A días de que arranque el diálogo del 1 de agosto, quienes se oponen a la conducción de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no forman un bloque: son ocho factores con lecturas distintas del mismo momento. Este es el mapa.

Por qué hacer este mapa ahora

El 1 de agosto de 2026 arranca el diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la instalada en 2025. Es el proceso político más importante que ha vivido Venezuela desde la captura del usurpador Nicolás Maduro el 3 de enero.

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Frente a ese proceso, la conducción del país descansa en tres figuras: la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea de 2025 y su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. El politólogo Nicmer Evans se refirió a ellos como el trío que, según su lectura, quedó subordinado a los dictámenes de Estados Unidos tras enero.

Lo que sigue no es un directorio de opositores. Es un mapa de posiciones, porque el hallazgo central de este reportaje es que quienes se oponen a esa conducción no comparten diagnóstico, ni estrategia, ni siquiera una definición común de qué está ocurriendo en Venezuela.

1 · María Corina Machado: la legitimidad electoral

Es el factor con mayor respaldo popular documentado y, simultáneamente, el que quedó fuera de la mesa.

Su posición se apoya en dos fuentes de legitimidad. La primera, el resultado de las presidenciales del 28 de julio de 2024. La segunda, el mandato interno que los partidos de la Plataforma Unitaria le otorgaron a finales de abril de 2026 en el Manifiesto de Panamá, para liderar los contactos con el chavismo.

Machado, Premio Nobel de la Paz, ha sostenido que le corresponde la responsabilidad de dirigir la negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez. No reclama ser consultada: reclama conducir.

Su limitación es de acceso. Se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado impedimentos para entrar al país. Su participación no depende solo de que la inviten.

2 · La Plataforma Unitaria Democrática: la coalición sin postura

Es la coalición más grande del antichavismo y atraviesa su momento de mayor indefinición.

Convocada de urgencia el 14 de julio, se reunió el miércoles 15 con Machado y Edmundo González Urrutia para fijar una posición frente a la mesa bipartita. La reunión terminó sin conclusiones públicas. Los reportes disponibles indican que la discusión se estancó en dos puntos: el mecanismo para garantizar que todos los partidos queden representados, y el rol específico de Machado en la toma de decisiones.

Una precisión que suele perderse: Vente Venezuela, el partido de Machado, no forma parte orgánica de la Plataforma Unitaria. El vínculo es de designación y respaldo, no de militancia. Eso ayuda a entender por qué la representación y el rol de Machado son precisamente los puntos que no logran cerrarse.

Dentro de la coalición, Acción Democrática marcó la línea más dura. Su secretario general, Henry Ramos Allup, condicionó el aval del partido a que participe Machado y a que estén representados todos los partidos, y cuestionó que en el panel figuren Primero Justicia y Voluntad Popular pero no AD.

3 · El grupo de Dinorah Figuera: la legitimidad institucional

Aquí aparece la paradoja que define el momento. Figuera encabeza a la Asamblea electa en 2015 —la última con legitimidad de origen reconocida por Washington— y es la interlocutora del proceso. Es decir, forma parte de la mesa que otros opositores cuestionan.

Su posición no es de subordinación al gobierno sino de participación en un arreglo que Washington diseñó. Regresó a Venezuela el 18 de junio de 2026 tras ocho años de exilio, con acompañamiento del Departamento de Estado.

Frente a las críticas por la exclusión de Machado, Figuera anunció que a partir del 1 de agosto convocará a todos los sectores democráticos a aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta, y afirmó que Machado es muy importante en este proceso. Pero en declaraciones recientes aclaró que Machado no forma parte de la mesa técnica de negociaciones.

Entre ser importante y estar en la mesa hay una distancia que ninguna declaración ha cerrado.

4 · Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio: la apuesta por participar

Es el bloque que optó por ocupar el espacio disponible en lugar de condicionarlo.

