en el acuerdo del 12 de agosto. Auditoría. Transparencia. Trazabilidad. Tres sustantivos que suenan a garantía y que no nombran a nadie.

No hay una firma auditora identificada. No hay un contrato publicado. No hay periodicidad de reporte, ni destinatario del reporte, ni consecuencia prevista si el reporte llega tarde o no llega. Hay una intención, redactada con corrección, sobre 4.000 millones de dólares en lingotes que llevan ocho años en una bóveda de Londres.

Quiero ser claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que alguien vaya a robarse ese dinero. No lo sé y nadie puede saberlo todavía. Estoy diciendo algo más incómodo y más simple: que a esta altura nadie está en condiciones de afirmar lo contrario, y que esa imposibilidad es un problema de diseño, no de mala fe.

Un mecanismo que depende de la buena voluntad de quien lo ejecuta no es un mecanismo de control. Es una promesa con vocabulario técnico.


Estuve mirando las cifras de esta semana venezolana como quien revisa una cuenta larga, y hay una operación que se repite en todas.

El gobierno anunció 131 excarcelaciones. Foro Penal, que verifica identidad caso por caso, había confirmado 72 la mañana siguiente. Ninguna de las dos cifras es necesariamente falsa: la verificación toma tiempo. Pero solo una de las dos fue anunciada con altavoz.

El balance oficial de la reconstrucción reporta 53.314 viviendas evaluadas. Es un trabajo enorme y real, y no pienso restarle mérito. En el mismo balance figura otro número: 287 viviendas entregadas, frente a 9.567 catalogadas en alto riesgo. Una por cada treinta y tres.

La alcaldía de Caracas informó, tras el aguacero del fin de semana, la atención de cinco árboles caídos. En el sector La Vega, los vecinos hablaban de dos adolescentes arrastradas por la corriente en el callejón El Sinaí. No hay confirmación oficial de eso. Puede que el reporte vecinal esté equivocado. Puede que no. Lo que sí está confirmado es que un balance municipal se difundió contando árboles antes de que nadie hubiera terminado de contar personas.

Y el comunicado del primer ciclo del diálogo se leyó tras más de seis horas de deliberación sin admitir preguntas de la prensa. En un proceso cuyo propio marco de principios incluye el compromiso de informar oportunamente a la población.

Cuatro hechos distintos, cuatro instituciones distintas, un mismo patrón: el número que sale primero es el que conviene, y el que cuesta es el que llega después, si llega.


De ahí viene mi convicción sobre esto, y perdóneme si suena a poco.

La contraloría ciudadana no es desconfianza. Es aritmética.

No consiste en sospechar de todo el mundo ni en descalificar cada anuncio. Consiste en algo mucho menos épico: anotar el número que le dan hoy para poder compararlo con el que le den en noventa días. Es tener a mano la fecha en que alguien prometió 160 megavatios y saber que ese plazo vence a mediados de noviembre. Es preguntar quién audita, no porque uno crea que van a robar, sino porque una auditoría sin auditor con nombre no es una auditoría.

Es la diferencia entre indignarse y llevar la cuenta.

Lo primero se agota en una semana. Lo segundo funciona.


No voy a fingir que esto es fácil, porque no lo es.

Vigilar cansa. Cansa de una manera particular, además: no produce satisfacción inmediata, no genera aplausos y casi nunca ofrece un momento de victoria. Uno anota una cifra, la guarda, espera tres meses y descubre que la cifra no cambió. Eso no se puede tuitear con épica. Y sin embargo es exactamente ahí donde se decide si una transición se convierte en instituciones o se queda en anuncios.

Tampoco lo puede hacer una persona sola. Ese es el punto donde suelo ver que la gente se rinde: alguien empieza a llevar la cuenta de un expediente, se agota, se calla, y el expediente se cierra sin que nadie lo note. La contraloría ciudadana funciona cuando es distribuida. Uno sigue el oro. Otro sigue los megavatios. Otro sigue el número verificado de excarcelados. Otro sigue cuántas de las 9.567 viviendas dejaron de estar en alto riesgo. Nadie carga con todo, y entre todos no se pierde nada.

