Hay tres cifras que esta semana quedaron sobre la mesa y que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cualquier discurso.

La primera: 19.600 millones de dólares. Es lo que el Banco Mundial calculó que cuesta reponer lo que el doble terremoto derribó en Venezuela. Casi el 18% del producto interno bruto del país. Casi la mitad son viviendas.

La segunda: 346 millones de dólares. Es lo que Venezuela consiguió del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción. Dinero propio, además, que estaba retenido. Menos del dos por ciento de lo que hace falta.

La tercera: 13.000 millones de dólares. Es lo que el Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó por el petróleo venezolano desde enero, con datos de embarques y precios de mercado. No es una acusación de nadie: es aritmética hecha con embarques rastreados uno por uno.

No hace falta ser economista para notar que algo no cuadra. Y no hace falta acusar a nadie de robar para hacer la pregunta que se impone: ¿dónde está ese dinero?

Porque las respuestas que hay son contradictorias entre sí, y eso es lo que más inquieta. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump en enero describía la función estadounidense como de custodia, y decía que los fondos son propiedad soberana de Venezuela. Pero el propio Trump ha declarado que su país recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con ese petróleo. El Departamento de Energía habla de beneficio mutuo. El Departamento de Estado dice haber transferido miles de millones, condicionados a su aprobación. Un funcionario aseguró en abril que se habían enviado tres mil millones y que KPMG auditaba las cuentas; los legisladores dicen que no reciben información. Y el portal que el propio gobierno venezolano creó para auditar el flujo registra un movimiento. Uno solo. Trescientos millones, en marzo.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia no son la misma cosa. Son tres relatos incompatibles sobre el mismo dinero, y quien no logra que sus explicaciones coincidan suele tener un problema con la explicación, no con quien pregunta.

Conviene decir lo que no se sabe, porque en esto la honestidad importa más que la contundencia. Nadie ha probado un desvío. Es perfectamente posible que buena parte de esos fondos esté legítimamente retenida en cuentas de custodia, exactamente como la orden ejecutiva contempla, esperando condiciones que alguien considera aún no dadas. Eso puede ser cierto. Lo que no puede sostenerse es que la opacidad sea aceptable. No lo es cuando se trata del principal activo de un país donde 23.335 personas duermen en campamentos y donde el propio gobierno no logra decir cuántos desaparecidos hay: entre diez mil y cincuenta mil, según a quién se le pregunte.

Y aquí llego a lo que me viene inquietando desde hace semanas, y que digo con la cautela de quien plantea una hipótesis y no una certeza. Cuando uno mira el año completo —la operación militar de enero, el control inmediato de las exportaciones, la orden ejecutiva a los pocos días, la reunión de Trump con ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron mientras firmaba, la invitación a invertir cien mil millones, la inmunidad concedida a quien hoy gobierna, el diálogo tutelado que arranca en agosto— cuesta no preguntarse si la secuencia se explica mejor por la justicia o por el crudo.

No afirmo que el petróleo haya sido la razón. Afirmo que ya no puede descartarse como hipótesis, y que la carga de demostrar lo contrario recae sobre quien administra el dinero y se niega a mostrar las cuentas. Esa es la diferencia entre sospechar y constatar, y también la diferencia entre una teoría de conspiración y una pregunta legítima. Esta es una pregunta legítima, y la formulan igual el demócrata Joaquín Castro, que habla de petróleo, poder y corrupción, y la republicana María Elvira Salazar, que exige que se publiquen los informes. Cuando el reclamo cruza los partidos, deja de ser partidista.

A los venezolanos esto no debería sorprendernos, y sin embargo duele igual. Pasamos dos décadas viendo cómo el mayor ingreso del país se manejaba sin rendir cuentas, cómo se hablaba de soberanía mientras se entregaba el patrimonio, cómo cada denuncia se respondía con una consigna. Aprendimos, a un costo altísimo, que el dinero que no se audita termina donde no debe. Que ahora el flujo lo administre otro gobierno, y no el que nos empobreció, no cambia la lección: el petróleo venezolano sigue sin tener quien lo explique.

