Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía documental.

VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS

Veintiún sargentos de la Guardia Nacional presos por el caso Cotiza se declararon el lunes en huelga de hambre indefinida en Ramo Verde. Dicen que cumplieron su condena de 7 años y 9 meses el 24 de octubre y que, en lugar de soltarlos, se pretende trasladar su causa a un tribunal de terrorismo. A la protesta se sumaron militares de otros casos.

«Cumplieron la totalidad de la pena el 24 de octubre de 2026». Luis Guillermo Martínez Natera lo dice de su hermano, el sargento mayor Geomar Martínez Natera, uno de los presos del caso Cotiza. Dieciséis días después, siguen en Ramo Verde. El lunes 9 de noviembre, 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana se declararon en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares (El Diario; El Nacional).

No están solos. A la protesta se sumaron cuatro militares de la Aviación del caso «Sukhoi», dos sargentos del Ejército detenidos por el caso de la refinería El Palito y uno del caso Paramacay, según los familiares (Aporrea). «Ya van más de 10 días y nada», dijo Elitza Castillo Méndez, hermana del sargento Nomar Salcedo Méndez, de 27 años, nacido en Papelón, Portuguesa. Lo describió como «una huelga de hambre pacífica e indefinida».

Quiénes son los sargentos de Cotiza

El 21 de enero de 2019, un grupo de sargentos de la GNB desconoció a Nicolás Maduro desde un comando en Cotiza, en el oeste de Caracas, e invitó a la gente a protestar. Los vecinos salieron a la calle y fueron reprimidos; las protestas se extendieron a otras zonas de Caracas y luego al resto del país. Fue uno de los detonantes de las jornadas de enero de 2019. Las detenciones vinculadas al alzamiento comenzaron en enero de 2019 (El Diario; El Pitazo).

En junio de 2022, un tribunal militar condenó a 24 de ellos: el sargento Luis Bandrés recibió 15 años y 9 meses por motín e instigación, y el resto, 7 años y 9 meses. Alfredo Romero, del Foro Penal, denunció entonces que la audiencia terminó a las cuatro de la madrugada y que «graves torturas denunciadas no fueron consideradas ni investigadas» (El Diario).

El cambio de tribunal

Lo que denuncian ahora es más grave que un retraso. Según un comunicado de los detenidos recibido por El Nacional, el magistrado Maikel Moreno ordenó anular el juicio militar para trasladar la causa a un tribunal con competencia en terrorismo. «Entonces le quieren imputar ahora el cargo de terrorismo», dijo Kely Rico Arrieta, que tiene cuatro años sin ver a su hermano, el sargento Jorge Rico Arrieta. «En el juicio original no le pusieron ese delito» (El Nacional).

Los huelguistas piden la boleta de excarcelación, que se respeten sus derechos y que funcionarios del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz vayan al penal. Responsabilizan por su vida al general Luis Ojeda Araujo, director de los centros penitenciarios militares (El Nacional). Hasta el cierre de esta nota no había respuesta oficial.

Una cifra, dos realidades

La huelga coincide con el anuncio de Dinorah Figuera de que el Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, con la petición expresa de incluir a los militares. Según el Foro Penal, 140 de los 322 presos políticos son militares (El Diario). La Plataforma Unitaria cuenta al menos 393 personas detenidas por razones políticas y calificó de «insuficiente» el ritmo de liberaciones (TalCual).

Un preso que cumplió su pena y sigue preso no es un caso de retardo procesal: es una detención sin base legal. Y reabrir una causa ya juzgada para buscar un delito nuevo, terrorismo, cuando la condena terminó, es la clase de práctica que un TSJ renovado tendrá que desmontar. Esta huelga pone a prueba el «nuevo momento político» con una pregunta sencilla: si no se libera a quien ya cumplió, ¿con qué criterio se liberará al resto? Una huelga de hambre, además, es una emergencia de salud, no un gesto simbólico.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que los tribunales emitan las boletas de excarcelación de quienes cumplieron su condena el 24 de octubre; que se desista de trasladar la causa a la jurisdicción de terrorismo; que el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz visite Ramo Verde; y que los militares presos entren, con nombre propio, en el próximo anuncio de excarcelaciones.

