Inciso
La cuenta de Afiuni
Dieciséis años, nueve meses y veintisiete días. La extinción de una pena no borra por sí sola la cuenta que el Estado venezolano le debe a una jueza.
Por Alfredo Yánez Mondragón
Diez de diciembre de 2009.
Quiero que esa fecha se lea despacio, porque no es un dato de contexto: es el centro de todo lo que voy a escribir.
El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día, en Caracas, se llevaron detenida a una jueza por haber hecho su trabajo.
María Lourdes Afiuni firmó una decisión conforme a derecho. Otorgó libertad bajo fianza a un hombre cuya detención el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas había calificado de arbitraria. Es decir: aplicó el criterio del organismo internacional que existe precisamente para eso.
Horas después estaba presa.
El presidente de la República la llamó bandida en cadena nacional y pidió treinta años para ella. Treinta. La pena máxima que contempla el ordenamiento venezolano, la que se reserva para el homicidio agravado.
Por una firma.
Le pusieron cinco. Y luego, durante dieciséis años, un tribunal sostuvo que todavía no los había cumplido.
Dieciséis años de prohibición de salida del país. Dieciséis años sin poder hablar con un periodista. Dieciséis años sin poder ejercer la profesión para la que estudió. En junio de este año, un tribunal ordenó que le hicieran un nuevo examen psicológico para justificar que las medidas siguieran.
Un examen psicológico. A ella.
Cuando en mayo se anunció la excarcelación de trescientos presos políticos, Afiuni escribió una sola línea en una red social que tenía prohibido usar. Una pregunta:
«¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?»
Ahí hay una mujer contando. Contando años, contando condenas cumplidas, contando de nuevo. Y preguntando, con una ironía que no alcanza a tapar lo otro, si alguien se acordó de ella.
No se acordaron. Quedó fuera de la amnistía.
Ahora quiero decir lo que de verdad me importa, y es lo que menos se ha dicho estos días.
Lo que le hicieron a Afiuni no fue un error judicial. Un error se corrige, se pide disculpas, se sigue.
Fue un mensaje. Y estaba dirigido a otras personas.
Cuando un Estado detiene a una jueza el día de los derechos humanos por firmar una decisión, y el jefe de ese Estado sale en televisión nacional a pedir treinta años para ella, no está castigando a una persona. Está enseñando algo a los otros mil jueces del país.
La lección era simple y todos la entendieron: aquí se falla en la dirección correcta o se termina como ella.
Y funcionó. Ese es el punto y ahí está lo insoportable.
Funcionó tan bien que el 85% de los jueces venezolanos quedó en condición de provisorio. Provisorio significa removible sin procedimiento, sin causa, sin defensa. Significa que cada día un juez venezolano se sienta a decidir sabiendo que su cargo depende de que a alguien le guste su decisión.
Ese es el legado real del caso. No un expediente: una arquitectura del miedo.
Y aquí está la parte que quiero que quede escrita, porque es la que nadie está haciendo.
Afiuni no cumplió esa condena sola.
La cumplió cada venezolano que en dieciséis años se paró frente a un tribunal a pedir justicia y le tocó un juez asustado. Cada trabajador despedido que no pudo cobrar lo suyo. Cada familia que perdió una casa en un juicio que no entendió. Cada empresario al que le quitaron un negocio. Cada preso que esperó una audiencia que no llegaba porque nadie quería firmar.
Todos ellos pagaron un pedazo de la sentencia de Afiuni sin saberlo.
Esa es la cuenta. Y es impagable.
Por eso no puedo escribir esta columna en tono de celebración, aunque quiera. La familia lo dijo mejor que yo: el cierre del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados.
Cerrar un caso que nunca debió abrirse no es justicia. Es el final de una injusticia, que es otra cosa y es menos.
Dicho todo eso, celebro. Con ganas.
Celebro que una mujer de sesenta y tantos años pueda por fin decidir dónde amanece. Celebro por su hermano Nelson, que llevó esta causa durante dieciséis años sin descanso. Celebro por su hija, que vive fuera desde hace más de diez años y que quizás pueda abrazarla sin permiso de un tribunal.
