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La cuenta de Afiuni

Dieciséis años, nueve meses y veintisiete días. La extinción de una pena no borra por sí sola la cuenta que el Estado venezolano le debe a una jueza.

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La cuenta de Afiuni

Por Alfredo Yánez Mondragón

Diez de diciembre de 2009.

Quiero que esa fecha se lea despacio, porque no es un dato de contexto: es el centro de todo lo que voy a escribir.

El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día, en Caracas, se llevaron detenida a una jueza por haber hecho su trabajo.

María Lourdes Afiuni firmó una decisión conforme a derecho. Otorgó libertad bajo fianza a un hombre cuya detención el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas había calificado de arbitraria. Es decir: aplicó el criterio del organismo internacional que existe precisamente para eso.

Horas después estaba presa.

El presidente de la República la llamó bandida en cadena nacional y pidió treinta años para ella. Treinta. La pena máxima que contempla el ordenamiento venezolano, la que se reserva para el homicidio agravado.

Por una firma.

Le pusieron cinco. Y luego, durante dieciséis años, un tribunal sostuvo que todavía no los había cumplido.

Dieciséis años de prohibición de salida del país. Dieciséis años sin poder hablar con un periodista. Dieciséis años sin poder ejercer la profesión para la que estudió. En junio de este año, un tribunal ordenó que le hicieran un nuevo examen psicológico para justificar que las medidas siguieran.

Un examen psicológico. A ella.

Cuando en mayo se anunció la excarcelación de trescientos presos políticos, Afiuni escribió una sola línea en una red social que tenía prohibido usar. Una pregunta:

«¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?»

Ahí hay una mujer contando. Contando años, contando condenas cumplidas, contando de nuevo. Y preguntando, con una ironía que no alcanza a tapar lo otro, si alguien se acordó de ella.

No se acordaron. Quedó fuera de la amnistía.


Ahora quiero decir lo que de verdad me importa, y es lo que menos se ha dicho estos días.

Lo que le hicieron a Afiuni no fue un error judicial. Un error se corrige, se pide disculpas, se sigue.

Fue un mensaje. Y estaba dirigido a otras personas.

Cuando un Estado detiene a una jueza el día de los derechos humanos por firmar una decisión, y el jefe de ese Estado sale en televisión nacional a pedir treinta años para ella, no está castigando a una persona. Está enseñando algo a los otros mil jueces del país.

La lección era simple y todos la entendieron: aquí se falla en la dirección correcta o se termina como ella.

Y funcionó. Ese es el punto y ahí está lo insoportable.

Funcionó tan bien que el 85% de los jueces venezolanos quedó en condición de provisorio. Provisorio significa removible sin procedimiento, sin causa, sin defensa. Significa que cada día un juez venezolano se sienta a decidir sabiendo que su cargo depende de que a alguien le guste su decisión.

Ese es el legado real del caso. No un expediente: una arquitectura del miedo.


Y aquí está la parte que quiero que quede escrita, porque es la que nadie está haciendo.

Afiuni no cumplió esa condena sola.

La cumplió cada venezolano que en dieciséis años se paró frente a un tribunal a pedir justicia y le tocó un juez asustado. Cada trabajador despedido que no pudo cobrar lo suyo. Cada familia que perdió una casa en un juicio que no entendió. Cada empresario al que le quitaron un negocio. Cada preso que esperó una audiencia que no llegaba porque nadie quería firmar.

Todos ellos pagaron un pedazo de la sentencia de Afiuni sin saberlo.

Esa es la cuenta. Y es impagable.

Por eso no puedo escribir esta columna en tono de celebración, aunque quiera. La familia lo dijo mejor que yo: el cierre del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados.

Cerrar un caso que nunca debió abrirse no es justicia. Es el final de una injusticia, que es otra cosa y es menos.


Dicho todo eso, celebro. Con ganas.

Celebro que una mujer de sesenta y tantos años pueda por fin decidir dónde amanece. Celebro por su hermano Nelson, que llevó esta causa durante dieciséis años sin descanso. Celebro por su hija, que vive fuera desde hace más de diez años y que quizás pueda abrazarla sin permiso de un tribunal.