Para leer más en INCÍSOS

1. El Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, dice Figuera: las excarcelaciones anunciadas.
2. Las familias levantan el campamento de El Rodeo I tras 300 días: el campamento de El Rodeo I.
3. Libertad no es destierro: libertad no es destierro.
4. Rubio pone fecha al nuevo TSJ, mediados de diciembre: la ruta de Rubio.

Fuentes principales: El Diario; El Nacional; Aporrea; NTN24; El Diario, 2022; TalCual; Foro Penal.

VITRINA POLÍTICA · WASHINGTON Y CARACAS

Preguntado por la prensa si habrá elecciones en Venezuela antes de que termine su mandato, Trump respondió: «Sí, en algún momento, sí». No dio fecha ni condiciones. Sí dijo que EE.UU. está «totalmente al mando», que se lleva «muy bien» con el Gobierno y que recibe «miles de millones» de dólares al día.

«Nos llevamos muy bien con el Gobierno. Estamos mucho al mando, estamos totalmente al mando y nos llevamos bien». Donald Trump habló de Venezuela el lunes 9 de noviembre, ante la pregunta de si los venezolanos votarán antes de que termine su mandato, en enero de 2029. Su respuesta fue corta: «Sí, en algún momento, sí» (El Nacional; Noticiero Digital).

Trump volvió sobre la operación del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro: «Terminó en 48 minutos y no perdimos ningún soldado». Y la conectó con el dinero: «Estamos recibiendo miles de millones y miles de millones de dólares al día, y pagamos esa guerra con creces». Sobre los venezolanos dijo: «El pueblo venezolano nos ama porque estamos trayendo a las grandes compañías petroleras que ahora están allí» (El Nacional).

Dos voces, un mismo día

Las palabras de Trump llegaron horas después de que Marco Rubio, desde París, diera un calendario con mes y fases: nuevo TSJ a mediados de diciembre, CNE poco después, vacante presidencial y hasta seis meses para votar. Trump no contradijo ese calendario, pero tampoco lo repitió. Donde Rubio habla de instituciones, Trump habla de control y de petróleo.

No es la primera vez. Una semana antes, Trump admitió en 60 Minutes que su política migratoria pudo ser «demasiado dura». Y en octubre ya había dicho que era «demasiado pronto» para elecciones en Venezuela.

«Totalmente al mando» es una frase que un venezolano no puede leer con indiferencia, venga de donde venga. Describe una tutela, no una transición. Y «en algún momento» es una promesa sin fecha que deja el reloj electoral en manos de quien dice estar al mando. La cifra de los «miles de millones al día» tampoco resiste las cuentas, como explicamos aquí. Con todo, la frase útil del día no es de Trump sino de su secretario de Estado: diciembre para el TSJ. La pregunta es cuál de las dos voces marca el ritmo.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Casa Blanca haga suyo, por escrito, el calendario de Rubio; que «en algún momento» se convierta en una fecha anunciada por un CNE renovado; y que la relación con Caracas se mida por elecciones libres y no por barriles.

Para leer más en INCÍSOS

1. Rubio pone fecha al nuevo TSJ, mediados de diciembre: el calendario de Rubio.
2. Los «miles de millones al día» de Trump no cuadran: las cuentas del petróleo.
3. Trump admite que su política de deportaciones pudo ser «demasiado dura»: Trump en 60 Minutes.

Fuentes principales: El Nacional; Noticiero Digital.

VITRINA POLÍTICA · LA HOJA DE RUTA

El secretario de Estado dijo en París que, si todo sigue como va, Venezuela tendrá nuevos magistrados del TSJ a mediados de diciembre y, poco después, un nuevo CNE. Luego la presidenta encargada debería declarar la vacante y abrir una ventana de hasta seis meses para elecciones. Pidió consulados abiertos en EE.UU. para que vote la diáspora.

«Si las cosas siguen así, tendremos nuevos magistrados del Tribunal Supremo en funciones a mediados del próximo mes, en diciembre». Marco Rubio puso el lunes 9 de noviembre, desde París, una fecha a la pieza de la que depende todo lo demás. Después, dijo, vendría «muy rápido» un nuevo Consejo Nacional Electoral (El Diario; Agenzia Nova).

