Política
El acuerdo del 12 de agosto abarca seis leyes, no una
Reportaje
El comunicado conjunto habla de transformación del sistema de justicia. Los negociadores explicaron ante su militancia qué significa esa palabra, y la lista es mucho más larga de lo que se anunció.
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Conseguir en Amazon →| Qué | Los negociadores de la delegación opositora detallaron que el acuerdo del 12 de agosto contempla la reforma de al menos seis leyes del sistema de justicia y la renovación de las 32 magistraturas más sus suplencias. |
|---|---|
| Quién | Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, y Juan Miguel Matheus, coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia. |
| Cuándo | Seminario de formación de Primero Justicia difundido en agosto de 2026, tras el cierre del primer ciclo el 12 de agosto. |
| Dónde | Venezuela, en transmisión abierta desde la sede nacional del partido. |
| Por qué | El alcance legislativo detallado excede con amplitud lo que consignó el comunicado conjunto difundido públicamente. |
| Cómo | Mediante una sesión de formación interna abierta a militantes y a público general, con preguntas del auditorio. |
Las afirmaciones que siguen no provienen de una rueda de prensa ni del comunicado conjunto del 12 de agosto. Salieron de un seminario de formación de Primero Justicia, transmitido en abierto, dentro del ciclo de instrucción que el partido dicta a su militancia cada mes y que en esta ocasión se abrió a simpatizantes y público general.
La sesión la moderó la vicepresidencia de formación del partido y contó con la presencia de su presidenta, María Beatriz Martínez. Los ponentes fueron Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora, y Juan Miguel Matheus, coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia. El auditorio intervino con preguntas.
Ese origen explica el nivel de detalle. Un espacio dirigido a la propia militancia admite precisiones técnicas que un comunicado público no recoge, y por eso lo que allí se dijo amplía de manera sustancial lo que el país conocía del acuerdo.
También conviene retener lo que ese origen implica: es la versión de una de las dos partes, expuesta ante su propio auditorio. La delegación gubernamental no ha detallado públicamente su lectura de lo pactado.
Las seis leyes
Juan Miguel Matheus, doctor en derecho constitucional y coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia, enumeró el paquete legislativo que la negociación contempla.
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Ley Orgánica del Ministerio Público.
La ley que rige la Defensoría Pública.
Las leyes de los órganos auxiliares del sistema de justicia y de investigación penal.
La ley de la Policía Nacional Bolivariana.
La ley del sistema penitenciario.
El comunicado conjunto leído el 12 de agosto menciona la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo «y otras leyes del sistema de justicia». Esa fórmula genérica es la que ahora tiene contenido: alcanza a la fiscalía, a la defensa pública, a la policía nacional y a las cárceles.
Matheus explicó además el objetivo declarado de la reforma del máximo tribunal en términos que conviene citar con precisión: que se acabe la dictadura judicial, de modo que los magistrados conozcan sus causas y decidan sus sentencias, pero no controlen políticamente la administración y el gobierno del resto del aparato del Poder Judicial.
Es una distinción técnica con consecuencias enormes. En el diseño vigente, el Tribunal Supremo no solo juzga: nombra, remueve y administra a los jueces del país. Separar esas dos funciones cambia la arquitectura del poder judicial venezolano más que la sustitución de sus integrantes.
De 24 a 32
El segundo dato reordena la lectura de la negociación.
Matheus relató que la delegación entró a la mesa apuntando a la Sala Electoral y aspirando a designar 24 magistraturas. El resultado fue la renovación de las 32 magistraturas completas más sus suplencias.
Figuera lo confirmó desde el otro lado del relato: la propuesta inicial que se les planteó fue limitarse a la Sala Electoral, y la bancada insistió en que la discusión abarcara la institución entera. Añadió que venían trabajando esa propuesta desde hacía meses con asesoría especializada.