Y celebro por algo más: porque su familia, teniendo todo el derecho del mundo a quedarse con su alegría, escribió en el mismo comunicado que ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber.
Acababan de ganar y usaron ese momento para exigir por los demás. Eso, en este país y en cualquiera, es una lección de decencia.
Termino con una precisión necesaria, porque se la debo a los lectores.
Ahora sabemos qué tribunal emitió la boleta, cuándo la firmó y qué vía jurídica invocó. El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, en la causa N.° 3933-20, decretó el 9 de julio la libertad plena por extinción de la pena y de la responsabilidad penal. La firmó la jueza Angelimar Carmona Hernández. La boleta remite al artículo 471, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal y al artículo 105 del Código Penal.
También sabemos lo que la boleta no hace: no anula la sentencia condenatoria. Cierra la ejecución del castigo, no borra la condena.
Lo que sigue sin publicarse es una decisión razonada que explique el alcance de esa extinción y sus efectos sobre las restricciones y consecuencias jurídicas que acompañaron la condena.
Así que agradezco, y pido otra cosa.
Publiquen la decisión completa. Expliquen qué efectos de la condena permanecen y cuáles se han removido. Aclaren si la reparación de una jueza perseguida por decidir conforme a derecho va a llegar hasta donde debe llegar.
Porque si de verdad se quiere reconstruir la independencia judicial en Venezuela —y hay una mesa que dice estar en eso—, el primer gesto no es solamente extinguir una pena.
Es demostrar que la justicia puede corregir, con razones públicas, el daño que hizo.
Alfredo Yánez
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Palos de golf prestados en un país que paga cisternas
La reconstrucción se anuncia en el Country Club. La vida diaria se resuelve con cisternas.
INCISO
Para recibir a los ejecutivos del petróleo hubo que salir a buscar palos de golf. Para recibir agua, en Coro, en Margarita y en tantos otros lugares del país, hay que pagar una cisterna.
El lunes 28 de septiembre de 2026, decenas de ejecutivos petroleros jugaron un torneo de golf en el Caracas Country Club, la víspera de una cumbre de petróleo y gas con entradas agotadas: 650 asistentes y 150 en lista de espera. Los organizadores contaron a Bloomberg que días antes estaban en pánico. Tuvieron que llamar a todos los clubes y tiendas de la ciudad, pedir prestados juegos de palos y comprar otros. Caracas tiene tres clubes privados de golf y ningún campo público. «Muy pocos venezolanos juegan golf», explicó la dueña de la tienda que los sacó del apuro.
Ese mismo lunes, vecinos de Coro denunciaban dos meses sin agua y la obligación de pagar cisternas para llenar los tanques de sus casas. No es una excepción ni una emergencia pasajera: en Margarita, y en muchos otros lugares del país, pagar un camión de agua es desde hace años una partida más del presupuesto familiar.
No hay nada reprochable en que unos ejecutivos jueguen golf. Los negocios se hacen también así, y Venezuela necesita inversión. Lo que la escena retrata es otra cosa: la distancia entre el país que se anuncia y el país que se vive.
El país que se anuncia tiene 100.000 millones de dólares prometidos para el petróleo, licencias renovadas cada mes en Washington, una cumbre con lista de espera y un torneo para abrir el apetito. El país que se vive produce 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que producía en los noventa, sufre apagones que sacan a la gente a la calle y compra agua por camión.
Las dos imágenes caben en la misma semana porque la reconstrucción empezó por arriba. Primero los contratos, después las reglas; primero el crudo, después la luz y el agua. Es un orden defendible si los beneficios bajan. El problema es que nadie ha explicado cómo ni cuándo.
Mientras tanto, conviene recordar la frase de la tienda de golf. Muy pocos venezolanos juegan golf. Casi todos, en cambio, saben lo que cuesta una cisterna.
Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Bloomberg vía Bloomberg Línea y La República, 28 de septiembre de 2026; La Patilla, 28 de septiembre de 2026.
Inciso
Lo que se abre a cuentagotas puede cerrarse de golpe
Efectividad fáctica sin efectividad jurídica: la transición venezolana avanza en gestos que pueden revertirse con la misma facilidad con que se concedieron.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Los desbloqueos avanzan al ritmo de las excarcelaciones: uno a uno, sin norma que los sostenga. Lo que se concede por decisión administrativa se retira por la misma vía.
