Inciso

Esa mesa no está para donar sillas de ruedas

Inciso de Alfredo Yánez Mondragón sobre el alcance real de la negociación instalada en Caracas.

Published

2 días ago

agosto 11, 2026

incisos

Esa mesa no está para donar sillas de ruedas

Por Alfredo Yánez Mondragón · Fundador y editor en jefe

Uno entiende de dónde viene.

En un país donde durante años la única forma de resolver algo fue que alguien con poder te atendiera —el funcionario, el enchufado, el que conocía a alguien—, la aparición de una mesa donde se sientan dos delegaciones con cámaras alrededor produce un reflejo inmediato y perfectamente humano: ahí hay que meter mi caso.

El medicamento que no llega. El insumo del hospital del pueblo. La ordenanza municipal que nunca se aprobó. La silla de ruedas.

No hay nada despreciable en ese reflejo. Es lo que produce una sociedad donde las instituciones dejaron de funcionar como instituciones y pasaron a funcionar como favores. Cuando no existe un sistema que responda, uno busca a la persona que pueda. Y si la mesa es lo único que se ve encendido, hacia allá se va.

Pero conviene decirlo con claridad, porque de esto depende que los próximos cuatro meses sirvan de algo: esa mesa no está para eso.

Lo que se discute en Caracas es quién va a arbitrar la próxima elección. Se discute la recomposición del Consejo Nacional Electoral. Se discute la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia. Se discute bajo qué garantías puede un ciudadano hacer política sin terminar preso, y bajo qué condiciones vuelven los que se fueron.

Eso no es una gestión. Es la arquitectura completa de cómo se toman las decisiones en un país durante los próximos veinte años.

Y la diferencia entre las dos cosas no es de tamaño. Es de naturaleza.

Una silla de ruedas donada resuelve el problema de una persona. Un sistema de salud que funcione resuelve el problema de todas las personas que van a necesitar una silla de ruedas de aquí en adelante, incluidas las que todavía no saben que la van a necesitar. Un árbitro electoral confiable no le resuelve el problema a nadie hoy. Se lo resuelve a todos durante décadas, porque es el mecanismo que permite corregir a un gobierno sin que haga falta una operación militar extranjera para lograrlo.

Lo primero es urgente. Lo segundo es estructural. Cuando lo urgente se come a lo estructural —y en Venezuela se lo ha comido durante veinte años— lo urgente se vuelve permanente. Es la trampa exacta en la que el país lleva dos décadas: atender la emergencia de hoy con los recursos que harían falta para que mañana no hubiera emergencia.

Hay algo más, y es menos evidente.

Convertir la mesa en ventanilla de peticiones no solo la distrae. La debilita frente a quien tiene interés en que se debilite. Una negociación que se dedica a resolver casos individuales genera algo muy valioso para la parte que llegó con más poder: la apariencia de estar cediendo sin ceder nada de lo que importa. Se entregan casos, se entregan gestos, se entregan fotos. Y llega diciembre sin árbitro electoral, pero con un inventario de buenas obras que sirve perfectamente para explicar que hubo voluntad de diálogo.

Ese guion ya se escribió antes. Ocho veces, según el conteo. Nunca terminó con instituciones distintas.

Nada de esto significa que la emergencia no importe. La atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio es el primer punto de la agenda de la mesa, y está bien que lo sea: hay 41.624 hogares dañados y decenas de miles de personas sin techo. Pero está en la agenda como política pública —cómo se organiza la reconstrucción, con qué recursos, bajo qué control, con qué rendición de cuentas—, no como taquilla de solicitudes. Esa distinción es todo.

Y no significa tampoco que quienes reclaman entrar estén equivocados. Los cardenales que pidieron el lunes incorporar universidades, iglesias y sociedad civil están pidiendo exactamente lo contrario de una ventanilla: están pidiendo ampliar la base de legitimidad de un acuerdo estructural. Un partido que exige fecha de elecciones tampoco está gestionando: está señalando el punto exacto donde la mesa se juega su razón de existir.

La pregunta correcta para evaluar esa mesa no es cuántos problemas resolvió entre agosto y diciembre.

Es una sola, y se responde con un sí o un no: ¿queda un árbitro electoral acordado, y lo reconoce también quien no estuvo sentado ahí?

Si la respuesta es sí, todo lo demás se vuelve posible con el tiempo, incluidas las sillas de ruedas, que dejarían de depender de que alguien las done.

Si es no, no habrá gestión suficiente que compense.

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Inciso

El país que viene

El país que viene tiene que ser exactamente esto: la suma de las participaciones documentadas. Inciso de cierre del especial Ángulos: Primer Ciclo por Alfredo Yánez Mondragón.

Published

2 horas ago

agosto 13, 2026

incisos

Voluntarios pasando escombros en cadena humana tras el terremoto en Venezuela

ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO

Alfredo Yánez Mondragón

El especial Ángulos: Primer Ciclo documentó siete lecturas del acuerdo firmado el 12 de agosto de 2026. Ninguna coincide completamente con las otras. Todas se sostienen con rigor. Y el hecho de que las siete coexistan sin cancelarse es exactamente lo que este texto quiere decir. Inciso de cierre firmado por Alfredo Yánez Mondragón.

Este texto cierra un especial donde otros siete escribieron. Ese dato me importa nombrarlo desde el inicio, porque explica por qué el Inciso de cierre no puede ser un resumen. Un resumen presume que el editor procesó el debate y lo devuelve destilado, con las asperezas suavizadas y las contradicciones resueltas. Este texto no puede hacer eso. Y no debe.

