La Asamblea dejó de deliberar y empezó a despachar

Cinco días.

Eso es lo que pasó entre la primera y la segunda discusión de la reforma que decide quién escoge a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Cinco días para una ley que fija cómo se selecciona a las treinta y dos personas que van a decidir, durante los próximos doce años, sobre la propiedad, la libertad y los contratos de todo el mundo en ese país.

En ese mismo lapso, constitucionalistas, académicos y el gremio de abogados formularon una objeción concreta y documentada. Que la reforma toca el artículo que fija cuántos integran el comité y deja intacto el que define a qué poder pertenece. Que la Constitución dice que ese comité lo forman representantes de la sociedad y que la ley dice otra cosa.

No hizo falta que nadie los desmintiera. Bastó con no responderles.

Y en la misma jornada, ese cuerpo aprobó un acuerdo de respaldo al mayor compromiso petrolero que ha contraído el país en décadas. Un respaldo a un documento cuyo texto no se ha publicado, cuya regalía no se conoce, cuyos campos no se han identificado y cuyo foro de controversias nadie ha visto.

Yo entiendo la urgencia. Un país que lleva años detenido tiene derecho a tener prisa. Lo que no entiendo es para qué existe entonces la segunda discusión.

Porque una segunda discusión no es un trámite decorativo. Es el mecanismo por el cual un cuerpo colegiado revisa lo que aprobó apurado, escucha lo que le dijeron mientras tanto y corrige. Si el texto sale igual que entró, la segunda discusión no ocurrió. Se ejecutó.

Y aquí quiero decir la parte incómoda.

La Constitución venezolana le asigna al Parlamento tres funciones. Legislar, controlar y representar. La primera es la que todo el mundo conoce. La segunda es la que decide si un país tiene contrapesos: fiscalizar al Ejecutivo, investigar, citar, interpelar, autorizar contratos, exigir cuentas. La tercera es la razón por la que existe.

Una cámara que aprueba en cinco días y respalda lo que no ha leído no está ejerciendo la segunda función. Y sin la segunda, la primera se convierte en otra cosa.

Se convierte en una oficina de trámites.

No lo digo como insulto. Lo digo en sentido literal, porque es exactamente la descripción de lo que hace una oficina de trámites: recibe un documento, verifica que tenga los sellos y lo despacha. No lo examina. No pregunta de dónde viene. No tiene por qué. Su función es hacerlo pasar.

El problema es que un parlamento sí tiene por qué. Ese es todo su oficio.

Alguien me dirá que esto no es nuevo, que llevamos décadas con parlamentos que ratifican lo que ya está decidido en otra parte. Es verdad, y por eso mismo importa ahora.

Porque lo que se está aprobando esta vez no es una ley que un gobierno posterior pueda derogar en una tarde. Son magistrados que ejercen doce años en un solo período. Es un compromiso petrolero de veinticinco años. Son decisiones que van a seguir produciendo efectos cuando ninguno de los que las votaron esta semana esté en ese hemiciclo.

Ahí está la asimetría que me quita el sueño. La deliberación duró cinco días. Las consecuencias duran veinticinco años.

Y hay una diferencia entre las dos cosas que conviene tener presente: los cinco días fueron una elección. Nadie los impuso. No había un plazo constitucional venciendo, ni una emergencia que obligara. Se pudo haber tomado tres semanas y escuchar a los que objetaron, y el resultado habría sido el mismo texto con una legitimidad completamente distinta.

Porque eso es lo que se pierde cuando se despacha en vez de deliberar. No se pierde el contenido. Se pierde la única cosa que hace que una decisión sea difícil de revertir después: que nadie pueda decir que no lo dejaron hablar.

Un contrato aprobado sin examen se discute en tribunales. Una magistratura designada sin criterio público se impugna. Una ley sancionada sin responder objeciones se demanda.

La prisa de esta semana va a costar años de litigio. Y quien pague ese litigio no va a ser quien votó el martes.

Termino con lo único que me parece verdaderamente urgente decir.

Una asamblea que no discute, no examina y no inspecciona puede seguir llamándose asamblea. Puede tener hemiciclo, curules, reglamento y actas. Puede sesionar todos los martes.

Lo que no puede es cumplir la función para la que la gente votó.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el martes 1 de septiembre de 2026

El viernes 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos anunció lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Sesenta y cinco mil millones de barriles. Diecisiete campos. Cien mil millones de dólares en inversión.

