ECONOMÍA · SALARIOS Y PENSIONES

La pensión que paga el IVSS en bolívares, unos 130 al mes, vale unos 14 centavos de dólar. Las comisiones por mantener la cuenta donde se deposita llegan a 200 o 600 bolívares. El resultado es absurdo: hay jubilados que no cobran nada y terminan con saldo negativo. El salario en bolívares ya no es poco: es menos que cero.

Una jubilada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibió en su cuenta del Banco Bicentenario una quincena de 396,41 bolívares. Según la denuncia recogida por El Informador, el banco le cobró, en el mismo período, cargos por estados de cuenta, por mensajería y por servicio por un total reportado de 417,17 bolívares. La misma denuncia reportó que terminó la quincena sin un bolívar y con un saldo negativo de 20,76, que se le descontaría automáticamente de su próximo pago. Lo contó en octubre el dirigente sindical Alberto Domínguez: los cargos «superaron por completo el valor de su quincena» (El Informador).

No es un caso aislado. Es la consecuencia aritmética de un salario que se quedó quieto mientras todo lo demás se movió.

Las cuentas

El salario mínimo y la pensión del IVSS siguen en 130 bolívares al mes, el monto fijado en marzo de 2022 (Banca y Negocios). Con el dólar oficial del BCV en 897,53 bolívares para el lunes 9 de noviembre (Primicia), eso equivale a unos 14 centavos de dólar al mes. En Portuguesa, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores denuncia que algunos bancos cobran hasta 600 bolívares por mantenimiento de cuenta (Portuguesa Reporta). Otros reportes hablan de 200 bolívares para poder retirar, lo que obliga a acumular unas tres pensiones para sacar una (Reporte Confidencial). En septiembre, El Pitazo ya contaba que el pasaje para ir al banco costaba más que la pensión (El Pitazo).

«Ahora no somos usuarios de los bancos, sino que estamos endeudados con los bancos», resumió Irma Mendoza, representante del comité en Portuguesa. «Hay personas que cobran 65 bolívares quincenal y no les pagan nada» (Portuguesa Reporta).

Lo que dice la norma

Según los denunciantes, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo prohíbe cobrar mantenimiento en las cuentas nómina de trabajadores, jubilados y pensionados, y una resolución de la Sudeban, la 09338, exonera las tarjetas de débito asociadas a esas pensiones (Reporte Confidencial). El comité llevó la queja a la Sudeban a finales de octubre y anunció que iría a la Fiscalía de derechos humanos. Piden suspender los cobros, devolver lo descontado y supervisar a la banca. No hay respuesta pública de la Sudeban.

Un salario por debajo de cero

Lo que cobran de verdad los trabajadores y los jubilados no está en esos 130 bolívares. Desde mayo, el Gobierno fija un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares para los trabajadores y de 70 para los pensionados, equivalentes en bolívares y pagados en su mayor parte como bonos a través del Sistema Patria (Banca y Negocios). Los bonos no generan vacaciones, utilidades ni prestaciones; solo el salario de 130 bolívares las genera. Es decir: la parte del ingreso que tiene derechos vale 14 centavos, y la cuenta donde se deposita cuesta más que eso.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió en octubre ante Fedecámaras que en noviembre habría «resultados de las mesas de consenso laboral y social», sin precisar un nuevo salario (Bloomberg Línea). El salario es también una de las razones del paro del lunes 16.

El salario en negativo es la imagen más cruda de la bonificación del ingreso. Mientras el Estado pague con bonos y deje el salario en 130 bolívares, el jubilado queda atrapado en un sistema bancario que cobra en valores actuales y le deposita en valores de 2022. Que un banco le cobre a una persona mayor más de lo que recibe no es solo un abuso comercial: es la prueba de que el salario legal dejó de existir. La solución de fondo no es una exoneración, sino un salario y una pensión que vuelvan a ser lo que dicen ser.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Sudeban ordene suspender los cobros de mantenimiento en las cuentas de jubilados y pensionados y devolver lo descontado; que los bancos anulen los saldos negativos; y que el anuncio laboral prometido para noviembre incorpore los bonos al salario, para que vuelvan a contar en vacaciones, utilidades y prestaciones.

Para leer más en INCÍSOS

1. Un país que ya trabaja a medias convoca un paro: el paro del 16 y los salarios.
2. Venezuela ratifica el convenio iberoamericano que permite sumar cotizaciones para pensionarse: el convenio iberoamericano de pensiones.
3. Delcy Rodríguez anuncia 6,2 % de inflación y una reforma tributaria: la inflación.

Fuentes principales: El Informador; Portuguesa Reporta; Reporte Confidencial; El Pitazo; Banca y Negocios; Bloomberg Línea; Primicia.

