Se cumple un mes del doble terremoto que fracturó el centro-norte de Venezuela. Durante treinta días hemos documentado el dolor de la pérdida, la heroica respuesta de rescatistas y voluntarios, y la indispensable mano tendida de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos.

Pero a medida que el polvo se asienta, emerge la aritmética de la tragedia.

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Las estimaciones más conservadoras indican que los daños físicos directos superan los 6.700 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas económicas indirectas y la inversión necesaria para una reconstrucción real, la factura oscila entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares. Eso equivale a casi el 80% de los ingresos anuales esperados por el Estado venezolano.

El gobierno de transición no tiene la capacidad fiscal para asumir este costo en solitario. La economía doméstica, que venía mostrando tenues signos de recuperación, ha recibido un golpe directo en sus proyecciones de consumo. El tipo de cambio oficial acaba de cruzar la barrera de los 700 bolívares, y aunque la inyección de dólares en efectivo y las remesas han logrado reducir la brecha con el mercado paralelo, el poder adquisitivo del ciudadano común sigue destruido.

En este escenario, pretender financiar la reconstrucción imprimiendo bolívares sin respaldo sería firmar una sentencia de hiperinflación.

La única vía viable para levantar al país requiere de cuatro pilares: cooperación internacional, financiamiento multilateral, inversión privada y supervisión de la sociedad civil organizada. Y ninguno de esos pilares se sostiene sin confianza.

Como bien señaló hoy la Asamblea Nacional de 2015 en su comunicado a un mes de la tragedia, no basta con recuperar viviendas e infraestructura. Es imperativo reconstruir instituciones capaces de administrar recursos con absoluta transparencia.

El mundo está dispuesto a ayudar a Venezuela, y el sector privado está dispuesto a invertir en su recuperación. Pero esos capitales exigen reglas claras, auditorías independientes y un marco jurídico que garantice que cada dólar destinado a levantar una escuela o un hospital llegue a su destino.

La reconstrucción será el mayor desafío logístico y financiero de nuestra historia contemporánea. Su éxito no dependerá solo de cuántos recursos logremos movilizar, sino de la integridad institucional con la que seamos capaces de administrarlos.

INCISO · ESPECIAL UN MES

No escribo para cobrar un acierto. Escribo para cumplir una cita: la que dejé anotada la noche del 24 de junio, cuando prometí volver cuando bajara el polvo.

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Vuelvo a estas líneas

La noche del 24 de junio escribí un texto que empezaba con una disculpa. Decía que no era el momento, que la gente estaba cavando y no leyendo, que cualquier análisis sonaba impúdico frente a una ciudad partida. Y decía también, casi como una promesa a mí mismo, que dejaba anotado lo que se veía esa primera noche para poder volver más tarde, cuando bajara el polvo y empezaran las preguntas.

Han pasado treinta días. El polvo bajó. Vuelvo.

No vuelvo a cobrar nada. Sería miserable hacerlo sobre 5.398 muertos, y además no hay mérito alguno en describir un derrumbe mientras ocurre. Vuelvo porque quedé en volver, y porque un medio que anota y no regresa a lo anotado no está haciendo periodismo: está haciendo pronósticos.

Aquella noche quedaron escritas tres cosas. Que los heridos llegaban a hospitales que ya estaban heridos. Que el aliado que se decía socio habló primero para los suyos. Que la respuesta llegó envuelta en la palabra «seguridad». Las tres eran observaciones de la primera hora, hechas sin información suficiente, y por eso mismo merecían verificación. Un mes después, ninguna de las tres se desmintió. Ninguna se agravó tampoco por obra de un designio oscuro: simplemente siguieron siendo ciertas, que es la forma más aburrida y más triste de tener razón.

Pero no es de eso de lo que quiero escribir. Lo que un mes permite ver, y la primera noche no, es el patrón. Y el patrón dice más que cualquiera de los tres apuntes.

El patrón es este: cuando la tierra se abrió, el país se salvó a sí mismo. Está en los propios números oficiales, que es lo que los hace irrefutables. Seis mil cuatrocientas sesenta y dos personas rescatadas por equipos técnicos. Diecinueve mil ochocientas sesenta y una salvadas si se cuentan las evacuaciones que hizo la gente por su cuenta. La resta son trece mil trescientas noventa y nueve personas que están vivas porque un vecino levantó una plancha de concreto con las manos.

Ese dato no es un reproche a nadie en particular. En cualquier catástrofe del mundo, los primeros que llegan son los que ya estaban ahí. Pero en Venezuela ocurrió sobre un Estado que llevaba años desmontando su propio sistema de gestión de riesgo, y por eso la proporción es tan brutal. No falló un funcionario el 24 de junio. Falló una decisión tomada mucho antes, cuando se decidió que la Defensa Civil, los bomberos y la maquinaria pesada no eran prioridad.

