# Trump speed: las leyes que Caracas aprueba al ritmo que dicta Houston

Tres reformas legislativas venezolanas en cuatro meses. Cada una precedida por una reunión con funcionarios del gobierno de Donald Trump. El propio secretario del Interior estadounidense le puso nombre al fenómeno: «Trump speed». El presidente de la Asamblea Nacional es hermano de la presidenta encargada. La línea entre soberanía y subcontratación se difumina.

El 4 de marzo de 2026, en el Palacio de Miraflores, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, agradeció públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por aprobar la reforma de la ley de hidrocarburos a «Trump speed». El secretario usó la expresión en inglés ante las cámaras. Lo hizo con sonrisa, rodeado por ejecutivos de más de veinte compañías mineras estadounidenses y canadienses. La cobertura es pública: CBS News, AFP, Reuters, NPR y la agencia estatal de prensa de la propia Venezuela registraron la escena.

Lo que esa escena retrató no fue una reunión diplomática rutinaria. Fue un agradecimiento por la velocidad del trabajo legislativo de un país soberano por parte de un funcionario del gobierno de otro. Y la velocidad agradecida no era casual: la ley de hidrocarburos había sido promulgada el 29 de enero, apenas veintiséis días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la operación del 3 de enero. Para el momento del agradecimiento, ya había una segunda reforma en camino. Y una tercera anunciada.

La secuencia, contada en orden

La cronología verificada de las reformas legislativas venezolanas de los primeros cuatro meses de 2026 es la siguiente.

3 de enero: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Caracas. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asume la presidencia encargada el 5 de enero.

29 de enero: la Asamblea Nacional aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que reduce la carga impositiva al capital extranjero, expande las facultades del Ministerio del Petróleo, otorga autonomía operativa a productores privados y abre la comercialización a empresas no estatales. La presidenta del cuerpo legislativo, Dinorah Figuera, fue desplazada en la práctica por la facción oficialista. Quien preside la Asamblea controlada por el chavismo es Jorge Rodríguez.

Febrero: visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Pide «incrementos dramáticos» en la producción petrolera venezolana y habla de «oportunidades tremendas» para ambos gobiernos.

4 y 5 de marzo: visita oficial del secretario del Interior, Doug Burgum, acompañado por representantes de Peabody Energy (la mayor compañía privada de carbón del mundo), Hartree Partners, Orion CMC, Paulson and Co., Caterpillar, Lundin Mining, Gold Reserve, Trafigura y otras dos docenas de firmas. Burgum se reúne con Rodríguez durante diez horas, según declaró posteriormente en Houston. En la rueda de prensa conjunta del 4 de marzo, Delcy Rodríguez anuncia que su equipo económico enviará «en los próximos días» un proyecto de ley para reformar la legislación minera. Diosdado Cabello, ministro del Interior con cargos federales pendientes en Estados Unidos por narcoterrorismo desde 2020 y con una recompensa vigente de veinticinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, está sentado en la misma mesa.

Sábado 7 de marzo: el proyecto de Ley Orgánica de Minería se introduce en la Asamblea Nacional. El borrador no se hace público.

Lunes 9 de marzo: la Asamblea inicia debate del proyecto. Hay quejas de diputados sobre no haber recibido el texto a tiempo. Jorge Rodríguez, presidente de la cámara, rechaza la queja: afirma que todos los legisladores recibieron el borrador simultáneamente.

25 de marzo: Burgum interviene en CERAWeek by S&P Global en Houston, la conferencia anual de la industria energética más importante del mundo. Anuncia que Estados Unidos ya trajo cien millones de dólares en oro venezolano. Declara que no había habido envío de metales preciosos entre los dos países en más de veinte años. Caracteriza al gobierno de Rodríguez como un socio dispuesto a «cortar la burocracia».

27 de marzo: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite la Licencia General 51, autorizando a entidades estadounidenses comprar, transportar y vender oro de origen venezolano. La licencia exige que los contratos se rijan por jurisdicción estadounidense y que los pagos se depositen en cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos.

9 de abril: la Asamblea Nacional aprueba en segunda discusión la nueva Ley Orgánica de Minería. El presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, califica la ley como «vehículo para la construcción de futura prosperidad».

Mayo: Acting President Rodríguez anuncia la próxima reforma legislativa: el sector eléctrico. Delegaciones de Siemens y General Electric ya enviaron equipos técnicos para evaluar la infraestructura, según confirmó un vocero de Fedecámaras.

Tres reformas estratégicas en poco más de cien días. La primera en hidrocarburos, la segunda en minería, la tercera anunciada en electricidad. Cada una alineada con un sector donde compañías estadounidenses tienen interés inmediato. Cada una precedida por una visita oficial de Washington a Caracas.

La concentración familiar del poder

El detalle institucional importa. La presidenta encargada de Venezuela es Delcy Rodríguez. El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo es Jorge Rodríguez. Son hermanos. La rama ejecutiva propone los proyectos. La rama legislativa los aprueba. Ambas ramas las manejan dos miembros de la misma familia.

