ECONOMÍA · LA CRISIS ELÉCTRICA

El ingeniero reconoce avances en la participación privada y la transparencia tarifaria, pero advierte que la reforma deja dudas sobre subsidios, regulación y recuperación de la inversión. Su pregunta de fondo es si los cambios resolverán los apagones de los hogares, no solo atraerán proyectos para los grandes consumidores.

Elías Matta reconoce una oportunidad en la reforma eléctrica que discute la Asamblea Nacional, pero cuestiona si las reglas propuestas bastan para recuperar el servicio de los hogares. Su advertencia distingue dos resultados posibles: que llegue inversión para industrias y petroleras capaces de contratar su propia energía, o que también se financien las plantas y redes de las que depende el resto de la población. Lo primero, sostiene, no garantiza lo segundo (X).

El ingeniero civil y exdiputado por Un Nuevo Tiempo (trayectoria) desarrolló sus consideraciones en X el 6 de noviembre y volvió a recomendar el hilo al día siguiente (X). Su conclusión no es un rechazo a la apertura: afirma que la reforma va en la dirección correcta, pero «se queda a mitad de camino» (X).

La discusión sigue abierta. El 5 de noviembre, el Parlamento avanzó en segunda discusión hasta el artículo 95 del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y difirió el resto del debate (Noticia al Día). Ese avance no equivale a la sanción de toda la reforma. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, prometió aprobarla el martes 10 (INCÍSOS).

Lo que Matta considera un avance

El primer cambio que valora es permitir inversión privada en generación, distribución y comercialización. En su lectura, esa apertura rompe con el monopolio de Corpoelec y reconoce el fracaso del modelo estatista iniciado en 2007 (X). Esa última conclusión es su valoración política; la orientación hacia la participación privada sí aparece en la información oficial del proyecto (Ministerio de Energía Eléctrica).

La apertura no significa que Corpoelec desaparezca. El Ministerio de Energía Eléctrica describe su continuidad como ente ejecutor del sistema y la posibilidad de asociaciones públicas y privadas para rehabilitar y mantener infraestructura, preservando la titularidad pública de los bienes (Ministerio de Energía Eléctrica). El cambio propuesto es incorporar participantes y modalidades de operación, no una venta general del sistema.

Matta identifica otros avances: una tarifa técnica basada en costos reales, el subsidio visible en la factura y una Superintendencia reguladora. También destaca la separación del despacho eléctrico de Corpoelec, es decir, de la coordinación de las centrales que producen y entregan energía, y la posibilidad de que los grandes consumidores contraten libremente (X; X).

La transparencia de la factura importa porque permitiría distinguir cuánto cuesta prestar el servicio, cuánto aporta el Estado y cuánto paga el usuario. Pero reconocer esos componentes no resuelve, por sí solo, quién cubre una diferencia que quede pendiente.

El subsidio y el regulador, dos garantías distintas

Una de las primeras objeciones de Matta es que, según su análisis, el subsidio carece de un plazo de pago y de consecuencias si el Estado no cubre la diferencia. Una empresa que debe suministrar energía sin recibir los ingresos previstos acumula obligaciones y pierde capacidad para operar e invertir. «Un subsidio que no se paga es una deuda que termina en apagones», escribe (X).

El segundo reparo es la independencia del regulador. No basta con crear una Superintendencia si sus decisiones siguen sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo. Matta cuestiona el poder presidencial sobre el nombramiento y la remoción del directorio (X). La información pública del proyecto describe autonomía técnica, financiera y de gestión, pero también señala que su titular sería de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo (Ciudad CCS). Autonomía administrativa e independencia política no son lo mismo, y la diferencia resulta decisiva cuando el Estado conserva empresas que operan en el sector.

Permitir invertir no basta para financiar

Matta reúne varias objeciones alrededor de una misma pregunta: cómo recuperará su dinero quien financie una planta o una red. Cuestiona las condiciones de transferencia de activos al terminar una concesión y, sobre todo, las garantías frente a una rescisión decidida por el Estado (X). También considera insuficiente que el arbitraje quede como una posibilidad contractual y que no se mencione expresamente el internacional; lo vincula con el acceso al crédito (X).

A ello suma la falta de un mercado mayorista con precios de referencia y de reglas claras para remunerar la capacidad disponible, y los vacíos para incorporar capital privado a la infraestructura existente y definir la rentabilidad, su moneda o su actualización (X; X). Cuestiona además que el Estado pueda reservar circuitos de distribución como estratégicos sin criterios claros, y reclama un papel para los estados y sus posibles empresas eléctricas (X).

La seguridad del sistema y el derecho a informar

Matta añade una advertencia sobre el artículo 112. Según su lectura, prevé penas de ocho a dieciséis años por revelar secretos relativos a la seguridad del sistema eléctrico sin definir qué debe considerarse secreto. Le preocupa que esa amplitud pueda utilizarse contra quien informe sobre fallas (X). Ese artículo está entre los pendientes de discusión: el avance documentado hasta el artículo 95 no acredita su aprobación.

