Por Alfredo Yánez Mondragón

Diez de diciembre de 2009. Día Internacional de los Derechos Humanos.

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Ese día detuvieron a una jueza por hacer exactamente lo que un juez debe hacer: aplicar una recomendación de Naciones Unidas y ordenar la libertad bajo fianza de un hombre cuya detención había sido calificada de arbitraria.

El presidente de la República la llamó bandida en cadena nacional y pidió treinta años para ella. Le pusieron cinco. Y después, durante dieciséis años, un tribunal sostuvo que aún no los había cumplido.

Ese expediente se cerró.

La familia lo comunicó con una frase que llevaba dieciséis años esperando escribirse: cerrando formalmente un caso que nunca debió existir.

Quiero decir primero lo obvio, porque hay días en que lo obvio es lo importante. Es una buena noticia. Una mujer recuperó su libertad plena. Su familia dejó de vivir pendiente de un tribunal. Y una de las heridas más citadas de la justicia venezolana dejó de sangrar en tiempo presente.

Celebrarlo no es ingenuidad. Es lo mínimo.

Ahora, la parte que me obliga a escribir esta columna.

El mismo día en que se conocía ese desenlace, una periodista salía de la reunión inaugural de la mesa de diálogo y seis hombres armados, vestidos de negro y sin identificar, la interceptaron en la calle. Le quitaron el teléfono. Le borraron las fotografías. Le tomaron una foto a su cédula. Y discutieron por radio si la llevaban a la contrainteligencia militar.

La dejaron ir.

Dos hechos, un mismo día, en direcciones opuestas. Y yo no sé cómo se suman.

Sé cómo se suman en un titular, que es la tentación fácil. Quien quiera celebrar tiene su nota. Quien quiera denunciar tiene la suya. Y ambos pueden escribirlas sin mentir.

Lo que no sé es cómo se suman en un país.

Llevo días escribiendo sobre una palabra que apareció cinco veces en doce jornadas: verificable. La usaron Machado y González cuando declinaron sentarse. La usó el gremio de periodistas. La usaron las dos delegaciones cuando firmaron sus ocho principios. La usó la Plataforma Unitaria. Y la usó Delsa Solórzano con una fórmula que me parece la mejor de todas: no seremos jueces de las palabras, seremos testigos de los resultados.

Pues bien. Entre el 6 y el 7 de agosto de 2026 hubo dos resultados.

Uno es un expediente cerrado. Se puede verificar: existe una decisión, existe una libertad restituida, existe una familia que lo confirmó por escrito.

El otro es un teléfono revisado en la calle. También se puede verificar: existe una denuncia gremial, existe una periodista con nombre, existen fotografías que ya no existen.

Los dos son hechos. Ninguno cancela al otro.

Y ahí está, creo, la parte más difícil de cubrir un proceso como este: la tentación de elegir cuál de los dos define la jornada.

Si elijo el expediente cerrado, escribo que la transición avanza y me convierto en vocero. Si elijo el teléfono borrado, escribo que nada cambió y me convierto en la otra cosa, que tampoco es periodismo.

La única salida honesta que se me ocurre es anotar los dos. Con la misma tinta. Sin ponderar cuál pesa más, porque eso no me toca a mí.

Hay algo más, y con esto termino.

El comunicado de la familia Afiuni tiene un párrafo que no celebra. Dice que el cierre del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados. Y dice después algo que va mucho más allá de su caso: que ningún juez debería volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber. Que una justicia independiente solo existe cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación.

Esa gente acababa de recibir la mejor noticia en dieciséis años. Y en lugar de quedarse con ella, la convirtieron en una exigencia para todos los demás.

Me parece la lección de estos días, y no la escribió ningún medio.

Un caso que se cierra bien no es una reparación: es una obligación de que no vuelva a abrirse otro igual.

Y esa obligación se comprueba, entre otras cosas, en si la próxima periodista que salga de esa mesa puede irse a su casa con sus fotografías.

No es una demanda excesiva. Es el mismo principio, aplicado dos veces.