Y celebro por algo más: porque su familia, teniendo todo el derecho del mundo a quedarse con su alegría, escribió en el mismo comunicado que ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber.

Acababan de ganar y usaron ese momento para exigir por los demás. Eso, en este país y en cualquiera, es una lección de decencia.


Termino con una precisión necesaria, porque se la debo a los lectores.

Ahora sabemos qué tribunal emitió la boleta, cuándo la firmó y qué vía jurídica invocó. El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, en la causa N.° 3933-20, decretó el 9 de julio la libertad plena por extinción de la pena y de la responsabilidad penal. La firmó la jueza Angelimar Carmona Hernández. La boleta remite al artículo 471, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal y al artículo 105 del Código Penal.

También sabemos lo que la boleta no hace: no anula la sentencia condenatoria. Cierra la ejecución del castigo, no borra la condena.

Lo que sigue sin publicarse es una decisión razonada que explique el alcance de esa extinción y sus efectos sobre las restricciones y consecuencias jurídicas que acompañaron la condena.

Así que agradezco, y pido otra cosa.

Publiquen la decisión completa. Expliquen qué efectos de la condena permanecen y cuáles se han removido. Aclaren si la reparación de una jueza perseguida por decidir conforme a derecho va a llegar hasta donde debe llegar.

Porque si de verdad se quiere reconstruir la independencia judicial en Venezuela —y hay una mesa que dice estar en eso—, el primer gesto no es solamente extinguir una pena.

Es demostrar que la justicia puede corregir, con razones públicas, el daño que hizo.

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Alfredo Yánez

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Inciso

Lo que se puede medir

Lo que se mide se exige.

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Ilustración conceptual: mapa de Venezuela con regla y lápiz, sobre medición y rendición de cuentas

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El G7 dice que la Mesa de Caracas «ya ha producido avances medibles». Tomémosle la palabra y midamos: un tribunal en camino, una docena de medios de vuelta, 321 presos políticos, cero fechas electorales y un sargento en el Hospital Militar después de cinco días sin comer.

Imagen destacada: Ilustración conceptual creada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía del hecho.

Hay frases diplomáticas que se escriben para no decir nada. Y hay otras que, sin querer, dicen más de lo que parecen. La declaración del G7 en París tiene una de esas: las conversaciones en Venezuela, dice, «ya han producido avances medibles».

Medibles. La palabra es buena. Tomémosla en serio.

Lo que se puede medir a favor

En 100 días, la Mesa de Caracas reformó la ley del Tribunal Supremo y amplió el comité que elegirá a los nuevos magistrados. Una docena de medios digitales volvió a verse sin VPN. Son avances, y quien los niegue no está mirando (ver nota).

Lo que se puede medir en contra

Presos políticos: 321, según el Foro Penal. Militares en huelga de hambre en Ramo Verde: 36. Días sin comer: seis. Sargentos en el Hospital Militar: uno, por ahora (ver nota). Fechas electorales: cero. Rectores nuevos del CNE: cero. Lingotes recuperados del Banco de Inglaterra para los damnificados del terremoto: cero. Reformas a la ley que inhabilitó a medio liderazgo opositor: cero.

Y una cifra más, que no es de la Mesa pero la explica: una economía que crece 7,42 % con un salario mínimo de 14 centavos de dólar (ver nota).

Lo que no se mide

Hay cosas que no caben en una tabla. La carta de unos militares que cumplieron su condena y siguen presos. La madre que viaja a Los Teques y encuentra el penal cerrado. El venezolano que vuelve del exilio y descubre que una «bandera» en un sistema le negaba la existencia. Eso no es un avance ni un retroceso. Es la medida de lo que todavía no ha cambiado.

