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Política

Carta pública por la juez María Lourdes Afiuni

Dieciséis años de injusticia: la familia reclama el cierre definitivo del caso. INCÍSOS reproduce de forma íntegra la carta pública suscrita por Nelson Afiuni Mora y la abogada Thelma Fernández.

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Nota de INCÍSOS INCÍSOS reproduce de forma íntegra la carta pública difundida por la familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora, suscrita por su hermano, Nelson Afiuni Mora, y por la representante legal de la familia, la abogada Thelma Fernández. El documento, dirigido al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y a la comunidad internacional, reclama el cierre definitivo de un caso que, dieciséis años después, sigue abierto. Esta casa lo publica como pieza documental, sin intervención editorial sobre su contenido, en continuidad con el reportaje que esta misma edición dedicó al caso Afiuni.

CARTA PÚBLICA

Dieciséis años de injusticia contra la juez María Lourdes Afiuni Mora

Al excelentísimo ciudadano John M. Barret, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a las autoridades democráticas del mundo, a los medios de comunicación, y a todos aquellos comprometidos con la independencia judicial y el Estado de derecho:

Han transcurrido más de dieciséis años desde que la juez penal venezolana María Lourdes Afiuni Mora fue detenida por cumplir con su deber. Su caso no es únicamente la historia de una mujer perseguida por ejercer la función judicial, es también la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformarse en un mecanismo de intimidación colectiva.

El 10 de diciembre de 2009, la juez María Lourdes Afiuni Mora dictó una decisión judicial en el ejercicio de sus funciones mediante la cual otorgó medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, cuya privación de libertad había devenido en arbitraria según la legislación venezolana y según decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por esa decisión, adoptada dentro de sus atribuciones legales y respaldada además por el referido pronunciamiento internacional, fue detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente, y sometida a un proceso injusto que continúa hasta el día de hoy.

Su medida privativa de libertad fue precedida por declaraciones públicas del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien exigió su condena en cadena nacional de radio y televisión, e incluso llegó a manifestar que, en tiempos de Simón Bolívar, la juez María Lourdes Afiuni Mora habría sido ejecutada por la decisión que había adoptado. Aquellas declaraciones no solo comprometieron gravemente la independencia judicial, sino que enviaron un mensaje inequívoco a todo el sistema de justicia venezolano: decidir conforme a la ley y al derecho podía tener consecuencias personales devastadoras.

Lo que siguió es ampliamente conocido, María Lourdes Afiuni Mora fue recluida en una cárcel común, aun cuando por su investidura le correspondía ir a un centro de reclusión especial; fue sometida a condiciones de detención absolutamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, y fue víctima de graves abusos físicos, psicológicos y sexuales que dejaron secuelas irreparables en su salud.

Paradójicamente, la propia fiscal encargada del caso dejó constancia de que nunca existió beneficio económico, pago, promesa o contraprestación alguna relacionada con la decisión judicial que motivó la acusación, circunstancia que quedó asentada textualmente en el expediente. Ante ese hecho, la referida representante fiscal recurrió a un delito que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, al que denominó «corrupción espiritual». No obstante lo anterior, María Lourdes Afiuni Mora fue igualmente condenada por el delito de corrupción propia, pese a que la norma que tipifica dicho ilícito penal exige para su consumación, la existencia de una contraprestación a cambio de la decisión adoptada por el funcionario judicial.

El caso de María Lourdes Afiuni Mora trascendió las fronteras nacionales y alcanzó notoriedad internacional, suscitando múltiples pronunciamientos de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, juristas, relatores especiales y gobiernos democráticos. Asimismo, fue presentado ante diversos foros internacionales como uno de los ejemplos más graves de persecución contra una mujer por el ejercicio de sus convicciones y el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales en el ámbito judicial.

Pero, dieciséis años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez María Lourdes Afiuni Mora continúa atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos. El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva.