Un Nuevo Tiempo, presidido por el exgobernador Manuel Rosales, se convirtió el 22 de julio en el primer partido grande que avala explícitamente la designación de Figuera y la conformación de la comisión mixta coordinada con el Departamento de Estado, con mención expresa al secretario de Estado Marco Rubio. Simultáneamente propuso relanzar la plataforma que en unidad derrotó al oficialismo el 28 de julio de 2024, incluyendo en esa convocatoria a Vente Venezuela.

Unión y Cambio, fundado el 25 de abril de 2025 por Henrique Capriles y Tomás Guanipa tras su salida de Primero Justicia, integra la alianza con UNT que obtuvo once de los 285 escaños de la Asamblea instalada en 2025. Capriles y Stalin González son sus figuras parlamentarias.

Su presencia en el Parlamento los convierte en el único factor opositor con representación institucional dentro de la asamblea oficialista. Y su participación en las legislativas de mayo de 2025 los distanció de la Plataforma Unitaria, que llamó a la abstención.

Ahora bien, Capriles no ha traducido esa participación en respaldo al arreglo actual. El 21 de julio advirtió que cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien, contra alguien o para excluir a alguien, y sentenció que una negociación que excluya a Machado está condenada a fracasar.

5 · Blanca Rosa Mármol y la vía constituyente: la impugnación de raíz

Es la posición más radical del mapa, y no viene de un partido sino del mundo jurídico.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo, al cumplirse 180 días del proceso iniciado en enero, que en Venezuela ya no hay gobierno. Su argumento es que, agotado el plazo que atribuye al interinato, ningún poder constituido conserva legitimidad de origen, y que la soberanía revierte al ciudadano. De ahí su convocatoria a asambleas de ciudadanos como vía para ejercer ese poder.

INCÍSOS no adjudica esa tesis. Constata que existe, que impugna de raíz la legitimidad del arreglo en marcha, y que proviene de una voz con autoridad jurídica y sin filiación partidista.

Su límite es de traducción: una tesis constitucional, por sólida que sea su argumentación, requiere capacidad de convocatoria y respaldo social sostenido para convertirse en factor de poder real. Al cierre de este reportaje, se trata de un planteamiento en articulación, no de un movimiento consolidado.

6 · Andrés Caleca y el MPV: el realismo incómodo

Aporta la lectura técnica más despojada de voluntarismo, y quizá la frase que mejor retrata el momento.

Dirigente del Movimiento por Venezuela y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Caleca sostuvo en junio que quienes tienen el sartén por el mango son dos protagonistas: la administración de Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez. Y añadió: «nosotros, la oposición venezolana y me incluyo, no estamos sentados en la mesa».

El 22 de julio agregó un elemento que incomoda a buena parte del antichavismo: «Pareciera que Estados Unidos no está apurado en adelantar un proceso electoral en Venezuela. El apuro es de otra gente». Recordó que el propio Rubio dijo ante el Senado estadounidense que las elecciones podrían celebrarse en 2028, incluso después de la administración Trump.

En enero, Caleca había planteado que lo ocurrido tras el 3 de enero representa una ruptura o crisis profunda del régimen, pero no un proceso estructurado hacia la democracia, y propuso una junta de gobierno surgida de una negociación a tres partes: las fuerzas democráticas, las fuerzas del régimen y —en sus palabras— el tutor.

Sobre el árbitro electoral fue categórico: «En el CNE no queda nadie que no sea un militante del PSUV. El CNE es una oficina del PSUV».

Su MPV, junto con UNT, fue desincorporado de la Plataforma Unitaria.

7 · Nicmer Evans: el análisis desde la izquierda no chavista

Ocupa un lugar singular en el tablero: crítico del chavismo desde una tradición de izquierda, y crítico también del arreglo actual.

Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión, Evans sostuvo en mayo, citando fuentes que calificó de confiables, que existiría un cronograma electoral extendido hasta diciembre de 2027 —regionales primero, luego legislativas y finalmente presidenciales— para entregar el poder en enero de 2028. Fue él quien caracterizó explícitamente la subordinación del trío Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello a los dictámenes estadounidenses.