La prueba será el servicio

La consecuencia que anticipa Matta es una apertura desigual: inversión en autogeneración, industria y petroleras, mientras la recuperación de la infraestructura que atiende a los hogares seguiría esperando garantías. «Sin estas garantías, la apertura será más anuncio que realidad», concluye (X).

Análisis

El análisis de Matta lleva la discusión desde la autorización legal hacia las condiciones para prestar el servicio. La reforma no se probará por el número de empresas que puedan entrar, sino por la capacidad de financiar y sostener una electricidad confiable para la población. Y hay un punto que no es técnico: una ley que castigue con cárcel a quien revele fallas del sistema eléctrico choca con el derecho de los venezolanos a saber por qué se quedan sin luz.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Asamblea defina un plazo y una consecuencia para el pago del subsidio, que el regulador tenga un directorio que el Ejecutivo no pueda remover a voluntad, que el arbitraje internacional quede escrito y que el artículo 112 defina con precisión qué es un secreto.

Para leer más en INCÍSOS

1. La AN abrirá la electricidad a privados tras admitir un «tremendo problema»: la apertura anunciada.
2. Corpoelec firma con Karpowership dos barcazas de 200 megavatios para el Zulia: el parche flotante.
3. Un país que ya trabaja a medias convoca un paro: el país que trabaja a medias.

Fuentes principales: Hilo de Elías Matta en X, 6 y 7 de noviembre de 2026 (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); Noticia al Día; Ministerio de Energía Eléctrica (2 de junio; 4 de noviembre); Ciudad CCS; Transparencia Venezuela.

EMPRENDIMIENTO · ECONOMÍA SOBRE RUEDAS

La presidenta encargada recibió en Miraflores al sector motorizado y anunció una escuela de formación, un registro único para formalizar a los trabajadores, kits de talleres mecánicos y un fondo de salud con las empresas de delivery. Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela tiene 25 motos por cada 100 habitantes y una tasa de accidentes alta.

En Venezuela, la moto es oficina, taxi y repartidor. El viernes 6 de noviembre, la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió en Miraflores al sector motorizado y anunció la creación de la Escuela de Formación Integral para Motorizados, que funcionará en la Escuela Nacional de Transporte con «estándares internacionales» para prevenir accidentes, y la apertura de un Registro Único para formalizar a los trabajadores del sector, según VTV y El Diario.

Rodríguez comparó la situación con países de Asia y afirmó: «En países de Asia, de cada 100 ciudadanos 65 tienen moto y la tasa de accidentes no es la de Venezuela, donde hay 25 motos por cada 100 habitantes».

Las medidas

1. Escuela de formación: en la Escuela Nacional de Transporte, para prevenir accidentes viales.
2. Registro Único: para formalizar a los motorizados que trabajan con su vehículo.
3. Kits de talleres mecánicos: el Ministerio de la Juventud deberá entregarlos para que los motorizados presten servicios y generen ingresos.
4. Fondo de salud: una alianza propuesta con las empresas de delivery.
5. Seguro obligatorio: que los vendedores de motos las entreguen con seguro de responsabilidad civil, para reducir la demanda de material de osteosíntesis en las emergencias.

El último punto dice mucho. El material de osteosíntesis son las placas, clavos y tornillos que se usan para fijar fracturas. La medida anunciada busca reducir la demanda de este material en las emergencias.

Por qué importa para los emprendedores

El delivery conecta a restaurantes, farmacias, abastos y comercios en línea con repartidores en moto. Un registro y un fondo de salud pueden darles algo de protección. Pero también pueden convertirse en un trámite más, un costo más o un mecanismo de control, si no se diseñan con quienes trabajan en la calle.

Análisis

El diagnóstico es correcto y las medidas, en el papel, razonables: formar, asegurar y dar herramientas a un sector que mueve buena parte de la economía cotidiana. La pregunta es quién paga. Si el fondo de salud se financia con las empresas de delivery, el costo puede trasladarse a la tarifa o al repartidor. Si el seguro se suma al precio de la moto, quien la compra a crédito para trabajar paga más. Y si el registro es obligatorio, debe quedar claro para qué se usarán los datos. Un Estado que anuncia formalización tiene que ofrecer algo a cambio: seguridad social real, no solo un carnet.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se publiquen las normas del registro y del fondo de salud, con costos y beneficios; que la escuela tenga fecha de apertura y capacidad; y que las empresas de delivery y los motorizados participen en el diseño antes de que sea obligatorio.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez anuncia 6,2 % de inflación y una reforma tributaria: la reforma tributaria y la formalización de negocios.
2. El SENIAT suspende las fiscalizaciones hasta fin de año: el fisco y los comercios.
3. La venezolana Layrz compite por un millón de dólares en Silicon Valley: un emprendimiento venezolano en Silicon Valley.

