Política
Los presos políticos quedaron fuera de la agenda formal
Análisis
No lo dijo un crítico del proceso. Lo estableció el partido de la jefa negociadora, en su propio seminario de formación, ante su militancia.
| Qué | Un seminario de formación de Primero Justicia estableció que la liberación de presos políticos no integra la agenda formal del proceso de negociación, y sus negociadores reconocieron inconsistencias en la lista oficial de 131 excarcelaciones. |
|---|---|
| Quién | Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, y Juan Miguel Matheus, coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia. |
| Cuándo | Seminario difundido en agosto de 2026, tras las excarcelaciones del 14 de agosto. |
| Dónde | Venezuela, en transmisión abierta desde la sede nacional del partido. |
| Por qué | La liberación de los presos políticos es la principal demanda social sobre el proceso, y su condición dentro de la negociación determina si es exigible o revocable. |
| Cómo | Mediante una pregunta del auditorio respondida por ambos negociadores en sesión abierta. |
Conviene precisar el origen de lo que sigue, porque de él depende cómo debe pesarse.
No se trata de una declaración a la prensa ni de un documento del proceso. Es un seminario de formación de Primero Justicia, transmitido en abierto, dentro del programa de instrucción que el partido dicta cada mes a su militancia y que en esta ocasión se abrió a público general.
Lo moderó la vicepresidencia de formación del partido, con la presencia de su presidenta, María Beatriz Martínez. Los ponentes fueron Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, y Juan Miguel Matheus, coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia. La pregunta que originó esta nota la formuló la moderadora recogiendo inquietudes del auditorio.
Es decir: lo que aquí se consigna lo dijo el partido de la jefa negociadora, ante los suyos, sin contradictor. Esa es su fuerza y también su límite. Nadie de la delegación gubernamental estaba presente para discrepar, y ninguna de las afirmaciones fue sometida a repregunta periodística.
La frase que ordena el expediente
Al introducir la pregunta del auditorio, la moderadora del seminario formuló el estado de las cosas sin rodeos: los presos políticos no forman parte de la agenda formal del proceso de negociación, aunque eso no ha impedido que la delegación levante la voz por ellos.
Ninguno de los dos negociadores corrigió esa caracterización. Ambos respondieron desde ella.
Es la confirmación más directa disponible de algo que el comunicado conjunto del 12 de agosto ya mostraba por omisión: entre los acuerdos anunciados figuran la transformación del sistema de justicia y la recuperación de los activos depositados en el Banco de Inglaterra. La liberación de presos políticos no aparece.
La distinción no es formal. Lo que integra una agenda formal y queda firmado es exigible como cumplimiento. Lo que ocurre fuera de ella es un gesto unilateral, revocable, que depende de la voluntad de quien lo concede.
Lo que reconocieron sobre la lista
Matheus describió la secuencia de los días previos: Figuera se comprometió públicamente el jueves a impulsar la liberación de presos políticos, y el viernes se produjo el anuncio.
Y añadió una precisión que no había hecho ningún integrante de la delegación: esa lista de 131 liberaciones trajo también inconsistencias, lo que derivó en un reclamo público de la propia delegación para que hubiera claridad respecto de esos presos.
Es la segunda vez en pocos días que un negociador reclama transparencia sobre lo que anuncia su contraparte. Figuera lo hizo el 16 de agosto pidiendo claridad sobre la diferencia entre las cifras oficiales y las verificadas. El diputado Sergio Vergara lo hizo después pidiendo que se conozcan los nombres de las 131 personas.
Foro Penal verificó 78 excarcelaciones. El anuncio oficial fue de 131. La brecha sigue sin explicarse.
La discusión sobre las «migajas»
Figuera introdujo un desacuerdo interno del campo opositor que hasta ahora se había ventilado en redes sociales.
Se distanció de sectores que calificaron de migajas las excarcelaciones, y señaló que quien respondió a esa caracterización no fue ella sino una expresa política, que recordó la cantidad de personas que estaban durmiendo en sus casas.
Su formulación hacia las organizaciones de derechos humanos fue explícita y merece registrarse completa: increpen a la mesa, exíjanle a la mesa, pero con conciencia, y no utilizar el tema de los presos políticos como instrumento de lucha partidista.
Es un llamado que corta en dos direcciones. Reconoce el derecho de las organizaciones a exigirle a la mesa —lo cual no es menor— y a la vez marca un límite sobre el uso político del asunto.
El antecedente personal de la jefa negociadora
Hay un dato biográfico que explica por qué este expediente no es abstracto para quien encabeza la delegación, y que Figuera relató ante su militancia.