Llevo tres días leyendo cifras. Y hay una que no aparece en ningún comunicado.

Durante años se dijo que el petróleo venezolano no se podía sacar. Y era verdad. No había inversión, no había mantenimiento, no había taladros, no había electricidad para bombear. Un país sentado sobre las mayores reservas probadas del mundo produciendo cada vez menos, porque el recurso estaba ahí pero las condiciones para aprovecharlo no.

A la gente le pasó exactamente lo mismo. No había con qué. No había empleo que alcanzara, ni hospital que atendiera, ni escuela que enseñara, ni luz que durara la noche entera. Millones de personas con formación, con oficio, con ganas de trabajar, en un país donde esas tres cosas no encontraban dónde ponerse.

La diferencia es que el petróleo se quedó abajo esperando y la gente no pudo esperar. Se fue.

Yo me fui. Muchos de los que están leyendo esto se fueron.

Y aquí está lo que quiero decir, aunque a algunos les parezca una ocurrencia.

Ese petróleo lleva un siglo bajo tierra y ahí seguirá el año que viene. Las personas no. Una persona tiene un tiempo de vida útil para construir algo, y ese tiempo se está gastando ahora, en la incertidumbre.

Hay venezolanos en Estados Unidos que llevan cinco, ocho, doce años aquí. Compraron casa. Pagan hipoteca. Pagan impuestos. Tienen hijos en escuelas públicas, y esos hijos hablan inglés sin acento y no conocen Caracas. Trabajan en construcción, en salud, en logística, en restaurantes, en transporte, en las mismas industrias que este país necesita para funcionar todos los días. Introdujeron sus documentos. Esperan una cita. Cumplen.

Y viven, desde hace meses, con la sensación de que todo eso puede deshacerse por una decisión administrativa que no controlan.

Yo entiendo que la política migratoria de un país es competencia soberana de ese país. No estoy discutiendo eso. Estoy señalando una asimetría.

Cuando se trató del subsuelo venezolano, se encontró la manera. Se negoció durante meses, se diseñó una estructura, se firmaron entendimientos, se anunció con cifras de doce dígitos y se llamó histórico. Se demostró que cuando existe voluntad política, un asunto de enorme complejidad jurídica se resuelve en un plazo corto.

Cuando se trata de las personas que salieron de ese mismo país, por las mismas razones que dejaron ese petróleo bajo tierra, la respuesta ha sido la contraria. Prórrogas cortas. Programas que se anuncian y se revierten. Citas que se mueven. Un régimen de espera que obliga a vivir en presente continuo, sin poder planificar nada más allá de unos meses.

Entonces la pregunta se cae de madura.

Si se pudo hacer el mayor acuerdo petrolero de la historia, ¿por qué no hacer el mayor acuerdo de regularización de la historia?

No hablo de una amnistía general ni de abrir una puerta sin criterio. Hablo de quienes ya están aquí, ya trabajan, ya pagan, ya introdujeron sus papeles y ya esperan. De quienes pasan verificación de antecedentes sin problema porque no tienen nada que ocultar. De quienes lo único que necesitan es que alguien les diga que pueden dejar de contar los meses.

Se dirá que eso cuesta. Cuesta menos que la alternativa. Un trabajador con estatus resuelto produce más, invierte más, compra más y aporta más que uno que no sabe si estará aquí en marzo. Eso no es un argumento sentimental: es la misma lógica de seguridad jurídica que se le exige a cualquier contrato petrolero. Nadie invierte donde las reglas cambian cada seis meses. Tampoco nadie construye una vida.

Se dirá también que una cosa no tiene que ver con la otra. Que el petróleo es negocio y la migración es ley. Es cierto en el papel. Pero las dos decisiones las toma el mismo gobierno, en la misma semana, sobre el mismo país y sobre la misma gente. Y una se resolvió en meses mientras la otra lleva años sin resolverse.

Termino con lo único que me interesa dejar dicho.

El recurso más valioso que salió de Venezuela en la última década no fue el crudo. Fueron los ingenieros, los enfermeros, los albañiles, los maestros, los soldadores, los que manejan camiones a las cuatro de la mañana. Ese recurso ya llegó a Estados Unidos, ya está produciendo aquí, ya se instaló y ya aprendió el idioma.

No hace falta perforar nada para aprovecharlo. Solo hace falta una firma.

Y esa sí sería, de verdad, la mejor operación de la historia.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el lunes 31 de agosto de 2026

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió la industria petrolera venezolana al capital privado se publicó en la Gaceta Oficial el 29 de enero de 2026.