El costo humano ha sido inmenso y despiadado, durante años la referida ciudadana ha estado impedida de reunirse libremente con su única hija y con sus dos nietos, ciudadanos estadounidenses que residen en los Estados Unidos desde sus nacimientos; y ha visto transcurrir más de una década de vida familiar separada por decisiones judiciales que carecen de toda justificación razonable y proporcional.

Sin embargo, el daño causado trasciende a la propia María Lourdes Afiuni, su caso produjo lo que hoy es conocido dentro y fuera de Venezuela como el «Efecto Afiuni», que no es otra cosa que el miedo de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia frente a asuntos comprometidos políticamente. Por lo tanto, la detención y posterior tortura de una juez por tomar una decisión jurisdiccional ajustada a derecho, se convirtió en un mensaje ejemplarizante para todo el Poder Judicial en nuestro país, y en uno de los símbolos más visibles de la pérdida de autonomía institucional en Venezuela.

Por otra parte, meses atrás fue aprobada en Venezuela una Ley de Amnistía presentada como un instrumento orientado a promover la reconciliación nacional. Sin embargo, dicha normativa excluyó a la jueza María Lourdes Afiuni Mora. Asimismo, en fechas recientes, la ciudadana Delcy Rodríguez anunció la realización de una amplia consulta nacional destinada a impulsar una reforma de la justicia penal, con el propósito de transformar el sistema judicial. En este contexto, resulta imposible concebir una reconciliación genuina mientras se continúe ignorando a las víctimas y no se reparen los daños ocasionados por procesos judiciales utilizados como mecanismos de persecución y revancha política.

De igual manera, no puede hablarse de una justicia plena y efectiva ni de una verdadera transformación del sistema de justicia mientras casos tan emblemáticos y sensibles para el ámbito judicial, como el de María Lourdes Afiuni Mora, permanezcan sin una resolución definitiva que restablezca plenamente sus derechos y reivindique la independencia del Poder Judicial en nuestro país.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero urgente a las representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, en especial a la de Estados Unidos, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los relatores de Naciones Unidas, a los medios de comunicación, y a todas las instituciones comprometidas con la defensa del Estado de derecho para que mantengan su atención sobre este caso y contribuyan, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva.

Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley.

Después de dieciséis años, María Lourdes Afiuni Mora merece justicia y Venezuela necesita que esta página oscura de su historia judicial sea finalmente cerrada.

NELSON AFIUNI MORA Hermano de la Juez María Lourdes Afiuni Mora
ABG. THELMA FERNÁNDEZ Representante legal de la familia Afiuni Mora

Documento reproducido de forma íntegra por INCÍSOS. El contenido y las afirmaciones corresponden a sus firmantes.

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

El Senado revisará Venezuela a puerta cerrada el 1 de octubre

Una sesión clasificada, sin transmisión, con el subsecretario para el Hemisferio Occidental y el director de Planificación de Políticas.

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POLÍTICA · EE.UU. – VENEZUELA

El Comité de Relaciones Exteriores citó a dos funcionarios del Departamento de Estado a una sesión clasificada titulada «Update on Venezuela». La fecha electoral y el regreso de María Corina Machado estarían en la conversación.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl Comité de Relaciones Exteriores del Senado tendrá una sesión clasificada sobre Venezuela.
QuiénSenadores del comité y los funcionarios del Departamento de Estado Juan Segura y Jeremy Lewin.
CuándoJueves 1 de octubre de 2026, a las 10:30 a. m.
DóndeSenado de Estados Unidos, Washington.
Por quéCrece la presión en el Congreso por una hoja de ruta electoral venezolana.
CómoEn sesión clasificada, sin transmisión en video.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos programó para el jueves 1 de octubre de 2026, a las 10:30 de la mañana, una sesión titulada «Update on Venezuela». Tendrá carácter clasificado y no será transmitida, según información de NTN24 recogida por El Nacional y Semana.

La agenda del comité prevé la participación de Juan Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y de Jeremy Lewin, director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado.