Su valor para este mapa es que ofrece una crítica que no proviene del antichavismo tradicional, y que por tanto interpela a sectores que desconfían de la oposición histórica.

INCÍSOS registra sus planteamientos como lo que son: análisis de un politólogo basados en fuentes no identificadas públicamente, no hechos verificados de manera independiente.

8 · El chavismo descontento: la fractura interna

Es el factor menos visible y potencialmente el más determinante, porque opera dentro de la estructura misma que sostiene al gobierno.

Las fisuras están documentadas y son públicas. La diputada Iris Varela declaró a un pódcast que creía que alguien dentro del gobierno ayudó a Estados Unidos a sacar a Maduro del poder. Mario Silva, expresentador del programa de propaganda estatal, cuestionó la legalidad de decisiones que, según afirmó, se toman desde la embajada estadounidense. El comunicador chavista Luigino Bracci Roa reaccionó a los ejercicios militares estadounidenses reclamando que las autoridades no comprendieran la indignación popular, y cerró: «Ojalá aparezca un mejor liderazgo en nuestro chavismo».

Incluso en televisión estatal, un dirigente izquierdista colombiano sentado entre el público del programa de Cabello se puso de pie para cuestionar la debilidad de la campaña por la liberación de Maduro y Cilia Flores.

El propio Cabello reconoció públicamente el descontento interno ante el acercamiento al Fondo Monetario Internacional.

Los motivos del malestar son identificables: el acercamiento a Washington, el abandono de políticas asociadas a Chávez, la reorganización del gabinete, las reformas a la industria petrolera, la liberación de presos políticos y la autorización de ejercicios militares estadounidenses en territorio venezolano. A eso se suma la sospecha, extendida en esas bases, de que hubo traición interna en enero.

Este sector no busca una transición democrática en el sentido que reclama la oposición. Busca lo contrario: preservar el proyecto que considera traicionado. Pero coincide con el resto del mapa en un punto: cuestiona la legitimidad de quien conduce.

Ese malestar tiene, además, una expresión callejera. El viernes 24 de julio, en el marco del natalicio de Bolívar, frentes antiimperialistas de la izquierda radical —el Frente Popular Antiimperialista, la Coordinadora Simón Bolívar y otras organizaciones de base— convocaron actos en las Plazas Bolívar de Caracas y de varios estados para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y lo que llaman el «tutelaje neocolonista». La convocatoria incluía la quema de símbolos «del imperialismo y el sionismo».

El dato relevante para este mapa no es la protesta en sí, sino quiénes la nutren. Ese mismo viernes, en la Plaza Bolívar, la diputada Iris Varela —exministra de Servicios Penitenciarios y una de las voces más duras del chavismo— rechazó de plano la negociación del 1 de agosto. Preguntada sobre si la veía con buenos ojos, respondió: «No, no lo veo de positivo, pero esa es mi opinión, como Iris Varela». Y ante la insistencia, remató: «No apoyo eso, no lo apoyo». Sobre lo que espera del proceso, fue explícita: «Yo lo único que espero es que todo el que aquí ha montado gobierno paralelo, instituciones paralelas, que ha violado la Constitución y nuestras leyes, que ha cometido delitos que están sancionados por nuestras leyes, no queden impunes».

En el mismo acto participó Mario Silva, el otrora conductor de La Hojilla —programa que salió del aire en marzo de 2026—, quien en los meses recientes ha lanzado advertencias contra lo que llama el «petit comité» del chavismo que negocia con Washington. Su presencia y la de Varela en la misma plaza apuntan en la misma dirección.

Lo que estas dos figuras expresan no es apoyo a la oposición ni a la negociación: es el rechazo del chavismo de base al acercamiento del propio gobierno de transición a Estados Unidos. Es la militancia marcando distancia con la conducción que dice representarla, en la misma fecha en que el oficialismo celebra al Libertador. La escena captura la paradoja del momento: un poder que negocia con Washington y una parte de su propia base que quema banderas estadounidenses a pocos metros de Miraflores, exigiendo además que los responsables no queden impunes.

