Política
Afiuni en 2026: el símbolo que mide si la transición venezolana va en serio con la justicia
Dieciséis años después, María Lourdes Afiuni sigue sin libertad plena mientras la transición de 2026 promete reformar la justicia. Por qué su caso es la prueba
Dieciséis años después, María Lourdes Afiuni sigue sin libertad plena mientras la transición de 2026 promete reformar la justicia. Por qué su caso es la prueba de fuego. Reportaje, parte 3.
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|---|---|
| Dimensión | Afiuni sigue sin libertad plena y la transición habla de reformar la justicia |
| Qué | La situación sin resolver de Afiuni en plena transición venezolana. |
| Quién | María Lourdes Afiuni, el gobierno de transición y las ONG. |
| Cuándo | En 2026, dieciséis años después de su detención. |
| Dónde | En Venezuela, bajo un gobierno que promete reformar la justicia. |
| Cómo | Con una causa que activistas piden cerrar como gesto de credibilidad. |
| Por qué | Porque su caso mide si la transición reconstruye o solo renombra. |
Las dos primeras partes de este reportaje contaron qué le hicieron a la jueza María Lourdes Afiuni y por qué. Esta tercera parte se ocupa del presente, y del modo en que un caso de hace dieciséis años se ha convertido, en 2026, en la prueba de fuego de la transición venezolana. Porque mientras el nuevo gobierno encargado habla de «reforma profunda» de la justicia y promueve liberaciones de presos políticos, la mujer que se volvió el símbolo del sometimiento de los jueces sigue sin libertad plena. Y eso, más que cualquier discurso, dice dónde está realmente la transición.
Conviene precisar qué significa hoy «sin libertad plena», porque el matiz es el mismo que afecta a cientos de excarcelados. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía y una ola de liberaciones. Pero, como ha documentado el Foro Penal, la mayoría de esas excarcelaciones se concedieron bajo medidas cautelares: prohibición de salir del país, presentación periódica ante tribunales, a veces la obligación de no hablar con la prensa, y —el punto decisivo— con las causas judiciales todavía abiertas. El vicepresidente del Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob, lo dijo con claridad: mientras la causa sigue abierta y persisten las medidas, no se puede hablar de libertad plena. Es exactamente la situación en la que el caso Afiuni ha permanecido, en distintas formas, durante años: una libertad vigilada que nunca termina de serlo.
La propia Afiuni ha puesto el dedo en la llaga con una ironía amarga. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, anunció en mayo de 2026 una nueva tanda de liberaciones de presos políticos, Afiuni respondió en la red social X con una pregunta que lo resume todo: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?». No es solo ironía: es la voz de quien ha visto pasar ola tras ola de anuncios sin que su propio caso se cierre. Quien fue durante ocho años presidenta de un tribunal de control de Caracas mide ahora el tiempo en penas cumplidas de sobra y promesas incumplidas.
Y aquí el caso se vuelve termómetro de algo más grande. El director de la organización Acceso a la Justicia, el abogado Alí Daniels, lo planteó como un desafío directo al gobierno de transición: «Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni». La frase tiene una lógica precisa. Afiuni no es un preso político más: es el caso fundacional del sometimiento judicial, el símbolo con el que el chavismo enseñó a los jueces a obedecer. Resolver su situación —con libertad plena, sobreseimiento y reconocimiento del daño— sería la señal más potente de que la justicia venezolana de verdad está cambiando de lógica. Dejarla sin resolver, mientras se renuevan magistrados y se anuncian reformas, sería la prueba de que cambian los nombres y no el método.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
El inciso conecta este caso con todo lo que esta casa viene analizando sobre la transición. En nuestro especial sobre la institucionalidad sostuvimos que reconstruir la justicia no es renovar funcionarios, sino devolverle a las reglas el valor que perdieron; y que la vara para medirlo es si las instituciones recuperan autonomía frente a quien las nombra. El caso Afiuni ofrece una vara aún más concreta y humana: una transición que se tomara en serio la reconstrucción de la justicia empezaría por reparar a quien fue castigada, precisamente, por ejercerla con independencia. No como un favor, sino como un acto de coherencia: no se puede prometer una justicia autónoma y mantener en el limbo a la jueza que pagó con dieciséis años el haber sido autónoma. La pregunta de INCÍSOS, al cierre de este reportaje, es la misma que recorre toda la transición: ¿qué falta, exactamente, para que el caso Afiuni se cierre con justicia y no con olvido? Falta voluntad, falta coherencia, y falta entender que mientras Afiuni no tenga libertad plena, la promesa de una nueva justicia venezolana tendrá, en su propio expediente, la prueba de que todavía no ha llegado. El país que aprendió a obedecer mirando su castigo solo creerá en el cambio cuando vea su reparación.