MIRANDO AL HOGAR · DIÁSPORA

Delcy Rodríguez anunció la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que permite sumar los años cotizados en distintos países para acceder a una pensión. Puede servir a los venezolanos que trabajaron en Colombia, Perú, Chile o España. A los que trabajan en EE.UU., no: EE.UU. no está en el convenio.

Un venezolano que trabajó diez años en Caracas y quince en Lima podría, en teoría, sumar esos 25 años para pensionarse. Eso es lo que promete el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, cuya ratificación anunció el domingo 8 de noviembre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El convenio se firmó en Santiago de Chile en 2007; según el anuncio oficial, Venezuela se compromete a cumplir todas sus disposiciones y sus autoridades comenzarán a enlazarse con los organismos regionales para sincronizar el cómputo de las semanas cotizadas (Resumen Latinoamericano/teleSUR).

Qué permite

El convenio garantiza igualdad de trato a los trabajadores iberoamericanos, sin importar su nacionalidad; suma los períodos cotizados en distintos países para alcanzar el derecho a una pensión; conserva los derechos adquiridos al mudarse de un país a otro, y aplica la norma más favorable cuando ya existe un acuerdo bilateral (Seguridad Social de España).

Lo aplican al menos 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Colombia depositó su ratificación en 2023 (Seguridad Social de España). Son, en buena parte, los países donde vive la mayoría de la diáspora venezolana.

Lo que no hace

El convenio no incluye a EE.UU. Para quien cotiza aquí al Seguro Social, la ratificación no cambia nada. Tampoco crea una pensión nueva: cada país paga la parte proporcional a los años cotizados en su sistema, con sus propias reglas. Y la parte venezolana se paga en el sistema del IVSS, con pensiones que hoy valen muy poco en dólares.

Para la diáspora venezolana en América Latina y España, esta puede ser una noticia práctica de largo plazo: años de trabajo que no se pierden al cruzar una frontera. Pero un convenio se mide en trámites que funcionan. El anuncio llegó por canales oficiales, sin el texto del instrumento ni un procedimiento para los interesados, y la sincronización de cotizaciones exige que el IVSS tenga registros confiables, algo que muchos jubilados saben que no siempre ocurre.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se confirme públicamente el depósito de la ratificación ante la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que el IVSS publique cómo se solicita la totalización y qué documentos se necesitan, y que diga cómo pagará su parte a quien vive fuera.

Para leer más en INCÍSOS

1. La diáspora venezolana, entre un Congreso aliado y Miller: la diáspora.
2. León XIV pregunta en qué falla una nación cuyos jóvenes emigran: el papa y los jóvenes que emigran.
3. Trump admite que su política de deportaciones pudo ser «demasiado dura»: Trump y las deportaciones.

Fuentes principales: Resumen Latinoamericano/teleSUR; Revista de la Seguridad Social de España.

ECONOMÍA · LA CRISIS ELÉCTRICA

El ingeniero reconoce avances en la participación privada y la transparencia tarifaria, pero advierte que la reforma deja dudas sobre subsidios, regulación y recuperación de la inversión. Su pregunta de fondo es si los cambios resolverán los apagones de los hogares, no solo atraerán proyectos para los grandes consumidores.

Elías Matta reconoce una oportunidad en la reforma eléctrica que discute la Asamblea Nacional, pero cuestiona si las reglas propuestas bastan para recuperar el servicio de los hogares. Su advertencia distingue dos resultados posibles: que llegue inversión para industrias y petroleras capaces de contratar su propia energía, o que también se financien las plantas y redes de las que depende el resto de la población. Lo primero, sostiene, no garantiza lo segundo (X).

El ingeniero civil y exdiputado por Un Nuevo Tiempo (trayectoria) desarrolló sus consideraciones en X el 6 de noviembre y volvió a recomendar el hilo al día siguiente (X). Su conclusión no es un rechazo a la apertura: afirma que la reforma va en la dirección correcta, pero «se queda a mitad de camino» (X).

La discusión sigue abierta. El 5 de noviembre, el Parlamento avanzó en segunda discusión hasta el artículo 95 del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y difirió el resto del debate (Noticia al Día). Ese avance no equivale a la sanción de toda la reforma. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, prometió aprobarla el martes 10 (INCÍSOS).

Lo que Matta considera un avance

El primer cambio que valora es permitir inversión privada en generación, distribución y comercialización. En su lectura, esa apertura rompe con el monopolio de Corpoelec y reconoce el fracaso del modelo estatista iniciado en 2007 (X). Esa última conclusión es su valoración política; la orientación hacia la participación privada sí aparece en la información oficial del proyecto (Ministerio de Energía Eléctrica).