Ojalá me equivoque. Ojalá esos trece mil millones aparezcan íntegros, con sus auditorías y sus reportes trimestrales, y sirvan para levantar las viviendas de La Guaira. Sería la mejor noticia del año y con gusto lo escribiría. Pero mientras eso no ocurra, hay una obligación que no es solo periodística sino elemental: seguir preguntando. Porque un país que no sabe adónde va su petróleo puede cambiar de gobierno cuantas veces quiera, y seguirá sin ser dueño de sí mismo.

Alfredo Yánez Mondragón

INCISO

El argumento con el que se justificó todo era sólido y estaba bien construido. Ante su propia jurisdicción, ante el Congreso, ante la opinión pública, la administración de Donald Trump sostuvo que Nicolás Maduro no era un gobernante extranjero sino un delincuente: un hombre ligado al narcotráfico y al terrorismo que había hecho muchísimo daño a la seguridad de Estados Unidos. Con pruebas, con expedientes, con una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York. Y con esa premisa se ordenó una operación militar que el 3 de enero de 2026 lo sacó de Caracas y lo puso en una celda de Brooklyn.

No es mi intención discutir aquí aquel argumento. Es, precisamente, tomarlo en serio. Porque si uno lo toma en serio —si de verdad cree que el narcotráfico enquistado en el Estado venezolano era una amenaza a la seguridad estadounidense— entonces hay que seguirlo hasta donde lleva. Y ahí empieza el laberinto.

Delcy Rodríguez fue presidenta de la asamblea constituyente, fue canciller de la República, fue directora de PDVSA, fue la encargada del negocio petrolero. Y fue, como vicepresidenta ejecutiva, parte del vértice de un aparato bajo cuyas direcciones operaron los mecanismos de represión, persecución, hostigamiento y tortura que documentaron durante años las organizaciones de derechos humanos. Jorge Rodríguez estuvo al frente del organismo electoral venezolano en los procesos cuya opacidad el propio Trump denunció desde la Casa Blanca el 16 de julio de este año. Diosdado Cabello, ministro del Interior, tiene hoy —hoy, mientras usted lee esto— una recompensa activa de veinticinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, acusado de conspiración narcoterrorista con las FARC. La misma cifra que se ofreció alguna vez por Osama bin Laden.

Los argumentos que van contra Maduro les calzan perfectamente a los Rodríguez y a Cabello. No es una opinión mía: es la propia arquitectura acusatoria de Washington, que designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y nunca retiró esas imputaciones.

Y sin embargo. El 18 de febrero, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur —el mismo Comando Sur que ejecutó la captura de Maduro— aterrizó en Caracas y se sentó a conversar sobre seguridad con Delcy Rodríguez, con Vladimir Padrino López y con Diosdado Cabello. Volvió en mayo. En el acto donde se anunció la excarcelación de presos políticos estaban Jorge Rodríguez y Cabello. Un comandante militar estadounidense compartiendo mesa con un hombre por cuya cabeza su propio gobierno ofrece veinticinco millones de dólares.

Ahí está el laberinto, y no lo construyó nadie más que quien hoy lo transita.

La pregunta, entonces, es política y es concreta, y falta poco para que tenga respuesta. En noviembre hay elecciones de medio término. Donald Trump necesita que su electorado mantenga la confianza en el Partido Republicano, en sus senadores, en sus representantes. Le pide ese voto sobre la base de una promesa que ha repetido durante una década: mano dura contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra las amenazas a la seguridad nacional.

¿Cómo se le explica a ese electorado que la administración negocia, se alía, hace negocios y baila en las calles con las mismas figuras que encajan en la acusación? ¿Cómo se sostiene el relato de la firmeza cuando la firmeza terminó siendo selectiva: implacable con uno, cordial con los demás?

No pretendo que la política exterior se haga con pureza. Los Estados negocian con quien tienen enfrente, y a veces la estabilidad exige tragar sapos. Lo que señalo es otra cosa: el costo de haber puesto el argumento tan alto. Quien justifica una operación militar invocando la justicia queda atado a esa vara. Si después se sienta a la mesa con quienes la misma vara señala, no queda como pragmático: queda como alguien cuya justicia dependía de a quién se aplicaba.

