ECONOMÍA · PETRÓLEO

Donald Trump lo llamó el acuerdo petrolero más grande de la historia: 17 campos venezolanos entregados a una sola empresa. Reuters fue a ver cómo va. Encontró campos sin taladros, proveedores que esperan sus pagos y una meta de un millón de barriles diarios que, según la propia PDVSA, tomaría de seis a siete años. La propaganda tiene fecha. El petróleo, no.

Donald Trump lo presentó como el mayor acuerdo petrolero de la historia: 17 campos venezolanos, con unos 64.000 millones de barriles de reservas, en manos de una sola empresa. A cambio, EE.UU. se quedó con el 35 % de la matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP) y con el derecho a comprar el 20 % de la producción a precio de costo. Un mes después de que la empresa tomara el control de los nuevos campos, Reuters fue a ver qué está pasando en el terreno. Su respuesta, publicada el viernes 30 de octubre, es que la realidad empieza a imponerse, según la agencia.

Lo que encontró Reuters

NABEP producía unos 224.000 barriles diarios a mediados de octubre y promete superar el millón. Jovanny Martínez, de PDVSA, calculó que llegar a esa meta le tomaría de seis a siete años, y advirtió que cerca del 80 % de unos 4.000 pozos inactivos de la cuenca de Maracaibo necesitan reparación, según Reuters. La producción nacional, mientras tanto, sigue estancada en torno a 1,2 millones de barriles diarios.

Un análisis satelital de principios de octubre no encontró equipos de perforación en 7 de los 17 campos. En Junín Sur había un solo taladro. Seis de las áreas nuevas son remotas y no han sido desarrolladas. En Petrozamora, el proyecto más avanzado, la producción subió de 98.000 a 115.000 barriles diarios entre septiembre y octubre, según datos internos de PDVSA. Pero trabajadores del campo describieron a Reuters maquinaria parada, instalaciones dañadas, derrames y pagos atrasados a los proveedores. Según algunas fuentes de la agencia, la empresa también ha tenido problemas para abrir cuentas bancarias.

Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, calculó que de los 64.000 millones de barriles solo unos 10.000 millones son desarrollables de forma realista en los 25 años que permite la ley venezolana. Humberto Calderón Berti, exministro de Energía, dijo estar convencido de que el acuerdo «no durará mucho».

Lo que dice NABEP, y lo que dice la Casa Blanca

La empresa respondió que tiene 60 taladros y 70 equipos pesados en camino, tres taladros perforando en el Orinoco y tres más por llegar, 13 equipos de reacondicionamiento de pozos y otros 15 en espera. Dijo que ha invertido 1.000 millones de dólares propios desde 2024 y que aumentará la reinversión anual hasta en 50 %. «Todas las facturas se están pagando, y cualquier interrupción será atendida», dijo su vocero, Terry Wade. La Casa Blanca fue más lejos: «La producción está creciendo y este acuerdo ya está dando resultados para el pueblo estadounidense», dijo su portavoz Taylor Rogers a Reuters.

El regalo que cambió de versión

El primer cargamento, un millón de barriles, llegó a Texas a finales de octubre. Trump lo llamó «un regalo», como contamos aquí. La Casa Blanca dijo que EE.UU. lo recibió sin costo. NABEP dijo primero que se había vendido bajo el derecho de compra a precio de costo, y después que se entregó gratis para celebrar el acuerdo, según Reuters. Son dos versiones de la misma transacción, sobre petróleo venezolano, y ninguna ha sido documentada.

El socio

El fundador de NABEP, Alejandro Betancourt, fue investigado en EE.UU. y en Suiza por presunto lavado de dinero vinculado a un desfalco a PDVSA. Nunca fue acusado, y la investigación estadounidense se pausó este año, según Reuters. Lo contamos en su perfil. María Corina Machado resumió su objeción en una frase que Reuters recogió: «El tema es cómo, y con quién», como contamos aquí.

Lo que no se sabe

Seis semanas después de anunciado, el acuerdo seguía sin texto público, como contamos aquí. ProPublica obtuvo un contrato de 18 páginas que no garantiza ingresos a Venezuela, como contamos aquí. Y los 14 campos nuevos se entregaron el 1 de octubre bajo acuerdos con el Gobierno de la presidenta encargada, que fue ministra de Hidrocarburos hasta marzo. No se conocen las condiciones de esos contratos, ni quién audita la producción que la empresa reporta, ni cuánto recibe el Estado por cada barril.

