Política
El caso Afiuni: la jueza que aplicó la ley y Chávez mandó a prisión por televisión
En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni liberó a un preso siguiendo una recomendación de la ONU. Horas después, Chávez pidió 30 años de cárcel para ella en caden
En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni liberó a un preso siguiendo una recomendación de la ONU. Horas después, Chávez pidió 30 años de cárcel para ella en cadena nacional. El caso que partió en dos a la justicia venezolana. Reportaje, parte 1.
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|---|---|
| Dimensión | La jueza que liberó a un preso y el presidente que la mandó presa |
| Qué | La detención de una jueza por dictar una excarcelación ajustada a derecho. |
| Quién | La jueza María Lourdes Afiuni y el presidente Hugo Chávez. |
| Cuándo | El 10 de diciembre de 2009, y el día siguiente. |
| Dónde | En un tribunal de control de Caracas. |
| Cómo | Con una orden de excarcelación con fianza, basada en una opinión de la ONU. |
| Por qué | Porque el presidente exigió en televisión que la castigaran. |
El 10 de diciembre de 2009 —Día de los Derechos Humanos, por una de esas ironías que la historia no calcula— la jueza María Lourdes Afiuni hizo lo que hacen los jueces: aplicar la ley. Dictó una medida cautelar que permitía al banquero Eligio Cedeño enfrentar su juicio en libertad, después de que llevara casi tres años en prisión preventiva sin condena. Lo hizo, además, siguiendo una recomendación expresa de un organismo de las Naciones Unidas. Horas después era una presa. Al día siguiente, el presidente de la República pedía por televisión que la encerraran treinta años. Este es el caso que partió en dos la historia de la justicia venezolana, y conviene contarlo desde el principio, porque cada paso estuvo, del lado de la jueza, ajustado a derecho.
Para entender la decisión hay que entender el expediente de Cedeño. El banquero estaba detenido desde febrero de 2007, acusado por el gobierno de delitos financieros, y al llegar diciembre de 2009 acumulaba casi tres años en prisión preventiva, es decir, sin condena. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano fija un límite de dos años para esa situación. Cedeño lo había excedido con creces. Y no era solo la ley venezolana la que estaba de su lado: el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas había emitido una opinión —la N.º 10/2009— concluyendo que su detención era arbitraria y violaba el debido proceso. Afiuni, jueza del Tribunal 31 de Control de Caracas, no inventó nada: aplicó su propia legislación y atendió una recomendación internacional.
La medida que dictó tampoco fue una puerta abierta a la fuga, como después se la quiso pintar. Afiuni concedió a Cedeño una libertad condicional con restricciones severas: prohibición de salir del país y retención de su pasaporte. Que el banquero después huyera del país —como en efecto hizo— es un hecho que ocurrió fuera del control de la jueza y posterior a su decisión. El Colegio de Abogados de Caracas sostuvo que la decisión de liberarlo fue legal; el gobierno alegó que fue impropia porque se dictó sin la presencia de los fiscales en la audiencia. Ese es el matiz que el oficialismo convirtió en delito. Pero conviene retener el fondo: una jueza aplicó un límite legal a una prisión que ya lo había rebasado.
Lo que vino después no tiene precedente en una democracia, y por eso este caso es tan citado. Afiuni fue detenida el mismo día en su propio tribunal, por funcionarios de los servicios de inteligencia, sin orden judicial, sin que se le informara el motivo ni la autoridad que lo ordenaba. Fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, una cárcel de mujeres. Y al día siguiente, el 11 de diciembre de 2009, el presidente Hugo Chávez se refirió a ella en cadena nacional de radio y televisión. No pidió una investigación ni esperó a la justicia: exigió que la condenaran a treinta años, la pena máxima en Venezuela. Llegó a decir que habría que aplicarle el máximo rigor, y en alocuciones posteriores planteó incluso endurecer la ley para castigarla más. El jefe del Poder Ejecutivo dictó la sentencia en pantalla, antes que cualquier tribunal.
Reportaje en cuatro partes · Caso Afiuni
El inciso es sobre lo que ese día reveló, y que ningún matiz jurídico puede tapar. Una cosa es que un gobierno discrepe de una decisión judicial y la apele por las vías legales; eso es normal en cualquier país. Otra muy distinta es que el presidente de la República use la cadena nacional para exigir una condena específica contra una jueza por el contenido de su fallo. En el primer caso, las reglas mandan. En el segundo, manda el hombre. La detención de Afiuni le dijo a cada juez de Venezuela una frase que no hizo falta pronunciar: si fallas contra el poder, lo próximo que verás será la cárcel. Los expertos lo bautizaron como «el efecto Afiuni», y describe el momento exacto en que la judicatura venezolana aprendió a obedecer. La pregunta de esta casa es la más simple y la más grave: ¿qué falta, exactamente, para que un juez pueda fallar conforme a la ley sin terminar preso? En la Venezuela de 2009, faltó lo esencial —que las reglas valieran más que la furia de un hombre—, y el precio lo empezó a pagar, ese 10 de diciembre, una jueza que solo hizo su trabajo. Lo que vino después para ella, lo cuenta la segunda parte de este reportaje.