Alfredo Yánez
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Política
La reconstrucción avanza sobre 13.000 viviendas de 41.624 afectadas
51.124 edificaciones inspeccionadas, 18% con etiqueta roja y 346.755 toneladas de escombros retiradas: el 16,51% del despeje total.
A seis semanas del doble sismo, el gobierno encargado reporta trabajos en 13.000 viviendas y 287 entregadas. El daño alcanza 41.624 hogares y el despeje de escombros llega al 16,51%.
| QUÉ | El balance oficial de reconstrucción tras el doble terremoto permite medir ritmo contra magnitud. |
| QUIÉN | Delcy Rodríguez, la comisión de habitabilidad de Francisco Garcés y el plan Venezuela Renace de Jacqueline Faría. |
| CUÁNDO | Sismos el 24 de junio de 2026. Balances del 5 y 8 de agosto de 2026. |
| DÓNDE | Zona norte del país. La Guaira y Yaracuy concentran el daño más severo. |
| POR QUÉ | El Banco Mundial advirtió que una reconstrucción lenta comprometería la recuperación de la próxima década. |
| CÓMO | Inspección con etiquetado de riesgo, reparación de viviendas recuperables y construcción de obra nueva. |
El 24 de junio de 2026, a las 18:04 hora local, un sismo de magnitud 7,2 se originó a veintitrés kilómetros de San Felipe, capital de Yaracuy, a 20,3 kilómetros de profundidad. Un segundo movimiento, de magnitud 7,5, completó el doblete.
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Lo hecho
Una comisión presidencial encabezada por el ministro de Transporte Francisco Garcés desplegó 3.071 inspectores que revisaron 51.124 edificaciones. El 58% recibió etiqueta verde, que autoriza la ocupación. El 23% quedó en amarillo, con exigencia de nuevas revisiones. El 18% fue marcado en rojo por el nivel de peligro detectado.
El 20 de julio, 240 familias recibieron vivienda en un acto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. El balance oficial posterior eleva la cifra a 287 viviendas entregadas.
El miércoles 5 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se ejecutan trabajos de recuperación en más de 13.000 viviendas, que beneficiarían a unas 66.000 personas. Jacqueline Faría, presidenta del plan Venezuela Renace, había detallado días antes que la reconstrucción avanza sobre 11.794 viviendas: 4.393 casas unifamiliares o bifamiliares y 7.401 apartamentos distribuidos en 228 edificios.
El jueves 30 de julio se anunció el inicio de construcción de 1.875 viviendas nuevas. La ONG TECHO proyecta levantar al menos 200 casas prefabricadas.
El despeje de escombros acumula 346.755 toneladas retiradas, equivalentes al 16,51% del total.
Lo pendiente
El balance oficial más reciente contabiliza más de 6.100 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin hogar. La cifra de fallecidos ha crecido de forma sostenida —4.561 al 13 de julio, más de 5.500 al 30 de julio— por identificación progresiva de víctimas, no por eventos nuevos.
Los hogares perjudicados suman 41.624. De las estructuras dañadas, 2.654 quedaron gravemente comprometidas o destruidas; en ellas vivían 37.611 personas. Colapsaron 190 edificios y otros 856 sufrieron daños.
El Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares y advirtió que una reconstrucción lenta afectaría la recuperación económica del país durante la próxima década.
La aritmética del calendario
La meta oficial es entregar 4.000 viviendas entre julio y diciembre de 2026, con una proyección superior a 10.000 para 2027. La necesidad estimada asciende a 25.000 casas.
Con 287 viviendas entregadas al cabo de las primeras seis semanas, alcanzar 4.000 antes del 31 de diciembre exige multiplicar el ritmo actual varias veces en los cuatro meses y medio restantes.
Aun cumpliendo esa meta, y sumando la proyección de 2027, el horizonte para cubrir las 25.000 unidades necesarias se extiende más allá de 2028.
Mientras tanto, miles de personas continúan en calles, plazas, refugios temporales y campamentos improvisados.
Por qué está primero en la mesa
La atención a las víctimas del terremoto es el primer eje de la agenda de negociación instalada en Caracas el 6 de agosto, por delante del fortalecimiento democrático y de los derechos políticos.
Ese orden tiene una lógica de método: produce acuerdos tempranos sobre un asunto en el que ninguna de las dos partes puede oponerse públicamente.