La lista del G7

El G7 pide, en el mismo apartado, «la liberación de todos los presos políticos». No dice algunos. No dice los que se negocien. Dice todos. Es, curiosamente, la exigencia más clara de la declaración, y la que la Mesa de Caracas no ha puesto en su agenda. La propia delegación opositora anunció cuatro temas para esta ronda: el voto, la justicia, los derechos y la escucha. Los presos aparecen en una frase de compromiso, no en la lista.

A mí me parece bien que siete democracias respalden una negociación. Es el único camino que hoy tenemos, y lo prefiero a cualquier otro. Pero respaldar no es aplaudir. Si los avances son medibles, los atrasos también. Y lo que se puede medir se puede exigir.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Mesa publique, al cierre de esta ronda, su propia tabla: lo acordado, lo cumplido y lo pendiente, con fechas. Que el primer renglón sean los presos. Y que el próximo comunicado del G7 no diga «avances medibles», sino cuántos.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: Declaración conjunta del G7, GOV.UK; El Informador, 100 días; Contrapunto, Ramo Verde; EFE, vía Infobae, PIB.

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Inciso

Todo a puerta cerrada

Fe o votos.

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Puerta de madera cerrada con cadena y candado, imagen conceptual de una negociación a puerta cerrada.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Una negociación en un hotel sin prensa. Un informe con los nombres tachados. Un penal que cierra las visitas a 235 presos. Una casa que se abre solo cuando llegan diputados extranjeros. Y en Washington, un gabinete detrás de rejas militares y un cielo que se cierra por una actualización. Esta semana, casi todo pasó a puerta cerrada.

Hay semanas que tienen una palabra. Esta tiene dos: puerta cerrada.

El viernes, en el Gran Meliá de Caracas, las delegaciones del Gobierno encargado y de la Asamblea de 2015 instalaron la cuarta ronda de la negociación. Solo entraron los fotógrafos. No hay declaraciones previstas (La cuarta ronda se instala a puerta cerrada y sin declaraciones). Ese mismo viernes, en Los Teques, se suspendieron las visitas a los 235 presos de Ramo Verde, porque 36 militares llevan cinco días sin comer (Ocho militares en huelga de hambre se descompensan en Ramo Verde).

Imagen destacada: Foto de archivo: Markus Spiske · Fuente y ficha de la imagen · CC BY 2.0 · Adaptación de tamaño para web.

Y la puerta de Perkins Rocha, que la policía mantuvo cerrada dos días con una orden que nadie firmó, se abrió por fin. Pero se abrió para dos eurodiputados (Dos eurodiputados logran entrar a la casa de Perkins Rocha). No para cualquier venezolano.

Los nombres tachados

Esta semana también conocimos, por fin, en qué se gastaron los dólares del petróleo. Un avance, sin duda. Pero el informe tacha los nombres de los 20 compradores y no dice qué empresas recibieron las divisas (El informe dice en qué se gastó el dinero, no quién compró). Sabemos cuánto entró. No sabemos quién se lo quedó.

La presidenta encargada dice que 99 de cada 100 dólares fueron a salarios y pensiones. Puede ser. Pero un país que pasó 27 años escuchando cifras sin poder verificarlas tiene derecho a desconfiar de cualquier número que no venga con su lista.

Del otro lado

Washington tampoco está para dar lecciones esta semana. El cielo de EE.UU. se cerró durante horas por una actualización mal hecha sobre cables de los ochenta (Un apagón de telecomunicaciones deja a EE.UU. sin despegues durante horas). Y medio gabinete vive ya detrás de las rejas de una base militar (Los altos funcionarios de Trump se mudan a bases militares). Es un ambiente tenso, y se nota.

Pero hay una diferencia. Allá, el apagón se informa en vivo, el secretario da la cara a los veinte minutos y la prensa pregunta quién pagará la casa del fiscal. Aquí, la negociación que define el futuro del país no tiene acta, y la orden que encerró a un hombre en su casa no tiene firma.

La puerta que importa

Entiendo que hay cosas que se negocian en privado. Toda negociación seria tiene su cuarto cerrado. Pero una transición no se mide por lo que se habla en ese cuarto, sino por lo que sale de él. Y después de cuatro rondas, lo que sale es una foto.

