Política
El calvario de María Lourdes Afiuni: 16 años de castigo por una decisión judicial
Afiuni fue recluida entre las presas que ella había sentenciado, denunció torturas y abuso sexual, y en 2019 recibió una nueva condena por un cargo que juristas
Afiuni fue recluida entre las presas que ella había sentenciado, denunció torturas y abuso sexual, y en 2019 recibió una nueva condena por un cargo que juristas consideran inventado. El precio de una sola decisión. Reportaje, parte 2.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
| LAS 6 PREGUNTAS | |
|---|---|
| Dimensión | Dieciséis años de castigo a una jueza por una sola decisión |
| Qué | El largo castigo carcelario y judicial contra la jueza Afiuni. |
| Quién | María Lourdes Afiuni, el sistema penal y los organismos que la defendieron. |
| Cuándo | Desde diciembre de 2009 hasta hoy. |
| Dónde | En la cárcel del INOF, en arresto domiciliario y bajo régimen judicial. |
| Cómo | Con reclusión, denuncias de abusos y una segunda condena en 2019. |
| Por qué | Como represalia sostenida por una decisión judicial ajustada a la ley. |
La primera parte de este reportaje contó cómo, en diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida y condenada por televisión por aplicar la ley. Esta segunda parte cuenta lo que vino después: dieciséis años de un castigo que organismos internacionales han calificado de cruel, y que conviene narrar con cuidado, separando lo que es hecho documentado de lo que son denuncias de la propia víctima —porque en un caso así, la precisión no debilita la denuncia, la blinda—.
El primer acto de crueldad fue dónde la encerraron. A Afiuni la recluyeron en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, una cárcel donde, según su propio relato y el de sus abogados, se encontraban presas decenas de mujeres a las que ella misma había sentenciado como jueza. Sus defensores apelaron de inmediato esa decisión por el riesgo evidente que suponía; la apelación no prosperó. La elección del lugar no parece casual: meter a una jueza entre quienes ella había condenado es, en sí mismo, una forma de mensaje. Desde ahí, Afiuni denunció haber sufrido agresiones, golpizas y amenazas —entre ellas, según declaró años después en su juicio, la de quemarla viva en su celda—. Cada uno de esos atropellos, afirmó, fue denunciado oportunamente ante la ONU.
Aquí hay que detenerse con el máximo respeto, porque lo que sigue es lo más grave y lo más sensible. Afiuni denunció públicamente que fue víctima de violación sexual durante su encarcelamiento, y que como consecuencia sufrió un aborto. Lo reveló ella misma, y lo declaró bajo juramento en su propio juicio; medios como Diario ABC y BBC Mundo lo documentaron, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró las denuncias de torturas y abusos padecidos durante su cautiverio. INCÍSOS reproduce estas denuncias como lo que son —el testimonio de la víctima, respaldado por organismos de derechos humanos— y no como una sentencia, porque ningún tribunal venezolano investigó seriamente lo ocurrido. Pero el hecho de que el Estado nunca investigara esas denuncias es, en sí mismo, parte de la acusación: un sistema que castiga a una jueza y desatiende las denuncias de abuso que ella formula desde sus propias cárceles.
El deterioro de su salud fue documentado y sirvió, paradójicamente, de única vía de alivio. En febrero de 2011, tras una operación, se le concedió arresto domiciliario por motivos médicos —llegó a requerir cirugía—. En junio de 2013 obtuvo libertad condicional, aunque el juicio siguió abierto, colgando sobre ella como una espada. Y entonces llegó el segundo golpe judicial, casi una década después del primero. En marzo de 2019, un tribunal la condenó a cinco años de prisión por «corrupción». El detalle que vuelve esa condena un escándalo jurídico es preciso: según el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados —el IBAHRI, que observó el proceso—, el juez condenó a Afiuni sin haber establecido que recibiera dinero, favor o ventaja alguna, que es el elemento necesario para que exista el delito de corrupción. Una condena por corrupción sin corrupción probada: la forma jurídica de un castigo que ya no se molestaba en disimular.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
El inciso es sobre la desproporción como método. Si se suman los años —la cárcel, el arresto domiciliario, la libertad condicional con el juicio abierto, la nueva condena— el resultado es que una sola decisión judicial, ajustada a la ley y avalada por la ONU, le costó a una mujer más de una década y media de su vida. La comunidad internacional no se quedó callada: el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre su caso ya en 2010, la Relatoría de la ONU sobre independencia de jueces denunció el ataque a la autonomía judicial, y el IBAHRI calificó su trato de «reprochable». Esa desproporción no es un exceso del sistema: es el sistema funcionando como mensaje. Castigar sin medida a una sola jueza enseña a todas las demás. La pregunta de esta casa duele al formularla: ¿qué falta, exactamente, para que el castigo a una persona deje de ser una advertencia a un país entero? Falta que la justicia vuelva a medir las penas por los hechos y no por la utilidad política del escarmiento. Mientras el caso de Afiuni siga abierto —y, como cuenta la tercera parte de este reportaje, en 2026 todavía lo está—, esa advertencia sigue vigente, grabada en la memoria de cada juez venezolano.
