El exministro Roberto Smith Perera planteó reconstruir el litoral central con una corporación privada de auditoría independiente, una zona económica especial y un puerto-aeropuerto de gestión privada. La propuesta reabre un debate de tres décadas y choca con una pregunta inmediata: quién garantiza que los damnificados no queden fuera de la ciudad que se levante.

El autor y el peso de la propuesta

Roberto Smith Perera no es un proponente improvisado. Fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre 1990 y 1992, embajador de Venezuela ante la Unión Europea entre 1992 y 1996, y obtuvo maestría y doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. En el sector privado fundó y presidió Digitel y trabajó como consultor gerencial en McKinsey & Co. Su vínculo con el litoral central es directo: promueve la Fundación para el Rescate del Casco Colonial de La Guaira y fue candidato a la gobernación del entonces estado Vargas.

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Su afiliación política ha variado en el tiempo. Fundó el movimiento Venezuela de Primera, que después confluyó con Voluntad Popular, y desde hace años se declara independiente. La propuesta se difunde a título personal, no como plataforma partidista.

Conviene un apunte de contexto: la idea de gestión privada del puerto y el aeropuerto no nació con el terremoto. En su libro de 1995 Venezuela, visión o caos, Smith Perera ya abordaba la privatización de los puertos y el frustrado intento de privatizar el aeropuerto de Maiquetía. Lo que propone hoy es, en parte, una tesis que defiende desde hace tres décadas, ahora aplicada a un escenario de reconstrucción.

Qué propone

El planteamiento parte de un diagnóstico: la magnitud del desastre —que el autor cifra en más de 200 edificios destruidos y más de 10.000 viviendas perdidas, números aún no consolidados oficialmente— excede la capacidad de respuesta del Estado venezolano.

Sobre esa premisa, la propuesta articula varios componentes. El central es una corporación privada de reconstrucción, independiente de la burocracia estatal y sometida a auditoría independiente, financiada con fondos privados nacionales e internacionales, recursos de Estados Unidos, organismos multilaterales y donantes. A ello suma cuatro medidas de marco: una zona económica especial, un régimen de puerto libre con eliminación de impuestos, financiamiento estructurado mediante bonos de reconstrucción y reforzamiento antisísmico de los edificios dañados que sean recuperables.

Los dos ejes físicos del plan son el puerto y el aeropuerto. El autor propone reconstruir y ampliar el puerto privadamente como base de cruceros y de carga —un homeport donde el pasajero pernocta y gasta, no un puerto de escala de pocas horas— y rehabilitar el aeropuerto, también con gestión privada, como centro de conectividad aérea regional. Sobre esa columna proyecta entre 10.000 y 15.000 nuevas habitaciones turísticas en una primera etapa y un volumen de empleo que estima en cientos de miles de puestos directos e indirectos. Todas estas cifras corresponden a la proyección del autor.

El planteamiento incluye un compromiso explícito: que ningún residente actual sea desplazado por la reconstrucción.

El punto de tensión

Esa última promesa convive con el resto de la propuesta de forma incómoda, y ahí está el nudo que cualquier evaluación seria debe abordar. Un modelo orientado al turismo de cruceros, con zona económica especial, puerto libre y miles de habitaciones nuevas, eleva el valor del suelo y reordena el uso del litoral. La experiencia internacional de reconstrucciones post-desastre orientadas al desarrollo turístico muestra un riesgo recurrente: el desplazamiento indirecto de la población original, que no es expulsada por decreto sino por el encarecimiento del lugar donde vivía. Garantizar simultáneamente la permanencia de los damnificados y la transformación turística de la zona es el principal reto de diseño del plan, no un detalle secundario.

