§LXIII · REPORTAJE · 29 JUN

Mientras los equipos enviados por los gobiernos lograban entrar a Venezuela, varios grupos civiles de voluntarios denunciaron trabas que retrasaron o frustraron su llegada. Un registro abierto de los casos documentados, y una pregunta que merece respuesta: ¿cuántos rescatistas no llegaron a tiempo, y por qué?

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En una catástrofe, el tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Cada hora que pasa con personas atrapadas bajo los escombros reduce drásticamente sus posibilidades de sobrevivir, y por eso la velocidad con que llegan los equipos de rescate no es un detalle logístico: es, literalmente, una cuestión de vidas. En medio de la respuesta internacional al terremoto de Venezuela —masiva y solidaria—, ha surgido una denuncia que merece ser documentada con rigor: la de varios equipos civiles de rescate que aseguran haber sido frenados por trabas burocráticas, y que perdieron días valiosos o directamente no lograron llegar.

Los casos documentados

Hasta ahora, dos casos están plenamente confirmados a través de sus propios protagonistas y de la prensa, y conviene dejarlos registrados con precisión.

El primero es el de Usar13, una asociación humanitaria española, privada y sin fines de lucro, con sede en La Nucía (Alicante), fundada en 2013 y especializada en búsqueda y rescate urbano con perros. El equipo tiene experiencia internacional probada: participó en el terremoto de Turquía de 2023 y en la DANA de Valencia de 2024. Según informó la propia organización, tenían un vuelo coordinado para la tarde del sábado 27 de junio, con los equipajes ya facturados, pero no pudieron partir por trabas que situaron entre la Embajada de Venezuela en España y la aerolínea. Ante la perspectiva de que la situación se prolongara, tomaron una decisión dolorosa: desistir. «Por diferentes motivos, Usar13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo hemos decidido volver a casa», comunicaron.

El segundo es el del Grupo Balear de Rescate, presidido por Manuel Sánchez. Sus brigadistas denunciaron haber permanecido desde el sábado en el aeropuerto Madrid-Barajas sin poder volar, pese a contar —según afirmaron— con las autorizaciones internacionales para salir de España y entrar a Venezuela. «No entendemos nada», expresó Sánchez, quien lamentó que se les exigiera una cantidad notable de documentación. La frase con la que resumió su frustración condensa lo que está en juego: «Yo no estoy para sacar cadáveres, yo quiero salvar personas». El grupo logró finalmente partir el lunes, con una demora de aproximadamente dos días.

El registro, hasta ahora

A pedido de quienes reclaman un seguimiento de estos casos, este es el registro de los equipos con trabas documentadas hasta el momento. Es una lista abierta y en verificación, no un inventario cerrado.

Los datos sobre número exacto de integrantes y equipamiento específico de cada grupo no han sido detallados de forma uniforme en las fuentes públicas, y por rigor se dejan pendientes de confirmación antes de afirmarlos.

El patrón: civiles varados, despliegues estatales adentro

Más allá de los casos individuales, hay un elemento que ambos equipos subrayaron y que apunta a algo sistémico: ninguno se presentó como un caso aislado. Usar13 fue explícito al decir que no podía volar «al igual que muchos otros equipos». Esa coincidencia sugiere que las dificultades no fueron un tropiezo puntual, sino un obstáculo que afectó a varios grupos a la vez.

Y aquí aparece el contraste más revelador. Mientras estos equipos civiles y voluntarios quedaban varados, los despliegues oficiales enviados por los gobiernos sí lograban entrar y operar: la Unidad Militar de Emergencias de España, los Topos y la brigada de la Sedena de México, el equipo USAR COL-1 de Colombia, los equipos de El Salvador, Francia y Estados Unidos, entre muchos otros, llegaron y trabajaron sobre el terreno. La diferencia entre unos y otros —los que entraron y los que no— parece trazarse, en varios casos, según una línea: la de los despliegues estatales coordinados de gobierno a gobierno frente a las organizaciones civiles independientes. Organizaciones de derechos humanos y medios han documentado, en paralelo, denuncias de obstrucción a la ayuda no oficial durante toda la emergencia.

Por qué esto debe documentarse

No se trata de negar la magnitud de la ayuda que sí llegó, que fue enorme y salvó vidas. Se trata de algo distinto y igualmente importante: de dejar constancia de lo que no funcionó, porque en una catástrofe los errores se miden en vidas. Si equipos especializados, con experiencia y autorizaciones, perdieron días o no llegaron por trabas administrativas, esa es una falla que merece ser investigada y explicada, no por afán de polémica, sino porque la próxima vez —y en un país sísmico siempre hay una próxima vez— esos días pueden ser los que separen a una persona atrapada de su rescate.