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VITRINA POLÍTICA · MESA DE CARACAS
Las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea Nacional de 2015 instalaron el viernes la cuarta ronda de negociación en el Gran Meliá de Caracas. Sin prensa, sin declaraciones y sin plazo fijo. En la agenda están la ley de partidos, la Contraloría y el CNE. Los 321 presos políticos que cuenta el Foro Penal, todavía no.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La instalación del cuarto ciclo de la negociación política. |
|---|---|
| Quién | La delegación del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Viernes 13 de noviembre de 2026. Se espera que dure alrededor de una semana. |
| Dónde | En el hotel Gran Meliá de Caracas, a puerta cerrada. |
| Por qué | Para reformar las leyes que permitan renovar las instituciones y llegar a unas elecciones. |
| Cómo | Sin declaraciones públicas previstas; solo los fotógrafos tuvieron acceso. |
La cuarta ronda de la Mesa de Caracas empezó como empezaron las anteriores: en un salón del Gran Meliá, con las puertas cerradas. Las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea Nacional de 2015 la instalaron el viernes 13 de noviembre. Solo entraron los fotógrafos, y no hay declaraciones públicas previstas (El Diario; TalCual).
La ronda debería durar alrededor de una semana, aunque podría alargarse, y arranca sin plazos fijos (TalCual). Es la primera desde que María Corina Machado regresó al país. Machado no participa, pero según los reportes ve la negociación con optimismo (El Diario).
Imagen destacada: Foto de archivo: Sam Wilson / Wikimedia Commons · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 4.0 · Adaptación de tamaño para web. Imagen ilustrativa; no corresponde al lugar específico del hecho.
Lo que está sobre la mesa
La exdiputada Desiree Barboza, que integra la mesa técnica de garantías políticas, adelantó los temas de la oposición: cambiar o derogar la ley de partidos y la ley contra el financiamiento del terrorismo, que se ha usado contra manifestantes; reformar la ley de la Contraloría, en particular el procedimiento de inhabilitación que alcanzó a Machado, y atender la situación de los exiliados. También seguirá la renovación del Tribunal Supremo, que todavía recibe postulaciones (El Diario).
El chavismo no publicó su agenda. Sus exigencias conocidas son el levantamiento de las sanciones y la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra, un punto que se acordó en la primera ronda y que no se ha cumplido (El Diario; EFE, vía Infobae).
El camino hacia las elecciones
Para Barboza, lo primero es renovar el Consejo Nacional Electoral. El Gobierno de EE.UU., según El Diario, espera que, una vez designados los nuevos rectores, la presidenta encargada declare la falta absoluta y se abra un lapso de seis meses para elegir (El Diario). Ese es el calendario que se negocia. Ninguna de las partes lo ha confirmado en público.
Los que no están en la agenda
Fuentes de la oposición esperan que se hable de los presos políticos, pero el tema no ha estado formalmente en la agenda (El Diario). Según el Foro Penal, al 9 de noviembre había 321 presos políticos en Venezuela: 181 civiles y 140 militares (Infobae). La víspera de la ronda, la diputada Dinorah Figuera había dicho que esperaba nuevas excarcelaciones. El diputado Jorge Arreaza respondió que la comisión que instaló el Parlamento para revisar casos de presos con retardo procesal no tiene relación con esas declaraciones (AlbertoNews).
La ronda empieza, además, con dos casos a la vista. En Ramo Verde, 36 militares cumplen cinco días de huelga de hambre, y el viernes se suspendieron las visitas a todo el penal (Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde). Y Perkins Rocha recibió por fin, ese mismo viernes, a los eurodiputados que la policía le había impedido ver (Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha).