Hay una forma de hacer política que consiste en conceder sin comprometerse. Se abre una puerta, se anuncia que se abrió y se deja la llave del lado de adentro. Lo que se vio en Caracas entre el 17 y el 25 de septiembre de 2026 se parece mucho a eso.
El 16 de septiembre empezaron a desbloquearse portales de noticias. VE sin Filtro contó 18 dominios. Nueve días después, el Ministerio de Comunicación anunció otro levantamiento y, horas más tarde, cambió en su propio comunicado la palabra «desbloqueo» por la expresión «medidas administrativas». Esa noche se abrieron 66 dominios más, pero no en todos los proveedores, y al mediodía del sábado 26 seguían cerrados 149. No hay lista oficial de lo que se abrió, no hay explicación de por qué se cerró y no hay norma que impida volver a cerrarlo en cualquier momento con una llamada al proveedor. Que se hayan podido abrir tantos en una noche solo confirma que cerrarlos también toma una noche. Lo que se concedió tiene efectividad fáctica. No tiene efectividad jurídica. Y lo que existe solo de hecho se deshace de hecho.
Con los presos políticos ha ocurrido lo mismo, con un costo humano infinitamente mayor. El 14 de agosto se anunciaron 131 excarcelaciones; tres días después, las organizaciones solo habían podido verificar 81. Salen de a uno, de a pocos, cuando conviene, y casi siempre como excarcelaciones y no como libertades plenas: la causa sigue abierta, la obligación de presentarse ante el tribunal también, y el expediente queda en una gaveta que alguien puede volver a abrir. La jefa de la delegación opositora reconoció el 19 de septiembre, ante las familias, que el tema ni siquiera figura en la agenda formal de la mesa. El acta del 25 no lo menciona. Un día después salieron decenas de detenidos, sin lista oficial, sin comunicado y con cifras que no coinciden entre las organizaciones que las cuentan; la Plataforma Unitaria contabilizó 33 presos políticos liberados desde el 21 de agosto y más de 420 que siguen tras las rejas.
Los desbloqueos van al ritmo de las liberaciones. A cuentagotas. Y el cuentagotas no es un defecto del proceso: es el método. Quien administra el goteo administra también la sed.
El tiempo cuenta la misma historia. La mesa se instaló el 1 de agosto. El segundo ciclo debía empezar el 15 de septiembre y empezó el 17; debía terminar el 23 y terminó el 25, sin que nadie explicara la prórroga. De ese ciclo salieron siete nombres para un consejo que revisará credenciales y la promesa de designar, «en la próxima sesión ordinaria», una comisión preliminar que abre el proceso para renovar el TSJ. Esa sesión no tiene fecha. El tercer ciclo tampoco: será en octubre, dijo Jorge Rodríguez. El CNE, que es lo que al final importa para que los venezolanos vuelvan a decidir, quedó otra vez fuera del acta. El mismo día del cierre, cinco fuentes consultadas por Reuters situaron las elecciones no antes de finales de 2027.
Nadie sensato espera que una institucionalidad demolida durante más de dos décadas se reconstruya en dos ciclos de conversación. La lentitud, por sí sola, no es una acusación. Lo que inquieta es otra cosa: que cada avance llegue en un formato reversible. Un comunicado se puede corregir, una medida administrativa se puede reponer y una excarcelación se puede revocar. Una ley no. Una sentencia firme tampoco. Un cronograma publicado, con fechas y responsables, ya es otra cosa.
Esa es la vara que propongo para leer lo que viene. No cuántos portales se abrieron ni cuántas personas salieron en cada anuncio, sino cuántas de esas decisiones quedaron escritas en una norma que obligue a quien las tomó. Mientras la respuesta siga siendo ninguna, todo lo que se abre a cuentagotas podrá cerrarse de golpe. Y los venezolanos, adentro y afuera, ya aprendieron cuánto duele eso.