Y hay un trabajo que ya está hecho por gente que lo hace desde hace años, con recursos escasos y sin reconocimiento. Foro Penal verificando nombre por nombre mientras el titular ya pasó. Los ingenieros que pidieron actualizar las normas sismorresistentes en lugar de callarse. Las organizaciones que auditan dónde termina cada dólar donado. A esa gente uno no tiene que reemplazarla. Tiene que leerla, citarla y sostenerla.


Sobre los que vivimos afuera quiero decir una última cosa, porque conozco la objeción y la he escuchado muchas veces: qué derecho tengo yo a exigir cuentas desde la distancia.

La distancia quita autoridad moral para muchas cosas. Para esta, no.

Quien manda una remesa cada mes está financiando la economía que se está reconstruyendo. Quien donó a una campaña tras el 24 de junio puso dinero propio en esa cuenta. Quien tiene familia bajo un techo evaluado como habitable con restricciones tiene un interés directo, verificable y legítimo en saber cuándo dejará de estarlo. Eso no es opinar desde afuera. Es ser parte interesada.

Y la distancia da algo que adentro escasea: la posibilidad de preguntar sin miedo a la consecuencia. No es poca cosa. En un país donde durante años preguntar en voz alta tuvo precio, quien puede preguntar gratis tiene algo parecido a una obligación.


Nada de esto garantiza nada. Ese es el punto y no lo voy a maquillar.

Se pueden anotar todas las cifras, seguir todos los plazos, preguntar quién audita cada semana, y aun así perder. Diecisiete intentos de negociación anteriores no produjeron una transición y muchos de ellos tuvieron gente atenta.

Pero de la manera contraria se pierde seguro.

Una transición no se pierde en un momento dramático, con un golpe o una traición que todos ven. Se pierde en un número que nadie escribió, en un plazo que nadie recordó y en una auditoría cuyo auditor nunca tuvo nombre. Se pierde en silencio, entre dos anuncios, mientras todos miramos el siguiente titular.

Anote la cifra. Guarde la fecha. Vuelva a preguntar en noventa días.

Es poco. Y es casi todo lo que hay.


Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Continue Reading
Advertisement

Alfredo Yánez

9 libros que te cambian la perspectiva

Finanzas, emprendimiento, migración y más — disponibles en Amazon

VER LIBROS →
Click to comment

Leave a Reply

Inciso

Doce mil millones y una pensión de 130 bolívares

Las prioridades se ven en los números.

Avatar de Desconocido

Published

on

Fotografía documental del edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela.

Imagen de archivo: Edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela; propuesta documental de archivo, no fotografía de protesta del 10 de noviembre. Guaiquerí / Wikimedia Commons. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Fuente · CC0 1.0.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Por una cuenta del Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares venezolanos en nueve meses. Casi todos volvieron para sostener el bolívar. Ese mismo martes, los jubilados petroleros se encadenaron a PDVSA y la Sudeban tuvo que repetir que no se cobra comisión a una pensión de 130 bolívares.

El martes 10 de noviembre pasaron tres cosas que conviene leer juntas.

En la mañana, unos jubilados de PDVSA se encadenaron a los portones de La Campiña. Cobran 350 dólares, se les van en medicinas y piden, como adelanto de una deuda de 720 millones, 6.000 dólares para pasar la Navidad. «Aquí nos estamos muriendo, todas las semanas se mueren jubilados», dijo uno (La Patilla).

Al mediodía se conoció que la Sudeban tuvo que repetir, por quinta vez desde 2010, que los bancos no pueden cobrar mantenimiento en la cuenta de un pensionado (El Nacional). El salario mínimo legal es de 130 bolívares: unos 14 centavos de dólar a la tasa oficial del 11 de noviembre.

Y por la tarde, The New York Times reveló el informe de KPMG: por la cuenta de custodia que controla Washington pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre enero y septiembre. Volvieron al país 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar en las subastas de divisas (Infobae/EFE).

La cuenta y la mesa

Hay que reconocer lo bueno. Por primera vez en muchos años, el dinero del petróleo pasa por una cuenta que alguien audita. No se lo llevaron a Andorra ni lo prestaron a cambio de comisiones. Volvió. Eso, en la historia de PDVSA, no es poco.