Criterio INCÍSOS
Que se negocie a puerta cerrada no es extraño: casi todas las negociaciones serias se hacen así. Lo que preocupa es que, tras cuatro rondas, el país sigue sin conocer un acta, un acuerdo firmado o un calendario. El oro del Banco de Inglaterra se acordó en la primera ronda y no se ha ejecutado. Si lo que ya se pactó no se cumple, cuesta creer que lo que se pacte ahora se vaya a cumplir.
Y hay un orden que no se debería alterar. Antes de discutir partidos y rectores, la Mesa tendría que garantizar que nadie esté preso por sus ideas. Una negociación con 321 presos políticos de por medio es una negociación con rehenes.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que las delegaciones publiquen al cierre de la ronda lo que acordaron; que los presos políticos sean el primer punto y no el último; que se ponga fecha a la renovación del CNE, y que lo ya pactado, como el oro, se ejecute antes de pactar lo nuevo.
Para leer más en INCÍSOS
- La cuarta ronda de la Mesa arranca con Rocha en el aire: la agenda de la cuarta ronda.
- La AN revisará casos de presos con retardo procesal: presos comunes y presos políticos.
- Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde: la huelga en Ramo Verde.
- Todo a puerta cerrada: el Inciso.
Fuentes principales: El Diario; TalCual, instalación; TalCual, sin plazos; EFE, vía Infobae; Infobae, Foro Penal; AlbertoNews.
VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS
Treinta y seis militares cumplen cuatro días sin comer en Ramo Verde para exigir que se revisen sus causas y se les aplique la Ley de Amnistía. Ocho tuvieron que ser hidratados, y sus familiares denuncian que los dejaron sin agua potable y sin baños. El viernes se suspendieron las visitas a los 235 presos del penal y se militarizaron los accesos.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una huelga de hambre de militares presos y la suspensión de visitas en el penal. |
|---|---|
| Quién | 36 militares, entre ellos 21 sargentos de la Guardia Nacional detenidos por el caso Cotiza, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. |
| Cuándo | Desde el lunes 9 de noviembre de 2026. Las visitas se suspendieron el viernes 13. |
| Dónde | En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda. |
| Por qué | Por el retardo procesal y para pedir que se les apliquen los beneficios de la Ley de Amnistía. |
| Cómo | Sin comer, aislados en el patio del penal, según el OVP. |
En Ramo Verde, 36 militares presos dejaron de comer el lunes 9 de noviembre. El viernes 13 cumplieron cuatro días. Ocho de ellos sufrieron descompensaciones y el personal médico tuvo que hidratarlos, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones con base en el testimonio de sus familiares (El Diario; Crónica Uno).
Los descompensados son los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, el teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara, todos vinculados a la causa de Cotiza (El Diario). Son 21 sargentos de la Guardia Nacional, 13 oficiales y dos mujeres (El Nacional). A los sargentos los detuvieron en 2019 por el alzamiento de Cotiza; con el paso de los días se sumaron presos de los casos Sukhoi, El Palito y Paramacay (La Patilla; Aporrea).
Imagen destacada: Ilustración conceptual creada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía del hecho.
Sin agua y sin visitas
Los familiares denuncian que la dirección del penal ordenó restringirles el acceso al patio, al agua potable y a los baños. El OVP afirma que están aislados en la cancha de la cárcel (El Diario; El Nacional). La abogada Tamara Suju había denunciado desde el martes «castigos brutales» contra los huelguistas (La Patilla).
El viernes, la respuesta fue cerrar el penal. Se suspendieron las visitas para los 235 privados de libertad de Ramo Verde, no solo para los huelguistas, y los accesos quedaron militarizados (El Diario). Antes, los presos se habían colgado de los barrotes con una tela que decía «presos políticos», para que sus familias los vieran desde afuera (El Nacional).
Lo que piden
Que se revisen sus expedientes, que se investiguen las irregularidades de sus procesos y que se les concedan los beneficios de la Ley de Amnistía aprobada en febrero. Según el OVP, ninguna autoridad se ha presentado a dialogar con ellos, ni del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo (El Diario; El Nacional).
El Foro Penal cuenta 140 presos políticos militares de un total de 321 (Infobae). Esta semana, la corte de Carabobo ratificó los 30 años de condena del capitán Juan Carlos Caguaripano, precisamente por el caso Paramacay (Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha).
Criterio INCÍSOS
Una huelga de hambre es el último recurso de quien ya no tiene otro. Que un Estado responda suspendiendo las visitas a 235 personas y restringiendo el agua a quienes no comen no es control: es castigo. Y castigo colectivo, porque paga también el preso que no hizo huelga y la familia que viajó a verlo.