Por Alfredo Yánez Mondragón

En doce días, cuatro actores venezolanos que no se ponen de acuerdo prácticamente en nada usaron la misma palabra.

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María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, el 26 de julio, cuando declinaron sentarse a la mesa y publicaron cinco criterios de evaluación. El Colegio Nacional de Periodistas, el 4 de agosto, cuando pidió que la libertad de prensa entrara en la agenda. Las dos delegaciones que se instalaron en La Carlota, el 6 de agosto, cuando firmaron ocho principios. Y la Plataforma Unitaria Democrática, ese mismo día, cuando condicionó su compromiso a resultados concretos.

Verificable.

Uno de ellos declinó participar. Otro está adentro. Otro observa desde afuera. Y el cuarto pidió permiso para entrar. Discrepan en todo lo que importa políticamente.

Y los cuatro dijeron que lo que se acuerde tiene que poder comprobarse.

Eso me pareció, cuando lo noté, el dato más esperanzador y más triste de la jornada.

Esperanzador porque significa que ninguno está pidiendo fe. Ninguno dijo «confíen en nosotros». Todos dijeron, con distintas palabras, «júzguennos por lo que se pueda demostrar».

Y triste porque esa unanimidad solo se produce en un país donde la palabra dejó de valer hace mucho tiempo.

Llevo un año escribiendo la misma historia con distintos protagonistas.

Trece mil millones de dólares que se cobraron y trescientos que se reportaron, sin un estado de cuenta. Treinta mil doscientas seis actas que salieron de las máquinas de un organismo que después no las reconoció. Ciento cuarenta y seis venezolanos deportados que llegaron horas antes del terremoto y de los que nadie ha publicado la lista. Noventa y dos medios bloqueados que se podrían desbloquear en seis horas si alguien firmara un oficio.

Siempre la misma forma: existe un papel, alguien lo tiene, y no lo enseña.

Así que esta vez decidimos hacer algo distinto.

En lugar de exigirle a alguien que muestre su libro, hicimos uno nosotros. Y lo publicamos entero, con las reglas a la vista, para que cualquiera pueda auditarlo.

Se llama Verificable y son cuarenta puntos. Cuarenta cosas que alguien prometió, anunció o exigió públicamente sobre esta mesa, entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 2026. Cada una con su fecha, con el nombre de quien la dijo y, sobre todo, con la manera concreta de comprobar si se cumplió.

No hay una sola exigencia mía ahí adentro. Ni una. Se me ocurrieron varias mientras lo armaba y las dejé afuera, porque el día que INCÍSOS empiece a colar sus propios deseos en un registro que se presenta como neutral, el registro no vale nada.

Y están separados en tres niveles, que es la parte que más me costó y la que más importa.

Lo que las dos delegaciones firmaron obliga. Lo que anunciaron sus voceros compromete políticamente. Lo que exige quien no está en la mesa está documentado y no obliga a nadie.

Mezclar esos tres niveles habría sido cómodo y habría sido deshonesto: sugeriría que la mesa se comprometió a cosas que no se comprometió, y convertiría un instrumento en un pliego.

Ahora, la parte incómoda.

Al cierre de este primer corte, veintiséis de los cuarenta puntos figuran como «sin movimiento».

Quiero que quede claro qué significa eso y qué no. No es una acusación. Es el día siguiente a la instalación. Sería absurdo esperar que un proceso que empezó el jueves hubiera cumplido el viernes.

Este primer número no evalúa nada. Es una línea base. Es el punto cero contra el cual se va a medir todo lo demás.

Su valor no está en lo que dice ahora. Está en que dentro de tres meses, cuando alguien afirme que hubo avances o que no los hubo, exista un lugar donde comprobarlo sin depender de a quién le creamos más.

Hay una sola cosa del registro que sí me inquieta ya, y la digo porque está a la vista de cualquiera que lo lea.