Una transición a puerta cerrada pide fe. Una transición a puerta abierta pide votos. Los venezolanos ya dimos bastante de lo primero. Ahora queremos lo segundo, con el calendario a la vista.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la Mesa publique un acta al cierre de cada ronda; que se abran las puertas de Ramo Verde y de la casa de Rocha; que los nombres tachados del informe se conozcan, y que la fecha de las elecciones deje de ser un secreto de hotel.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: El Diario, cuarta ronda; El Diario, Ramo Verde; El Nacional, Rocha; El Estímulo, KPMG; TalCual, Capriles; Yahoo News, FAA; Tampa Free Press.

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Inciso

¿Quién manda en mi casa?

Una orden sin firma es un abuso.

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Fachada de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo de agosto de 2010

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

El miércoles fue «una orden de la comandancia». El jueves, «una orden de la Cancillería». El canciller dice que es falso y el juez dice que no hay orden. Si nadie la dio, ¿por qué se cumple? En la puerta de la casa de Perkins Rocha se ve, mejor que en cualquier discurso, cuánto ha cambiado, y cuánto no, el poder en Venezuela. Porque la pregunta no es solo de Rocha: es de cualquiera.

Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, agosto de 2010. Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. No muestra la casa de Perkins Rocha ni un operativo policial. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.

Hay preguntas que parecen pequeñas y no lo son. Esta es una: ¿quién manda en mi casa? Hoy se la hace Perkins Rocha, que no puede recibir a nadie en la suya. Mañana se la puede hacer cualquier venezolano.

El miércoles 11, el funcionario de la PNB que impidió las visitas dijo que cumplía «una orden de la comandancia». No dijo qué comandancia, ni quién la firmaba. El abogado Omar Mora Tosta fue al tribunal de la causa y el juez le confirmó que no existe ninguna prohibición (El Nacional).

El jueves 12, la escena se repitió con dos eurodiputados españoles. Esta vez, según los reportes, la orden venía de la Cancillería. Esa misma noche, el canciller Oliver Blanco publicó la acusación con un sello que decía «FAKE» (El Nacional; Contrapunto).

Le creo al canciller. Y precisamente por eso la pregunta se vuelve más grave.

Órdenes sin firma

Si el tribunal no dictó una prohibición de visitas, según el abogado que habló con el juez; si la Cancillería niega haber impartido la instrucción; si la «comandancia» no tiene nombre, entonces lo que hay frente a la casa de Rocha es un poder que actúa sin firmar. Policías que cumplen órdenes que nadie dio, o que alguien dio y nadie quiere reconocer.

Eso no es un accidente del «nuevo momento político». Es la forma en que funcionó el poder durante 27 años: la orden verbal, la llamada, la instrucción de arriba que nunca queda por escrito para que nadie responda por ella. Lo escribimos el miércoles: la casa por cárcel es una medida cautelar, no un penal. Hoy hay que añadir que una orden sin firma no es una orden. Es un abuso.

Lo que se ve desde la calle

Los eurodiputados hablaron con Rocha desde la acera mientras él los saludaba desde el balcón (El Nacional). Es una imagen que recorre el mundo cuando la Mesa de Caracas tiene prevista su cuarta ronda para este viernes, y en la semana en que la presidenta encargada fue recibida por el secretario general de la ONU en Antalya.

Si en la casa de Rocha manda una orden que nadie firmó, en ninguna casa venezolana manda la ley. Al Gobierno encargado le conviene más que a nadie aclarar esto. Si quiere que se le crea que las cosas están cambiando, tiene que demostrar que en Venezuela ya no manda quien no firma. El canciller dio el primer paso al desmentir. Falta el segundo: decir quién fue.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Ministerio de Interior y la PNB identifiquen, con nombre y cargo, a quien dio la orden; que la Fiscalía abra una investigación; que el cerco se levante antes de que la Mesa se siente; y que la delegación opositora ponga el caso de Rocha como primer punto de la ronda.

— Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: El Nacional, Figuera; El Nacional, Blanco; Contrapunto.

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