La Ley de Amnistía benefició, según el Gobierno, a más de 9.000 personas. Si estos militares cumplen los requisitos, la ley debe aplicarse; si no los cumplen, hay que decirles por qué, con el expediente en la mano. Lo que no puede pasar es que la única respuesta sea el silencio, mientras la Mesa de Caracas negocia en un hotel.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público entren hoy a Ramo Verde; que se restituyan el agua, los baños y las visitas; que un tribunal revise los expedientes de los 36, y que la delegación opositora ponga el caso en la mesa esta misma semana.
Para leer más en INCÍSOS
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: Caguaripano y Paramacay.
- La cuarta ronda se instala a puerta cerrada y sin declaraciones: la cuarta ronda.
- Poggioli pide sacar a los militares de la administración pública: la Fuerza Armada.
Fuentes principales: El Diario; El Nacional; Crónica Uno; La Patilla, Cotiza; La Patilla, Tamara Suju; Aporrea; Infobae, Foro Penal.
Política
Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha
La puerta se abrió, la orden sigue sin firma.
VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS
Después de dos días de bloqueo policial, los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías entraron el viernes a la casa de Perkins Rocha en Caracas. «Es una medida anacrónica y sin sentido», dijo Tertsch sobre las trabas. La esposa de Rocha desafió a los agentes: ningún tribunal ha prohibido las visitas.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La visita de dos eurodiputados a Perkins Rocha, en arresto domiciliario. |
|---|---|
| Quién | Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, eurodiputados españoles; Perkins Rocha y su esposa, María Costanza Cipriani. |
| Cuándo | La tarde del viernes 13 de noviembre de 2026, tras los bloqueos del miércoles y el jueves. |
| Dónde | En la residencia de Rocha, en Caracas. |
| Por qué | Para verificar su situación, después de que la PNB impidiera las visitas sin orden judicial. |
| Cómo | Pese a los policías apostados frente a la vivienda. |
La puerta de Perkins Rocha se abrió el viernes. Los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías entraron por la tarde a la residencia del abogado en Caracas, donde cumple arresto domiciliario (El Nacional; La Patilla). El jueves, los policías apostados alrededor de la casa les habían impedido el paso. El miércoles, la Policía Nacional Bolivariana había bloqueado a periodistas y frustrado una reunión con representantes de Naciones Unidas (El Nacional).
«Es una medida anacrónica y sin sentido», dijo Tertsch sobre las restricciones, que a su juicio contradicen el proceso en curso y lo dicho por un funcionario estadounidense. Añadió que están «poniéndole piedras al camino» a algo que ya no se podrá detener (El Nacional).
Imagen destacada: Foto de archivo: Stanisław Ludwiński · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 3.0 · Adaptación de tamaño para web. Imagen ilustrativa; no corresponde al lugar específico del hecho.
«Pregúntame si el tribunal prohibió las visitas»
María Costanza Cipriani, esposa de Rocha, encaró a los agentes: «A mí tú me puedes preguntar si el tribunal prohibió las visitas». La defensa del abogado ya había confirmado ante el tribunal que no hay ninguna restricción de visitas (El Nacional). Vente Venezuela celebró en X que los eurodiputados pudieran entrar pese a la «arbitrariedad de los funcionarios policiales» (Vente Venezuela).
El jueves, el canciller Oliver Blanco había desmentido que la Cancillería ordenara impedir la visita (Bloquean a eurodiputados en casa de Rocha y Blanco niega la orden). Nadie ha dicho todavía quién dio la orden que la policía cumplió durante dos días.
Criterio INCÍSOS
Que los eurodiputados entraran es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo. Rocha no debería depender de la presión internacional para recibir visitas que la ley le permite. Si hicieron falta dos días, una denuncia pública y dos diputados extranjeros para que se cumpliera lo que el tribunal nunca prohibió, quiere decir que la orden sin firma sigue ahí.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Ministerio de Interior diga quién ordenó el cerco; que se retire la vigilancia que impide las visitas; que cualquier venezolano, y no solo una delegación extranjera, pueda ver a Rocha, y que su caso llegue a la Mesa de Caracas.
Para leer más en INCÍSOS
- Bloquean a eurodiputados en casa de Rocha y Blanco niega la orden: el bloqueo del jueves.
- ¿Quién manda en mi casa?: el Inciso del viernes.
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: el cerco del miércoles.
Fuentes principales: El Nacional; La Patilla; Vente Venezuela.
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