Lo que puede hacer es formular la lectura editorial de INCÍSOS sobre lo que el especial demuestra. Y esa lectura tiene una sola tesis, que voy a defender con la brevedad que merece: el país que viene tiene que ser exactamente lo que este especial es. Siete voces distintas. Siete lecturas que no se cancelan. Un coro documentado. Ninguna voz sola alcanza. La suma sí puede.

Voy a explicar por qué digo esto sin adornos, y por qué me parece que en este momento particular de la historia venezolana esa formulación no es retórica sino diagnóstico.

Lo que el especial no es

Antes de decir qué es el especial, conviene decir qué no es. No es una encuesta de opinión. Los siete autores no representan porcentajes de una población; representan articulaciones específicas de argumentos con nombre, apellido y trayectoria pública. No es una selección balanceada por criterio partidista. No hay un ánimo de equilibrio entre bandos: hay un ánimo de rigor sobre lecturas sostenibles. Y no es una posición única del medio disfrazada de coro. INCÍSOS no comparte todas las lecturas del especial, y esa no coincidencia es exactamente la razón por la que las publica.

Lo que sí es el especial es un mapa documentado del debate público real sobre el primer ciclo del proceso venezolano. No un mapa completo (hay voces que faltan: la iglesia, otras figuras político-partidistas mayores, análisis técnico especializado, testimonios ciudadanos organizados, y esas voces se sumarán en próximas rondas del especial). Sí un mapa suficientemente representativo como para permitir que el lector reconozca en él las principales líneas de interpretación que están operando en la conversación pública venezolana en este momento.

Lo que la coexistencia de las siete lecturas demuestra

Voy a formularlo directamente, porque me parece que rara vez se dice y hoy hay que decirlo.

Cuando Luis Peche Arteaga enumera los diez casos históricos en los que el TSJ dio forma jurídica a los abusos del chavismo, y cuando Naky Soto sostiene que lo firmado son entregables de tutelados y no acuerdos, y cuando Walter Molina no celebra nada a priori porque los acuerdos importan solo cuando se ejecutan, y cuando Samuel Díaz Pulgar explica por qué reconocer el avance no equivale a conformarse, y cuando Nelson Piñero lee el proceso como transición ya en marcha con un Jorge Rodríguez disminuido y tutelado, y cuando A. Herrera-Vaillant advierte que el oro puede ser saludo a la bandera y que los magistrados actuales pueden empezar a cantar como Mario Silva, y cuando José Amalio Graterol sostiene que sin liberación de presos políticos lo demás es maquillaje institucional, ninguno de los siete se equivoca. Cada uno está viendo con precisión una dimensión distinta del mismo objeto.

Y la sociedad venezolana necesita las siete dimensiones simultáneamente para poder empujar el proceso hacia su ejecución sustantiva.

Esa afirmación es el corazón del especial. No es concesión pluralista. No es tibieza editorial. Es diagnóstico específico sobre cómo funcionan los procesos políticos complejos: se sostienen no por la unanimidad de sus impulsores sino por la coherencia interna de cada una de las líneas de análisis que los observan con rigor. Cuando esas líneas se cancelan entre sí (mi verdad contra tu verdad), el proceso se debilita. Cuando esas líneas se suman (cada una aportando su dimensión), el proceso se fortalece.

Por qué en este momento particular

La observación no es novedosa. Cualquier teoría democrática básica la sostiene. Pero hay que decirla en este momento particular de la historia venezolana por dos razones que merecen ser nombradas con precisión.

La primera razón es que Venezuela viene de veinte años de polarización estructural en los que la conversación pública se organizó predominantemente en registro binario: chavismo y anti-chavismo, oficialismo y oposición, con nosotros y contra nosotros. Ese registro binario tuvo una función durante muchos años (organizar la resistencia a un régimen autoritario), pero también tuvo un costo (empobrecer la capacidad de análisis matizado). El proceso que se abre con el primer ciclo requiere exactamente la capacidad opuesta: ser capaces de sostener simultáneamente afirmaciones que en registro binario parecerían contradictorias. El acuerdo del 12 de agosto compromete cambios sustantivos. Y no atiende a los presos políticos. Y establece un orden técnicamente correcto para la renovación del TSJ. Y no fija fechas concretas. Y tiene una pata operativa que no tuvo ninguno de los diálogos anteriores. Y depende de la ejecución para no repetir los 18 fracasos previos. Las seis afirmaciones son ciertas simultáneamente. Un análisis serio del proceso las sostiene todas.

La segunda razón es que la tarea que sigue al acuerdo no es una tarea que pueda hacer un solo actor. La renovación del TSJ requiere reforma legal, presión pública, verificación técnica, exigencia sobre credenciales, seguimiento de cronograma, evaluación de resultados. Ninguno de esos elementos lo puede aportar una sola voz. La reforma legal la trabajan los constitucionalistas independientes tipo Bellorín. La presión pública la sostienen las organizaciones de la sociedad civil tipo Foro Penal y Clippve. La verificación técnica la requiere el análisis politólogo tipo Walter Molina. La exigencia sobre credenciales la formula Guanipa desde adentro de la AN 2015. El seguimiento de cronograma lo demandan voces como Machado y Graterol desde la línea dura. La evaluación de resultados la ejercen medios como INCÍSOS con especiales como Verificable. La pedagogía política que explica al ciudadano común por qué esto importa la asume Samuel Díaz Pulgar. La lectura afirmativa desde la sobrevivencia la ofrece Nelson Piñero. La comprensión geopolítica del contexto la aporta Herrera-Vaillant.