Es decir, la ampliación del alcance no fue una concesión ofrecida: fue el resultado de la negociación. Y explica por qué el acuerdo se presenta como un éxito de la delegación opositora.
El comité: doce de veintitrés
Matheus precisó la composición que hasta ahora circulaba sin cifras exactas, atribuyéndola al diputado Ramón López, integrante de la delegación.
El Comité de Postulaciones Judiciales quedaría integrado por 23 personas, de las cuales 12 —la mayoría— representarían a la sociedad civil.
Doce de veintitrés es mayoría por un voto. En la composición vigente, once diputados sobre 21 miembros constituyen mayoría parlamentaria. El cambio invierte la relación por el margen más estrecho posible.
El consejo que verifica, y su base legal
El cuarto punto del acuerdo —el consejo de revisión de credenciales— tenía hasta ahora un nombre pero no un fundamento jurídico público.
Matheus lo aportó: el consejo se crea al amparo del artículo 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece el principio de cooperación con entes públicos o privados.
Su función, según describió, será verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de cada postulado e incidir en el baremo de evaluación que juzgará cada expediente.
Ese dato importa porque responde a una objeción que circula: si el consejo no está previsto en la Constitución, ¿de dónde sale? La respuesta es que se apoya en una norma de cooperación de la propia ley que se va a reformar.
Por qué el Tribunal Supremo y no el árbitro electoral
Ambos negociadores respondieron a la pregunta que más se les repite.
Matheus lo formuló como una disyuntiva: si la misión fuera celebrar una única elección libre, no haría falta transformar el sistema de justicia. Pero si la tarea es inaugurar una democracia con vocación de permanencia, el punto de partida necesario es la justicia.
Y enumeró la razón concreta: fue ese tribunal el que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, el que intervino a los partidos políticos, el que avaló la persecución y el que anuló con más de setenta sentencias las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Figuera lo expresó desde la experiencia electoral: ganaban ante el Consejo Nacional Electoral, y la Sala Electoral o la Sala Constitucional revertían el resultado.
Es una explicación coherente. También deja intacta la objeción simétrica: mientras el tribunal se renueva, no hay fecha electoral.
De dónde viene todo esto
Figuera fechó el origen del proceso y nombró a quien lo propuso.
Señaló que días antes del 23 de abril recibieron la invitación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y que se les pidió concretar el inicio de lo que describió como la tercera etapa de la transición para reinstitucionalizar el país.
El funcionario que ocupaba ese cargo en abril, y que la recibió en Washington, dejó el puesto el 17 de agosto de 2026.
Figuera precisó además el papel que se le atribuyó a Estados Unidos en el esquema: acompañantes, no interventores. Dijo que se les informaba, pero que no estarían dentro de las discusiones. Matheus lo describió como «facilitador objetivamente creíble para ambas partes».
La hoja de ruta y la próxima mesa
Figuera enumeró los temas de la hoja de ruta acordada: reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, garantías políticas y civiles, y libertad de expresión.
Y adelantó el contenido del próximo ciclo, previsto para septiembre: las garantías políticas y civiles.
Dentro de ese bloque situó objetivos concretos: que cada partido político recupere su tarjeta electoral, que se levanten las inhabilitaciones políticas personales, y la derogación de la ley contra el odio, la ley de organizaciones no gubernamentales y la ley de activos.
El reconocimiento que conviene retener
Matheus formuló una descripción del método que ninguna de las partes había hecho pública.
Sostuvo que todo proceso de negociación transcurre en dos niveles: uno confidencial, sobre el cual se puede decir poco, y otro de opinión pública, en el cual hay que ganar legitimidad.
Es una afirmación honesta y también una advertencia para el lector: lo que se conoce del proceso es, por diseño, una parte.
La delegación completa
Figuera nombró a los integrantes que trabajaron los dos temas del primer ciclo: Marco Aurelio Quiñones, Jorge Millán, Ramón López, Deciré Barbosa, Julio César Moreno y Macario González, además de Matheus.