Lo que revela el mapa

Puestos en fila, estos ocho factores no dibujan una oposición. Dibujan un archipiélago.

Hay quienes avalan el proceso sin condiciones, quienes lo condicionan, quienes participan en él con reservas, quien lo impugna de raíz, quien lo analiza sin ilusiones y quienes lo rechazan desde el chavismo por razones opuestas a las del antichavismo.

Ninguno controla el proceso. Ninguno puede ser ignorado del todo. Y esa dispersión tiene una consecuencia práctica que conviene nombrar: una contraparte fragmentada negocia peor. El 1 de agosto, el chavismo se sentará frente a interlocutores que no se reconocen plenamente entre sí.

Hay, sin embargo, una coincidencia que atraviesa a casi todos: la constatación de que las decisiones de fondo no se están tomando en Caracas. Lo dice Caleca cuando señala que el sartén lo tienen Washington y Miraflores. Lo dice Evans cuando habla de subordinación. Lo dice Mármol cuando afirma que no hay gobierno. Lo dicen las bases chavistas cuando denuncian que se decide desde la embajada.

Desde posiciones incompatibles, todos describen el mismo hecho. Esa coincidencia involuntaria es, probablemente, el dato más elocuente del tablero venezolano en julio de 2026.

Quién habla

La reacción proviene de una voz con autoridad singular sobre este tema. Diego Arria fue representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y llegó a presidir el Consejo de Seguridad. Y, sobre todo, fue quien presentó en noviembre de 2011 una de las denuncias que sentaron las bases del proceso que la Corte Penal Internacional sigue hoy contra funcionarios venezolanos.

No es, por tanto, un comentarista externo. Es una de las partes históricas del caso que el gobierno de Delcy Rodríguez ahora busca abandonar. Esa condición le da a su reacción un peso que conviene registrar antes de examinar sus argumentos.

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El primer eje: quién decide

El planteamiento central de Arria es de legitimidad. Sostiene que ni quien firma el anuncio ni quien lo ordena tienen entidad para tomar una decisión de esa naturaleza en nombre de Venezuela.

Sobre el canciller Félix Plasencia —quien notificó el retiro a través de un mensaje difundido el 24 de julio— y sobre Delcy Rodríguez, a quien el comunicado oficial designa presidenta encargada, Arria argumenta que sus funciones habrían cesado y que el arreglo bajo el cual ejercen responde a un acuerdo con Estados Unidos, no a una representación legítima del Estado venezolano.

INCÍSOS registra ese argumento como la posición de Arria. La cuestión de la legitimidad de origen del actual gobierno de transición es, precisamente, uno de los puntos en disputa entre los distintos factores de la oposición, como este medio ha documentado. Arria se ubica en el extremo que niega toda representatividad al arreglo vigente.

El segundo eje: retirarse no borra los crímenes

El argumento más sustancial de Arria es el que compara esta decisión con un precedente concreto.

En abril de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro inició el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, invocando el artículo 143 de su Carta. La maniobra se presentó entonces, también, como un acto de soberanía frente a un organismo supuestamente parcializado. Arria sostiene que aquel retiro buscaba desvincularse de las denuncias por los abusos cometidos en la región, y que retirarse de un organismo nunca borró los hechos ya ocurridos.

La analogía apunta a la CPI: según Arria, el objetivo real de la salida sería intentar liberar de responsabilidad a un grupo de funcionarios del chavismo señalados por delitos documentados. En sus palabras, se trata de huir de las acciones eventuales de la Corte.

Aquí conviene una precisión jurídica, porque fortalece el fondo del argumento de Arria aunque matiza su formulación. Arria afirma que, al retirarse, esos funcionarios quedarían liberados de las penas. El propio Estatuto de Roma establece lo contrario, y ese es precisamente el punto: el artículo 127, el mismo que Caracas invocó, dispone que la denuncia surte efecto un año después, no exonera de las obligaciones previas y no afecta las investigaciones ni los procedimientos ya iniciados. Los crímenes de lesa humanidad, además, no prescriben.