Cada una de esas funciones es necesaria. Ninguna es suficiente. Y cuando una función pretende sustituir a las otras (el análisis técnico que reemplaza a la presión pública, la línea dura que descalifica la pedagogía política, la lectura afirmativa que ignora las ausencias documentadas, la crítica sistemática que niega los avances verificables), el proceso pierde precisamente la infraestructura plural que necesita para materializarse.

La tesis del especial en su formulación operativa

Voy a formularlo como principio editorial de INCÍSOS, para que quede documentado.

El país que viene tiene que ser la suma de las participaciones. No la suma de las coincidencias. La suma de las participaciones. Y esa distinción es importante.

La suma de las coincidencias es lo que produce consenso artificial: se identifica lo que todos los actores comparten y se construye desde ahí. El problema con esa metodología es que produce mínimos comunes que rara vez son suficientes para enfrentar problemas complejos. Cuando los actores del debate coinciden solo en las formulaciones más generales, el proceso queda entregado a la ejecución específica que nadie supervisa.

La suma de las participaciones es distinta. Cada actor mantiene su lectura específica, con sus énfasis propios, sus exigencias particulares, sus advertencias singulares. Y el proceso avanza porque cada uno cumple con su función editorial específica: el diagnóstico histórico presiona sobre la magnitud, el análisis matizado presiona sobre la ejecución, la línea dura presiona sobre los presos políticos, la lectura afirmativa protege el avance frente a los reduccionismos, la pedagogía política sostiene la comprensión ciudadana, el escepticismo geopolítico anticipa los riesgos externos. Ninguno cede su lugar. Todos cumplen su función. Y el proceso, sometido a esa presión plural, se ejecuta mejor.

Esta metodología no es venezolana. Es característica de las democracias que funcionan. Las transiciones exitosas de los últimos cincuenta años no fueron producto de acuerdos unánimes de fuerzas convergentes: fueron producto de procesos en los que cada actor cumplió su función específica y en los que el resultado emergió de la interacción documentada de esas funciones. Chile a partir de 1988, España a partir de 1975, Sudáfrica a partir de 1990, Polonia a partir de 1989: todos fueron procesos con actores en conflicto explícito entre sí, no procesos armoniosos. Y todos fueron procesos que funcionaron precisamente por eso.

Lo que este medio hace y no hace

Corresponde ser explícito sobre la función editorial de INCÍSOS en este momento, porque el especial Ángulos: Primer Ciclo la ejemplifica.

INCÍSOS no organiza el proceso. No lo lidera. No lo dirige. No pretende ninguna de esas funciones. Lo que hace es infraestructura editorial: documenta las decisiones firmadas con fuente primaria en el especial Verificable, y documenta las lecturas más consistentes del debate público en el especial Ángulos: Primer Ciclo. Ambas funciones son de archivo público, no de dirigencia política.

El editor firma este Inciso porque en la arquitectura del medio hay un lugar para la toma de posición autoral, y ese lugar es el Inciso. No es la nota. No es el especial. Es específicamente el Inciso firmado. Y en este Inciso específico, la posición autoral es una sola: el país que viene tiene que ser la suma de las participaciones documentadas. Ninguna voz sola alcanza. La suma sí puede.

Ese principio se aplicará también al medio mismo. INCÍSOS no será el actor que dicta cómo ejecutar el proceso. Será el actor que documenta la ejecución con rigor, que exige verificación con fuente primaria, que amplifica las voces que aportan al debate, que registra las ausencias que persisten, y que sostiene el archivo público del momento para que dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de veinte, se pueda contrastar lo firmado con lo cumplido, lo prometido con lo ejecutado, lo dicho con lo hecho.

La lista abierta de las voces que faltan

Este especial cierra su primera versión con siete ángulos. Pero es un especial vivo. Y hay voces que faltan y que se sumarán en próximas rondas.

Faltan las voces de la iglesia venezolana, con su tradición de análisis pastoral, ético y político sobre los procesos de transición del país. Faltan otras voces político-partidistas que representan sectores distintos del ecosistema opositor: la Plataforma Unitaria, Un Nuevo Tiempo, Copei legítimo, sectores del chavismo disidente que tienen posiciones específicas sobre el proceso. Faltan las voces técnicas especializadas: constitucionalistas más allá de Bellorín, economistas sobre el desbloqueo del oro, especialistas en derecho internacional sobre las mesas de negociación. Faltan las voces de los familiares de presos políticos y de las organizaciones de derechos humanos con posiciones articuladas. Faltan las voces de la academia venezolana dentro del país y en la diáspora. Faltan las voces ciudadanas organizadas: gremios, sindicatos, movimientos vecinales, iniciativas territoriales.

Cada una de esas voces se sumará al especial cuando su lectura del proceso alcance el nivel de articulación que permite su documentación editorial. No hay lista cerrada. No hay número final de ángulos. El especial crecerá con la evolución del debate, y con la aparición de nuevos ciclos de conversaciones que generarán nuevas lecturas.

Esa apertura no es indefinición. Es coherencia con la tesis: el país que viene es la suma de las participaciones. Y las participaciones no se convocan cerrando el mapa; se convocan manteniéndolo abierto.