La lista amplía la composición de seis delegados que se había reportado hasta ahora.
Fuentes principales: Seminario de formación de Primero Justicia con la participación de Dinorah Figuera y Juan Miguel Matheus, transmitido en agosto de 2026, moderado por la vicepresidencia de formación del partido y con intervención de su presidenta María Beatriz Martínez. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Artículo 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Anuncio del relevo en la subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del 17 de agosto de 2026.
Alfredo Yánez
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La presidenta encargada la llamó elección. Lo es, en un sentido acotado que conviene precisar antes de que la palabra haga el trabajo por sí sola.
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Conseguir en Amazon →| Qué | La segunda Consulta Popular Nacional de 2026 fue reprogramada para el 18 de octubre. En ella los circuitos comunales y las juntas de condominio escogen proyectos de inversión para sus comunidades. |
|---|---|
| Quién | La presidenta encargada Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez. Participan las estructuras del Poder Popular. |
| Cuándo | Anuncio del martes 18 de agosto de 2026. La jornada será el domingo 18 de octubre. |
| Dónde | Todo el territorio venezolano. |
| Por qué | Es la única jornada de votación con fecha fijada en Venezuela, mientras la renovación del árbitro electoral se negocia sin calendario. |
| Cómo | Mediante el Sistema de Gobierno Popular y Comunal, sin intervención del Consejo Nacional Electoral. |
Qué se decide ese día
La Consulta Popular Nacional es un mecanismo de democracia directa mediante el cual las comunidades escogen proyectos de inversión para su entorno. Participan los circuitos comunales y las juntas de condominio, que presentan las propuestas.
No se eligen autoridades. No se renuevan cargos. No se define representación política.
Delcy Rodríguez anunció el cambio de fecha durante un contacto telefónico con el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, en una reunión del Sistema de Gobierno Popular y Comunal.
En esa intervención afirmó que el 18 de octubre el país va «a una elección», y la caracterizó como «más democracia para Venezuela, más consulta popular y más ciudadanía organizada». Sostuvo también que el mundo debe saber que Venezuela optó por el camino de la democracia participativa y protagónica.
Es la tercera fecha del mismo evento
La cronología importa porque explica el anuncio.
La segunda consulta de 2026 estaba prevista originalmente para julio. Fue suspendida por el doblete sísmico del 24 de junio.
Se reprogramó entonces para el 11 de octubre.
Y ahora se traslada al 18 de octubre, según la explicación oficial, para no interferir con la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, que se celebra el 12 de octubre. Rodríguez señaló además que el ajuste permitirá a las estructuras de base consolidar y afinar sus propuestas.
Lo que esta jornada no requiere
Aquí está la distinción que ordena la nota.
Una consulta de proyectos comunales no necesita un Consejo Nacional Electoral renovado. No necesita un registro electoral auditado, ni observación internacional, ni un Tribunal Supremo de Justicia que resuelva impugnaciones, ni candidatos, ni campaña, ni testigos de mesa.
La organiza el Sistema de Gobierno Popular y Comunal, que depende del Ejecutivo.
Eso no la invalida: es el mecanismo previsto para lo que hace, y decidir sobre prioridades de inversión comunitaria es una función legítima.
Pero significa que la jornada del 18 de octubre no anticipa ni sustituye la elección que se está negociando en Caracas, y conviene que ambas cosas no se confundan.
El contraste con el calendario que falta
Venezuela tiene hoy una fecha de votación fijada: el 18 de octubre, para escoger proyectos comunales.
No tiene fecha para la renovación del Consejo Nacional Electoral. No tiene fecha para la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, más allá de menciones que no figuran en el comunicado firmado el 12 de agosto. Y no tiene fecha para una elección de autoridades nacionales.
Las delegaciones de la mesa de Caracas vuelven a reunirse a mediados de septiembre.