La distancia entre el anuncio y el pozo

El problema de NABEP no es que no haya llegado al millón de barriles en un mes. Ninguna empresa lo haría. El problema es que todo lo que se sabe del acuerdo viene de quienes lo firmaron, y lo que se sabe por fuera, de Reuters, de ProPublica o de los satélites, contradice el relato del éxito. La economía de la transición ya tiene plazos, pero se miden en anuncios. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se publiquen los contratos, que la producción la certifique alguien distinto de la empresa y que el Estado diga cuánto cobra por cada barril, incluido el del «regalo».

Para leer más en INCÍSOS

1. Las empresas que Delcy Rodríguez ofrece devolver ya se entregaban en secreto: la opacidad como método.
2. ProPublica revela que el pacto petrolero no garantiza ingresos a Venezuela: el contrato.
3. Quién es Betancourt, el socio petrolero que Machado asocia con corrupción: el socio.
4. Machado promete respetar contratos petroleros, pero pide ver el de NABEP: la oferta de la oposición.

Fuentes principales: Reuters, vía BOE Report y La Patilla (30 de octubre de 2026); PDVSA, citada por El Nacional (24 de octubre); notas de INCÍSOS.

ECONOMÍA · EXPROPIACIONES

La presidenta encargada anunció que el Estado valorará sus «activos no esenciales» para venderlos o devolverlos a sus antiguos dueños. Se lee como el fin de la estatización chavista. Pero desde 2020, bajo la Ley Antibloqueo que ella promovió, plantas expropiadas ya pasaban a manos privadas con acuerdos que nadie conoce. Lo nuevo no es la entrega, es el anuncio. Y sigue sin reglas.

«Esto está avanzado». Con esa frase, Delcy Rodríguez cerró el jueves 29 de octubre el anuncio económico más ambicioso de su alocución: el Estado valorará los «activos no esenciales» que tiene en sus manos para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios. No dijo cuáles, ni quién los valora, ni con qué método. Lo mencionamos en una línea al contar la alocución, aquí.

La lectura inmediata fue la de un giro histórico. CNN tituló que la presidenta encargada «pone fin a un pilar del chavismo», y Reuters escribió que la medida podría revertir las nacionalizaciones de Hugo Chávez, según TimesLive. La lectura es comprensible. Pero omite algo: ese pilar se venía desmontando desde hace seis años, y en secreto.

Lo que ya pasó, sin anuncio

En octubre de 2020, la Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, fue una de sus principales promotoras. «La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información», explicó el 18 de octubre de ese año. La norma permitía contratos confidenciales, desaplicar leyes vigentes y disponer de activos del Estado sin pasar por la Asamblea Nacional, según la Voz de América. Expertos citados entonces advirtieron que abría la puerta a revertir nacionalizaciones sin control público.

Eso es lo que pasó. Un mes después, los trabajadores de Agropatria, la antigua Agroisleña expropiada en 2010, supieron que su nuevo patrono era un grupo privado, según El Diario. Y una investigación de El Nacional publicada en octubre de 2026 documenta que plantas expropiadas u ocupadas como Industrias Diana, Kellogg’s, Kimberly-Clark y Goodyear operan hoy en manos de privados, bajo acuerdos amparados en esa ley y en el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), adscrito a la Vicepresidencia. El Estado conserva la propiedad y los pasivos en bolívares; los operadores se quedan con la renta. Los contratos no se publicaron.

Tres preguntas que el anuncio no responde

1. ¿Quién decide qué es «no esencial»? La categoría no existe en ninguna ley. Si la define el mismo Ejecutivo que va a vender, el Ejecutivo decide qué vende.
2. ¿Quién valora, y quién lo verifica? Una valoración sin órgano independiente ni publicación es un precio que nadie puede discutir.
3. ¿Devolver o vender, y a quién? No es lo mismo devolver una empresa a la familia a la que se le expropió que venderla a un socio nuevo del poder. El anuncio pone las dos cosas en la misma frase.

Lo que está en juego

Las expropiaciones del chavismo no solo dejaron empresas quebradas. Dejaron más de una docena de arbitrajes internacionales casi todos sin resolver, según Reuters. Cedice calcula que podrían costarle a Venezuela unos 30.000 millones de dólares, cerca del 18 % de una deuda externa estimada en 162.000 millones, según Infobae. Kellogg’s, una de las plantas que hoy opera un tercero, tiene uno de esos arbitrajes abierto. Devolver una empresa puede ser parte de la solución de esos litigios. Entregarla a otro, mientras su antiguo dueño reclama en un tribunal internacional, puede agravarlos.

