Humberto Villalobos, coordinador electoral de Vente Venezuela, dijo en una entrevista de la #LaConversaPaís que el partido construye un padrón paralelo de 17 millones de venezolanos con biometría facial y verificación documental. La iniciativa avanza en paralelo a la transición tutelada y ya recoge advertencias dentro de la propia oposición sobre el riesgo de repetir la lógica que produjo la Lista Tascón en 2004. —

«Sabremos exactamente qué hacer porque contaremos con la respuesta de 17 millones de venezolanos. La veracidad de esa base de datos estará plenamente comprobada, ya que cada ciudadano se va a registrar vinculando su rostro mediante biometría, sus documentos de identidad e información familiar». La frase es de Humberto Villalobos, coordinador electoral nacional de Vente Venezuela. La pronunció en el espacio digital #LaConversaPaís del partido y la repitió en versiones más extensas durante entrevistas en TVV Noticias y NTN24 en las últimas tres semanas.

Villalobos sintetiza así el primer paso del llamado Plan de 40 Semanas que María Corina Machado puso sobre la mesa como hoja de ruta para una eventual elección presidencial. El cálculo es operativo: si se define una fecha de comicios, el partido necesita que el Registro Electoral funcione antes de la convocatoria. Y el Registro Electoral, según Vente, no funciona.

Lo que la propia organización dice

La base que ofrece Villalobos es 31,6 millones de venezolanos mayores de edad. De esos, el partido apunta a registrar al menos 17 millones con biometría facial, documentos cargados y vínculos familiares declarados. Al miércoles 20 de mayo, el reporte oficial del partido indica seis semanas de trabajo y un millón y medio de personas empadronadas. La operación se sostiene en activistas que cargan datos directamente desde Venezuela y desde varios países de la diáspora, principalmente Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Argentina y España.

El argumento técnico que Villalobos repite en distintos formatos tiene tres piezas. La primera: el padrón actual del Consejo Nacional Electoral contiene fallecidos no depurados desde el año 2000 y «maniobras de ingeniería electoral» del oficialismo. La segunda: hay seis millones de venezolanos menores de 30 años en edad de votar que nunca se inscribieron. La tercera: hay no menos de cuatro millones de venezolanos en el exterior que jamás actualizaron su residencia. Para Vente, esos tres huecos hacen inviable cualquier elección creíble sin reparar antes el padrón.

Lo que el plan no resuelve

El Plan de 40 Semanas, como lo presenta Vente, no contempla auditoría pública independiente de la base de datos en construcción. No menciona quién custodia el servidor donde reposan los rostros, los documentos y los vínculos familiares. No define qué pasa con los datos si la organización política cambia de dirección o si la transición tutelada deriva en un escenario distinto al previsto por sus dirigentes. Ante una pregunta sobre el uso indebido de la información, Villalobos respondió en una entrevista del cinco de mayo: «No les puedo jurar que no va a pasar nada, porque el cero no existe, pero sí les puedo garantizar que lo estamos haciendo de la mejor manera posible».

La frase es honesta. También es insuficiente.

La sombra de la Lista Tascón

El medio digital Curadas publicó el dos de mayo un análisis directo que marcó el inicio del debate público sobre la propuesta. El texto, escrito sin tono panfletario, recordó dos antecedentes concretos del uso de bases de datos partidistas en Venezuela. La Lista Tascón, en 2004, cruzó las firmas del referendo revocatorio contra Hugo Chávez con los registros de empleo público y produjo despidos masivos en ministerios, alcaldías y empresas estatales. El propio Chávez pidió en abril de 2005 «enterrar» esa lista, pero la información ya circulaba en internet. El Carnet de la Patria, lanzado en 2017, vinculó la lealtad partidista al acceso a bolsas de comida, medicinas, becas y transferencias monetarias.

Lo que Curadas planteó —y lo que organizaciones de derechos digitales como IPYS Venezuela y Transparencia Venezuela han documentado durante dos décadas— es que el problema no fue nunca la tecnología en abstracto. Fue la ausencia de contrapesos institucionales que limitaran a quien controlaba el dato.

La crítica a Vente, en consecuencia, no es ideológica. Es de arquitectura. Una base biométrica de millones de venezolanos, manejada por una sola estructura político-partidista sin supervisión externa, replica el defecto estructural que hizo posibles los abusos del chavismo en sus dos versiones. Que la motivación sea democrática no cambia la geometría del riesgo.

Lo que Venezuela no tiene

En el país no existe Ley de Protección de Datos Personales. El artículo 28 de la Constitución de 1999 reconoce el derecho a habeas data —es decir, a que un ciudadano pueda saber qué información tiene un tercero sobre él y exigir su corrección o destrucción—. Pero no existe una autoridad regulatoria independiente que ejecute ese derecho, ni norma específica que regule el tratamiento de datos biométricos por organizaciones políticas. Eso significa que un empadronado que entregue su rostro a Vente Venezuela hoy no tiene mecanismo institucional para retirarlo del sistema mañana.

La ausencia normativa no es responsabilidad del partido. Pero el partido sí escogió operar dentro de esa ausencia, con sus reglas propias, sin invitar a un órgano externo que audite el proceso. Esa decisión es la que recoge la crítica.

La pregunta abierta para los venezolanos en EE.UU.

Para los venezolanos en Estados Unidos —concentrados sobre todo en Florida, Texas, Nueva York, Massachusetts y Utah— la pregunta operativa es concreta: ¿quién garantiza, en este momento, que los datos biométricos que un activista de Vente recolecta en Miami o en Houston no terminen, por mal manejo o por filtración, en una base diferente a la prometida?

La respuesta, hasta ahora, es la palabra del propio partido.

Eso puede bastar para quien confíe en el liderazgo de María Corina Machado y en el equipo técnico de Villalobos. No basta como estándar institucional. Y la transición venezolana, si va a serlo de verdad, necesita estándares institucionales que sobrevivan a cualquier liderazgo.

El Plan de 40 Semanas tiene una virtud real: pone sobre la mesa el problema técnico del padrón antes de que llegue la fecha de la elección. Tiene también un costo: traslada al partido una función que, en cualquier democracia consolidada, corresponde a un órgano electoral independiente. Que esa función vuelva pronto a manos de un órgano electoral con auditoría pública es lo que va a separar la transición de su sombra.

Fuentes

• Entrevista de Humberto Villalobos en TVV Noticias con Carlos Acosta, miércoles 29 de abril de 2026.
• Entrevista de Humberto Villalobos en NTN24, programa La Tarde, mayo de 2026.
• Entrevista de Humberto Villalobos con Napoleón Bravo, viernes 16 de mayo de 2026.
• Comunicado oficial de Vente Venezuela, «La propuesta electoral de Vente Venezuela para derrotar al régimen», jueves 30 de abril de 2026.
• Comunicado oficial de Vente Venezuela, «Datos, transparencia y organización ciudadana», martes 5 de mayo de 2026.
• Análisis de Curadas, «Registro biométrico electoral en Venezuela: ¿quién controla el padrón?», sábado 2 de mayo de 2026.
• IPYS Venezuela, serie investigativa «Tu voto es secreto, tus datos no» sobre uso histórico de datos privados con fines partidistas.
• Transparencia Venezuela, informe Saber Más sobre ausencia de Ley de Protección de Datos Personales.
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 28 y 60.
• Reportajes de La Patilla, Analítica, Digaloahi Digital y EntornoInteligente sobre el Plan de 40 Semanas.