La apertura no significa que Corpoelec desaparezca. El Ministerio de Energía Eléctrica describe su continuidad como ente ejecutor del sistema y la posibilidad de asociaciones públicas y privadas para rehabilitar y mantener infraestructura, preservando la titularidad pública de los bienes (Ministerio de Energía Eléctrica). El cambio propuesto es incorporar participantes y modalidades de operación, no una venta general del sistema.

Matta identifica otros avances: una tarifa técnica basada en costos reales, el subsidio visible en la factura y una Superintendencia reguladora. También destaca la separación del despacho eléctrico de Corpoelec, es decir, de la coordinación de las centrales que producen y entregan energía, y la posibilidad de que los grandes consumidores contraten libremente (X; X).

La transparencia de la factura importa porque permitiría distinguir cuánto cuesta prestar el servicio, cuánto aporta el Estado y cuánto paga el usuario. Pero reconocer esos componentes no resuelve, por sí solo, quién cubre una diferencia que quede pendiente.

El subsidio y el regulador, dos garantías distintas

Una de las primeras objeciones de Matta es que, según su análisis, el subsidio carece de un plazo de pago y de consecuencias si el Estado no cubre la diferencia. Una empresa que debe suministrar energía sin recibir los ingresos previstos acumula obligaciones y pierde capacidad para operar e invertir. «Un subsidio que no se paga es una deuda que termina en apagones», escribe (X).

El segundo reparo es la independencia del regulador. No basta con crear una Superintendencia si sus decisiones siguen sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo. Matta cuestiona el poder presidencial sobre el nombramiento y la remoción del directorio (X). La información pública del proyecto describe autonomía técnica, financiera y de gestión, pero también señala que su titular sería de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo (Ciudad CCS). Autonomía administrativa e independencia política no son lo mismo, y la diferencia resulta decisiva cuando el Estado conserva empresas que operan en el sector.

Permitir invertir no basta para financiar

Matta reúne varias objeciones alrededor de una misma pregunta: cómo recuperará su dinero quien financie una planta o una red. Cuestiona las condiciones de transferencia de activos al terminar una concesión y, sobre todo, las garantías frente a una rescisión decidida por el Estado (X). También considera insuficiente que el arbitraje quede como una posibilidad contractual y que no se mencione expresamente el internacional; lo vincula con el acceso al crédito (X).

A ello suma la falta de un mercado mayorista con precios de referencia y de reglas claras para remunerar la capacidad disponible, y los vacíos para incorporar capital privado a la infraestructura existente y definir la rentabilidad, su moneda o su actualización (X; X). Cuestiona además que el Estado pueda reservar circuitos de distribución como estratégicos sin criterios claros, y reclama un papel para los estados y sus posibles empresas eléctricas (X).

La seguridad del sistema y el derecho a informar

Matta añade una advertencia sobre el artículo 112. Según su lectura, prevé penas de ocho a dieciséis años por revelar secretos relativos a la seguridad del sistema eléctrico sin definir qué debe considerarse secreto. Le preocupa que esa amplitud pueda utilizarse contra quien informe sobre fallas (X). Ese artículo está entre los pendientes de discusión: el avance documentado hasta el artículo 95 no acredita su aprobación.

La prueba será el servicio

La consecuencia que anticipa Matta es una apertura desigual: inversión en autogeneración, industria y petroleras, mientras la recuperación de la infraestructura que atiende a los hogares seguiría esperando garantías. «Sin estas garantías, la apertura será más anuncio que realidad», concluye (X).

Análisis

El análisis de Matta lleva la discusión desde la autorización legal hacia las condiciones para prestar el servicio. La reforma no se probará por el número de empresas que puedan entrar, sino por la capacidad de financiar y sostener una electricidad confiable para la población. Y hay un punto que no es técnico: una ley que castigue con cárcel a quien revele fallas del sistema eléctrico choca con el derecho de los venezolanos a saber por qué se quedan sin luz.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Asamblea defina un plazo y una consecuencia para el pago del subsidio, que el regulador tenga un directorio que el Ejecutivo no pueda remover a voluntad, que el arbitraje internacional quede escrito y que el artículo 112 defina con precisión qué es un secreto.

Para leer más en INCÍSOS

1. La AN abrirá la electricidad a privados tras admitir un «tremendo problema»: la apertura anunciada.
2. Corpoelec firma con Karpowership dos barcazas de 200 megavatios para el Zulia: el parche flotante.
3. Un país que ya trabaja a medias convoca un paro: el país que trabaja a medias.

Fuentes principales: Hilo de Elías Matta en X, 6 y 7 de noviembre de 2026 (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); Noticia al Día; Ministerio de Energía Eléctrica (2 de junio; 4 de noviembre); Ciudad CCS; Transparencia Venezuela.