Tres exigencias se repiten en cuatro fuentes distintas y completamente independientes entre sí: la liberación de los presos políticos, un cronograma electoral y garantías para todos los actores. Las piden Machado y González, las pide la Plataforma Unitaria, las pide la sociedad civil que fue a entregar cartas a la puerta, y las piden senadores estadounidenses de los dos partidos.

Ninguna de las tres aparece entre los compromisos firmados.

Puede ser que estén dentro de la agenda, que se ratificó sin publicarse. Puede ser que no. Y esa duda se resuelve de una manera muy simple, que no requiere negociación ni cronograma: publicando la agenda.

Termino con lo que creo que es lo importante de todo esto.

Una libreta no desconfía. Una libreta anota.

En mi casa, mi mamá tenía una donde apuntaba lo que se fiaba en la bodega. No era porque pensara que el bodeguero era ladrón. Era porque los dos sabían que la memoria falla y que, cuando hay números de por medio, es mejor que estén escritos. Esa libreta no rompía la confianza: era la forma que tenía la confianza de sostenerse.

Venezuela lleva veintisiete años acumulando promesas sin nadie que las anote. Por eso se pueden repetir. Por eso cada ciclo empieza como si el anterior no hubiera ocurrido.

Este registro no toma partido. No decide si el proceso es bueno o malo, ni si Machado hizo bien en no sentarse, ni si la mesa merece respaldo. Nada de eso está ahí adentro y nada de eso va a estar.

Solo anota. Y si las cosas salen bien —ojalá salgan bien— va a ser el primero en decirlo, con la misma frialdad con la que ahora escribe «sin movimiento» veintiséis veces.

Ellos escribieron la palabra.

Nosotros nos limitamos a tomarles la palabra.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Este jueves 6 de agosto de 2026 se instaló finalmente la mesa. Del lado que dice representar a la Asamblea Nacional electa en 2015, el equipo que encabeza Dinorah Figuera. Del otro, la delegación del gobierno con Jorge Rodríguez como coordinador.

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Lo que van a hacer ahí, según ellos mismos, es ayudar a reinstitucionalizar el país. La palabra institucionalidad forma parte del glosario de esta mesa. Aparece en los comunicados, en el respaldo del Departamento de Estado y en las palabras de la propia Figuera, que escribió ese día que instalaban el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela.

Y entonces convocaron a la prensa para la una de la tarde en La Carlota.

Casi a medianoche avisaron que la convocatoria era solo para fotógrafos. Que no habría declaraciones. Al equipo de Venevisión no lo dejaron acreditarse. Los canales no podían transmitir. No hubo espacio para preguntas.

Foto sí. Palabra no.

Quiero detenerme aquí, porque me parece que este es exactamente el punto, y los anteriores eran solamente contexto.

Una institución no es un edificio ni un membrete. Es un conjunto de reglas que sobreviven a las personas que las ejecutan. Y el periodismo —con todos sus defectos, que son muchos y los conozco desde adentro— es una de esas instituciones. No porque los periodistas seamos importantes: no lo somos. Sino porque el derecho de una sociedad a preguntar es lo que convierte un acto de poder en un acto público.

Cuando alguien se sienta a rediseñar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, y decide en esa misma jornada que nadie puede preguntar nada, no está cometiendo un error de logística. Está enunciando un criterio.

Y el criterio es este: la institucionalidad que nos interesa es la que se decide adentro; la que se ejerce afuera, no.

Lo que más me inquieta no es el hermetismo de un día. Es el meta-mensaje.

Porque este país lleva veintisiete años aprendiendo que la información se administra. Que hay un canal oficial y que ese canal es suficiente. Que la pregunta incómoda es un obstáculo del proceso y no parte del proceso. Que si el resultado es bueno, el método da igual.

Y ahora resulta que quienes vienen a corregir eso empiezan aplicando el mismo manual.

Sé lo que se responde, porque ya lo escuché: que era una primera reunión, que había que proteger la conversación, que la negociación exige discreción. Y admito que en una negociación hay etapas que no se transmiten en vivo. Eso es cierto y no lo discuto.

Lo que no acepto es la sustitución.