Alfredo Yánez
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La reconstrucción avanza sobre 13.000 viviendas de 41.624 afectadas
51.124 edificaciones inspeccionadas, 18% con etiqueta roja y 346.755 toneladas de escombros retiradas: el 16,51% del despeje total.
A seis semanas del doble sismo, el gobierno encargado reporta trabajos en 13.000 viviendas y 287 entregadas. El daño alcanza 41.624 hogares y el despeje de escombros llega al 16,51%.
| QUÉ | El balance oficial de reconstrucción tras el doble terremoto permite medir ritmo contra magnitud. |
| QUIÉN | Delcy Rodríguez, la comisión de habitabilidad de Francisco Garcés y el plan Venezuela Renace de Jacqueline Faría. |
| CUÁNDO | Sismos el 24 de junio de 2026. Balances del 5 y 8 de agosto de 2026. |
| DÓNDE | Zona norte del país. La Guaira y Yaracuy concentran el daño más severo. |
| POR QUÉ | El Banco Mundial advirtió que una reconstrucción lenta comprometería la recuperación de la próxima década. |
| CÓMO | Inspección con etiquetado de riesgo, reparación de viviendas recuperables y construcción de obra nueva. |
El 24 de junio de 2026, a las 18:04 hora local, un sismo de magnitud 7,2 se originó a veintitrés kilómetros de San Felipe, capital de Yaracuy, a 20,3 kilómetros de profundidad. Un segundo movimiento, de magnitud 7,5, completó el doblete.
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Lo hecho
Una comisión presidencial encabezada por el ministro de Transporte Francisco Garcés desplegó 3.071 inspectores que revisaron 51.124 edificaciones. El 58% recibió etiqueta verde, que autoriza la ocupación. El 23% quedó en amarillo, con exigencia de nuevas revisiones. El 18% fue marcado en rojo por el nivel de peligro detectado.
El 20 de julio, 240 familias recibieron vivienda en un acto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. El balance oficial posterior eleva la cifra a 287 viviendas entregadas.
El miércoles 5 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se ejecutan trabajos de recuperación en más de 13.000 viviendas, que beneficiarían a unas 66.000 personas. Jacqueline Faría, presidenta del plan Venezuela Renace, había detallado días antes que la reconstrucción avanza sobre 11.794 viviendas: 4.393 casas unifamiliares o bifamiliares y 7.401 apartamentos distribuidos en 228 edificios.
El jueves 30 de julio se anunció el inicio de construcción de 1.875 viviendas nuevas. La ONG TECHO proyecta levantar al menos 200 casas prefabricadas.
El despeje de escombros acumula 346.755 toneladas retiradas, equivalentes al 16,51% del total.
Lo pendiente
El balance oficial más reciente contabiliza más de 6.100 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin hogar. La cifra de fallecidos ha crecido de forma sostenida —4.561 al 13 de julio, más de 5.500 al 30 de julio— por identificación progresiva de víctimas, no por eventos nuevos.
Los hogares perjudicados suman 41.624. De las estructuras dañadas, 2.654 quedaron gravemente comprometidas o destruidas; en ellas vivían 37.611 personas. Colapsaron 190 edificios y otros 856 sufrieron daños.
El Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares y advirtió que una reconstrucción lenta afectaría la recuperación económica del país durante la próxima década.
La aritmética del calendario
La meta oficial es entregar 4.000 viviendas entre julio y diciembre de 2026, con una proyección superior a 10.000 para 2027. La necesidad estimada asciende a 25.000 casas.
Con 287 viviendas entregadas al cabo de las primeras seis semanas, alcanzar 4.000 antes del 31 de diciembre exige multiplicar el ritmo actual varias veces en los cuatro meses y medio restantes.
Aun cumpliendo esa meta, y sumando la proyección de 2027, el horizonte para cubrir las 25.000 unidades necesarias se extiende más allá de 2028.
Mientras tanto, miles de personas continúan en calles, plazas, refugios temporales y campamentos improvisados.
Por qué está primero en la mesa
La atención a las víctimas del terremoto es el primer eje de la agenda de negociación instalada en Caracas el 6 de agosto, por delante del fortalecimiento democrático y de los derechos políticos.