De modo que el país llegará a una jornada de votación en octubre sin que el órgano encargado de organizar elecciones haya sido renovado, y sin que exista un cronograma público para hacerlo.
Lo que hay que vigilar
Si la fecha se mueve otra vez. Van tres.
Cuántos proyectos se presentan y cuánto financiamiento se compromete. Es el contenido real de la jornada y el único dato que permitirá evaluarla.
Si en algún momento se anuncia una fecha para el Consejo Nacional Electoral. Esa sí sería la noticia electoral que el país espera.
Fuentes principales: Anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez del 18 de agosto de 2026, difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y reseñado por Últimas Noticias, El Universal, TalCual, teleSUR y agencias. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
Nota informativa
El primer ciclo se ocupó de quién juzga. El segundo se ocupa de quién puede competir. Es el tramo donde el proceso deja de ser institucional y se vuelve electoral.
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Llegaste a construir. El sistema no vino con manual.
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Conseguir en Amazon →| Qué | El segundo ciclo de negociación tratará las garantías políticas y civiles, con la recuperación de tarjetas electorales de los partidos, el levantamiento de inhabilitaciones y la derogación de tres leyes entre sus objetivos. |
|---|---|
| Quién | Las delegaciones del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Previsto para septiembre de 2026, tras el cierre del primer ciclo el 12 de agosto. |
| Dónde | Caracas, Venezuela. |
| Por qué | Sin tarjetas electorales ni candidatos habilitados no hay competencia posible, aunque exista un árbitro renovado. |
| Cómo | Mediante un nuevo ciclo de mesas técnicas, conforme a la hoja de ruta de cuatro temas acordada al inicio del proceso. |
Lo que la jefa de la delegación adelantó
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, adelantó ante militantes de su partido el contenido del segundo ciclo, previsto para septiembre.
El tema será las garantías políticas y civiles. Y dentro de ese bloque situó objetivos concretos.
La recuperación de las tarjetas electorales. Señaló que están trabajando para que cada partido político recupere su tarjeta y sus espacios, y recordó que las organizaciones fueron despojadas de sus siglas mientras otras quedaron inhabilitadas, algunas mediante mecanismos administrativos que bloquearon su institucionalidad. Su formulación fue directa: sin partidos no hay democracia.
El levantamiento de las inhabilitaciones personales. Planteó como objetivo que se devuelva el derecho a participar en procesos electorales a las personas criminalizadas, perseguidas o exiliadas.
La derogación de tres leyes. La ley contra el odio, la ley de organizaciones no gubernamentales y la ley relativa a los activos, que describió como instrumentos de criminalización y como normas de carácter coercitivo que limitaron el ejercicio democrático.
Mencionó además haberse reunido con organizaciones no gubernamentales en el marco de ese trabajo.
Por qué este ciclo pesa más que el anterior
El primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el órgano que arbitra las impugnaciones electorales.
Pero un árbitro imparcial no sirve de nada si los equipos no pueden inscribirse.
Las tarjetas electorales son el instrumento con el que un partido aparece en la boleta. Sin ella, una organización existe políticamente pero no puede postular candidatos con su símbolo, y sus votantes no la encuentran en la pantalla de la máquina.
Las inhabilitaciones personales son el mecanismo por el cual una persona concreta queda excluida de competir. Es el que se aplicó a María Corina Machado.
Y las tres leyes que se propone derogar son las que han sustentado buena parte de la persecución penal de la última década.
De modo que este ciclo toca lo que el anterior no tocó: no ya quién juzga, sino quién puede presentarse.
Lo que sigue sin aparecer
Conviene notar qué no figura en el adelanto.
No hay fecha electoral. La hoja de ruta que Figuera enumeró tiene cuatro temas: reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, garantías políticas y civiles, y libertad de expresión. Ninguno de los cuatro es un calendario de comicios.
