Política
Afiuni en 2026: el símbolo que mide si la transición venezolana va en serio con la justicia
Dieciséis años después, María Lourdes Afiuni sigue sin libertad plena mientras la transición de 2026 promete reformar la justicia. Por qué su caso es la prueba
Dieciséis años después, María Lourdes Afiuni sigue sin libertad plena mientras la transición de 2026 promete reformar la justicia. Por qué su caso es la prueba de fuego. Reportaje, parte 3.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
| LAS 6 PREGUNTAS | |
|---|---|
| Dimensión | Afiuni sigue sin libertad plena y la transición habla de reformar la justicia |
| Qué | La situación sin resolver de Afiuni en plena transición venezolana. |
| Quién | María Lourdes Afiuni, el gobierno de transición y las ONG. |
| Cuándo | En 2026, dieciséis años después de su detención. |
| Dónde | En Venezuela, bajo un gobierno que promete reformar la justicia. |
| Cómo | Con una causa que activistas piden cerrar como gesto de credibilidad. |
| Por qué | Porque su caso mide si la transición reconstruye o solo renombra. |
Las dos primeras partes de este reportaje contaron qué le hicieron a la jueza María Lourdes Afiuni y por qué. Esta tercera parte se ocupa del presente, y del modo en que un caso de hace dieciséis años se ha convertido, en 2026, en la prueba de fuego de la transición venezolana. Porque mientras el nuevo gobierno encargado habla de «reforma profunda» de la justicia y promueve liberaciones de presos políticos, la mujer que se volvió el símbolo del sometimiento de los jueces sigue sin libertad plena. Y eso, más que cualquier discurso, dice dónde está realmente la transición.
Conviene precisar qué significa hoy «sin libertad plena», porque el matiz es el mismo que afecta a cientos de excarcelados. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía y una ola de liberaciones. Pero, como ha documentado el Foro Penal, la mayoría de esas excarcelaciones se concedieron bajo medidas cautelares: prohibición de salir del país, presentación periódica ante tribunales, a veces la obligación de no hablar con la prensa, y —el punto decisivo— con las causas judiciales todavía abiertas. El vicepresidente del Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob, lo dijo con claridad: mientras la causa sigue abierta y persisten las medidas, no se puede hablar de libertad plena. Es exactamente la situación en la que el caso Afiuni ha permanecido, en distintas formas, durante años: una libertad vigilada que nunca termina de serlo.
La propia Afiuni ha puesto el dedo en la llaga con una ironía amarga. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, anunció en mayo de 2026 una nueva tanda de liberaciones de presos políticos, Afiuni respondió en la red social X con una pregunta que lo resume todo: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?». No es solo ironía: es la voz de quien ha visto pasar ola tras ola de anuncios sin que su propio caso se cierre. Quien fue durante ocho años presidenta de un tribunal de control de Caracas mide ahora el tiempo en penas cumplidas de sobra y promesas incumplidas.
Y aquí el caso se vuelve termómetro de algo más grande. El director de la organización Acceso a la Justicia, el abogado Alí Daniels, lo planteó como un desafío directo al gobierno de transición: «Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni». La frase tiene una lógica precisa. Afiuni no es un preso político más: es el caso fundacional del sometimiento judicial, el símbolo con el que el chavismo enseñó a los jueces a obedecer. Resolver su situación —con libertad plena, sobreseimiento y reconocimiento del daño— sería la señal más potente de que la justicia venezolana de verdad está cambiando de lógica. Dejarla sin resolver, mientras se renuevan magistrados y se anuncian reformas, sería la prueba de que cambian los nombres y no el método.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
El inciso conecta este caso con todo lo que esta casa viene analizando sobre la transición. En nuestro especial sobre la institucionalidad sostuvimos que reconstruir la justicia no es renovar funcionarios, sino devolverle a las reglas el valor que perdieron; y que la vara para medirlo es si las instituciones recuperan autonomía frente a quien las nombra. El caso Afiuni ofrece una vara aún más concreta y humana: una transición que se tomara en serio la reconstrucción de la justicia empezaría por reparar a quien fue castigada, precisamente, por ejercerla con independencia. No como un favor, sino como un acto de coherencia: no se puede prometer una justicia autónoma y mantener en el limbo a la jueza que pagó con dieciséis años el haber sido autónoma. La pregunta de INCÍSOS, al cierre de este reportaje, es la misma que recorre toda la transición: ¿qué falta, exactamente, para que el caso Afiuni se cierre con justicia y no con olvido? Falta voluntad, falta coherencia, y falta entender que mientras Afiuni no tenga libertad plena, la promesa de una nueva justicia venezolana tendrá, en su propio expediente, la prueba de que todavía no ha llegado. El país que aprendió a obedecer mirando su castigo solo creerá en el cambio cuando vea su reparación.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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VITRINA POLÍTICA · MESA DE CARACAS