Eso no es ilegal en la arquitectura constitucional venezolana, donde el principio de separación de poderes ha sido erosionado de manera sostenida durante dos décadas. Pero sí altera la forma como debe leerse una reforma legislativa. Cuando el Ejecutivo introduce un proyecto el sábado y el Legislativo lo aprueba en primera discusión el lunes siguiente, sin debate público amplio y sin texto divulgado a la opinión pública, lo que está en juego no es la operación técnica del Congreso. Es la operación misma del poder.

Cuando los diputados se quejaron el 9 de marzo de no haber visto el borrador con tiempo suficiente, el presidente de la Asamblea respondió que todos lo habían recibido al mismo tiempo. Esa respuesta es técnicamente válida: si todos recibieron lo mismo a la vez, no hubo discriminación. Pero también es la respuesta clásica de un proceso legislativo donde el debate es ceremonial. Y la persona que da esa respuesta es el hermano de quien firma el proyecto.

Qué dice la ley, qué no se publicó

El texto completo de la Ley Orgánica de Minería aprobada el 9 de abril nunca fue divulgado en su versión preliminar. Reuters tuvo acceso a un borrador. Lo que se sabe del texto definitivo, según la cobertura cruzada de PBS NewsHour, Mining.com, Venezuelanalysis y agencias internacionales, es lo siguiente.

La nueva ley deroga el régimen minero de 1999 y el decreto de 2015 que imponía control estatal sobre las actividades mineras. Las concesiones se extienden de veinte a treinta años, con la posibilidad de renovación. Las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, una garantía clave para inversionistas extranjeros que temen una nueva ola de expropiaciones como la que ocurrió bajo Hugo Chávez entre 2007 y 2012. Se establecen tres escalas de minería (pequeña, mediana y gran escala) y se fijan topes para regalías y un nuevo impuesto minero. El presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores y otros altos funcionarios no pueden ser titulares de concesiones mineras. El depósito mineral permanece, en términos formales, como propiedad del Estado.

Las concesiones a gran escala no requieren aprobación de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo puede reducir las responsabilidades fiscales de las firmas mineras a su discreción. Las penas por minería ilegal se endurecen, lo que en términos prácticos significa que las operaciones artesanales no concesionadas serán perseguidas mientras las grandes operaciones extranjeras serán facilitadas.

Lo que no se publicó completo, no se debatió completo. Y lo que se debatió, se debatió rápido.

El derecho internacional en una zona gris

La Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1962, establece el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. El texto es claro: la exploración, el desarrollo y la disposición de los recursos naturales de un país deben hacerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo de ese país. Cuando un Estado celebra acuerdos con capital extranjero, debe hacerlo «en el ejercicio de su soberanía libre».

La pregunta que el escenario venezolano de los primeros meses de 2026 abre, según señalaron analistas citados por Al Jazeera y por organizaciones de derechos económicos, es si esa libertad existe en términos sustantivos cuando la cronología de las reformas se acopla con tanta precisión a la agenda de visitantes oficiales del gobierno estadounidense. La pregunta no tiene respuesta automática. Pero existe.

Hay un dato que agrava la zona gris. El 9 de enero de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros venezolanos. El vicepresidente JD Vance declaró: «Nosotros controlamos los recursos energéticos, y le decimos al régimen: puedes vender el petróleo siempre y cuando sirvas al interés nacional de Estados Unidos». Rodríguez respondió en su momento: «Ningún agente extranjero gobierna Venezuela». Tres meses después, el secretario del Interior agradece «Trump speed» a un congreso extranjero. Las dos afirmaciones no se sostienen al mismo tiempo.

Por qué esto importa para el hispano en Estados Unidos

La diáspora venezolana en Estados Unidos supera el millón de personas, según cifras del censo. Muchos llegaron en los últimos quince años en busca de una transición democrática que parecía siempre postergada. La operación militar del 3 de enero abrió, para muchos, la expectativa de que esa transición finalmente comenzaría.

Lo que está en construcción en Caracas tiene formas constitucionales reconocibles. Hay una presidenta encargada. Hay un parlamento que vota. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que revisará la constitucionalidad de la nueva ley minera. Hay licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que regulan el flujo comercial. En la superficie, todo opera dentro del marco institucional. Pero la velocidad, la opacidad documental y la coincidencia con la agenda extractiva estadounidense plantean preguntas que el lector hispano en Dallas, Miami, Chicago o cualquier ciudad con comunidad venezolana merece poder formular con elementos claros.

No se trata de emitir veredictos. Se trata de poder distinguir lo que es restauración democrática de lo que es continuidad autoritaria con accionistas nuevos. Esa distinción es ejercicio de criterio, y el criterio requiere datos ordenados.

Lo que viene

El próximo paso anunciado es la reforma del sector eléctrico. Siemens y General Electric ya enviaron delegaciones a evaluar la infraestructura, según declaró un vocero de Fedecámaras. La pregunta editorial no es si la reforma se va a aprobar. La pregunta es cuál será el siguiente foro estadounidense donde se celebre.