Es decir: la maniobra que Arria denuncia no produce el efecto que él teme, pero por la misma razón tampoco produce el efecto que sus autores buscan. La investigación abierta en 2021 continúa. Salir del tribunal no libera a nadie de una causa ya en curso.

El precedente que lo confirma

La historia reciente ofrece un caso que ilustra exactamente ese punto. Filipinas denunció el Estatuto de Roma mientras estaba bajo investigación, y su retiro se hizo efectivo. Aun así, el expresidente Rodrigo Duterte terminó puesto a disposición de la Corte, con cargos confirmados por crímenes de lesa humanidad. La salida de su país no detuvo el procedimiento.

El mismo principio que desmiente el temor de Arria desmiente la estrategia del gobierno que él critica. Ambos —el que teme la impunidad y el que la busca— se equivocan sobre el efecto de la denuncia, y se equivocan por la misma cláusula.

La comparación con la OEA, examinada

El paralelo que traza Arria con la OEA tiene un valor adicional que merece desarrollarse.

El retiro de la OEA de 2017 nunca llegó a consumarse plenamente en los términos que Maduro pretendía. En marzo de 2019, en el marco de la disputa por la representación del Estado, se revocó aquel acto de denuncia antes de que se cumpliera el plazo, y la cuestión de si Venezuela seguía siendo parte quedó envuelta en la misma disputa de legitimidad que hoy rodea todo lo venezolano.

La lección que Arria extrae es que estos gestos de retiro funcionan más como declaración política que como blindaje jurídico. Sirven para proclamar soberanía ante una audiencia interna, pero no cierran las puertas que pretenden cerrar.

Lo que queda planteado

La reacción de Arria condensa la contradicción de fondo de esta decisión. Quienes la toman la presentan como un acto de soberanía; quienes la critican la leen como un intento de fuga. Pero el dato jurídico, verificable y ajeno a ambas lecturas, es que la denuncia del Estatuto de Roma no detiene la causa abierta.

Queda planteada, eso sí, una pregunta que trasciende el caso: cómo se concilia el retiro de la principal instancia de justicia penal internacional con el proceso de transición que arranca el 1 de agosto, en el que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos figura entre las materias pendientes. Salir de la Corte no cancela las causas abiertas, pero sí clausura una vía hacia el futuro. Y esa decisión la está tomando, como subraya Arria, un gobierno cuya legitimidad de origen es objeto de disputa.

La frase

En 2021, durante un foro llamado «Vivienda en Lucha» celebrado en Madrid, el arquitecto y exministro Francisco Sesto —conocido como Farruco Sesto, figura central de la Gran Misión Vivienda Venezuela— pronunció una frase que hoy lo persigue. Defendiendo el programa, explicó el ritmo de las entregas con una franqueza que entonces pasó casi inadvertida: «No hacíamos estudio de suelos. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas».

Un estudio de suelos es el análisis técnico que determina la composición, la resistencia y la capacidad de carga de un terreno, y es la base para diseñar cimientos seguros. Ante un sismo es decisivo, porque revela cómo el terreno amplificará las ondas y si es propenso a hundirse o a licuarse.

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Aquella frase permaneció archivada hasta que, el 24 de junio de 2026, el doble sismo hizo ceder a numerosos complejos del programa. Entonces volvió, con toda su carga.

El desmentido del propio autor

Aquí está el elemento que convierte este caso en algo más que una cita incómoda. Después del sismo, y ante la circulación masiva de su declaración de 2021, el propio Sesto publicó un texto extenso defendiendo la Misión Vivienda en el que afirma, palabra por palabra, lo contrario de lo que dijo en Madrid.