Ese orden tiene una lógica de método: produce acuerdos tempranos sobre un asunto en el que ninguna de las dos partes puede oponerse públicamente.
Tiene también una consecuencia verificable. Si en diciembre el país llega sin árbitro electoral pero con las 4.000 viviendas entregadas, la mesa podrá exhibir un resultado. Si llega sin lo uno ni lo otro, no habrá dónde esconderlo.
Fuentes principales: Infobae (9 de agosto de 2026) · El Nacional (5 de agosto de 2026) · Banco Mundial, estimación de daños · adn40 (29 de julio de 2026) · El Imparcial (31 de julio de 2026) · La Patilla (24 de julio de 2026) · Servicio geológico, parámetros sísmicos del 24 de junio de 2026.
Política
Las protestas por los apagones llegan a seis estados
Táchira, Bolívar, Zulia, Barinas, Mérida y Anzoátegui registraron cortes prolongados y movilizaciones vecinales en la primera semana de agosto.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró once manifestaciones en ocho estados durante la primera semana de agosto. La presidenta encargada pidió paciencia y atribuyó las fallas al doble terremoto del 24 de junio.
| QUÉ | Once protestas por cortes eléctricos prolongados, registradas por el OVCS en una semana. |
| QUIÉN | Vecinos organizados, maestros jubilados y sociedad civil. Corpoelec como destinatario del reclamo. |
| CUÁNDO | Entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto de 2026. |
| DÓNDE | Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, La Guaira, Monagas y Zulia. |
| POR QUÉ | El déficit de generación arrastra un problema estructural que el terremoto agravó pero no originó. |
| CÓMO | Cacerolazos, barricadas, quema de cauchos, cierre de vías y concentración frente a sedes de Corpoelec. |
En la noche del lunes 3 de agosto de 2026, vecinos de Maracay se concentraron en la avenida Intercomunal Turmero con cacerolas y levantaron barricadas. En el municipio Mariño, del mismo estado Aragua, hubo cierre de vías y quema de cauchos. En San Mateo, la denuncia fue por cortes dobles y hasta triples de energía en la misma jornada.
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El jueves 6, vecinos de Caracas y organizaciones de la sociedad civil se concentraron frente a la sede de Corpoelec para exigir respuestas sobre los apagones. En Barinas, habitantes del sector Don Samuel cerraron la Troncal 5 en Mirí. En Mérida, maestros jubilados salieron a la calle por la eliminación de bonos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó once protestas en ocho estados: Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, La Guaira, Monagas y Zulia.
La escala del fenómeno
El dato de la semana se entiende mejor dentro de la serie anual. El OVCS registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, un promedio de veintiuna diarias y un incremento del 144% respecto del mismo período de 2025.
El propio Observatorio ubica ese salto en el contexto de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, y de la reconfiguración inmediata de las dinámicas de poder que siguió. Su lectura sobre el efecto de la tutela internacional es matizada: sostiene que ha sido un factor determinante para contener los niveles de represión, pero que no ha desmantelado las estructuras que la sostienen. La protesta pacífica, señala, sigue desarrollándose bajo riesgo de criminalización.
Es una observación que conviene retener. Un aumento del 144% en las protestas puede leerse como deterioro de las condiciones de vida o como ampliación del espacio para protestar. Las dos lecturas son compatibles y probablemente ambas son ciertas.
La respuesta oficial
El jueves 6 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió a la ciudadanía mantener la paciencia durante el proceso de estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. Reconoció los contratiempos generados en la infraestructura energética tras el doble terremoto del 24 de junio.
La atribución al terremoto es parcialmente sostenible y conviene desagregarla.
Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 dañaron infraestructura y agravaron el cuadro. Pero el déficit eléctrico venezolano es anterior por más de una década: en mayo de 2026, antes del terremoto, la demanda alcanzó los 15.570 megavatios mientras menos del 40% de la capacidad de generación estaba disponible, según reportes sobre el sistema operado por Corpoelec. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2025 —también anterior— registró que el 90% de las familias venezolanas enfrentaba cortes frecuentes y el 39% los sufría a diario durante varias horas.
(INCÍSOS consigna estas dos cifras con la reserva de que provienen de reportes secundarios y no de acceso directo a los datos originales de Corpoelec ni al informe completo de la encuesta.)
Un terremoto explica el agravamiento de julio y agosto. No explica la línea de base.
Lo que la coincidencia de fechas produce
La misma semana en que se instaló la mesa de negociación en Caracas y en que técnicos estadounidenses inspeccionaron el Guri, ocho estados protestaron por falta de electricidad.