La única condición que este medio pone

Hay una única condición editorial que INCÍSOS pone para que una voz sea documentada en este especial. Es simple y es explícita: la articulación tiene que sostenerse con rigor propio. Puede ser análisis técnico, puede ser testimonio biográfico, puede ser línea partidista declarada, puede ser humor caraqueño con lectura geopolítica. Lo que no puede ser es afirmación sin fundamento, ataque personal sin argumento, o repetición mecánica de línea sin elaboración propia.

Esa condición no es limitante. Al contrario: es lo que permite que el especial funcione como archivo público. Cada voz documentada aporta al mapa exactamente lo que sostiene. Y el lector puede evaluar por sí mismo si esa lectura le convence, le informa, le desafía o le confronta. El editor no impone la evaluación; la habilita.

Lo que este especial cierra y lo que este especial abre

Este especial cierra la cobertura editorial del primer ciclo del proceso venezolano por parte de INCÍSOS. Los seis días entre el 8 y el 13 de agosto de 2026 quedaron documentados con detalle: el acuerdo firmado, sus contenidos específicos, sus alcances técnicos, sus ausencias notorias, las reacciones más consistentes de la sociedad civil venezolana, y ahora las lecturas articuladas de siete voces del debate público.

Abre lo que sigue. Y lo que sigue es la ejecución del acuerdo o el incumplimiento del acuerdo. Ambas posibilidades son reales. La primera abre la puerta a un proceso de reinstitucionalización que Venezuela lleva décadas esperando. La segunda repite el patrón de los 18 diálogos previos fallidos. Y la diferencia entre una y otra no la determinarán las voces del debate público, aunque el debate público influya. La diferencia la determinará la presión sostenida sobre las partes firmantes para que ejecuten lo que se comprometieron a ejecutar.

Esa presión sostenida es exactamente lo que la suma de las participaciones documentadas en este especial permite construir. Cada voz cumple su función. Ninguna sustituye a las otras. Y el proceso, sometido a esa presión plural, tiene la oportunidad de convertirse en algo distinto a los procesos anteriores. Puede no lograrlo. Pero por primera vez en años, tiene la oportunidad. Y esa oportunidad merece ser trabajada con la seriedad que amerita.

Cierro con la formulación que este especial demuestra y que quiero dejar dicha con la mayor precisión posible.

El país que viene tiene que ser la suma de todos los que lo estamos pensando. No la suma de los que coincidimos. La suma de los que participamos con rigor propio en el debate público, cada uno desde el ángulo que le corresponde, cada uno con la exigencia que su lugar en el proceso le impone.

Peche desde el diagnóstico histórico. Soto desde la distinción categorial. Molina desde el análisis matizado. Díaz Pulgar desde la pedagogía política. Piñero desde la sobrevivencia. Herrera-Vaillant desde la lectura geopolítica. Graterol desde el contrapunto duro. Y todas las voces que se sumarán en próximas rondas del especial.

Ninguna sola alcanza. La suma sí puede.

Este medio existe para documentar ese proceso. Y el proceso, si va a ser real, va a ser exactamente lo que este especial es: participación plural documentada, sin unanimidades artificiales, sin cancelaciones recíprocas, sin protagonismos individuales. Un país construyéndose en el debate público que se toma en serio a sí mismo.

Eso es lo que INCÍSOS defiende. Y eso es lo que este especial deja dicho.

Sobre el autor

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista venezolano con más de veinte años de experiencia en medios, radicado en Columbus, Ohio. Autor de más de veinte libros publicados en Amazon.

Para seguir leyendo

Especial Ángulos: Primer Ciclo · Página índice →Ángulo 1 · Luis Peche Arteaga · La lectura histórico-jurídica del TSJ →Ángulo 2 · Naky Soto · Entregables de tutelados, no acuerdos →Ángulo 3 · Walter Molina · Los acuerdos importan cuando se ejecutan →Ángulo 4 · Samuel Díaz Pulgar · La pedagogía política del avance →Ángulo 5 · Nelson Piñero · La transición ya está en marcha →Ángulo 6 · A. Herrera-Vaillant · El escepticismo geopolítico →Ángulo 7 · José Amalio Graterol · El contrapunto duro →Especial Verificable · Decisiones documentadas del proceso →Inciso · La firma que faltaba →

Inciso

La firma que faltaba

Hoy la duda tiene documento. Ningún diálogo previo había producido un compromiso firmado de renovación completa del TSJ. Esto no es entre ellos y nosotros: es entre lo que se firma y lo que se ejecuta.

Published

17 horas ago

agosto 12, 2026

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Hoy la duda tiene documento. Ningún diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana había producido un compromiso firmado de renovación completa del Tribunal Supremo. Esto no es entre ellos y nosotros. Es entre lo que se firma y lo que se ejecuta. Un Inciso de Alfredo Yánez Mondragón.

El primer día del proceso, cuando esto empezó a moverse, escribí en este medio sobre el beneficio de la duda. Sostuve entonces que la desconfianza acumulada en dieciocho procesos de diálogo fallidos no debía convertirse en un veto anticipado a cualquier intento nuevo. Que el escepticismo era razonable como reflejo, pero que como método no producía resultados. Y que si un proceso lograba producir hechos verificables, había que juzgarlo por esos hechos, no por los antecedentes de quienes lo firmaban.

Hoy, catorce días después, mantengo esa posición. Y quiero explicar por qué la mantengo con más convicción, no menos, ahora que sabemos qué firmaron Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera el 12 de agosto de 2026 en Caracas.