El historial que la propuesta busca evitar

La propuesta insiste en la auditoría independiente, y no por casualidad. La Guaira ya vivió un proceso de reconstrucción tras la tragedia de Vargas de 1999, y su manejo dejó preguntas abiertas. El historiador Rogelio Altez ha señalado que algunos balances de víctimas de aquella época pudieron magnificarse para atraer recursos internacionales y financiar procesos de reconstrucción, en los que distintas entidades estatales manejaron presupuestos millonarios. Ese antecedente explica por qué la transparencia en el uso de los fondos es hoy una exigencia central de cualquier propuesta creíble, y por qué la veeduría que plantea Smith Perera responde a un problema real y documentado.

El contexto actual añade una variable nueva: el deshielo con Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) emitió una licencia que autoriza transacciones de ayuda hasta el 23 de octubre de 2026 sin levantar las sanciones, lo que abre una ventana para canalizar recursos internacionales hacia la reconstrucción. Esa ventana es, a la vez, una oportunidad de financiamiento y un foco de riesgo si la administración de los fondos carece de controles.

El estado real del punto de partida

La propuesta se mide contra una realidad material exigente. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños estructurales en techos y paredes, y la ayuda internacional ingresa por la Base Aérea El Libertador, en Maracay. El estado La Guaira concentra el mayor número de víctimas y de edificios colapsados, con más de cien estructuras caídas según los reportes disponibles. Reconstruir el puerto y el aeropuerto que el autor coloca como columna vertebral del plan supone, antes que ampliarlos, devolverlos a la operación.

• Hilo público de Roberto Smith Perera difundido el 26 de junio de 2026.
• Wikipedia / biografías públicas de Roberto Smith Perera (trayectoria, cargos, formación).
• Reseña de Venezuela, visión o caos (1995), Goodreads.
• El Tiempo, El Colombiano, Diario Libre, CNN en Español, Univision: estado del Aeropuerto de Maiquetía y balance de daños en La Guaira, 24-26 de junio de 2026.
• Declaraciones del historiador Rogelio Altez recogidas por El Colombiano sobre la reconstrucción de Vargas (1999).

Disclaimer: Esta nota describe y analiza una propuesta de un tercero con implicaciones económicas y de política pública. Las cifras de daños, empleos e inversión citadas corresponden a la proyección de su autor y no constituyen datos oficiales verificados ni recomendación de inversión.

§LXII · ANÁLISIS · 29 JUN

La respuesta de EE.UU. al terremoto de Venezuela sumó un componente que cambia la naturaleza de la operación: la movilización del sector privado. Walmart, GEM y la diáspora venezolana del sur de Florida están en el centro de una alianza público-privada que convierte la tragedia lejana en algo sobre lo que se puede actuar desde el vecindario.

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La respuesta de EE.UU. al terremoto de Venezuela sumó un componente que merece atención propia, porque cambia la naturaleza de la operación: la movilización de su sector privado. El Departamento de Estado anunció que, además de la ayuda gubernamental, está sumando «la fuerza colectiva» de las empresas y las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses para acelerar la asistencia. Es un modelo de ayuda público-privada que tiene, para la audiencia hispana en EE.UU., un atractivo particular: la diáspora venezolana y el sur de Florida están en su centro.

Quiénes se suman y qué aportan

El anuncio puso nombres concretos sobre la mesa. El Departamento de Estado informó que se asoció con Global Empowerment Mission (GEM), una organización humanitaria con sede en Doral, Florida, y con la cadena Walmart, entre otras empresas, para entregar insumos de auxilio a las comunidades afectadas. La lógica del acuerdo es aprovechar capacidades que el Estado no siempre tiene a mano: la logística de distribución de una gran cadena comercial, la experiencia de despliegue rápido de una ONG especializada y la capilaridad de las redes comunitarias.

El papel de GEM es especialmente revelador. La organización, con sede en Doral, comprometió una contribución inicial de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria y anunció que, mediante una combinación de carga aérea, transporte marítimo y compra local, importará y distribuirá suministros por ese valor en las comunidades afectadas. GEM no es nueva en esto: acumula más de quince años de experiencia y ha respondido a catástrofes en todo el mundo, incluida la del huracán Melissa en 2025. Su trabajo incluye establecer centros de distribución, abastecer hospitales y apoyar a las ONG locales, con un compromiso declarado de trazabilidad de la ayuda «desde la llegada hasta la entrega final».