El concejal de Primero Justicia Fernando Albán fue detenido por el Sebin el 5 de octubre de 2018 al llegar al aeropuerto de Maiquetía de regreso de Estados Unidos. Murió tres días después, el 8 de octubre, tras caer desde el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Las autoridades de entonces sostuvieron que se trató de un suicidio. Su familia, sus abogados y la oposición lo rechazaron.
Albán era padrino de la hija de Figuera. Y había pedido expresamente que ella y Juan Miguel Matheus —los dos negociadores del seminario— actuaran como sus voceros.
Figuera encabezó la manifestación de repudio y señaló públicamente a los responsables. Ese señalamiento derivó en amenazas y en su exilio, que se prolongó hasta 2026.
La coincidencia que nadie ha señalado
Hay un hecho reciente que convierte ese antecedente en presente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el caso de Fernando Albán, casi ocho años después de su muerte. La medida se produjo luego de que la Comisión Interamericana concluyera que Venezuela incumplió las recomendaciones para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a su familia.
De modo que la jefa de la delegación opositora negocia la transformación del sistema de justicia venezolano con representantes del mismo Estado cuyo servicio de inteligencia tenía bajo custodia al padrino de su hija cuando murió, y precisamente mientras ese caso llega al tribunal interamericano.
No es una objeción a su papel. Es el contexto en el que ese papel se ejerce, y explica su afirmación de que la lucha por la liberación de los presos políticos es para la delegación un compromiso ético antes que táctico.
El silogismo sobre Machado
El seminario dejó también la explicación más elaborada que la delegación ha ofrecido sobre la ausencia de María Corina Machado en la mesa.
Matheus la construyó como un razonamiento en tres pasos: los intereses de Machado tienen que ser los intereses de Venezuela; dentro de los intereses de Venezuela está una justicia independiente para la integridad electoral; luego, a Machado también le conviene esa justicia independiente.
Es un argumento sobre la conveniencia del resultado, no sobre la participación en el proceso. Responde por qué el acuerdo le serviría, no por qué no está sentada.
Machado sostuvo tras las excarcelaciones que absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya.
Lo que hay que vigilar
Si los presos políticos entran a la agenda formal en septiembre. El próximo ciclo trata garantías políticas y civiles, que es el bloque donde ese asunto encajaría.
Si se publican los nombres. Es la exigencia que ya formularon el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Figuera y Vergara. Tres reclamos coincidentes sin respuesta.
Y el número final verificado por las organizaciones, que sigue siendo el único dato contrastable frente al anuncio.
Fuentes principales: Seminario de formación de Primero Justicia con la participación de Dinorah Figuera y Juan Miguel Matheus, transmitido en agosto de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Balances de Foro Penal difundidos por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob. Declaraciones del diputado Sergio Vergara al Circuito Onda. Registro público del caso Fernando Albán: informes de Amnistía Internacional, cronología de Acceso a la Justicia y cobertura de Prodavinci, CNN en Español, Efecto Cocuyo e Infobae de octubre de 2018. Entrevista de Dinorah Figuera a La Gran Aldea sobre su exilio. Reporte de El Nacional de agosto de 2026 sobre la admisión del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Declaraciones de María Corina Machado tras las excarcelaciones del 14 de agosto de 2026.
Alfredo Yánez
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La consulta del 18 de octubre elige proyectos comunales
Nota informativa
La presidenta encargada la llamó elección. Lo es, en un sentido acotado que conviene precisar antes de que la palabra haga el trabajo por sí sola.
| Qué | La segunda Consulta Popular Nacional de 2026 fue reprogramada para el 18 de octubre. En ella los circuitos comunales y las juntas de condominio escogen proyectos de inversión para sus comunidades. |
|---|---|
| Quién | La presidenta encargada Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez. Participan las estructuras del Poder Popular. |
| Cuándo | Anuncio del martes 18 de agosto de 2026. La jornada será el domingo 18 de octubre. |
| Dónde | Todo el territorio venezolano. |
| Por qué | Es la única jornada de votación con fecha fijada en Venezuela, mientras la renovación del árbitro electoral se negocia sin calendario. |
| Cómo | Mediante el Sistema de Gobierno Popular y Comunal, sin intervención del Consejo Nacional Electoral. |
Qué se decide ese día
La Consulta Popular Nacional es un mecanismo de democracia directa mediante el cual las comunidades escogen proyectos de inversión para su entorno. Participan los circuitos comunales y las juntas de condominio, que presentan las propuestas.
No se eligen autoridades. No se renuevan cargos. No se define representación política.