Y aquí llego a lo que de verdad quería decir, que no es sobre el sismo sino sobre quiénes están al frente.

Un desastre no cambia la naturaleza de quien gobierna: la revela. Bajo presión extrema, cada quien hace lo que sabe hacer. Y lo que se vio este mes fue perfectamente coherente con lo que ya sabíamos. Se vio a un poder que prohibió centros de acopio ajenos mientras montaba los propios. Que retuvo ayuda en la frontera. Que dejó equipos de rescate varados en aeropuertos mientras corría el reloj de las setenta y dos horas. Que mandó una excavadora a un barrio y los vecinos la devolvieron diciendo que había venido a tomarse fotos. Que un mes después no ha publicado una sola lista de desaparecidos.

Esa última es la que más me pesa. Puede alegarse incapacidad técnica, y sería creíble. Puede alegarse desorden institucional, y también. Pero hay una explicación que no se puede descartar y que la historia venezolana respalda: que una cifra oficial de desaparecidos convertiría cinco mil muertos en algo mucho mayor, y ningún poder recibe con gusto esa aritmética. En 1999, tras Vargas, pasó exactamente lo mismo: las cifras oscilaron entre setecientos y cincuenta mil, y este país nunca supo a cuántos enterró. Veintisiete años después, sobre el mismo suelo, con otra gente al mando, la misma decisión: no contar.

Ahí está la naturaleza que el desastre reveló, y no es exclusiva de un color político. Es la de un poder que administra la información sobre sus propios muertos como si fuera un activo. Que trata la ayuda como patrimonio a distribuir con criterio propio. Que confunde coordinar con controlar. Eso no se cura con un cambio de gobierno si no se cambia también la costumbre.

Entonces, ¿qué hace falta? Porque llegados a este punto, quejarse ya es fácil y no sirve. Cuatro cosas, y las cuatro son verificables.

Contar a los muertos. Un registro público de desaparecidos, con protocolo forense y apoyo internacional. No es un gesto simbólico: sin acta de defunción no hay herencia, ni seguro, ni custodia legal de un niño huérfano, ni duelo que pueda cerrarse. Un país que no cuenta a sus muertos les está diciendo a los vivos que no importan.

Reconstruir el sistema de respuesta, no solo los edificios. La reconstrucción que viene va a hablar de viviendas y de carreteras, porque eso se inaugura y se fotografía. Pero lo que falló primero fue la capacidad de respuesta, y eso no se inaugura. Defensa Civil, bomberos con maquinaria, protocolos, simulacros. Aburrido, invisible, y lo único que evitará que dentro de veinte años estemos escribiendo esto de nuevo.

Auditar cada dólar, venga de donde venga. Diecinueve mil seiscientos millones de daños. Trescientos cuarenta y seis recibidos del Fondo Monetario. Trece mil recaudados por Estados Unidos con petróleo venezolano, sin rendición de cuentas pública. La reconstrucción de Venezuela será la mayor operación de dinero de esta generación, y se está montando sin mecanismos de trazabilidad conocidos. Exigirlos ahora, mientras se define la arquitectura, es infinitamente más útil que denunciar el saqueo cuando ya ocurrió.

Y no dejar que nos cuenten otra cosa. Esto era lo que anoté la primera noche y sigue siendo lo más difícil. Ya empieza a circular la versión cómoda: que la solidaridad nos unió, que el Estado estuvo a la altura, que la tragedia sacó lo mejor del país. Lo primero y lo tercero son verdad. Lo segundo, no. Y mezclarlos es la forma más eficaz de que nadie responda por nada.

Termino donde empecé hace un mes, pero al revés. Aquella noche pedí disculpas por escribir mientras dolía. Hoy no pido ninguna, porque ya no estamos en la hora del rescate: estamos en la hora de las preguntas, y esa hora la anuncié yo mismo, así que me toca sostenerla.

La lección más dura de este mes no es que la tierra tiemble. Eso lo sabemos desde 1812 y lo seguiremos sabiendo. La lección dura es que un país puede tener vecinos capaces de sacar a trece mil personas de los escombros con las manos, y aun así no tener quien los cuente cuando mueren. Esa desproporción entre lo que la gente es capaz de hacer y lo que sus instituciones son capaces de garantizarle es, exactamente, el problema venezolano. No lo creó el terremoto. El terremoto solo lo puso donde nadie pudiera negarlo.