Hay además un problema de secuencia. La reforma de los activos del Estado es una decisión de largo plazo que compromete a cualquier gobierno futuro. Se anuncia sin fecha electoral, sin una Asamblea con control efectivo sobre el Ejecutivo y bajo la misma ley que permitió las entregas opacas. Es lo que María Corina Machado reclamó para el petróleo en la UCAB: no se trata de si, sino de cómo y con quién, como contamos aquí. Y es lo que veníamos señalando desde los 105 acuerdos petroleros sin lista pública.

Lo que falta para que sea verificable

Devolver lo que se expropió puede ser justo, y vender lo que el Estado no sabe administrar puede ser sensato. Pero ninguna de las dos cosas se resuelve con un anuncio y una comisión que nadie conoce. Quien promovió la ley que permitió entregar empresas en secreto, como contamos en su perfil, no puede ser también quien decida, sin control, qué se devuelve y a quién. ¿Qué falta, exactamente, para que pase? Una lista pública de los activos, un método de valoración verificable, la publicación de los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo y la derogación de esa ley.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez pide que la midan por hechos; estos son los suyos: el perfil.
2. Machado promete respetar contratos petroleros, pero pide ver el de NABEP: el cómo y el con quién.
3. 105 acuerdos petroleros y ninguna lista pública: la opacidad en el petróleo.

Fuentes principales: Prensa Presidencial (29 de octubre de 2026); Reuters, vía TimesLive; CNN en Español; Infobae (30 de octubre); El Nacional (octubre de 2026); El Diario (diciembre de 2020); EFE, vía El Día; Voz de América; Transparencia Venezuela.

ECONOMÍA · TRABAJO POR APLICACIÓN

La empresa de reparto más grande de EE.UU. acordó comprar a la principal plataforma de supermercado por 65 dólares por acción. El acuerdo está firmado, pero no cerrado: necesita a los reguladores y no se concretaría antes de finales de 2027. Lo que promete, lo que calla y lo que significa para quienes viven de una aplicación, de la otra o de las dos.

DoorDash, la aplicación que lleva comida de restaurantes a la puerta de millones de casas, acordó comprar Instacart, la plataforma que hace la compra del supermercado por el cliente. El anuncio llegó el jueves 29 de octubre, tras varios días de rumores: DoorDash pagará 65 dólares por cada acción de Instacart, un 26 % más que su precio del 22 de octubre, el último día antes de que se filtraran las conversaciones. En total, unos 17.000 millones de dólares, según el comunicado de DoorDash.

En redes circula que DoorDash «acaba de comprar» Instacart. No es exacto. El acuerdo está firmado y la junta de Instacart lo aprobó por unanimidad, pero la compra no se ha concretado. Faltan el voto de los accionistas de Instacart, la revisión antimonopolio en EE.UU. y los permisos en Canadá e Israel. Las propias empresas calculan que el cierre llegará a finales de 2027 o en el primer semestre de 2028. Hasta entonces, operan por separado.

Los números del acuerdo

Al menos el 75 % del pago será en efectivo y como máximo el 25 % en acciones de DoorDash. Cada accionista de Instacart podrá elegir entre 65 dólares en efectivo, 0,3372 acciones de DoorDash o una mezcla. DoorDash pagará con su caja y con deuda, respaldada por un préstamo puente de JPMorgan, y dice que mantendrá su calificación de grado de inversión. Accionistas con cerca del 19 % de Instacart ya se comprometieron a votar a favor, según el comunicado.

Lo que compra DoorDash es el negocio de supermercado mejor montado del país. Instacart movió 37.200 millones de dólares en compras en 2025, en 338,8 millones de pedidos, con un pedido promedio de unos 115 dólares, según los cálculos de Business Model Analyst a partir de sus informes. Trabaja con más de 2.200 cadenas, en casi 100.000 tiendas, y su publicidad, las marcas que pagan por aparecer primero, deja más de 1.000 millones de dólares al año. DoorDash, en cambio, vive de pedidos más pequeños: unos 34 dólares en promedio en el segundo trimestre.

El mercado no aplaudió. DoorDash cayó cerca de 6 % el lunes 26, cuando se conocieron las conversaciones, y perdió unos 7.600 millones de dólares de valor en dos sesiones, según Business Model Analyst. Uber también conversó con Instacart, pero se retiró, según Yahoo Finance.

Lo que DoorDash promete

El comunicado hace cuatro compromisos. Instacart conserva su marca, su aplicación y su tecnología para supermercados. Los supermercados podrán seguir trabajando con cualquier otra plataforma, sin exclusividad. Quien paga hoy DashPass e Instacart+ pagará una sola membresía, un ahorro que DoorDash calcula en 100 millones de dólares al año para el conjunto de los miembros. Y los clientes de Instacart tendrán acceso a más de 50.000 tiendas adicionales.