Empiezo por lo que no es este texto. No es una celebración del acuerdo. Los acuerdos no se celebran hasta que se cumplen. No es una defensa de Jorge Rodríguez ni una idealización de Dinorah Figuera. No es un llamado a la fe ni a la paciencia infinita. Y no es, sobre todo, un texto contra las voces críticas que hoy están señalando lo que faltó, lo que sobró y lo que nadie fechó en el documento firmado. Esas voces tienen razón en lo que reclaman. La cobertura editorial de este medio, publicada hoy en pieza separada, documenta con precisión cada una de esas críticas y les da el peso que merecen.

Este texto es sobre por qué, precisamente por respeto a esas críticas, el marco general con el que leemos este momento importa.

Contra la falsa polaridad

Hay una tentación intelectual que atraviesa la conversación pública venezolana de las últimas horas y que conviene nombrar sin adornos. La tentación de leer este acuerdo, y por extensión todo el proceso, como una división entre dos bandos: los que respaldan y los que critican, los que ceden y los que resisten, los que dialogan y los que denuncian. Ellos y nosotros. Ingenuos y lúcidos. Vendidos y firmes.

Esa lectura es falsa. Y es peligrosa. Es falsa porque no describe la realidad de las posiciones que se están tomando; es peligrosa porque nos incapacita para entender lo que efectivamente está pasando.

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, dirigente histórico de Primero Justicia, preso político hasta hace un año, respalda el acuerdo. Y en el mismo pronunciamiento en el que lo respalda, sostiene que el TSJ actual ha sido «el ministerio de asuntos jurídicos de la dictadura», y exige que los nuevos magistrados sean «independientes, competentes y comprometidos con la Constitución». No hay contradicción en su posición. Hay una lectura técnica que reconoce el paso dado sin renunciar a la exigencia sobre cómo se ejecuta.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, líder principal de las fuerzas democráticas venezolanas, no participa del proceso, ha planteado condiciones estrictas para respaldarlo, y ha declarado con toda claridad que no se convertirá en obstáculo para iniciativas que produzcan avances verificables. No hay contradicción en su posición tampoco. Hay una distinción entre no ser parte del diálogo y no bloquear sus posibles resultados.

Ángel Alberto Bellorín, coronel, abogado constitucionalista, ha señalado durante años que ningún nombramiento de magistrados del TSJ es válido sin reforma previa de la Ley Orgánica que rige el proceso de selección. Su exigencia técnica lleva más de una década sin ser atendida por ninguna administración. El acuerdo del 12 de agosto pone la reforma de la ley en el primer lugar, antes del nombramiento. No es coincidencia. Es respuesta a una doctrina jurídica independiente que finalmente encontró eco en un documento firmado.

Y José Rafael González Martínez, ingeniero civil, ciudadano común, publica en su cuenta de X que «para decir esas dos pendejadas se necesitaron días de arduas y sesudas discusiones» y concluye «estamos jodíos». Su frustración es legítima. Representa a un sector amplio y sostenible de venezolanos que han visto tantos anuncios sin resultados que ya no distinguen entre uno más y algo genuinamente nuevo.

Las cuatro voces coexisten. No se cancelan entre sí. Están describiendo aspectos distintos de un mismo hecho. Y quien pretenda que hay que elegir entre respaldar a Guanipa y respaldar a Machado, entre creer a Bellorín y entender a González Martínez, no está leyendo el momento con la seriedad que exige.

Lo que efectivamente está en el documento

Voy a decir lo que rara vez se dice, porque hay que decirlo con precisión editorial: en ningún proceso de diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana durante los últimos veinte años se había firmado un compromiso escrito para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia. En ninguno. Ni el Vaticano en 2016, ni República Dominicana en 2018, ni Noruega en 2019, ni Barbados en 2023.

El acuerdo firmado el 12 de agosto establece cuatro puntos concretos sobre justicia. El primero es reformar la Ley Orgánica del TSJ. El segundo es renovar el Comité de Postulaciones. El tercero es activar un nuevo proceso para designar a todos los magistrados. El cuarto es conformar un consejo de revisión de credenciales. En ese orden.

El orden no es adorno. Es la única secuencia técnicamente correcta según la doctrina constitucional independiente venezolana. Y es exactamente lo que Bellorín ha reclamado durante quince años sin haber sido escuchado hasta ahora.

Además, y esto también hay que decirlo, la mesa técnica número 2 del proceso está denominada «Fortalecimiento de la Democracia, Poder Judicial y Poder Electoral». El TSJ y el CNE están explícitamente en la denominación firmada. No en el discurso: en el papel. Con firma de dos delegaciones. Con una tercera pata que hay que nombrar sin eufemismos: el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya facilitación operativa a cargo de Michael Kozak y John Barrett ha sido la diferencia entre este proceso y los diecisiete anteriores.

Ninguno de los procesos previos tuvo esa tercera pata operativa con el peso que hoy tiene. El diálogo de Barbados en 2023 tuvo respaldo internacional, pero no tuvo un actor estadounidense operando activamente en la mesa. El de Noruega en 2019 tuvo facilitación europea, pero sin capacidad de generar presión estructural. La diferencia entre este momento y los anteriores no es solo lo que se firma; es también quién sostiene el proceso desde afuera para que no se descarrile en las primeras semanas.