Las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea Nacional de 2015 instalaron el viernes la cuarta ronda de negociación en el Gran Meliá de Caracas. Sin prensa, sin declaraciones y sin plazo fijo. En la agenda están la ley de partidos, la Contraloría y el CNE. Los 321 presos políticos que cuenta el Foro Penal, todavía no.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La instalación del cuarto ciclo de la negociación política. |
|---|---|
| Quién | La delegación del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Viernes 13 de noviembre de 2026. Se espera que dure alrededor de una semana. |
| Dónde | En el hotel Gran Meliá de Caracas, a puerta cerrada. |
| Por qué | Para reformar las leyes que permitan renovar las instituciones y llegar a unas elecciones. |
| Cómo | Sin declaraciones públicas previstas; solo los fotógrafos tuvieron acceso. |
La cuarta ronda de la Mesa de Caracas empezó como empezaron las anteriores: en un salón del Gran Meliá, con las puertas cerradas. Las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea Nacional de 2015 la instalaron el viernes 13 de noviembre. Solo entraron los fotógrafos, y no hay declaraciones públicas previstas (El Diario; TalCual).
La ronda debería durar alrededor de una semana, aunque podría alargarse, y arranca sin plazos fijos (TalCual). Es la primera desde que María Corina Machado regresó al país. Machado no participa, pero según los reportes ve la negociación con optimismo (El Diario).
Imagen destacada: Foto de archivo: Sam Wilson / Wikimedia Commons · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 4.0 · Adaptación de tamaño para web. Imagen ilustrativa; no corresponde al lugar específico del hecho.
Lo que está sobre la mesa
La exdiputada Desiree Barboza, que integra la mesa técnica de garantías políticas, adelantó los temas de la oposición: cambiar o derogar la ley de partidos y la ley contra el financiamiento del terrorismo, que se ha usado contra manifestantes; reformar la ley de la Contraloría, en particular el procedimiento de inhabilitación que alcanzó a Machado, y atender la situación de los exiliados. También seguirá la renovación del Tribunal Supremo, que todavía recibe postulaciones (El Diario).
El chavismo no publicó su agenda. Sus exigencias conocidas son el levantamiento de las sanciones y la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra, un punto que se acordó en la primera ronda y que no se ha cumplido (El Diario; EFE, vía Infobae).
El camino hacia las elecciones
Para Barboza, lo primero es renovar el Consejo Nacional Electoral. El Gobierno de EE.UU., según El Diario, espera que, una vez designados los nuevos rectores, la presidenta encargada declare la falta absoluta y se abra un lapso de seis meses para elegir (El Diario). Ese es el calendario que se negocia. Ninguna de las partes lo ha confirmado en público.
Los que no están en la agenda
Fuentes de la oposición esperan que se hable de los presos políticos, pero el tema no ha estado formalmente en la agenda (El Diario). Según el Foro Penal, al 9 de noviembre había 321 presos políticos en Venezuela: 181 civiles y 140 militares (Infobae). La víspera de la ronda, la diputada Dinorah Figuera había dicho que esperaba nuevas excarcelaciones. El diputado Jorge Arreaza respondió que la comisión que instaló el Parlamento para revisar casos de presos con retardo procesal no tiene relación con esas declaraciones (AlbertoNews).
La ronda empieza, además, con dos casos a la vista. En Ramo Verde, 36 militares cumplen cinco días de huelga de hambre, y el viernes se suspendieron las visitas a todo el penal (Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde). Y Perkins Rocha recibió por fin, ese mismo viernes, a los eurodiputados que la policía le había impedido ver (Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha).
Criterio INCÍSOS
Que se negocie a puerta cerrada no es extraño: casi todas las negociaciones serias se hacen así. Lo que preocupa es que, tras cuatro rondas, el país sigue sin conocer un acta, un acuerdo firmado o un calendario. El oro del Banco de Inglaterra se acordó en la primera ronda y no se ha ejecutado. Si lo que ya se pactó no se cumple, cuesta creer que lo que se pacte ahora se vaya a cumplir.