En ese escrito sostiene que «los estudios de suelo, diseños y cálculos de fundaciones y estructura, adecuación de los terrenos, construcción de pilotes, construcción y equipamiento de las edificaciones, fueron realizados por empresas privadas especializadas».

Es decir: la misma persona, sobre el mismo programa, dijo en 2021 que no se hacían estudios de suelo y en 2026 que sí se hacían, a cargo de empresas privadas. INCÍSOS no necesita adjudicar cuál de las dos versiones es la cierta para señalar el hecho central: el máximo responsable del programa se contradice a sí mismo sobre el punto técnico más sensible, y lo hace justo cuando ese punto se volvió materia de vida o muerte.

La diferencia de contexto es elocuente. La primera frase se pronunció presumiendo de eficiencia, cuando nadie preguntaba. La segunda se escribió a la defensiva, cuando los edificios ya habían caído.

Lo que denunciaron antes del desastre

La declaración de Sesto no es una voz aislada. Se inserta en un historial de advertencias técnicas que precedieron al sismo por años, y ese historial es lo que impide despachar el asunto como una simple polémica de citas.

La organización Transparencia Venezuela documentó, desde 2017, que diversos proyectos de la Gran Misión Vivienda se edificaron sobre fallas geológicas y zonas de riesgo, sin cumplir los estándares de construcción. Entre los casos que reseña figuran tres especialmente ilustrativos.

El urbanismo Brisas del Alba, en Mérida, construido cerca del río Albarregas, en un área declarada de alto riesgo mediante un decreto presidencial de 1979. Es decir, se construyó vivienda social en una zona que el propio Estado había clasificado como peligrosa cuatro décadas antes.

Ciudad Tavacare, en Barinas, donde según la organización se omitieron los trabajos de pilotaje destinados a estabilizar el terreno antes de levantar las edificaciones.

Y el conjunto Estrellas Revolucionarias, en Caracas, donde las pantallas atirantadas —elementos de contención— no se completaron, dejando las estructuras sin la base necesaria.

El mapa del riesgo, complejo por complejo

El ingeniero Francisco Belloc desarrolló, en un hilo público difundido tras conocerse las declaraciones de Sesto, por qué el asunto es más grave de lo que su escasa repercusión sugiere. Su aporte es traducir la denuncia general a la geología concreta de cada terreno, y por eso conviene recogerlo con crédito.

Sobre el urbanismo Estrellas Revolucionarias, en La Rinconada, Caracas, Belloc señala que se construyó sobre taludes inestables cuyas pantallas atirantadas de contención quedaron inconclusas, lo que deja las edificaciones expuestas a deslizamientos o a movimientos telúricos cercanos.

Sobre Ciudad Hugo Chávez, en la zona sur de Valencia, apunta que se levantó sobre la cuenca del Lago de Valencia, con suelos arcillosos y sedimentarios que amplifican el riesgo de asentamientos diferenciales ante un sismo, salvo que las fundaciones se hubieran diseñado específicamente para esa condición.

Y sobre Ciudad Tavacare, en Barinas, describe un caso similar: extensas planicies de suelos aluviales y sedimentarios, formados por el depósito histórico de los ríos de la región piedemontana, un terreno especialmente delicado.

El concepto que conecta los tres casos es el de asentamiento diferencial: cuando un suelo cede de manera desigual bajo una estructura, la edificación se agrieta o colapsa aunque los materiales sean correctos. Un estudio de suelos es, precisamente, lo que anticipa ese comportamiento y determina qué tipo de fundación se necesita. Belloc concluye su exposición pidiendo una averiguación urgente sobre el alcance real de lo que admitió Sesto, para garantizar la seguridad de las familias que aún habitan esos complejos.

INCÍSOS recoge su análisis como una contribución técnica al debate. Su valor no está en cerrar la discusión, sino en precisar dónde habría que mirar: cada uno de esos suelos exige verificación caso por caso, que es exactamente lo que la falta de documentación ha impedido.

Lo que dicen los ingenieros

El gremio técnico ha sido igualmente claro, y conviene recoger sus palabras con precisión porque introducen los matices necesarios.