Y hay algo más, que supe después de empezar a escribir esta columna y que la vuelve más difícil de responder.

Dos semanas antes de la instalación, una comisión de esa misma delegación contactó al Colegio Nacional de Periodistas. Se reunieron hora y media. El tema fue la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, con la petición expresa de que entrara en la agenda de la mesa. El gremio lo hizo público el 4 de agosto y respaldó el proceso.

Dos días después cerraron la puerta.

No estoy diciendo que se hayan burlado de nadie. Estoy diciendo que no fue un descuido por desconocimiento. Alguien de ese equipo dedicó noventa minutos a escuchar por qué la libertad de prensa importa, y cuarenta y ocho horas más tarde el equipo decidió que los periodistas no entraban.

Eso no se arregla explicando. Se arregla haciéndolo distinto la próxima vez.

Porque no es que no hubiera comunicación ese día. La hubo.

Los periodistas Rory Branker y Gabriel Bastidas reportaron que, mientras algunos reporteros gestionaban acceso para hacer su trabajo, la delegación se reunió con el creador de contenido conocido como Kilómetro. Hay fotografía de ese encuentro.

Quiero ser muy claro en algo, porque en Venezuela todo se convierte en linchamiento y no es lo que busco: no tengo nada contra ese muchacho. Hace contenido, lo hace bien, y si lo invitan, va. Yo también iría. Lo que me interesa no es quién entró, sino quién decidió quién entra.

Y esa decisión dice algo. Hubo mensaje, hubo publicación, hubo relato. Lo que no hubo fue nadie con la obligación profesional de hacer la segunda pregunta.

Ese es el patrón que conviene vigilar: cuando se cierra el canal que repregunta y se deja abierto el que solo difunde, la información sigue circulando. Circula sin resistencia. Se eligió, sin decirlo, el canal que no incomoda.

Ahí está el fondo del asunto. No se trata de que la prensa tenga privilegios: no los tiene ni debe tenerlos. Se trata de que la función que cumple —insistir, contrastar, volver sobre lo que quedó sin responder— no la cumple nadie más. Un influencer puede tener más audiencia que un diario, y con frecuencia la tiene. Lo que no tiene es la obligación profesional de hacer la segunda pregunta.

Y la segunda pregunta es toda la diferencia.

He escrito estos meses sobre trece mil millones de dólares que se cobraron y trescientos que se reportaron. Sobre treinta mil doscientas seis actas que salieron de máquinas de un organismo que después no las reconoció. Sobre ciento cuarenta y seis deportados que llegaron horas antes del terremoto y de los que nadie ha publicado la lista.

Los tres casos tienen la misma forma: existe un papel, alguien lo tiene, y no lo enseña.

Lo de este jueves es la versión anticipada de eso. No es que hayan escondido un documento: es que se instaló, desde el primer día, el hábito de que preguntar no forma parte del procedimiento.

Y aquí viene lo que de verdad quiero plantear, y lo planteo como pregunta abierta porque no tengo la respuesta.

Si esto es lo que ocurre en la reunión inaugural del proceso que va a rediseñar el árbitro electoral de Venezuela, ¿qué institucionalidad estamos construyendo?

¿Una nueva? ¿O la misma con otros nombres?

Porque el chavismo no destruyó las instituciones venezolanas de un golpe. Las vació. Mantuvo los edificios, los cargos y los membretes, y fue retirando de a poco lo que las hacía funcionar: la independencia, el contrapeso, la obligación de responder. Al final quedaron las formas.

Yo quiero creer que esto es distinto. Quiero creer que es un error de una tarde, que alguien lo corrija y que la próxima reunión tenga sala de prensa.

Pero no lo voy a dar por hecho. Y lo voy a preguntar cada vez.

Porque una transición se mide en resultados, sí. También se mide en hábitos. Y el hábito que se instaló este 6 de agosto, en la primera sesión, con la palabra reinstitucionalización en todos los comunicados, fue el de decidir a puerta cerrada.

Que la próxima vez entre la prensa. No por nosotros.

Por lo que significa que pueda entrar.