No hay fecha para el árbitro electoral. El Consejo Nacional Electoral figura en la hoja de ruta, pero su renovación no fue el tema del primer ciclo y no es el del segundo.
Y los presos políticos siguen fuera de la agenda formal. El bloque de garantías políticas y civiles es el lugar natural donde ese asunto encajaría. Si no entra en septiembre, no queda otro tramo previsto donde pueda entrar.
El precedente que conviene tener presente
Hay una razón para leer este adelanto con expectativa moderada.
En el primer ciclo, la delegación entró apuntando a una sala del Tribunal Supremo y salió con las 32 magistraturas completas. Ese resultado, contado por sus propios protagonistas, muestra que el margen de la negociación fue mayor de lo previsto.
Pero también muestra lo contrario: que lo que se anuncia antes de sentarse no describe lo que sale. En septiembre puede salir más, o puede salir menos.
Y hay un antecedente incómodo sobre las tarjetas. La judicialización de los partidos venezolanos —la sustitución de sus directivas por decisión judicial y la entrega de sus símbolos a terceros— fue obra del mismo Tribunal Supremo de Justicia que ahora se va a renovar.
Es decir: la reparación de las tarjetas depende, en buena medida, de que el tribunal nuevo revierta lo que hizo el tribunal viejo. Y ese tribunal nuevo todavía no existe.
Ahí está el orden real de las cosas, y explica por qué el proceso empezó donde empezó.
Las tres fechas que hay que vigilar
Cuándo se instala el segundo ciclo. Solo se ha dicho septiembre.
Si los presos políticos entran al bloque de garantías. Es la última ventana prevista.
Y si aparece, por fin, un calendario. Cuatro temas y ninguna fecha siguen siendo cuatro temas y ninguna fecha.
Fuentes principales: Declaraciones de Dinorah Figuera en un seminario de formación de Primero Justicia difundido en agosto de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Registro público sobre la judicialización de partidos políticos venezolanos y sobre las leyes cuya derogación se plantea.
Nota informativa
Estabilización. Recuperación. Transición. Son las tres palabras que encabezan la convocatoria. Son también, en el mismo orden, las tres fases del plan que Washington formuló en enero.
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Conseguir en Amazon →| Qué | El dirigente Enrique Márquez presentará formalmente una propuesta denominada Pacto por Venezuela, para la estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición democrática del país. |
|---|---|
| Quién | Enrique Márquez, excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, expreso político. |
| Cuándo | Jueves 20 de agosto de 2026, a las 11:00 de la mañana. |
| Dónde | Hotel JW Marriott, salón Michelena, avenida Venezuela con calle Mohedano, El Rosal, Caracas. |
| Por qué | Aparece una tercera propuesta de ruta política mientras la mesa de Caracas negocia sin la participación de María Corina Machado ni del presidente electo. |
| Cómo | Mediante convocatoria de prensa difundida por el propio dirigente en la red social X. |
La convocatoria
La citación de prensa anuncia que Márquez dirigirá un mensaje al país y presentará formalmente el Pacto por Venezuela, descrito como una propuesta para la estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición democrática del país, sobre la base de acuerdos, garantías y participación nacional.
El acto está fijado para el jueves 20 de agosto de 2026 a las 11:00 de la mañana en el salón Michelena del Hotel JW Marriott, en la avenida Venezuela con calle Mohedano, El Rosal, Caracas. La iniciativa tiene sitio web propio.
El detalle del encabezado
Bajo el nombre de la propuesta, la convocatoria coloca tres palabras separadas por guiones: estabilización, recuperación, transición.
Son las mismas tres, en el mismo orden, que dan nombre a las fases del plan que el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y amplió el 28 del mismo mes.
La coincidencia admite más de una lectura y ninguna se puede dar por buena antes del acto.