Delcy Rodríguez anunció el cambio de fecha durante un contacto telefónico con el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, en una reunión del Sistema de Gobierno Popular y Comunal.
En esa intervención afirmó que el 18 de octubre el país va «a una elección», y la caracterizó como «más democracia para Venezuela, más consulta popular y más ciudadanía organizada». Sostuvo también que el mundo debe saber que Venezuela optó por el camino de la democracia participativa y protagónica.
Es la tercera fecha del mismo evento
La cronología importa porque explica el anuncio.
La segunda consulta de 2026 estaba prevista originalmente para julio. Fue suspendida por el doblete sísmico del 24 de junio.
Se reprogramó entonces para el 11 de octubre.
Y ahora se traslada al 18 de octubre, según la explicación oficial, para no interferir con la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, que se celebra el 12 de octubre. Rodríguez señaló además que el ajuste permitirá a las estructuras de base consolidar y afinar sus propuestas.
Lo que esta jornada no requiere
Aquí está la distinción que ordena la nota.
Una consulta de proyectos comunales no necesita un Consejo Nacional Electoral renovado. No necesita un registro electoral auditado, ni observación internacional, ni un Tribunal Supremo de Justicia que resuelva impugnaciones, ni candidatos, ni campaña, ni testigos de mesa.
La organiza el Sistema de Gobierno Popular y Comunal, que depende del Ejecutivo.
Eso no la invalida: es el mecanismo previsto para lo que hace, y decidir sobre prioridades de inversión comunitaria es una función legítima.
Pero significa que la jornada del 18 de octubre no anticipa ni sustituye la elección que se está negociando en Caracas, y conviene que ambas cosas no se confundan.
El contraste con el calendario que falta
Venezuela tiene hoy una fecha de votación fijada: el 18 de octubre, para escoger proyectos comunales.
No tiene fecha para la renovación del Consejo Nacional Electoral. No tiene fecha para la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, más allá de menciones que no figuran en el comunicado firmado el 12 de agosto. Y no tiene fecha para una elección de autoridades nacionales.
Las delegaciones de la mesa de Caracas vuelven a reunirse a mediados de septiembre.
De modo que el país llegará a una jornada de votación en octubre sin que el órgano encargado de organizar elecciones haya sido renovado, y sin que exista un cronograma público para hacerlo.
Lo que hay que vigilar
Si la fecha se mueve otra vez. Van tres.
Cuántos proyectos se presentan y cuánto financiamiento se compromete. Es el contenido real de la jornada y el único dato que permitirá evaluarla.
Si en algún momento se anuncia una fecha para el Consejo Nacional Electoral. Esa sí sería la noticia electoral que el país espera.
Fuentes principales: Anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez del 18 de agosto de 2026, difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y reseñado por Últimas Noticias, El Universal, TalCual, teleSUR y agencias. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
Política
La mesa de septiembre discutirá tarjetas de partidos e inhabilitaciones
Nota informativa
El primer ciclo se ocupó de quién juzga. El segundo se ocupa de quién puede competir. Es el tramo donde el proceso deja de ser institucional y se vuelve electoral.
| Qué | El segundo ciclo de negociación tratará las garantías políticas y civiles, con la recuperación de tarjetas electorales de los partidos, el levantamiento de inhabilitaciones y la derogación de tres leyes entre sus objetivos. |
|---|---|
| Quién | Las delegaciones del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| Cuándo | Previsto para septiembre de 2026, tras el cierre del primer ciclo el 12 de agosto. |
| Dónde | Caracas, Venezuela. |
| Por qué | Sin tarjetas electorales ni candidatos habilitados no hay competencia posible, aunque exista un árbitro renovado. |
| Cómo | Mediante un nuevo ciclo de mesas técnicas, conforme a la hoja de ruta de cuatro temas acordada al inicio del proceso. |
Lo que la jefa de la delegación adelantó
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, adelantó ante militantes de su partido el contenido del segundo ciclo, previsto para septiembre.
El tema será las garantías políticas y civiles. Y dentro de ese bloque situó objetivos concretos.
La recuperación de las tarjetas electorales. Señaló que están trabajando para que cada partido político recupere su tarjeta y sus espacios, y recordó que las organizaciones fueron despojadas de sus siglas mientras otras quedaron inhabilitadas, algunas mediante mecanismos administrativos que bloquearon su institucionalidad. Su formulación fue directa: sin partidos no hay democracia.
El levantamiento de las inhabilitaciones personales. Planteó como objetivo que se devuelva el derecho a participar en procesos electorales a las personas criminalizadas, perseguidas o exiliadas.