Pero volvió para sostener una moneda, no para pagar una deuda con los jubilados. Volvió para que el dólar oficial suba un poco más despacio, no para que la pensión sirva para algo. Once mil setecientos millones de dólares se fueron, sobre todo, a las subastas, y mientras tanto el bolívar siguió subiendo: de 897,5383 bolívares por dólar el 9 de noviembre a 901,6175 el 11 de noviembre.

No digo que defender la moneda sea un error; una devaluación sin freno castiga primero a los más pobres. Digo que es una decisión, y que esa decisión se tomó sin que nadie la discutiera en público. Ni la Asamblea, ni los sindicatos, ni los jubilados supieron, hasta este martes, cuánto entraba ni adónde iba. Lo supimos por una filtración a un periódico extranjero.

Las prioridades se ven en los números

Si 12.260 millones pasan por una cuenta y los jubilados petroleros tienen que encadenarse para pedir un adelanto, el problema no es la falta de dinero; es el orden de prioridades. Y ese orden hoy lo deciden el BCV, el Departamento de Estado y el Tesoro, con un informe confidencial de por medio.

La transición que se discute en París y en Caracas tiene fecha para el TSJ y una promesa de elecciones. También necesita algo más inmediato: que el país sepa cuánto gana con su petróleo y en qué lo gasta. Una pensión de 130 bolívares en un país que mueve 12.000 millones en nueve meses no es pobreza: es una decisión.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el informe de KPMG se publique completo; que la cuenta de custodia rinda informes mensuales públicos; que una parte de esos ingresos se destine, por norma, a pagar la deuda con los fondos de pensiones; y que la pensión deje de estar atada a un salario mínimo de 130 bolívares.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: Infobae/EFE, informe de KPMG citado por The New York Times; La Patilla; El Nacional; Finanzas Digital.

Continue Reading

Inciso

Siete millones sin consulado

Votar desde afuera.

Avatar de Desconocido

Published

on

Edificio de la Embajada de Venezuela en Washington, D. C., con la bandera venezolana, en una fotografía de 2022

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Rubio dijo en París lo que la diáspora repite desde hace años: para votar, hacen falta consulados abiertos. En 2024, de más de siete millones de venezolanos fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar. Si diciembre trae un nuevo CNE, la primera prueba de que es nuevo estará en el extranjero.

Hay una frase de Marco Rubio que se perdió entre las fechas. El lunes, en París, después de poner al nuevo TSJ a mediados de diciembre, el secretario de Estado dijo: «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos».

Lo dijo un funcionario de Washington. Lo sabíamos todos.

Las cifras de 2024

En las presidenciales del 28 de julio de 2024, de más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar en el exterior. Es alrededor del 1,5 % del registro. En el operativo de inscripción de ese año, apenas 6.528 lograron inscribirse o actualizar sus datos, según el estudio de Mi Voto Cuenta (El Diario).

Los obstáculos tenían nombre. La ley exige que el elector en el exterior «posea residencia», y los consulados la interpretaron como residencia permanente y pidieron documentos que la ley no exige. La CIDH lo cuestionó, porque millones de venezolanos no tienen visa de residencia (El Diario). En EE.UU., el problema era anterior: no había, y no hay, dónde inscribirse.

Un país que vota afuera

La diáspora no es un apéndice del país. Es casi uno de cada cuatro venezolanos. Manda remesas, sostiene familias, tiene hijos estudiando en Columbus, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Y en un año electoral en EE.UU. aprendió cuánto pesa su voto donde puede ejercerlo. Lo que no tiene es la posibilidad de votar en su propio país.

Si el nuevo CNE llega, como dice Rubio, muy poco después de que el nuevo TSJ quede constituido a mediados de diciembre, su primera prueba no estará en Caracas. Estará en un consulado de Houston, de Miami o de Madrid, el día que un venezolano con pasaporte vencido y sin residencia permanente pueda inscribirse sin humillaciones.

Lo que no debería esperar

Hay cosas que no dependen de un TSJ nuevo. Abrir consulados en EE.UU. depende de dos gobiernos que hoy, según su propio presidente, «se llevan muy bien». Aceptar el pasaporte vencido como documento de identidad para votar depende de una decisión administrativa. Interpretar la residencia como el lugar donde uno vive, y no como una visa, depende de voluntad.