Puede ser un gesto de alineación deliberado, que sitúa la propuesta dentro del marco que Washington ya fijó y busca acomodarse en él. Puede ser una apropiación del vocabulario para disputarle el contenido: usar las mismas tres fases y llenarlas de otra cosa. O puede ser simple convergencia, porque estabilización, recuperación y transición son términos genéricos de manual en cualquier proceso de este tipo.
El texto de la convocatoria añade además una cuarta palabra que el plan estadounidense no tiene: reinstitucionalización.
Esa diferencia es la que conviene escuchar el jueves.
Quién es Enrique Márquez
Enrique Octavio Márquez Pérez nació en Maracaibo el 19 de mayo de 1963. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, donde después ejerció la docencia.
Fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia entre 2000 y 2006, y nuevamente entre 2011 y 2021.
Entre el 5 de mayo de 2021 y el 20 de junio de 2023 fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, durante la presidencia de Pedro Calzadilla. Es decir, conoce por dentro el organismo cuya renovación se negocia ahora en la mesa de Caracas.
Se postuló a la presidencia en la elección del 28 de julio de 2024 con el respaldo del partido Centrados en la Gente. Obtuvo una votación marginal. Lo apoyaron también el Partido Comunista de Venezuela y REDES, la organización del exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto, que proviene del chavismo.
El dato que lo distingue
Hay un hecho de su trayectoria que explica por qué su nombre reaparece.
Márquez fue el único candidato que comprobó, a través de una testigo, que el boletín número uno que proclamó ganador a Nicolás Maduro no se imprimió en la Sala de Totalización del Consejo Nacional Electoral ni en presencia de los testigos, como exige la ley.
Hizo públicas esas denuncias. Fue detenido el 7 de enero de 2025, acusado de planear un golpe de Estado. Pasó más de un año preso y fue excarcelado a comienzos de enero de 2026, en la primera tanda posterior a la captura del usurpador Nicolás Maduro.
El 25 de febrero de 2026, dos meses después de salir de prisión, fue uno de los invitados del presidente Donald Trump al discurso sobre el estado de la Unión, en el Capitolio. Márquez no precisó quién cursó la invitación: dijo únicamente que vino «desde la Casa Blanca». Sostuvo también que mantuvo reuniones en Washington cuyos interlocutores prefirió no nombrar «por prudencia».
Esa aparición instaló la pregunta que ha acompañado su nombre desde entonces: si Washington lo está posicionando como figura alternativa dentro de la oposición venezolana.
El mapa donde entra esta propuesta
Conviene ubicar el acto del jueves dentro del tablero real.
La mesa de Caracas negocia desde el 1 de agosto entre la delegación del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, que preside Dinorah Figuera. Su primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. No participan María Corina Machado ni el presidente electo Edmundo González Urrutia.
Márquez tampoco está en esa mesa. Y su propuesta llega ocho días después del acuerdo del 12 de agosto.
En marzo de 2026 ya había hecho un planteamiento en la misma dirección: pidió que la elección del fiscal general y del defensor del pueblo se hiciera por consenso, sin cuotas partidistas, y que no se omitiera ninguna fase del artículo 279 de la Constitución.
Las preguntas que el acto debería responder
Quiénes firman. Un pacto es un acuerdo entre partes. La convocatoria no anuncia signatarios.
Qué relación tiene con la mesa de Caracas. Si es complementario, alternativo o competidor.
Qué dice sobre el calendario electoral. Es el punto que ninguna de las rutas en curso ha fijado.
Y qué contiene la palabra reinstitucionalización que las otras tres no contienen.
Fuentes principales: Convocatoria de prensa difundida por Enrique Márquez en su cuenta de la red social X. Reseñas biográficas publicadas por CNN en Español, El Nacional, El Español y Diario de Cuba sobre su trayectoria, su detención y su presencia en el Capitolio. Cobertura de Infobae del 11 de marzo de 2026 sobre su solicitud relativa al artículo 279 de la Constitución. Plan de tres fases presentado ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y ampliado el 28 de enero. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
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