Fuentes principales: VE sin Filtro, reportes del 25 y el 26 de septiembre de 2026; Plataforma Unitaria vía EFE, 26 de septiembre de 2026; Comunicado del Ministerio de Comunicación e Información, 25 de septiembre de 2026; Espacio Público vía La Patilla, 28 de agosto de 2026; Comunicado conjunto de las delegaciones, 25 de septiembre de 2026; Reuters, 25 de septiembre de 2026.
El obstáculo nunca la detuvo. Tampoco va a detenerla este.
Por Alfredo Yánez Mondragón
Durante todo 2024, camino a la elección del 28 de julio, María Corina Machado construyó una épica que ningún adversario supo desmontar. No podía volar en aviones comerciales. No podía subir al ferry. Los hoteles donde iba a alojarse amanecían cerrados o multados. Hasta un local de carretera que la recibió terminó con el Seniat encima. Y llegó igual: a caballo, en curiara, en moto, a pie. Cada prohibición se convirtió en una imagen, y cada imagen en un argumento. Le creyeron cerrar las carreteras y lo que hicieron fue regalarle el relato.
Su salida clandestina del país en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo fue la misma escuela, en su versión más fina: método, paciencia, filigrana. Cuando después se supo cómo se hizo, quedó claro que no había sido audacia improvisada sino ingeniería. Eso abrió una gira internacional cuyo alcance todavía no sabemos medir, porque el poder sigue sin estar en sus manos.
Ahora falta el capítulo del regreso. Y hay que decirlo sin adornos: se atascó. Siete intentos documentados desde finales de junio, tres de ellos en menos de 24 horas. Un barco que no zarpó por una falla mecánica. Dos vuelos que no despegaron porque no hubo permiso de aterrizaje en las islas. Nada de eso lleva la firma de nadie. No hay decreto, no hay orden, no hay funcionario que ponga la cara. Hay motores que fallan y permisos que no llegan. Sería cómodo culpar al gobierno panameño, que le dio documento de viaje, o a las autoridades de Aruba y Curazao, que administran su propio espacio aéreo. Alguien no quiere que llegue. Pero esa constatación no es todavía una respuesta.
Quien haya seguido esta historia sabe que aquí no termina nada. Al contrario: es exactamente el punto donde ella suele empezar.
Porque el tamaño de la piedra nunca le sirvió para explicar una ausencia. Le sirvió para explicar por qué había llegado de todos modos. Los obstáculos no fueron el final de sus trayectos: fueron el material con el que los construyó. Nadie recuerda el aeropuerto que le negaron; todos recuerdan la curiara.
Por eso el episodio de estos días no es el cierre de la épica. Es la antesala del capítulo que falta, y probablemente el que más va a pesar. Ella misma lo dijo al Wall Street Journal: ya no puede conducir un proceso desde fuera; su lugar en el tablero está dentro de Venezuela. Tiene razón. Y cuando eso ocurra, no será una foto más: será la prueba de que el poder para impedirlo era menos sólido de lo que aparentaba.
Conviene además recordar qué está en juego, para que la conversación no se quede en los vuelos. Venezuela sigue con la luz que se va, el agua que no llega, el servicio que no existe, la vialidad rota y la inseguridad intacta. Quien la espera no la espera por el gesto. La espera para que haya fecha, para que haya con quién votar, para que su regreso signifique que también pueden volver los millones que se fueron. Esa equivalencia es la más poderosa que ella tiene: su retorno como ensayo del retorno de todos.
Ese es el mensaje que el bloqueo no puede tocar. Se pueden negar permisos de aterrizaje; no se puede negar lo que representa una mujer que vuelve a su país después de que le dijeron que no podía.
Cuando aparezca —y va a aparecer—, no será un desafío a nadie. No será una piedra en el zapato de ninguna ruta ni la ruptura de ningún acuerdo. Será, sencillamente, la ratificación de lo único que la sostiene: que es capaz de estar donde dijo que iba a estar.
Le toca otra vez, con un obstáculo que ahora tiene forma de mar, de espacio aéreo, de motor averiado y de permiso negado. Ha vencido obstáculos peores, y con menos a favor.
Así que esta no es una columna sobre un regreso bloqueado. Es una columna sobre un regreso pendiente.
Allá nos vemos.
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