Y hay un orden que no se debería alterar. Antes de discutir partidos y rectores, la Mesa tendría que garantizar que nadie esté preso por sus ideas. Una negociación con 321 presos políticos de por medio es una negociación con rehenes.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que las delegaciones publiquen al cierre de la ronda lo que acordaron; que los presos políticos sean el primer punto y no el último; que se ponga fecha a la renovación del CNE, y que lo ya pactado, como el oro, se ejecute antes de pactar lo nuevo.
Para leer más en INCÍSOS
- La cuarta ronda de la Mesa arranca con Rocha en el aire: la agenda de la cuarta ronda.
- La AN revisará casos de presos con retardo procesal: presos comunes y presos políticos.
- Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde: la huelga en Ramo Verde.
- Todo a puerta cerrada: el Inciso.
Fuentes principales: El Diario; TalCual, instalación; TalCual, sin plazos; EFE, vía Infobae; Infobae, Foro Penal; AlbertoNews.
VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS
Treinta y seis militares cumplen cuatro días sin comer en Ramo Verde para exigir que se revisen sus causas y se les aplique la Ley de Amnistía. Ocho tuvieron que ser hidratados, y sus familiares denuncian que los dejaron sin agua potable y sin baños. El viernes se suspendieron las visitas a los 235 presos del penal y se militarizaron los accesos.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una huelga de hambre de militares presos y la suspensión de visitas en el penal. |
|---|---|
| Quién | 36 militares, entre ellos 21 sargentos de la Guardia Nacional detenidos por el caso Cotiza, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. |
| Cuándo | Desde el lunes 9 de noviembre de 2026. Las visitas se suspendieron el viernes 13. |
| Dónde | En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda. |
| Por qué | Por el retardo procesal y para pedir que se les apliquen los beneficios de la Ley de Amnistía. |
| Cómo | Sin comer, aislados en el patio del penal, según el OVP. |
En Ramo Verde, 36 militares presos dejaron de comer el lunes 9 de noviembre. El viernes 13 cumplieron cuatro días. Ocho de ellos sufrieron descompensaciones y el personal médico tuvo que hidratarlos, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones con base en el testimonio de sus familiares (El Diario; Crónica Uno).
Los descompensados son los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, el teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara, todos vinculados a la causa de Cotiza (El Diario). Son 21 sargentos de la Guardia Nacional, 13 oficiales y dos mujeres (El Nacional). A los sargentos los detuvieron en 2019 por el alzamiento de Cotiza; con el paso de los días se sumaron presos de los casos Sukhoi, El Palito y Paramacay (La Patilla; Aporrea).
Imagen destacada: Ilustración conceptual creada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía del hecho.
Sin agua y sin visitas
Los familiares denuncian que la dirección del penal ordenó restringirles el acceso al patio, al agua potable y a los baños. El OVP afirma que están aislados en la cancha de la cárcel (El Diario; El Nacional). La abogada Tamara Suju había denunciado desde el martes «castigos brutales» contra los huelguistas (La Patilla).
El viernes, la respuesta fue cerrar el penal. Se suspendieron las visitas para los 235 privados de libertad de Ramo Verde, no solo para los huelguistas, y los accesos quedaron militarizados (El Diario). Antes, los presos se habían colgado de los barrotes con una tela que decía «presos políticos», para que sus familias los vieran desde afuera (El Nacional).
Lo que piden
Que se revisen sus expedientes, que se investiguen las irregularidades de sus procesos y que se les concedan los beneficios de la Ley de Amnistía aprobada en febrero. Según el OVP, ninguna autoridad se ha presentado a dialogar con ellos, ni del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo (El Diario; El Nacional).
El Foro Penal cuenta 140 presos políticos militares de un total de 321 (Infobae). Esta semana, la corte de Carabobo ratificó los 30 años de condena del capitán Juan Carlos Caguaripano, precisamente por el caso Paramacay (Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha).
Criterio INCÍSOS
Una huelga de hambre es el último recurso de quien ya no tiene otro. Que un Estado responda suspendiendo las visitas a 235 personas y restringiendo el agua a quienes no comen no es control: es castigo. Y castigo colectivo, porque paga también el preso que no hizo huelga y la familia que viajó a verlo.