La diáspora, en el centro

Aquí aparece el dato que conecta esta operación con la vida de los hispanos en Estados Unidos. GEM ya opera múltiples puntos de recolección de donaciones en el área metropolitana de Miami, y los coordina con municipios, organizaciones religiosas y, de manera muy especial, con grupos de la diáspora venezolana. La organización trabaja, además, junto a la iniciativa «I Love Venezuela», un esfuerzo enraizado en la comunidad venezolana del exterior.

Esto significa que buena parte de la maquinaria de ayuda que se está enviando no nace en una oficina de Washington, sino en los vecindarios del sur de Florida donde vive una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos. Son los propios migrantes quienes, a través de estas organizaciones, canalizan parte de la respuesta hacia su país de origen. Para la enorme comunidad venezolana de Florida —y para la diáspora repartida por el resto del país— esto convierte la tragedia lejana en algo sobre lo que sí se puede actuar, con un punto de recolección a la vuelta de la esquina.

Un compromiso que crece

Esta movilización del sector privado se enmarca en una respuesta estadounidense que no ha dejado de ampliarse. Según la actualización más reciente del Departamento de Estado, Washington elevó su compromiso financiero con la emergencia a más de 300 millones de dólares, duplicando con creces los 150 millones anunciados en los primeros días. Esa cifra abarca el conjunto de la operación: los aportes a las agencias de la ONU y a las ONG que trabajan sobre el terreno, el despliegue militar de apoyo logístico y, ahora, las alianzas con el sector privado.

El modelo no está exento de preguntas. La participación de grandes empresas en la ayuda humanitaria genera siempre un debate legítimo sobre la frontera entre la filantropía y la imagen corporativa, y sobre la necesidad de que la coordinación con las autoridades locales —en un contexto venezolano marcado por la desconfianza en la gestión de la ayuda— garantice que los insumos lleguen a quien los necesita y no se pierdan en el camino. Pero, más allá de ese debate, el dato de fondo es claro: la respuesta estadounidense está combinando músculo estatal, capacidad empresarial y energía de la diáspora en una misma operación. Y para los venezolanos de Florida, esa combinación tiene un significado concreto: la posibilidad de que su solidaridad, sumada a la de las instituciones, llegue efectivamente a casa.

Para entender el cuadro completo, vale leer qué hacen —y qué no hacen— los equipos de EE.UU. en Venezuela, y el análisis sobre el aval diplomático de Barrett y sus límites. El Centro de Recursos del especial concentra los canales verificados de ayuda humanitaria.

Nota: Esta nota informa sobre una alianza público-privada anunciada oficialmente. Para colaborar, INCÍSOS recomienda verificar siempre que los canales de donación sean legítimos y oficiales antes de aportar, y desconfiar de quienes soliciten recursos por vías no verificables.
Fuentes principales: Comunicados del Departamento de Estado de EE.UU. y de la Embajada de EE.UU. en Caracas sobre la alianza con el sector privado; información de Global Empowerment Mission (GEM) sobre su compromiso de ayuda; cuenta oficial de USForeignAssist (28 y 29 de junio de 2026).

§LVIII · GUÍA · SERVICIO · 28 JUN

Certificado médico, acta de defunción, sucesión. Qué hacer, paso a paso, cuando un familiar falleció en el terremoto. Incluye los casos sin cuerpo y sin identificar.

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Entre todas las cargas que deja una catástrofe, hay una especialmente cruel: la de tener que hacer trámites mientras se llora a un muerto. Pero es una carga ineludible, porque en el ordenamiento venezolano casi nada puede hacerse —ni siquiera enterrar dignamente a un ser querido, ni disponer de lo que dejó— sin un papel: el acta de defunción. Esta guía explica, con el mayor respeto posible, qué se hace en cada caso. Para los trámites de documentos de propiedad y seguros, ver también esta guía complementaria.