Que Dios proteja a cada venezolano, dije aquella noche. Lo repito. Y agrego lo que entonces apenas nos atrevíamos a anotar: que después del rescate viene la exigencia, y esa sí es tarea de todos, todos los días, hasta que contar a los muertos y cuidar a los vivos deje de ser una excepción en este país.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor en jefe de INCÍSOS

Hay tres cifras que esta semana quedaron sobre la mesa y que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cualquier discurso.

La primera: 19.600 millones de dólares. Es lo que el Banco Mundial calculó que cuesta reponer lo que el doble terremoto derribó en Venezuela. Casi el 18% del producto interno bruto del país. Casi la mitad son viviendas.

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La segunda: 346 millones de dólares. Es lo que Venezuela consiguió del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción. Dinero propio, además, que estaba retenido. Menos del dos por ciento de lo que hace falta.

La tercera: 13.000 millones de dólares. Es lo que el Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó por el petróleo venezolano desde enero, con datos de embarques y precios de mercado. No es una acusación de nadie: es aritmética hecha con embarques rastreados uno por uno.

No hace falta ser economista para notar que algo no cuadra. Y no hace falta acusar a nadie de robar para hacer la pregunta que se impone: ¿dónde está ese dinero?

Porque las respuestas que hay son contradictorias entre sí, y eso es lo que más inquieta. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump en enero describía la función estadounidense como de custodia, y decía que los fondos son propiedad soberana de Venezuela. Pero el propio Trump ha declarado que su país recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con ese petróleo. El Departamento de Energía habla de beneficio mutuo. El Departamento de Estado dice haber transferido miles de millones, condicionados a su aprobación. Un funcionario aseguró en abril que se habían enviado tres mil millones y que KPMG auditaba las cuentas; los legisladores dicen que no reciben información. Y el portal que el propio gobierno venezolano creó para auditar el flujo registra un movimiento. Uno solo. Trescientos millones, en marzo.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia no son la misma cosa. Son tres relatos incompatibles sobre el mismo dinero, y quien no logra que sus explicaciones coincidan suele tener un problema con la explicación, no con quien pregunta.

Conviene decir lo que no se sabe, porque en esto la honestidad importa más que la contundencia. Nadie ha probado un desvío. Es perfectamente posible que buena parte de esos fondos esté legítimamente retenida en cuentas de custodia, exactamente como la orden ejecutiva contempla, esperando condiciones que alguien considera aún no dadas. Eso puede ser cierto. Lo que no puede sostenerse es que la opacidad sea aceptable. No lo es cuando se trata del principal activo de un país donde 23.335 personas duermen en campamentos y donde el propio gobierno no logra decir cuántos desaparecidos hay: entre diez mil y cincuenta mil, según a quién se le pregunte.

Y aquí llego a lo que me viene inquietando desde hace semanas, y que digo con la cautela de quien plantea una hipótesis y no una certeza. Cuando uno mira el año completo —la operación militar de enero, el control inmediato de las exportaciones, la orden ejecutiva a los pocos días, la reunión de Trump con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron mientras firmaba, la invitación a invertir cien mil millones, la inmunidad concedida a quien hoy gobierna, el diálogo tutelado que arranca en agosto— cuesta no preguntarse si la secuencia se explica mejor por la justicia o por el crudo.

No afirmo que el petróleo haya sido la razón. Afirmo que ya no puede descartarse como hipótesis, y que la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien administra el dinero y se niega a mostrar las cuentas. Esa es la diferencia entre sospechar y constatar, y también la diferencia entre una teoría de conspiración y una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima, y la formulan igual el demócrata Joaquín Castro, que habla de petróleo, poder y corrupción, y la republicana María Elvira Salazar, que exige que se publiquen los informes. Cuando el reclamo cruza los partidos, deja de ser partidista.

A los venezolanos esto no debería sorprendernos, y sin embargo duele igual. Pasamos dos décadas viendo cómo el mayor ingreso del país se manejaba sin rendir cuentas, cómo se hablaba de soberanía mientras se entregaba el patrimonio, cómo cada denuncia se respondía con una consigna. Aprendimos, a un costo altísimo, que el dinero que no se audita termina donde no debe. Que ahora el flujo lo administre otro gobierno, y no el que nos empobreció, no cambia la lección: el petróleo venezolano sigue sin tener quien lo explique.

Ojalá me equivoque. Ojalá esos trece mil millones aparezcan íntegros, con sus auditorías y sus reportes trimestrales, y sirvan para levantar las viviendas de La Guaira. Sería la mejor noticia del año y con gusto lo escribiría. Pero mientras eso no ocurra, hay una obligación que no es solo periodística sino elemental: seguir preguntando. Porque un país que no sabe adónde va su petróleo puede cambiar de gobierno cuantas veces quiera, y seguirá sin ser dueño de sí mismo.

Alfredo Yánez Mondragón