Contra la ingenuidad y contra el cinismo

Hay dos posiciones equivalentemente ingenuas en la conversación pública actual. La primera es asumir que el acuerdo se cumplirá porque está firmado. La segunda es asumir que el acuerdo no se cumplirá porque nada previo se ha cumplido.

Las dos son perezosas. Las dos evitan el trabajo intelectual de leer lo que efectivamente cambió y lo que efectivamente no cambió.

Lo que cambió es que por primera vez hay un compromiso firmado con contenido técnico correcto sobre la renovación completa del tribunal máximo, y hay una facilitación externa con capacidad de sostener el proceso. Lo que no cambió es que las mismas partes que firman hoy son las que en el pasado firmaron otros documentos que no se ejecutaron, y que la ausencia de fechas concretas en el documento actual es una debilidad estructural real que la cobertura crítica de este medio documentó con precisión.

La lectura editorial responsable no es elegir entre las dos observaciones. Es sostener ambas simultáneamente. Reconocer que este acuerdo es sustantivamente distinto a los anteriores en lo que compromete. Y exigir sin descanso, en las próximas semanas, que se cumplan las condiciones que hacen la diferencia entre acuerdo firmado y proceso ejecutado.

Ese es el trabajo del periodismo serio en este momento. Y es el trabajo que este medio va a hacer, con seguimiento sistemático de cada uno de los puntos comprometidos, con cobertura documentada de cada retraso o cumplimiento, con voces independientes que verifiquen técnicamente los pasos que se den, y con la memoria activa del especial Verificable que registra cada decisión con su fecha y su fuente primaria.

Sobre los presos políticos, que no aparecen

Hay que decir con toda claridad una cosa que puede parecer contradictoria con lo anterior: el hecho de que los presos políticos no aparezcan en el acuerdo firmado es una ausencia grave. No es un detalle secundario. No es un tema que pueda posponerse indefinidamente a la espera de que otras cosas avancen. Hay 382 personas privadas de libertad por motivos políticos según Foro Penal, hay 49 muertes documentadas de presos comunes entre abril y julio según el Observatorio Venezolano de Prisiones, y hay familias enteras que llevan años esperando información básica sobre el estado de sus detenidos.

La ausencia de este tema en la mesa técnica actual no puede convertirse en normalización. Cada semana que pasa sin que aparezca en el proceso es una semana en la que 382 vidas están dependiendo de decisiones que no se están tomando. Y ese hecho, que documenta hoy en cobertura separada este medio, debe seguir presente en cada análisis del proceso hasta que se resuelva.

El beneficio de la duda que defiendo sobre el marco general del diálogo no se extiende a la ausencia de presos políticos en la agenda. Ahí no hay duda que dar. Hay urgencia que exigir.

El costo de leer mal este momento

Termino con lo que más me preocupa como observador del ecosistema informativo venezolano. Si la conversación pública se polariza entre «los que respaldan el diálogo» y «los que lo denuncian», perdemos la capacidad de hacer lo único que puede efectivamente empujar el proceso hacia resultados: sostener presión pública informada sobre cada punto pendiente.

El diálogo no se cae porque los críticos critiquen. Se cae porque los que firmaron dejan de sentir costo político por incumplir. Y el costo político por incumplir solo se sostiene si la sociedad venezolana se mantiene atenta a lo que se firma, exigente sobre lo que se ejecuta, y unificada en la demanda de resultados verificables independientemente de qué actor específico está en cada momento en la mesa.

Machado tiene razón en las condiciones que plantea. Guanipa tiene razón en los criterios que exige. Bellorín tiene razón en la secuencia técnica que reclama. González Martínez tiene razón en la frustración que expresa. Y el acuerdo firmado el 12 de agosto tiene razón en el orden en que colocó las cosas.

Las razones no se cancelan entre sí. Se acumulan. Y la responsabilidad del periodismo, y de cada ciudadano venezolano informado, es preservar todas esas razones simultáneamente para que ninguna se pierda en el ruido de las próximas semanas.

Ese es el beneficio de la duda que defiendo. No es fe. Es método. Y es probablemente la única forma en que un proceso que ninguno de nosotros diseñó, y sobre el cual ninguno de nosotros tiene control completo, pueda efectivamente terminar produciendo lo que llevamos veinte años esperando.

Hoy hay una firma que faltaba. Falta muchísimo más. Y lo que falta se consigue exigiéndolo, no denunciando por anticipado que no llegará.

Vinculación

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Especiales

El delito imaginario

Usar inteligencia artificial no es un delito. Usarla sin criterio, sí puede serlo. La diferencia importa, y confundirla castiga primero al que menos lo merece.

Published

2 días ago

agosto 11, 2026

incisos

Imagen editorial para El delito imaginario

Usar inteligencia artificial no es un delito. Usarla sin criterio, sí puede serlo. La diferencia importa, y confundirla castiga primero al que menos lo merece.

En los últimos meses ha ocurrido algo curioso en la conversación pública sobre inteligencia artificial. La palabra IA dejó de nombrar una tecnología y empezó a nombrar una sospecha. Cuando un profesor la menciona, casi siempre es para acusar. Cuando un empleador la menciona, casi siempre es para desconfiar. Cuando un lector la ve mencionada en el pie de una nota, la mayoría de las veces la lee como si fuera una confesión. En algún punto de este año, sin que ningún tribunal lo decretara, usar una herramienta de inteligencia artificial se convirtió, en el imaginario público, en algo parecido a un delito.

Y ese delito, hay que decirlo con claridad, es imaginario. No existe. Nunca ha existido.