Un calendario electoral que empieza en Caracas y se olvida de los siete millones de afuera no es una transición. Es una elección para los que se quedaron, decidida también por los que se fueron.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Caracas y Washington acuerden la reapertura de los consulados venezolanos en EE.UU.; que el nuevo CNE abra un operativo de inscripción en el exterior con pasaporte vencido y sin exigir residencia permanente; y que ese operativo empiece antes de que se convoquen las elecciones, no después.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: El Diario, declaraciones de Rubio; El Diario, obstáculos del voto en el exterior, 2024.

Continue Reading

Inciso

Libertad no es destierro

Te soltamos, pero lejos.

Avatar de Desconocido

Published

on

Interior amplio y fotografiado de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, con mostradores, señalización de puertas G y viajeros

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Se anuncian nuevas excarcelaciones y, con ellas, aparece una palabra que creíamos de otra época: algunos presos saldrían rumbo a España o Alemania. ¿Qué es eso? En un «nuevo momento político», la libertad tiene que poder vivirse en Venezuela.

La semana empieza con la expectativa en alta. El viernes, María Corina Machado leyó frente a El Rodeo I más de 400 nombres. El sábado, las familias pudieron abrazar a los suyos sin un vidrio de por medio. El domingo, Dinorah Figuera habló con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez, y salió con un anuncio: el Gobierno está «a las puertas» de liberar a otro grupo de presos políticos. Falta saber si el anuncio llega antes del miércoles, cuando las partes vuelvan a sentarse frente a frente en la cuarta ronda de la mesa de Caracas.

Pero en esa misma conversación apareció un detalle que no puede pasar de largo. Según Figuera, algunos presos militares quieren salir de Venezuela una vez libres. España y Alemania, dijo, son destinos posibles (Infobae).

¿Qué es eso?

Una palabra vieja

Lo hemos visto antes, y no tan lejos. En 2010, la dictadura cubana liberó a los presos de la Primavera Negra con un boleto a Madrid bajo el brazo. En 2023, el régimen de Daniel Ortega subió a 222 presos políticos nicaragüenses a un avión rumbo a Washington y, de paso, les quitó la nacionalidad. Y los venezolanos tenemos nuestra propia memoria de excarcelaciones que terminaron en un aeropuerto, con el país como precio de la libertad.

Ese mecanismo tiene nombre: destierro. Es la forma en que un poder se libra de un preso incómodo sin admitir que lo era. El preso sale de la celda y la celda se vuelve el mapa. Deja de ser un problema en el penal y pasa a ser un exiliado más, lejos, sin voz en la plaza donde su ausencia pesaba.

Lo que dice la Constitución

La Constitución de 1999, esa que todos invocan y pocos cumplen, lo dice en su artículo 50: ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas (Constitución). No es un detalle jurídico. Es la frontera entre una libertad y un trueque.

Hay que ser justos. Un hombre que pasó años preso, que fue torturado o que teme por su familia tiene todo el derecho a irse, y nadie puede reprochárselo. Querer salir puede ser una decisión legítima, y tantas veces lo ha sido. El problema empieza cuando la salida deja de ser una elección y se convierte en una condición. Cuando el mensaje es: te soltamos, pero lejos.

El «nuevo momento político»

Se supone que vivimos un «nuevo momento político». Hay una mesa, hay un plan con fases, hay un Comité de Postulaciones y una fecha para el primer corte del TSJ. Si de verdad hay un momento nuevo, se tiene que notar en esto: en que un preso político liberado pueda caminar por su ciudad, volver a su casa, hablar en una plaza, y que nadie le indique la puerta de embarque.

Un país que libera a sus presos para exportarlos no ha cambiado; ha cambiado el método. Un país que los libera para que se queden empieza a ser otro.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que las excarcelaciones que se anuncien sean libertades plenas, sin régimen de presentación ni prohibición de declarar; que ninguna incluya la salida del país como condición, escrita o tácita; y que quien decida irse lo haga por su voluntad, con su pasaporte y con el derecho a volver.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: Infobae; Constitución de 1999, artículo 50.

Continue Reading

Tendencias

Contexto, análisis y criterio para entender lo que pasa