Tiene también una consecuencia verificable. Si en diciembre el país llega sin árbitro electoral pero con las 4.000 viviendas entregadas, la mesa podrá exhibir un resultado. Si llega sin lo uno ni lo otro, no habrá dónde esconderlo.
Fuentes principales: Infobae (9 de agosto de 2026) · El Nacional (5 de agosto de 2026) · Banco Mundial, estimación de daños · adn40 (29 de julio de 2026) · El Imparcial (31 de julio de 2026) · La Patilla (24 de julio de 2026) · Servicio geológico, parámetros sísmicos del 24 de junio de 2026.
Política
Las protestas por los apagones llegan a seis estados
Táchira, Bolívar, Zulia, Barinas, Mérida y Anzoátegui registraron cortes prolongados y movilizaciones vecinales en la primera semana de agosto.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró once manifestaciones en ocho estados durante la primera semana de agosto. La presidenta encargada pidió paciencia y atribuyó las fallas al doble terremoto del 24 de junio.
| QUÉ | Once protestas por cortes eléctricos prolongados, registradas por el OVCS en una semana. |
| QUIÉN | Vecinos organizados, maestros jubilados y sociedad civil. Corpoelec como destinatario del reclamo. |
| CUÁNDO | Entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto de 2026. |
| DÓNDE | Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, La Guaira, Monagas y Zulia. |
| POR QUÉ | El déficit de generación arrastra un problema estructural que el terremoto agravó pero no originó. |
| CÓMO | Cacerolazos, barricadas, quema de cauchos, cierre de vías y concentración frente a sedes de Corpoelec. |
En la noche del lunes 3 de agosto de 2026, vecinos de Maracay se concentraron en la avenida Intercomunal Turmero con cacerolas y levantaron barricadas. En el municipio Mariño, del mismo estado Aragua, hubo cierre de vías y quema de cauchos. En San Mateo, la denuncia fue por cortes dobles y hasta triples de energía en la misma jornada.
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El jueves 6, vecinos de Caracas y organizaciones de la sociedad civil se concentraron frente a la sede de Corpoelec para exigir respuestas sobre los apagones. En Barinas, habitantes del sector Don Samuel cerraron la Troncal 5 en Mirí. En Mérida, maestros jubilados salieron a la calle por la eliminación de bonos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó once protestas en ocho estados: Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, La Guaira, Monagas y Zulia.
La escala del fenómeno
El dato de la semana se entiende mejor dentro de la serie anual. El OVCS registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, un promedio de veintiuna diarias y un incremento del 144% respecto del mismo período de 2025.
El propio Observatorio ubica ese salto en el contexto de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, y de la reconfiguración inmediata de las dinámicas de poder que siguió. Su lectura sobre el efecto de la tutela internacional es matizada: sostiene que ha sido un factor determinante para contener los niveles de represión, pero que no ha desmantelado las estructuras que la sostienen. La protesta pacífica, señala, sigue desarrollándose bajo riesgo de criminalización.
Es una observación que conviene retener. Un aumento del 144% en las protestas puede leerse como deterioro de las condiciones de vida o como ampliación del espacio para protestar. Las dos lecturas son compatibles y probablemente ambas son ciertas.
La respuesta oficial
El jueves 6 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió a la ciudadanía mantener la paciencia durante el proceso de estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Reconoció los contratiempos generados en la infraestructura energética tras el doble terremoto del 24 de junio.
La atribución al terremoto es parcialmente sostenible y conviene desagregarla.
Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 dañaron infraestructura y agravaron el cuadro. Pero el déficit eléctrico venezolano es anterior por más de una década: en mayo de 2026, antes del terremoto, la demanda alcanzó los 15.570 megavatios mientras menos del 40% de la capacidad de generación estaba disponible, según reportes sobre el sistema operado por Corpoelec. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2025 —también anterior— registró que el 90% de las familias venezolanas enfrentaba cortes frecuentes y el 39% los sufría a diario durante varias horas.
(INCÍSOS consigna estas dos cifras con la reserva de que provienen de reportes secundarios y no de acceso directo a los datos originales de Corpoelec ni al informe completo de la encuesta.)
Un terremoto explica el agravamiento de julio y agosto. No explica la línea de base.
Lo que la coincidencia de fechas produce
La misma semana en que se instaló la mesa de negociación en Caracas y en que técnicos estadounidenses inspeccionaron el Guri, ocho estados protestaron por falta de electricidad.
Las tres cosas ocurren en paralelo y en escalas distintas de tiempo. La negociación se mide en ciclos de reuniones. El diagnóstico técnico, en meses hasta que produzca obras. El apagón, en horas.