Qué se discutiría

Según esos reportes, la fecha de las elecciones y el eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela estarían entre los asuntos. La premio Nobel de la Paz 2025 acumula, según su equipo, al menos siete intentos frustrados de regreso desde diciembre de 2025. El 24 de septiembre, NTN24 difundió una imagen atribuida al sistema del Saime, entregada por una fuente cercana al gobierno encargado, según la cual no pesaría ya restricción sobre su ingreso. El Saime no lo ha confirmado.

El contexto en el Congreso

La sesión ocurre una semana después del encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York y del informe de Reuters que sitúa las elecciones no antes de finales de 2027. Algunos legisladores han pedido públicamente un calendario electoral; el senador Bernie Moreno propuso el 24 de julio de 2027 como fecha.

Al ser clasificada, la sesión no producirá registro público. Lo verificable será lo que digan los senadores al salir y si el Departamento de Estado publica algún cronograma después.


Fuentes principales: El Nacional y Semana, 25 de septiembre de 2026, con base en información de NTN24; El Pitazo, 25 de septiembre de 2026; Reuters, 25 de septiembre de 2026.

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Política

Fuentes de Reuters sitúan las elecciones venezolanas a finales de 2027

La secuencia TSJ, CNE, registro y elección tiene tiempos propios. Fuentes consultadas por Reuters no ven votación antes de finales de 2027.

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Protesters holding signs demanding free elections and political amnesty in Venezuela

POLÍTICA · VENEZUELA · ELECCIONES

Cinco fuentes políticas y analistas consultados por Reuters consideran improbable una votación antes de finales de 2027. La razón: la renovación del TSJ y del CNE va primero, y Washington no muestra prisa.

Las 6W · INCÍSOS

QuéFuentes consultadas por Reuters ven improbables elecciones antes de finales de 2027.
QuiénCinco fuentes de partidos cercanos al gobierno encargado y a la oposición, y analistas de Eurasia Group y Teneo.
CuándoReporte del 25 de septiembre de 2026.
DóndeVenezuela y Washington.
Por quéLa renovación de 32 magistrados y cinco rectores del CNE precede a cualquier convocatoria.
CómoPor la secuencia institucional acordada en la mesa y la baja urgencia atribuida a Washington.

El mismo día en que cerró el segundo ciclo de la mesa de Caracas, Reuters publicó que las elecciones prometidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez podrían demorarse un año o más. Dos de las cinco fuentes consultadas por la agencia consideraron improbable una votación antes de finales de 2027.

La secuencia

El centro del retraso, según el reporte, es el reemplazo de los 32 magistrados del TSJ y de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral. Aun con un CNE instalado, quedaría actualizar el registro de votantes, garantizar que todos los partidos puedan competir y definir cómo se emitirán y contarán los votos. Dos personas familiarizadas con las conversaciones estimaron que esa fase por sí sola podría tomar alrededor de un año.

Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group, dijo a Reuters que el gobierno estadounidense prioriza la estabilidad económica y los acuerdos petroleros, con poca urgencia aparente por una nueva votación. Nicholas Watson, de Teneo, describió la transición como un proceso de largo plazo sin fecha definida.

Lo que dijo Rodríguez en Nueva York

El miércoles 23 de septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Rodríguez afirmó que en Venezuela habrá elecciones en igualdad de condiciones. No dio fecha. El mismo día, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos quiere una república duradera y que el riesgo sería que alguien resultara elegido y heredara una catástrofe económica y social.

Por qué le importa a la diáspora

Un horizonte de finales de 2027 o después cambia los cálculos de millones de venezolanos en Estados Unidos: sobre el regreso, sobre el voto en el exterior y sobre los procesos migratorios en curso. El registro electoral fuera del país, que exige residencia legal en el país de acogida, es una de las tareas que el nuevo CNE tendría que resolver, y ninguna de las dos actas de la mesa lo menciona.


Fuentes principales: Reuters, 25 de septiembre de 2026 (vía El Nacional, El Carabobeño y Noticiero Digital); Discurso de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU, 23 de septiembre de 2026 (vía Telemundo 51); Rueda de prensa de Marco Rubio, 23 de septiembre de 2026 (vía Diario Las Américas).