La Ley de Amnistía benefició, según el Gobierno, a más de 9.000 personas. Si estos militares cumplen los requisitos, la ley debe aplicarse; si no los cumplen, hay que decirles por qué, con el expediente en la mano. Lo que no puede pasar es que la única respuesta sea el silencio, mientras la Mesa de Caracas negocia en un hotel.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público entren hoy a Ramo Verde; que se restituyan el agua, los baños y las visitas; que un tribunal revise los expedientes de los 36, y que la delegación opositora ponga el caso en la mesa esta misma semana.
Para leer más en INCÍSOS
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: Caguaripano y Paramacay.
- La cuarta ronda se instala a puerta cerrada y sin declaraciones: la cuarta ronda.
- Poggioli pide sacar a los militares de la administración pública: la Fuerza Armada.
Fuentes principales: El Diario; El Nacional; Crónica Uno; La Patilla, Cotiza; La Patilla, Tamara Suju; Aporrea; Infobae, Foro Penal.
Política
Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha
La puerta se abrió, la orden sigue sin firma.
VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS
Después de dos días de bloqueo policial, los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías entraron el viernes a la casa de Perkins Rocha en Caracas. «Es una medida anacrónica y sin sentido», dijo Tertsch sobre las trabas. La esposa de Rocha desafió a los agentes: ningún tribunal ha prohibido las visitas.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La visita de dos eurodiputados a Perkins Rocha, en arresto domiciliario. |
|---|---|
| Quién | Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, eurodiputados españoles; Perkins Rocha y su esposa, María Costanza Cipriani. |
| Cuándo | La tarde del viernes 13 de noviembre de 2026, tras los bloqueos del miércoles y el jueves. |
| Dónde | En la residencia de Rocha, en Caracas. |
| Por qué | Para verificar su situación, después de que la PNB impidiera las visitas sin orden judicial. |
| Cómo | Pese a los policías apostados frente a la vivienda. |
La puerta de Perkins Rocha se abrió el viernes. Los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías entraron por la tarde a la residencia del abogado en Caracas, donde cumple arresto domiciliario (El Nacional; La Patilla). El jueves, los policías apostados alrededor de la casa les habían impedido el paso. El miércoles, la Policía Nacional Bolivariana había bloqueado a periodistas y frustrado una reunión con representantes de Naciones Unidas (El Nacional).
«Es una medida anacrónica y sin sentido», dijo Tertsch sobre las restricciones, que a su juicio contradicen el proceso en curso y lo dicho por un funcionario estadounidense. Añadió que están «poniéndole piedras al camino» a algo que ya no se podrá detener (El Nacional).
Imagen destacada: Foto de archivo: Stanisław Ludwiński · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 3.0 · Adaptación de tamaño para web. Imagen ilustrativa; no corresponde al lugar específico del hecho.
«Pregúntame si el tribunal prohibió las visitas»
María Costanza Cipriani, esposa de Rocha, encaró a los agentes: «A mí tú me puedes preguntar si el tribunal prohibió las visitas». La defensa del abogado ya había confirmado ante el tribunal que no hay ninguna restricción de visitas (El Nacional). Vente Venezuela celebró en X que los eurodiputados pudieran entrar pese a la «arbitrariedad de los funcionarios policiales» (Vente Venezuela).
El jueves, el canciller Oliver Blanco había desmentido que la Cancillería ordenara impedir la visita (Bloquean a eurodiputados en casa de Rocha y Blanco niega la orden). Nadie ha dicho todavía quién dio la orden que la policía cumplió durante dos días.
Criterio INCÍSOS
Que los eurodiputados entraran es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo. Rocha no debería depender de la presión internacional para recibir visitas que la ley le permite. Si hicieron falta dos días, una denuncia pública y dos diputados extranjeros para que se cumpliera lo que el tribunal nunca prohibió, quiere decir que la orden sin firma sigue ahí.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Ministerio de Interior diga quién ordenó el cerco; que se retire la vigilancia que impide las visitas; que cualquier venezolano, y no solo una delegación extranjera, pueda ver a Rocha, y que su caso llegue a la Mesa de Caracas.
Para leer más en INCÍSOS
- Bloquean a eurodiputados en casa de Rocha y Blanco niega la orden: el bloqueo del jueves.
- ¿Quién manda en mi casa?: el Inciso del viernes.
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: el cerco del miércoles.
Fuentes principales: El Nacional; La Patilla; Vente Venezuela.
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