Lo que sí existe —y lo que la conversación seria sobre estas herramientas debería estar tratando de nombrar con precisión— es una diferencia entre dos usos que la mayoría de la gente todavía trata como equivalentes. Un uso legítimo, en el que la máquina asiste a un proceso conducido por una persona con criterio. Y un uso fraudulento, en el que la máquina reemplaza el proceso y una persona se atribuye el resultado. Los dos usos parecen iguales desde afuera. Producen textos, imágenes, respuestas, decisiones. Pero son actos morales distintos. Y la salud del debate público en lengua española depende, en buena medida, de que empecemos a distinguirlos con seriedad.

Por qué la sospecha tiene fundamento

Empiezo por reconocer lo que hay de razón en la sospecha, porque hacer como si no existiera sería tramposo.

La sospecha sobre el uso de IA tiene raíces reales. Existen sitios de noticias generados enteramente por máquinas y publicados como si tuvieran redacción propia. La empresa NewsGuard, que audita fiabilidad de fuentes informativas, contó más de mil doscientos de estos sitios operando en dieciséis idiomas en mayo de 2025. Existen estudiantes que entregan trabajos escritos por asistentes automáticos como si fueran propios. Existen profesionales que presentan análisis producidos por modelos como conclusiones de su experiencia. Existen medios que llenan sus secciones con contenido generado sin supervisión y lo publican con firma humana. Todo eso es fraude. No merece defensa. La sospecha que despierta esa práctica —esa desconfianza generalizada que se ha instalado en aulas, oficinas y redacciones— es una respuesta razonable a un fenómeno real.

El problema no es la sospecha. El problema es su ejecución.

Porque la sospecha, cuando se aplica sin criterio, castiga primero al que menos lo merece. En 2023, siete detectores automáticos de inteligencia artificial evaluaron 91 ensayos escritos por estudiantes que rendían el examen TOEFL, la prueba estándar de inglés como lengua extranjera. Los siete programas concluyeron, en promedio, que el 61 por ciento de esos textos habían sido generados por una máquina. Los 91 los escribieron personas. El estudio fue publicado en la revista Patterns y lo dirigió el profesor James Zou de la Universidad de Stanford. Con ensayos de estudiantes estadounidenses de octavo grado, los mismos programas acertaron casi siempre.

La razón del error, explicada en el paper, es simple. Los detectores miden qué tan predecible es un texto. Quien aprendió el idioma en un salón de clases escribe con vocabulario más simple y estructuras más formales, porque así se enseña un idioma. El programa lee eso como máquina. La consecuencia práctica es que en el mundo actual, un estudiante hispano que escribe un ensayo en inglés tiene una probabilidad estadísticamente alta de ser acusado de tramposo por su profesor. No porque haya tramado nada. Porque escribió honestamente en su segundo idioma.

Anthropic anunció este mes que sus modelos nuevos incorporan una marca imperceptible en todo lo que generan. La marca indica que un texto pasó por el modelo, no que el modelo lo escribiera. La propia empresa lo aclara sin ambigüedad. Pero conviene tener presente lo que va a pasar cuando esa marca llegue a manos de profesores, empleadores, editores y evaluadores que ya desconfían: la van a leer como prueba de autoría. Y no lo es. Un estudiante que use la herramienta para corregir la gramática de su ensayo —exactamente el uso que la propia empresa reconoce como legítimo— entregará un trabajo que sí llevará la marca. Escribió cada idea. La marca no lo distingue.

Esa es la injusticia estructural que hoy está en curso. Y contra ella hay que decir con toda claridad: no, usar inteligencia artificial no es un delito. Ni cuando se declara ni cuando no se declara. El delito es reemplazar el criterio propio por el de una máquina y presentar el resultado como propio. Son cosas distintas. Cualquier medio, cualquier institución educativa, cualquier lugar de trabajo que las trate como equivalentes está condenando por adelantado a las personas que menos podrían defenderse.

Qué distingue un uso del otro

Conviene formularlo sin retórica, porque en la práctica la distinción es más precisa de lo que la conversación pública deja creer.

Un uso legítimo de inteligencia artificial es aquel en que la máquina asiste un proceso conducido por una persona con criterio propio. La persona sabe lo que busca. Elige qué se acepta y qué se descarta. Verifica los datos contra fuente primaria. Decide el ángulo. Responde por el resultado. La máquina hace lo que le fue pedido, cuando fue pedido, dentro de límites que la persona controla. Si el resultado tiene errores, la responsabilidad no se desplaza hacia la herramienta: es de quien la usó sin verificar. Si el resultado tiene aciertos, tampoco se le atribuyen a la máquina: son de quien supo qué pedir y qué hacer con la respuesta. La analogía más honesta no es con un cerebro; es con una calculadora sofisticada. Nadie acusa a un ingeniero de fraude por usar una calculadora, aunque el ingeniero no haga los cálculos a mano. Nadie duda de la autoría de un texto porque el autor use un procesador de palabras en lugar de una máquina de escribir. La herramienta es herramienta. El criterio es del que la maneja.

Un uso fraudulento es aquel en que la máquina reemplaza el proceso. La persona no dirige: firma. No verifica: acepta. No decide el ángulo: recibe uno. No responde por el resultado: se lo atribuye. Cuando un estudiante pide a un asistente que le escriba un ensayo entero y lo entrega como propio, eso es fraude. Cuando un medio publica sin supervisión textos generados por máquina y los presenta con firma humana, eso es fraude. Cuando un profesional entrega un informe que no leyó y que no puede defender, eso es fraude. El fraude no está en usar la herramienta. Está en el acto de sustitución: en que la persona que firma no dirigió el proceso ni asume la responsabilidad de lo firmado.