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Política

Washington ya habla de elecciones venezolanas entre 2027 y 2028

Trump habló de elecciones con Delcy Rodríguez sin fijar fecha. Sus funcionarios manejan 2027 o 2028 y ponen la deuda como condición previa.

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Dos comunicados el mismo día: la Asamblea de 2015 y los que exigen elecciones

POLÍTICA · EE.UU. – VENEZUELA · ELECCIONES

Axios y Reuters llegaron por fuentes distintas al mismo horizonte. La condición que Washington pone primero no es electoral: es una deuda que la Casa Blanca calcula en 300.000 millones de dólares.

Las 6W · INCÍSOS

QuéFuncionarios estadounidenses sitúan las elecciones venezolanas entre 2027 y 2028, sin fecha fijada.
QuiénDonald Trump, Delcy Rodríguez y funcionarios de la Casa Blanca citados por Axios; fuentes de Reuters.
CuándoReunión del martes 22 de septiembre de 2026; reportes del 23 y el 25 de septiembre.
DóndeNueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.
Por quéWashington condiciona la fecha a la reestructuración de la deuda y a la renovación del TSJ y el CNE.
CómoMediante un plan de tres pasos: TSJ, CNE y, al final, anuncio de la fecha.

Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunieron cerca de 15 minutos el martes 22 de septiembre de 2026 en un hotel de Manhattan, al margen de la Asamblea General de la ONU. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por Axios, Trump le dijo que al final tiene que haber elecciones. No fijó fecha.

El sábado 26 de septiembre, preguntado por la prensa en la Casa Blanca, Trump confirmó que hablaron de elecciones y describió a Rodríguez como muy amable, según El Comercio.

Lo que dicen los funcionarios

Fuentes de la administración consultadas por Axios consideran que el verano o el otoño de 2028 daría más tiempo para la reforma institucional y la reconstrucción económica. Un funcionario dijo que 2027 sería ideal si fuera posible, y agregó que el proceso no puede alargarse indefinidamente. La propuesta del senador Bernie Moreno, que plantea el 24 de julio de 2027, es vista por esas fuentes como demasiado próxima.

Reuters, por otra vía, llegó el 25 de septiembre a una conclusión parecida: dos de sus cinco fuentes consideraron improbable una votación antes de finales de 2027.

La condición que va primero

El dato nuevo de Axios es la cifra de la deuda. Un funcionario de la Casa Blanca la situó en unos 300.000 millones de dólares, por encima del producto interno bruto del país, y sostuvo que Venezuela no puede prosperar hasta resolverla. Las estimaciones privadas publicadas en mayo, cuando comenzó el proceso formal de reestructuración, rondaban los 170.000 millones. La diferencia de criterio sobre qué se cuenta como deuda es, por sí sola, parte del problema.

El plan que describe Axios tiene tres pasos: recomponer el TSJ, reformar el CNE y anunciar la fecha. La mesa de Caracas acaba de dar el primer paso con un consejo de siete juristas; la comisión preliminar del Comité de Postulaciones sigue sin fecha.

Una fecha con aritmética constitucional

Una elección en 2028 ocurriría más de cuatro años después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, cuando ya habría transcurrido más de la mitad del periodo constitucional en disputa. Ese detalle, que el Departamento de Estado no ha comentado, tiene consecuencias sobre quién completa el periodo según la Constitución de 1999, y es parte de la discusión que la mesa no ha abierto.

Esta nota se origina en el programa INCISOS, que se emite en el canal de Nitu Pérez Osuna. La emisión completa del miércoles 23 de septiembre de 2026 está disponible aquí.


Fuentes principales: Axios, 23 de septiembre de 2026 (vía TalCual, Efecto Cocuyo, CiberCuba y AlbertoNews); Reuters, 25 de septiembre de 2026; El Comercio (Perú), 26 de septiembre de 2026; Infobae, 13 de mayo de 2026; Programa INCISOS en el canal de Nitu Pérez Osuna, emisión del 23 de septiembre de 2026.

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