La derogación de tres leyes. La ley contra el odio, la ley de organizaciones no gubernamentales y la ley relativa a los activos, que describió como instrumentos de criminalización y como normas de carácter coercitivo que limitaron el ejercicio democrático.
Mencionó además haberse reunido con organizaciones no gubernamentales en el marco de ese trabajo.
Por qué este ciclo pesa más que el anterior
El primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el órgano que arbitra las impugnaciones electorales.
Pero un árbitro imparcial no sirve de nada si los equipos no pueden inscribirse.
Las tarjetas electorales son el instrumento con el que un partido aparece en la boleta. Sin ella, una organización existe políticamente pero no puede postular candidatos con su símbolo, y sus votantes no la encuentran en la pantalla de la máquina.
Las inhabilitaciones personales son el mecanismo por el cual una persona concreta queda excluida de competir. Es el que se aplicó a María Corina Machado.
Y las tres leyes que se propone derogar son las que han sustentado buena parte de la persecución penal de la última década.
De modo que este ciclo toca lo que el anterior no tocó: no ya quién juzga, sino quién puede presentarse.
Lo que sigue sin aparecer
Conviene notar qué no figura en el adelanto.
No hay fecha electoral. La hoja de ruta que Figuera enumeró tiene cuatro temas: reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, garantías políticas y civiles, y libertad de expresión. Ninguno de los cuatro es un calendario de comicios.
No hay fecha para el árbitro electoral. El Consejo Nacional Electoral figura en la hoja de ruta, pero su renovación no fue el tema del primer ciclo y no es el del segundo.
Y los presos políticos siguen fuera de la agenda formal. El bloque de garantías políticas y civiles es el lugar natural donde ese asunto encajaría. Si no entra en septiembre, no queda otro tramo previsto donde pueda entrar.
El precedente que conviene tener presente
Hay una razón para leer este adelanto con expectativa moderada.
En el primer ciclo, la delegación entró apuntando a una sala del Tribunal Supremo y salió con las 32 magistraturas completas. Ese resultado, contado por sus propios protagonistas, muestra que el margen de la negociación fue mayor de lo previsto.
Pero también muestra lo contrario: que lo que se anuncia antes de sentarse no describe lo que sale. En septiembre puede salir más, o puede salir menos.
Y hay un antecedente incómodo sobre las tarjetas. La judicialización de los partidos venezolanos —la sustitución de sus directivas por decisión judicial y la entrega de sus símbolos a terceros— fue obra del mismo Tribunal Supremo de Justicia que ahora se va a renovar.
Es decir: la reparación de las tarjetas depende, en buena medida, de que el tribunal nuevo revierta lo que hizo el tribunal viejo. Y ese tribunal nuevo todavía no existe.
Ahí está el orden real de las cosas, y explica por qué el proceso empezó donde empezó.
Las tres fechas que hay que vigilar
Cuándo se instala el segundo ciclo. Solo se ha dicho septiembre.
Si los presos políticos entran al bloque de garantías. Es la última ventana prevista.
Y si aparece, por fin, un calendario. Cuatro temas y ninguna fecha siguen siendo cuatro temas y ninguna fecha.
Fuentes principales: Declaraciones de Dinorah Figuera en un seminario de formación de Primero Justicia difundido en agosto de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Registro público sobre la judicialización de partidos políticos venezolanos y sobre las leyes cuya derogación se plantea.
Política
El Pacto por Venezuela adopta las tres fases del plan estadounidense
Nota informativa
Estabilización. Recuperación. Transición. Son las tres palabras que encabezan la convocatoria. Son también, en el mismo orden, las tres fases del plan que Washington formuló en enero.
| Qué | El dirigente Enrique Márquez presentará formalmente una propuesta denominada Pacto por Venezuela, para la estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición democrática del país. |
|---|---|
| Quién | Enrique Márquez, excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, expreso político. |
| Cuándo | Jueves 20 de agosto de 2026, a las 11:00 de la mañana. |
| Dónde | Hotel JW Marriott, salón Michelena, avenida Venezuela con calle Mohedano, El Rosal, Caracas. |
| Por qué | Aparece una tercera propuesta de ruta política mientras la mesa de Caracas negocia sin la participación de María Corina Machado ni del presidente electo. |
| Cómo | Mediante convocatoria de prensa difundida por el propio dirigente en la red social X. |
La convocatoria
La citación de prensa anuncia que Márquez dirigirá un mensaje al país y presentará formalmente el Pacto por Venezuela, descrito como una propuesta para la estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición democrática del país, sobre la base de acuerdos, garantías y participación nacional.