Fuentes principales: Transmisión de VTV del viernes 6 de noviembre de 2026, recogida por El Diario y Reporte Ya, y publicaciones en X de las periodistas Madelein García y Maibort Petit y del periodista Luis Olavarrieta.

ECONOMÍA · PETRÓLEO Y GAS

La derrota republicana hundió el Brent más de nueve dólares en un día, porque el mercado apuesta a que el nuevo Congreso acelere el fin de la guerra con Irán. Para Venezuela, eso es menos ingreso por barril. Trinidad y Tobago, en cambio, dice que sus licencias para el gas venezolano están «aseguradas» y quiere firmar el campo Dragón antes de que termine noviembre.

El petróleo leyó las elecciones antes que nadie. El miércoles 4 de noviembre, con los demócratas camino a controlar las dos cámaras, el Brent cayó 9,34 %, más de nueve dólares en una jornada, hasta 93,90 dólares por barril, su nivel más bajo en dos meses. El WTI bajó 8,85 %, a 87,58 (Portafolio/EFE). El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, había dicho que su partido «pondrá fin a la guerra contra Irán», y el vicepresidente JD Vance admitió que la guerra fue la razón de la derrota.

Ormuz, todavía cerrado

El mercado apuesta a una salida, pero la guerra sigue. El viernes 6, Trump confirmó nuevos ataques «menores» contra un sistema de defensa aérea iraní; la prensa estatal iraní reportó dos explosiones en la isla de Qeshm, frente a Ormuz. Al mismo tiempo, Irán estudia una propuesta de Catar: en un primer día, EE.UU. levantaría el bloqueo de los puertos iraníes y liberaría fondos congelados, a cambio de que Irán admita a los inspectores del OIEA en los sitios bombardeados; en el segundo, Irán reabriría el estrecho. Teherán pide además el fin de las sanciones y compensaciones (CP24/AP). El tráfico de crudo y productos por mar promedió 17,1 millones de barriles diarios en octubre, unas tres cuartas partes del nivel previo a la guerra (Portafolio/EFE).

Lo que significa para Venezuela

Para Venezuela, un barril más barato es menos ingreso. Las exportaciones ya cayeron 25 % en octubre, y el nuevo Congreso anuncia que revisará los acuerdos petroleros. Si Ormuz se reabre, el crudo iraní y del Golfo vuelve al mercado, y la ventaja que tuvo el petróleo venezolano durante la guerra se achica.

El gas va por otro carril. El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, dijo a EFE el sábado 7 que espera que la cooperación con Venezuela continúe pese al triunfo demócrata: «Estas licencias están aseguradas». La OFAC otorgó autorizaciones a Trinidad y Tobago, a su Compañía Nacional de Gas y a socios como Shell para trabajar con gas venezolano. Para el campo Dragón, con unos 4,2 billones de pies cúbicos estimados, equipos técnicos viajarán a Venezuela y luego firmarán los ministros; la meta es cerrar antes de que termine noviembre. En el campo Loran avanza un acuerdo de medición, y Puerto España quiere reactivar la refinería de Guaracara (ABC Color/EFE).

En el bolsillo

El sábado 7, la plataforma de Consorcio Credicard sufrió fallas que causaron una «degradación parcial» del servicio. Hubo tarjetas rechazadas en puntos de venta del Banco de Venezuela, Bancamiga, BNC, Sofitasa y el Banco del Tesoro, y en algunos casos el monto se debitó aunque la compra no se completó (El Diario). El dólar oficial del BCV fue publicado con fecha valor del lunes 9 en 897,54 bolívares, 0,16 % más que en la jornada anterior (La Verdad de Monagas).

Análisis

Trinidad y Tobago está haciendo lo que hacen los países prácticos: cerrar sus acuerdos antes de que cambie el viento en Washington. Venezuela debería tomar nota. Si el gas del Dragón es la apuesta más sólida del sector, el contrato tiene que ser público, con precios, volúmenes y lo que recibirá el país, porque un acuerdo firmado a la carrera y en secreto es el que el próximo Congreso, de EE.UU. o de Venezuela, querrá revisar.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se firme el acuerdo del Dragón con sus términos publicados, que el Gobierno diga cuánto ingreso petrolero espera con un Brent por debajo de 95 dólares y que Credicard explique la falla y devuelva los cobros indebidos.

Para leer más en INCÍSOS

1. Las exportaciones petroleras de Venezuela caen 25 % en octubre: las exportaciones de octubre.
2. Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana: la guerra y la derrota republicana.
3. El nuevo Congreso pondrá la lupa sobre el acuerdo con NABEP: los acuerdos petroleros.

Fuentes principales: Portafolio/EFE; CP24/AP; ABC Color/EFE; El Diario; La Verdad de Monagas.