Sobre los trabajadores, el texto dice que Dashers y shoppers tendrán «más oportunidades de ganar y más control sobre cuándo y cómo ganan», con la opción de tomar pedidos de supermercado en un día flojo y de restaurante en la hora pico. Los shoppers de Instacart, agrega, conservarán la flexibilidad para decidir cuánto trabajan y la información que usan para decidir qué batches aceptar, y podrán escoger si toman pedidos de DoorDash o siguen solo en Instacart.

Hay cosas que el comunicado no dice. No menciona el pago por pedido, las calificaciones, las desactivaciones ni el contrato de contratista independiente que firma cada trabajador.

Qué significa para quien trabaja con las aplicaciones

Hoy no cambia nada. El contrato de shopper de Instacart, con sus reglas de arbitraje y de pago, sigue vigente, igual que el de DoorDash. Ninguna de las dos empresas puede comportarse como una sola antes del cierre: la ley antimonopolio lo prohíbe.

Más pedidos, pero también más manos. La promesa central es que un mismo trabajador podrá combinar supermercado y restaurante. En las zonas con poca demanda, eso puede llenar las horas muertas. En las zonas con muchos repartidores, puede significar lo contrario: miles de Dashers compitiendo por los batches que hoy toman los shoppers. Cuál efecto pese más dependerá de cada mercado, y nadie puede saberlo todavía.

Quien trabaja con las dos pierde una ventaja. Muchos trabajadores tienen las dos aplicaciones abiertas y escogen el mejor pedido de cada una. Esa estrategia funciona porque son empresas que compiten por el mismo trabajador. Con un solo dueño, esa competencia desaparece, y las alternativas quedan en Uber, Spark Driver de Walmart, Amazon Flex y Shipt. Una empresa con los datos de ambas podría además saber quién acepta pedidos de las dos al mismo tiempo.

Dos formas de pagar. Instacart paga por batch y muestra la propina estimada antes de aceptar. DoorDash paga una tarifa base más la propina, con reglas propias en California, Nueva York y Seattle. Si algún día se unifican los sistemas, la pregunta clave para el trabajador será cuál modelo se impone.

Un contrato nuevo, tarde o temprano. Es probable que después del cierre llegue un contrato nuevo o una actualización de los términos. Conviene leerlo antes de aceptarlo, y en particular la cláusula de arbitraje y el plazo para salirse de ella, que suele ser corto.

Qué significa para el cliente

Una membresía en lugar de dos y más tiendas para escoger. El riesgo está del otro lado: menos competencia suele terminar en cargos más altos. No es una preocupación abstracta. En diciembre de 2025, Instacart pagó 60 millones de dólares para cerrar una demanda de la FTC que la acusaba de anunciar «envío gratis» y cobrar cargos de servicio que no se mostraban hasta pagar, según TheStreet. La FTC estudia además una regla sobre cargos en el reparto de comida y supermercado.

El examen de los reguladores

Instacart tiene cerca del 58 % del reparto de supermercado que hacen terceros en EE.UU., según Business Model Analyst, y DoorDash es uno de sus principales competidores. Juntas tendrían una mayoría amplia de ese mercado. En 2021 hubo conversaciones parecidas que se cayeron en parte por miedo a los reguladores. Esta vez, las empresas argumentan que el verdadero mercado incluye a Amazon y a Walmart. Las guías de fusiones de EE.UU. permiten examinar también el efecto sobre los trabajadores, no solo sobre los precios. El proceso puede terminar en una aprobación, en condiciones o en una demanda para bloquear la compra.

Criterio INCÍSOS

Para quien vive de estas aplicaciones, la noticia no es la compra, sino lo que viene después del cierre. Las promesas del comunicado son razonables, pero son promesas: no hablan de pago, de calificaciones ni de contrato. La mejor defensa del trabajador sigue siendo la misma: no depender de una sola aplicación, llevar sus propios números de cuánto gana por hora y por milla, y leer cada contrato nuevo antes de tocar «acepto». Los reguladores tendrán más de un año para hacer las preguntas que el comunicado deja abiertas.

Lo que hay que vigilar

1. Los resultados de DoorDash (4 de noviembre) e Instacart (5 de noviembre), y lo que digan sus directivos del acuerdo.
2. Si la FTC o el Departamento de Justicia piden más información, la señal de una revisión profunda.
3. Cualquier cambio en el contrato de shopper o de Dasher antes o después del cierre.
4. El precio de la membresía única cuando se anuncie.

Fuentes principales: Comunicado de DoorDash (29 de octubre de 2026); OfficeChai; Yahoo Finance; Business Model Analyst; TheStreet.