El acto está fijado para el jueves 20 de agosto de 2026 a las 11:00 de la mañana en el salón Michelena del Hotel JW Marriott, en la avenida Venezuela con calle Mohedano, El Rosal, Caracas. La iniciativa tiene sitio web propio.
El detalle del encabezado
Bajo el nombre de la propuesta, la convocatoria coloca tres palabras separadas por guiones: estabilización, recuperación, transición.
Son las mismas tres, en el mismo orden, que dan nombre a las fases del plan que el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y amplió el 28 del mismo mes.
La coincidencia admite más de una lectura y ninguna se puede dar por buena antes del acto.
Puede ser un gesto de alineación deliberado, que sitúa la propuesta dentro del marco que Washington ya fijó y busca acomodarse en él. Puede ser una apropiación del vocabulario para disputarle el contenido: usar las mismas tres fases y llenarlas de otra cosa. O puede ser simple convergencia, porque estabilización, recuperación y transición son términos genéricos de manual en cualquier proceso de este tipo.
El texto de la convocatoria añade además una cuarta palabra que el plan estadounidense no tiene: reinstitucionalización.
Esa diferencia es la que conviene escuchar el jueves.
Quién es Enrique Márquez
Enrique Octavio Márquez Pérez nació en Maracaibo el 19 de mayo de 1963. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, donde después ejerció la docencia.
Fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia entre 2000 y 2006, y nuevamente entre 2011 y 2021.
Entre el 5 de mayo de 2021 y el 20 de junio de 2023 fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, durante la presidencia de Pedro Calzadilla. Es decir, conoce por dentro el organismo cuya renovación se negocia ahora en la mesa de Caracas.
Se postuló a la presidencia en la elección del 28 de julio de 2024 con el respaldo del partido Centrados en la Gente. Obtuvo una votación marginal. Lo apoyaron también el Partido Comunista de Venezuela y REDES, la organización del exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto, que proviene del chavismo.
El dato que lo distingue
Hay un hecho de su trayectoria que explica por qué su nombre reaparece.
Márquez fue el único candidato que comprobó, a través de una testigo, que el boletín número uno que proclamó ganador a Nicolás Maduro no se imprimió en la Sala de Totalización del Consejo Nacional Electoral ni en presencia de los testigos, como exige la ley.
Hizo públicas esas denuncias. Fue detenido el 7 de enero de 2025, acusado de planear un golpe de Estado. Pasó más de un año preso y fue excarcelado a comienzos de enero de 2026, en la primera tanda posterior a la captura del usurpador Nicolás Maduro.
El 25 de febrero de 2026, dos meses después de salir de prisión, fue uno de los invitados del presidente Donald Trump al discurso sobre el estado de la Unión, en el Capitolio. Márquez no precisó quién cursó la invitación: dijo únicamente que vino «desde la Casa Blanca». Sostuvo también que mantuvo reuniones en Washington cuyos interlocutores prefirió no nombrar «por prudencia».
Esa aparición instaló la pregunta que ha acompañado su nombre desde entonces: si Washington lo está posicionando como figura alternativa dentro de la oposición venezolana.
El mapa donde entra esta propuesta
Conviene ubicar el acto del jueves dentro del tablero real.
La mesa de Caracas negocia desde el 1 de agosto entre la delegación del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, que preside Dinorah Figuera. Su primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. No participan María Corina Machado ni el presidente electo Edmundo González Urrutia.
Márquez tampoco está en esa mesa. Y su propuesta llega ocho días después del acuerdo del 12 de agosto.
En marzo de 2026 ya había hecho un planteamiento en la misma dirección: pidió que la elección del fiscal general y del defensor del pueblo se hiciera por consenso, sin cuotas partidistas, y que no se omitiera ninguna fase del artículo 279 de la Constitución.
Las preguntas que el acto debería responder
Quiénes firman. Un pacto es un acuerdo entre partes. La convocatoria no anuncia signatarios.
Qué relación tiene con la mesa de Caracas. Si es complementario, alternativo o competidor.
Qué dice sobre el calendario electoral. Es el punto que ninguna de las rutas en curso ha fijado.
Y qué contiene la palabra reinstitucionalización que las otras tres no contienen.
Fuentes principales: Convocatoria de prensa difundida por Enrique Márquez en su cuenta de la red social X. Reseñas biográficas publicadas por CNN en Español, El Nacional, El Español y Diario de Cuba sobre su trayectoria, su detención y su presencia en el Capitolio. Cobertura de Infobae del 11 de marzo de 2026 sobre su solicitud relativa al artículo 279 de la Constitución. Plan de tres fases presentado ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y ampliado el 28 de enero. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
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