Y esa es una acusación que en Estados Unidos se paga en las urnas, porque los votantes perdonan muchas cosas antes que la sensación de haber sido usados. Los venezolanos sabemos algo de eso: nos pasamos veinte años escuchando denuncias de corrupción hechas por corruptos y proclamas de soberanía firmadas por quienes la vendían.

Trump entró a este laberinto con el argumento más fuerte que tenía. Ojalá encuentre rápidamente la salida, porque de la respuesta que dé no depende solo su suerte electoral. Depende también la credibilidad de todo el andamiaje que sostiene la transición venezolana: si la justicia fue un instrumento y no un principio, entonces lo que se está construyendo en Caracas descansa sobre una base más frágil de lo que nos están contando.

Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que la teología medieval inventó para nombrar lo que no tenía nombre: limbo. El lugar de los que no estaban condenados ni salvados, de los que quedaban en el borde, esperando una resolución que no dependía de ellos. Venezuela, en el verano de 2026, vive en un limbo así.

No es una dictadura, porque el usurpador que la gobernó por la fuerza está preso en una celda extranjera desde el 3 de enero. Pero tampoco es una democracia, porque nadie llegó a donde está por el voto. Es un país conducido por una presidenta encargada que no ganó elección alguna y respaldada por una potencia extranjera que diseña la hoja de ruta desde miles de kilómetros. No es una ocupación, porque nadie ha anexado nada ni izado otra bandera. Pero tampoco es autogobierno, porque las decisiones de fondo se toman en despachos de Washington y la cara visible apenas administra lo que otros deciden. Cada término que uno intenta ponerle se queda corto por un lado y le sobra por el otro.

De ahí nace la incomodidad que muchos sentimos y que pocos se atreven a decir en voz alta. Una exmagistrada lo dijo hace poco, en una plaza, sin eufemismos: ya no hay gobierno. Se puede discutir su conclusión —yo mismo creo que confunde el deseo con el diagnóstico— pero es difícil no reconocer la pregunta que hay debajo. Si quien manda no fue electo, y quien fue electo no manda, y quien realmente decide no es venezolano, ¿de quién es esta soberanía? La pregunta incomoda porque no tiene una respuesta cómoda.

Los que celebraron enero como una liberación empiezan a sentir el sabor de la espera. No es que la caída del usurpador no importara; importó, y mucho. Pero la euforia de una madrugada no es lo mismo que la construcción paciente de una república, y entre una cosa y otra hay un desierto que se cruza a pie. En ese desierto estamos. El plan tiene tres fases y no tiene fechas de cierre. Las asambleas se sientan a negociar mientras la líder que ganó los votos mira desde afuera. El dinero empieza a llegar, pero no se sabe todavía por qué manos pasa. Todo se mueve, y sin embargo nada termina de ocurrir.

He aprendido a desconfiar tanto del optimismo fácil como del derrotismo cómodo. No voy a decir que esto es una traición, porque no lo sé, y porque quienes lo gritan suelen tener menos información de la que aparentan. Tampoco voy a decir que todo va bien, porque sería mentirle al lector que confía en que aquí no se le endulza nada. Lo que puedo decir es lo que veo: un país suspendido, que dejó de ser lo que era sin haber llegado a ser lo que quiere. Un país en el borde.

El limbo, decían los teólogos, no era un castigo. Era una espera. Lo terrible del limbo no es el dolor, es la indefinición: no saber cuánto durará ni hacia dónde se sale. Venezuela sabe de dónde viene. Todavía no sabe adónde va, ni quién tiene derecho a decidirlo. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, ninguna cifra del Fondo Monetario ni ningún comunicado del Departamento de Estado alcanzará para sacarla del borde. De ahí no se sale con dinero ni con avales. Se sale con soberanía, esa palabra que hoy anda extraviada, buscando de quién es.

Alfredo Yánez Mondragón

Alfredo Yánez Mondragón · Fundador y editor en jefe, INCÍSOS