Veintiséis días.

No conozco a nadie que haya explicado ese calendario. Y no hace falta suponer nada sobre lo que se conversó antes del 3 de enero para entender lo que significa: la arquitectura legal del acuerdo anunciado el 28 de agosto estuvo terminada veintiséis días después de la operación militar, siete meses antes de que existiera una mesa de negociación, ocho meses antes de que se anunciara el acuerdo que esa arquitectura permite.

Y hay un detalle en esa reforma que conviene mirar de cerca, porque es una preposición.

La ley de 2001 decía que el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento como regalía. El texto vigente desde el 29 de enero de 2026 dice que tiene derecho a una participación de hasta treinta por ciento. Lo que era una tarifa pasó a ser un techo. El piso de veinte por ciento que la ley anterior fijaba para los crudos extrapesados de la Faja desapareció.

El 29 de agosto de 2026 la presidenta encargada anunció regalías mínimas del dieciséis por ciento para ocho bloques nuevos en esa misma Faja. Es legal. Es legal porque en enero se cambió la palabra. La lectura fiscal de ese cambio está aquí.

Lo que tiene plazo y lo que no

Aquí está, para mí, el núcleo de la semana.

Delcy Rodríguez dijo que el proyecto binacional está suscrito por veinticinco años. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que las concesiones son por cerca de cien. Cualquiera de las dos cifras que sea cierta describe un compromiso que sobrevivirá a todos los que lo firmaron.

Ahora tomemos el otro documento de esta semana, el que sí se puede leer. El comunicado que las delegaciones firmaron el 12 de agosto de 2026, con sellos y firmas manuscritas, no contiene una sola fecha más precisa que la palabra «agosto». El segundo ciclo de conversaciones se anunció para el 15 de septiembre, y el propio equipo de la jefa negociadora opositora aclaró que la fecha es tentativa. La renovación del Consejo Nacional Electoral se pide para octubre desde la sociedad civil y se desliza hacia diciembre desde el poder.

Lo económico se firma a veinticinco años. Lo político se negocia sin calendario.

Esa asimetría no es un detalle de procedimiento. Es la definición de qué se está decidiendo de verdad esta semana y qué se está posponiendo.

Quién paga

El argumento a favor de todo esto tiene una lógica que hay que reconocer, porque existe: se está construyendo la ruta hacia unas elecciones, y un gobierno electo cerrará el paréntesis. Tribunal Supremo primero, Consejo Nacional Electoral después, luego las tarjetas de los partidos, las inhabilitaciones, el derecho a hacer política. Y al final, un gobierno con legitimidad de origen que despeje la sombra que hoy cubre estas decisiones.

Concedido. Pero léase en el orden en que está ocurriendo.

Cuando ese gobierno electo llegue, si llega, encontrará contratos que no firmó, con plazos que no negoció, y con una cláusula que ya conocemos porque la publicó la OFAC el 27 de agosto: las disputas se resuelven en tribunales de EE.UU., el Reino Unido, Francia o Singapur. Encontrará también un Tribunal Supremo de Justicia seleccionado por un comité cuya composición se está definiendo en estas semanas, y que sería la instancia competente para conocer cualquier impugnación sobre esas mismas concesiones.

Es decir: el gobierno que nadie ha elegido está fijando los términos, y el gobierno que eventualmente se elija los heredará. La transición que no se llama transición está haciendo exactamente lo que una transición no debería hacer, que es comprometer lo que no le corresponde.

Lo que sí puedo probar y lo que no

No puedo probar que esto se cocinara antes del 3 de enero. Nadie ha publicado un documento que lo demuestre y no voy a afirmarlo.

Lo que sí está a la vista es el orden de los movimientos. Extracción el 3 de enero. Ley el 29 de enero. Magistrados de veinte a treinta y dos en abril. Terremoto en junio. Mesa el 6 de agosto. Firma el 12. Licencias del Tesoro y primera discusión de la reforma judicial el 27. Anuncio del acuerdo el 28. Cifras el 29.

Cada movimiento es público y verificable. Ninguno se anunció en relación con los otros. Y ninguna de las dos partes ha publicado el contrato del que todos hablamos desde hace tres días.

La pregunta de esta casa sirve igual para el acuerdo que para la mesa: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para el acuerdo falta un documento. Para la reinstitucionalización falta una fecha.

Hasta ahora, solo una de las dos cosas parece tener quien la reclame.