Las tres cosas ocurren en paralelo y en escalas distintas de tiempo. La negociación se mide en ciclos de reuniones. El diagnóstico técnico, en meses hasta que produzca obras. El apagón, en horas.
Esa asimetría es el problema político central del semestre: la transición se administra en el tiempo de las instituciones y se sufre en el tiempo de los hogares.
Fuentes principales: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (agosto de 2026 y balance del primer trimestre) · El Nacional (7 de agosto de 2026) · Efecto Cocuyo (4 de agosto de 2026) · La Patilla (6 de agosto de 2026) · CiberCuba (6 de agosto de 2026).
Política
Gurí y el sistema eléctrico: lo que el terremoto reveló
El sismo del 24 de junio expuso la fragilidad de una infraestructura que ya operaba al límite. Qué pasó y qué sigue.
El encargado de negocios de Estados Unidos acompañó el domingo 2 de agosto a especialistas del Departamento de Energía a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. La visita ocurre mientras el país acumula cortes de entre cinco y diez horas diarias.
| QUÉ | Una misión técnica estadounidense realizó un diagnóstico de la principal hidroeléctrica de Venezuela. |
| QUIÉN | John Barrett, el Departamento de Energía, el Pacific Northwest National Laboratory, Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica. |
| CUÁNDO | Domingo 2 de agosto de 2026. Anunciado el lunes 3 y ampliado el jueves 6. |
| DÓNDE | Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, estado Bolívar. |
| POR QUÉ | El Guri genera más del 60% de la electricidad del país y su capacidad depende del nivel del embalse. |
| CÓMO | Diagnóstico técnico destinado a definir una ruta de modernización del Sistema Eléctrico Nacional. |
La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar tiene una potencia instalada superior a los 10.000 megavatios y sostiene más del 60% del consumo eléctrico venezolano. Esa concentración no es un logro de ingeniería: es la consecuencia de que buena parte del parque termoeléctrico está fuera de servicio por falta de combustible o por deterioro de sus unidades.
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Conseguir en Amazon →El domingo 2 de agosto de 2026, John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, acompañó a un equipo de especialistas del Departamento de Energía estadounidense a inspeccionar la represa. Lo anunció al día siguiente en la cuenta de la embajada.
El jueves 6 de agosto, la representación diplomática amplió la información: en la evaluación participaron también expertos del Pacific Northwest National Laboratory, uno de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía. Difundió un video del recorrido.
Qué se hizo exactamente
La embajada describió la actividad como un diagnóstico técnico destinado a contribuir a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Se ejecutó con apoyo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y con Corpoelec.
El encuadre oficial la ubica dentro del plan de tres fases impulsado por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
Conviene precisar el alcance de lo anunciado, porque la distancia entre lo dicho y lo entendido suele ser amplia en estos casos. Lo que se comunicó fue una evaluación. No se anunció financiamiento, ni cronograma de obras, ni contratos, ni volumen de inversión, ni fecha de entrega de resultados. La embajada compartió fotografías y un video, sin precisar detalles del diagnóstico.
Un diagnóstico es el paso previo indispensable de cualquier recuperación. También es el paso más barato y el más reversible.
El contexto en que ocurre
La inspección coincidió con dos anuncios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El primero: un llamado a la ciudadanía a ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del «Súperniño», que reduce los caudales de los ríos que alimentan el embalse. El segundo: un plan para incorporar 4.800 megavatios de generación termoeléctrica en lo que resta del año.
Ese segundo anuncio merece atención porque apunta en dirección contraria a la dependencia del Guri. Sumar capacidad térmica es exactamente lo que el sistema necesita para dejar de ser rehén del nivel de un embalse. También es lo que se ha anunciado repetidamente durante más de una década sin materializarse en la escala prometida.
Meses atrás, el gobierno encargado negoció con Siemens y General Electric la rehabilitación del sistema en el estado Zulia, tras un apagón que dejó sin electricidad al 80% de esa región. Las mejoras no se han traducido en servicio estable.
Lo que falta por conocerse
El diagnóstico del Guri no se ha publicado. No hay fecha anunciada para su divulgación.
Esa es la información que determina si la visita fue un gesto diplomático o el arranque de una intervención real: en qué estado están las turbinas, cuál es el nivel operativo del embalse, cuánta de la capacidad instalada está efectivamente disponible, y cuánto costaría recuperarla.
Mientras tanto, la única medición disponible del estado del sistema es la que hacen los hogares cuando se va la luz.
Fuentes principales: Embajada de Estados Unidos en Caracas, cuenta oficial (3 y 6 de agosto de 2026) · El Nacional (3 y 6 de agosto de 2026) · Efecto Cocuyo (3 de agosto de 2026) · Diario Las Américas (3 de agosto de 2026).
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