El secretario de Estado repitió la secuencia que Washington describió el 27 de octubre (El Diario): con el TSJ y el CNE en funciones, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia, y se abriría una ventana de hasta seis meses para convocar elecciones. Rubio advirtió contra cualquier intento de estirar los plazos hasta 2029 y recordó que las sanciones siguen siendo una herramienta de presión.

Tres condiciones y un problema

Rubio fijó tres condiciones para que una elección sea creíble: un TSJ independiente, un CNE administrativo y no político, y prensa libre. «No se pueden celebrar elecciones creíbles si los candidatos no pueden comunicarse con los votantes», dijo.

Y señaló un problema pendiente: el voto en el exterior. Más de siete millones de venezolanos viven fuera del país, y Rubio lo planteó al canciller Oliver Blanco en Washington la semana pasada. «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos en Estados Unidos» (El Diario).

Sobre María Corina Machado, que volvió al país el 25 de octubre, dio una lectura positiva: «Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a Internet». Lo calificó de «muy bueno» (El Diario).

Lo que la fecha no dice

La fecha de diciembre choca con un calendario que todavía no ha dado su primer paso visible. El Comité de Postulaciones revisa las credenciales de 267 aspirantes y esta semana debería conocerse quiénes pasan el primer corte. Del 11 al 15 de noviembre se instala además la cuarta ronda de la Mesa de Caracas. Y queda el tema que ninguna fase resuelve sola: los presos políticos. Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, lo resumió el lunes en X: «Esperamos la liberación de todos los presos políticos. Es una exigencia urgente» (El Carabobeño).

Las cifras ayudan a ver el tamaño de lo pendiente. La Plataforma Unitaria contó el domingo 1.055 excarcelados desde el 8 de enero, apenas 27 más desde su reporte del 26 de septiembre, y al menos 393 personas que siguen presas por razones políticas. Calificó el ritmo de «insuficiente» y escribió: «Para lograr la libertad de todos, solo se necesita voluntad política» (TalCual). El mismo lunes, 21 sargentos de la Guardia Nacional presos por el caso Cotiza se declararon en huelga de hambre en Ramo Verde: cumplieron su condena el 24 de octubre y no los sueltan.

La vacante, también en el TSJ actual

La palabra «vacante» tampoco es solo de Rubio. El lunes 9, un grupo de juristas y dirigentes encabezado por el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas acudió al TSJ para exigir que se declare la falta absoluta en la Presidencia y se convoque a elecciones. Recordaron que presentaron un recurso ante la Sala Constitucional el 20 de julio y que no han tenido respuesta. Pérez Vivas llamó a Delcy Rodríguez «una ocupante ilegal e inconstitucional de la presidencia de la República» (Informe21). La diferencia es de fondo: para ellos, la vacante existe desde el 3 de enero; en la ruta de Washington, es un paso que la propia presidenta encargada daría después de renovar el TSJ y el CNE.

Que Washington ponga mes al TSJ cambia la conversación: ya no se discute si habrá un tribunal nuevo, sino cuándo y con quién. Pero un calendario anunciado desde París no es un calendario cumplido en Caracas. La ruta de Rubio tiene una bisagra delicada: depende de que Delcy Rodríguez declare la vacante de un cargo que hoy ejerce, y eso no lo ha dicho ella. Las tres condiciones de Rubio son las correctas. El TSJ se mide por quiénes lo integran, el CNE por su independencia y la prensa libre por lo que puede publicar sin miedo. Diciembre está a cinco semanas.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité de Postulaciones publique la lista del primer corte con criterios verificables; que la Asamblea elija a los magistrados antes del 15 de diciembre; que Delcy Rodríguez diga, con su voz, que declarará la vacante; y que el Gobierno abra consulados para registrar a la diáspora.

Para leer más en INCÍSOS

1. El primer corte dirá qué TSJ viene: el primer corte.
2. La cuarta ronda del diálogo será del 11 al 15 de noviembre: la cuarta ronda.
3. Arteaga Sánchez pide elegir al TSJ por sabiduría, no por popularidad: Arteaga Sánchez sobre el TSJ.
4. Siete millones sin consulado: el Inciso.

Fuentes principales: El Diario; Agenzia Nova; El Diario, ruta de EE.UU.; El Carabobeño; TalCual; Informe21; Departamento de Estado.