El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, describió a France 24 las viviendas públicas del programa como construcciones levantadas, en muchos casos, «sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos». El Colegio ha alertado en distintos informes sobre la escasa información pública disponible acerca de los estudios de suelo realizados antes de construir.

Hay un dato del gremio que agrava el anterior. El expresidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, ha declarado que la institución nunca recibió los planos ni los cálculos estructurales de varios proyectos de la Misión Vivienda, lo que impedía realizar revisiones técnicas independientes. No se trata solo de que faltaran estudios de suelo: es que no existía la documentación que permitiera a un tercero verificar si las obras eran seguras. Un constructor con más de cuarenta años de trabajo en La Guaira lo resumió al New York Times en cuatro palabras: «No había interés técnico».

Al mismo tiempo, los especialistas introducen una cautela que este reportaje no puede omitir sin faltar al rigor. Varios ingenieros consultados por medios internacionales advirtieron que todavía es prematuro atribuir las fallas únicamente a la calidad constructiva sin estudios técnicos detallados posteriores al sismo. Señalaron la incidencia del terreno y de fenómenos como la resonancia o el «efecto de sitio», que intensifica las ondas sísmicas en suelos blandos. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes, observó que algunas estructuras pequeñas sufrieron daños más severos que edificios más altos que quedaron en pie, algo que puede deberse al período estructural de cada edificación y su coincidencia con el del movimiento.

Ese matiz importa: un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 habría dañado también construcciones correctas. La pregunta no es si el sismo fue devastador —lo fue—, sino cuánto del daño era evitable con los estudios y controles que debieron existir.

El dato económico que agrava la pregunta

Hay una cifra que vuelve la omisión aún más difícil de explicar. La Cámara Venezolana de la Construcción calculó que cada vivienda de la Gran Misión costó alrededor de 82.000 dólares, una cifra que duplica la media latinoamericana para este tipo de construcción.

Es decir: no se trató de un programa low cost donde la escasez de recursos obligara a recortar estudios. Se pagó por encima del estándar regional. Que con ese presupuesto se hayan omitido estudios de suelo —si se omitieron— traslada la pregunta del terreno técnico al del destino de los recursos. Y ahí es donde el asunto conecta con las denuncias de corrupción en la adjudicación de contratos que diversas organizaciones vienen formulando desde hace años.

La respuesta oficial

Ante los cuestionamientos, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha ofrecido una respuesta puntual: que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado, no directamente por el Estado.

El argumento tiene un límite evidente. Aun si la ejecución material recayó en empresas privadas —como sostiene también el texto de descargo de Sesto—, la contratación, la supervisión y la recepción de las obras correspondían al Estado. Delegar la construcción no delega la responsabilidad de controlar que se hiciera bien. Y uno de los complejos más afectados, conocido como «Ciudad Chávez», fue construido por una empresa turca precisamente en el marco del programa estatal.

Lo que está en juego ahora

El asunto dejó de ser retrospectivo. Se ha propuesto crear una comisión —incluso con carácter supranacional— para determinar responsabilidades en el colapso de los edificios. Y el gobierno anunció la construcción de 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias damnificadas.

Ahí reside la urgencia de esclarecer lo ocurrido con los estudios de suelo. Si la reconstrucción se ejecuta con la misma premura que, según su propia declaración de 2021, guió a la Misión Vivienda —«teníamos mucha urgencia por entregar»—, se corre el riesgo de repetir sobre las mismas zonas los errores que multiplicaron las víctimas.

La frase de Farruco Sesto importa, en definitiva, no por lo que revela del pasado, sino por lo que advierte sobre el futuro. Un país que va a reconstruir decenas de miles de viviendas necesita responder, antes de poner el primer bloque, la pregunta que esa frase dejó abierta: ¿se estudió el suelo? Esta vez, la respuesta debería constar por escrito y ser pública, para que ninguna futura declaración tenga que desmentir a la anterior.