Esa asimetría es el problema político central del semestre: la transición se administra en el tiempo de las instituciones y se sufre en el tiempo de los hogares.
Fuentes principales: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (agosto de 2026 y balance del primer trimestre) · El Nacional (7 de agosto de 2026) · Efecto Cocuyo (4 de agosto de 2026) · La Patilla (6 de agosto de 2026) · CiberCuba (6 de agosto de 2026).
Política
Gurí y el sistema eléctrico: lo que el terremoto reveló
El sismo del 24 de junio expuso la fragilidad de una infraestructura que ya operaba al límite. Qué pasó y qué sigue.
El encargado de negocios de Estados Unidos acompañó el domingo 2 de agosto a especialistas del Departamento de Energía a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. La visita ocurre mientras el país acumula cortes de entre cinco y diez horas diarias.
| QUÉ | Una misión técnica estadounidense realizó un diagnóstico de la principal hidroeléctrica de Venezuela. |
| QUIÉN | John Barrett, el Departamento de Energía, el Pacific Northwest National Laboratory, Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica. |
| CUÁNDO | Domingo 2 de agosto de 2026. Anunciado el lunes 3 y ampliado el jueves 6. |
| DÓNDE | Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, estado Bolívar. |
| POR QUÉ | El Guri genera más del 60% de la electricidad del país y su capacidad depende del nivel del embalse. |
| CÓMO | Diagnóstico técnico destinado a definir una ruta de modernización del Sistema Eléctrico Nacional. |
La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar tiene una potencia instalada superior a los 10.000 megavatios y sostiene más del 60% del consumo eléctrico venezolano. Esa concentración no es un logro de ingeniería: es la consecuencia de que buena parte del parque termoeléctrico está fuera de servicio por falta de combustible o por deterioro de sus unidades.
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No es solo cruzar. Es todo lo que viene después.
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Conseguir en Amazon →El domingo 2 de agosto de 2026, John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, acompañó a un equipo de especialistas del Departamento de Energía estadounidense a inspeccionar la represa. Lo anunció al día siguiente en la cuenta de la embajada.
El jueves 6 de agosto, la representación diplomática amplió la información: en la evaluación participaron también expertos del Pacific Northwest National Laboratory, uno de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía. Difundió un video del recorrido.
Qué se hizo exactamente
La embajada describió la actividad como un diagnóstico técnico destinado a contribuir a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Se ejecutó con apoyo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y con Corpoelec.
El encuadre oficial la ubica dentro del plan de tres fases impulsado por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Conviene precisar el alcance de lo anunciado, porque la distancia entre lo dicho y lo entendido suele ser amplia en estos casos. Lo que se comunicó fue una evaluación. No se anunció financiamiento, ni cronograma de obras, ni contratos, ni volumen de inversión, ni fecha de entrega de resultados. La embajada compartió fotografías y un video, sin precisar detalles del diagnóstico.
Un diagnóstico es el paso previo indispensable de cualquier recuperación. También es el paso más barato y el más reversible.
El contexto en que ocurre
La inspección coincidió con dos anuncios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El primero: un llamado a la ciudadanía a ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del «Súperniño», que reduce los caudales de los ríos que alimentan el embalse. El segundo: un plan para incorporar 4.800 megavatios de generación termoeléctrica en lo que resta del año.
Ese segundo anuncio merece atención porque apunta en dirección contraria a la dependencia del Guri. Sumar capacidad térmica es exactamente lo que el sistema necesita para dejar de ser rehén del nivel de un embalse. También es lo que se ha anunciado repetidamente durante más de una década sin materializarse en la escala prometida.
Meses atrás, el gobierno encargado negoció con Siemens y General Electric la rehabilitación del sistema en el estado Zulia, tras un apagón que dejó sin electricidad al 80% de esa región. Las mejoras no se han traducido en servicio estable.
Lo que falta por conocerse
El diagnóstico del Guri no se ha publicado. No hay fecha anunciada para su divulgación.
Esa es la información que determina si la visita fue un gesto diplomático o el arranque de una intervención real: en qué estado están las turbinas, cuál es el nivel operativo del embalse, cuánta de la capacidad instalada está efectivamente disponible, y cuánto costaría recuperarla.
Mientras tanto, la única medición disponible del estado del sistema es la que hacen los hogares cuando se va la luz.
Fuentes principales: Embajada de Estados Unidos en Caracas, cuenta oficial (3 y 6 de agosto de 2026) · El Nacional (3 y 6 de agosto de 2026) · Efecto Cocuyo (3 de agosto de 2026) · Diario Las Américas (3 de agosto de 2026).
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