La diferencia entre las dos cosas no es técnica. Es moral. Y como toda diferencia moral, exige algo que ninguna tecnología puede resolver: un ser humano dispuesto a distinguir.

Cómo se hace INCÍSOS

Este medio ha declarado su método públicamente. La página de metodología del sitio —accesible en incisos.com/metodologia— explica cómo se produce cada pieza que aquí se publica. La transcribo en su idea central, no por autoreferencia sino porque el especial El Contenido al que este Inciso está vinculado exige que quien opina sobre estas cuestiones también responda por ellas.

INCÍSOS usa inteligencia artificial. Lo hace para investigar, estructurar, redactar borradores, contrastar datos, buscar antecedentes, revisar coherencia interna, pulir una redacción. Usa varios asistentes, no uno solo, porque contrastar entre ellos es en sí mismo una forma de control. Lo que la máquina no hace, nunca, es decidir sola. No elige qué se publica. No determina el ángulo editorial. No valida un dato como verdadero. No firma. Cada cifra que aparece en una nota fue contrastada contra su fuente primaria por una persona. Cada nombre propio, verificado. Cada afirmación delicada, sostenida en algo más sólido que la respuesta de un asistente. Una pieza anterior de INCÍSOS jamás se usa como fuente de otra: todo se vuelve a verificar contra el origen. Si un dato no se puede confirmar, no se publica. Esa regla no la ejecuta un algoritmo. La ejecuta el criterio de quien edita.

He escrito sobre este tema con más profundidad de la que cabe en un Inciso. Mi ensayo La inteligencia NO es artificial, publicado a comienzos de este año, argumenta que el problema no es la máquina: es lo que el ser humano deja de hacer cuando la usa sin criterio. El libro distingue asistencia de sustitución, y sostiene que la delegación de una tarea es distinta de la delegación de una parte del proceso mental. La primera es uso de herramienta. La segunda es abdicación. Vale la pena leerlo con calma en un momento en que la conversación pública sobre estas cuestiones tiende, con demasiada facilidad, a los dos extremos: entusiasmo tecnológico sin matices, o criminalización sin distinción.

Qué hay que exigir en lugar de sospechar

Termino con lo operativo, porque los Incisos que solo diagnostican y no proponen no sirven.

En vez de sospechar del uso de IA, hay que exigir tres cosas concretas. Se pueden exigir en una redacción, en un salón de clases, en una oficina. Son las mismas.

Uno. Declaración del uso. Cuando una persona usa una herramienta de IA en la producción de un trabajo firmado, debería declararlo. No como confesión, sino como transparencia. No para pedir perdón, sino para permitir al lector, al profesor o al empleador entender qué está evaluando. INCÍSOS lo hace en su página de metodología y lo repite en cada nota que trata directamente el tema. Cualquier medio o institución seria puede hacer lo mismo.

Dos. Responsabilidad por el resultado. Quien firma responde. Si un dato está mal, la responsabilidad es de quien lo publicó, no de la herramienta que lo generó. Si un análisis es débil, la responsabilidad es de quien lo firmó, no de la máquina que ayudó a estructurarlo. La firma es un compromiso, no un adorno. Y ese compromiso no se delega.

Tres. Criterio para distinguir. Antes de acusar, hay que preguntar. ¿La persona dirigió el proceso? ¿Verificó los datos contra fuente primaria? ¿Puede defender lo firmado ante preguntas incómodas? ¿Puede reconstruir el razonamiento sin la ayuda de la máquina? Si las respuestas son afirmativas, no hubo fraude, aunque hubiera asistencia. Si las respuestas son negativas, hubo fraude, aunque no hubiera asistencia alguna. Un ensayo escrito enteramente a mano, sin ninguna herramienta digital, puede ser fraude si la persona que lo firma no puede defender lo que escribió.

El delito imaginario es cómodo porque no requiere pensar. Basta con reaccionar. Basta con desconfiar. Basta con acusar en bloque, sin distinguir, sin escuchar, sin verificar. Es la versión adulta del pánico. Y como todo pánico, castiga primero al que menos merece el castigo: al estudiante que aprendió el idioma en clase, al trabajador que traduce su currículum, al profesional que corrige su gramática antes de entregar un informe.

La conversación seria sobre inteligencia artificial —la conversación que este medio ha tratado de sostener durante todo el especial El Contenido— no empieza pidiendo la abolición de la herramienta ni celebrando su llegada. Empieza distinguiendo. Y quien no está dispuesto a distinguir no debería estar acusando.

Fuentes principales

Liang et al., GPT detectors are biased against non-native English writers, revista Patterns, 2023.
Anthropic, documentación sobre marcado de contenido, publicada el 10 de agosto de 2026.
NewsGuard, seguimiento de sitios de noticias generados por IA, mayo de 2025.
Alfredo Yánez Mondragón, La inteligencia NO es artificial, 2026.
INCÍSOS, Cómo se hace INCÍSOS, página de metodología del medio.

Sobre el autor

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista con más de veinte años de experiencia en medios, radicado en Columbus, Ohio. Autor de nueve libros publicados en Amazon, entre ellos La inteligencia NO es artificial, ensayo dedicado precisamente a las cuestiones que este Inciso trata en formato breve.