El punto de partida: el certificado médico de defunción

Todo comienza con un documento que no es el acta, sino su antesala: el certificado médico de defunción. Es el papel que emite un médico —en un hospital, un centro de salud o la morgue— y que deja constancia del fallecimiento y, cuando es posible, de su causa. Sin ese certificado médico no puede tramitarse el acta de defunción. En condiciones normales, obtenerlo es relativamente directo; en una catástrofe, con los centros de salud desbordados, puede ser más complejo, pero sigue siendo el primer eslabón de la cadena.

El documento clave: el acta de defunción

Con el certificado médico en mano, el paso central es obtener el acta de defunción, que es el documento legal que certifica oficialmente la muerte. Se tramita ante el Registro Civil del municipio donde ocurrió el fallecimiento. La ley venezolana establece que la declaración debe hacerse en un plazo breve —que no debería exceder las 48 horas—, aunque la propia norma prevé que, si ese plazo se incumple, la defunción puede declararse después, acompañando una exposición de los motivos de la demora. En un desastre de esta magnitud, esa demora es comprensible y está contemplada. Para tramitarla suele requerirse el certificado médico, la cédula del fallecido, la cédula de quien declara y datos de testigos. El acta de defunción es la llave que abre todo lo demás: sin ella no hay sepultura o cremación legal, no se puede iniciar una sucesión, no se accede a seguros de vida ni pensiones.

Los casos más difíciles: sin cuerpo o sin identificar

Aquí está el nudo más doloroso de esta tragedia. El colapso de la capacidad forense en las zonas más golpeadas llevó a que muchos cuerpos no pudieran ser identificados de inmediato y a que algunos restos fueran trasladados a fosas comunes con un número de registro, precisamente para permitir su reclamo e identificación en el futuro. Cuando hay un cuerpo en proceso de identificación, el número de registro asignado y las pruebas forenses —incluidas las genéticas— son la vía para establecer la identidad y tramitar el acta. Cuando no hay cuerpo, porque la persona desapareció y se presume fallecida, el ordenamiento prevé la figura de la presunción de muerte: un proceso judicial mediante el cual, ante la evidencia de las circunstancias, se declara legalmente el fallecimiento. Esa declaración judicial permite, después, proceder con la sucesión. Por su complejidad, este es el caso en el que más necesaria se vuelve la orientación de un abogado.

El paso siguiente: la sucesión

Una vez certificado el fallecimiento, se abre la etapa de la sucesión, que es el proceso para que los bienes del fallecido pasen legalmente a sus herederos. En Venezuela, este trámite se realiza ante el Seniat, que exige una declaración sucesoral. Cuando la persona no dejó testamento —la situación más común— la sucesión se tramita como «ab intestato», y la ley define quiénes son los herederos y en qué orden. El procedimiento requiere el acta de defunción, las cédulas y partidas de los herederos, y los documentos de propiedad de los bienes. Es un trámite que toma tiempo y que culmina con una solvencia sucesoral, el documento que finalmente permite a los herederos disponer legalmente de lo heredado.

Una guía para el peor momento

Nada de esto hace más liviano el duelo, y sería ingenuo pretenderlo. Pero conocer el camino evita que, a la pérdida, se sume la indefensión. Tres recomendaciones: primero, guardar y reunir cuanto documento se conserve del fallecido —cédula, partidas, papeles de propiedad—, porque cada uno agiliza los trámites que vienen. Segundo, buscar asistencia jurídica, especialmente en los casos sin cuerpo o sin identificación, donde la vía es judicial. Tercero, desconfiar de cualquiera que ofrezca «acelerar» estos trámites a cambio de pagos irregulares, una práctica que prolifera tras las tragedias.

Fuentes principales: Normativa del Registro Civil venezolano sobre el acta de defunción; reportes de Semana sobre el protocolo forense de emergencia en La Guaira (fosas comunes con número de registro); documentación sobre la declaración sucesoral ante el Seniat y la figura de presunción de muerte (27 y 28 de junio de 2026).