De ahí el valor de la pregunta que circula entre quienes siguen de cerca la emergencia: la de que alguien lleve un registro riguroso de los equipos rechazados o demorados, con sus datos, su especialidad y el motivo de la traba. Este texto recoge ese reclamo y aporta los casos verificados hasta ahora, con la conciencia de que la lista puede crecer a medida que más equipos cuenten su experiencia. Documentar lo que ocurrió no es un ejercicio de reproche: es la condición para que no vuelva a ocurrir.

Para el contexto completo, ver qué hacen los equipos de EE.UU. en Venezuela (§XLIV) y la nota sobre ONG que denuncian obstrucción a la ayuda (§XLVI).

Nota: Esta nota recoge denuncias públicas de equipos de rescate, atribuidas a sus protagonistas y a la prensa. El registro es abierto y está en proceso de verificación; los datos no confirmados se señalan como tales. INCÍSOS no afirma una intención deliberada sin pruebas: documenta hechos denunciados y los contrasta. Cualquier equipo afectado puede aportar su testimonio para completar el registro.
Fuentes principales: Declaraciones de Usar13 y del Grupo Balear de Rescate (Manuel Sánchez) recogidas por El Español, Europa Press y CiberCuba; reportes sobre la obstrucción a la ayuda humanitaria (Diario ABC) y sobre el despliegue de equipos estatales internacionales (27 a 29 de junio de 2026).

§LX · ÚLTIMA HORA · 29 JUN

Varios días después del doble sismo, la tierra sigue sin calmarse. Nuevos temblores sacuden la zona del desastre, obligan a la gente a salir a la calle y mantienen un peligro real sobre las estructuras que el terremoto dejó al límite.

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La tierra no termina de calmarse en Venezuela. Varios días después del doble terremoto del 24 de junio, la zona del desastre sigue siendo sacudida por réplicas que reavivan el miedo de una población ya golpeada y exhausta. Lejos de ser un detalle técnico, cada nuevo temblor tiene consecuencias concretas: obliga a la gente a salir corriendo de sus casas, interrumpe el descanso de quienes apenas lo consiguen y, sobre todo, representa una amenaza real sobre edificaciones que quedaron al borde del colapso.

Temblores que no dan tregua

Uno de los movimientos más recientes, registrado el lunes 29 de junio, tuvo una magnitud de 4,2 y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros al este de La Guaira, una de las zonas más devastadas, a una profundidad de apenas tres kilómetros, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Aunque su magnitud es muy inferior a la de los sismos principales, su escasa profundidad y su cercanía a la zona afectada hicieron que se sintiera con claridad y que numerosas personas volvieran a salir de sus viviendas por temor.

Este fenómeno, aunque alarmante, es esperable desde el punto de vista sismológico. Después de un terremoto de gran magnitud, la corteza terrestre tarda en reacomodarse, y ese reacomodo se manifiesta en una secuencia de réplicas que puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, con una intensidad que tiende a disminuir con el tiempo, aunque sin un patrón perfectamente predecible. La zona acumula ya cientos de réplicas desde el evento principal.

Por qué cada réplica importa

El peligro de las réplicas en este momento no está tanto en su magnitud como en el estado en que encuentran a las estructuras. Un edificio que resistió los sismos principales pero quedó con su integridad comprometida —columnas fisuradas, muros agrietados, cimientos afectados— es mucho más vulnerable ante un nuevo movimiento, por moderado que sea. Lo que el gran terremoto debilitó, una réplica puede terminar de derribar. Es por esta razón que las autoridades insisten en que la población no regrese a las viviendas dañadas sin una evaluación técnica previa. La comisión de habitabilidad anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez responde precisamente a esta urgencia: clasificar las viviendas antes de que las familias regresen.

Las réplicas complican, además, las labores de rescate y recuperación. Cada movimiento obliga a detener momentáneamente el trabajo entre los escombros por seguridad, introduce un riesgo adicional para los rescatistas que operan en estructuras inestables y puede provocar nuevos derrumbes en edificaciones que estaban en equilibrio precario. En una carrera contra el tiempo, las réplicas son un obstáculo más que se suma a una tarea ya de por sí extenuante.

La incertidumbre como rutina

Más allá del riesgo físico, las réplicas tienen un costo psicológico que no debe subestimarse. Para una población que ya vivió el horror del terremoto, cada nuevo temblor reactiva el trauma, alimenta la ansiedad y refuerza la sensación de que el peligro no ha pasado. Dormir a la intemperie por miedo a volver a casa, sobresaltarse con cada movimiento, vivir en un estado de alerta permanente: esa es la rutina de miles de personas en la zona del desastre. La tierra, que ya se llevó tanto, se niega a devolverles siquiera la calma. Y mientras las réplicas continúen, la recuperación —física y emocional— tendrá que abrirse paso entre sacudidas.

Nota de sensibilidad: Esta nota informa sobre un fenómeno en desarrollo. Las personas en la zona deben atender las indicaciones de Protección Civil y los organismos de gestión de riesgo, y abstenerse de regresar a edificaciones dañadas sin una evaluación técnica. Ver también: el peligro de las lluvias en la zona del terremoto.
Fuentes principales: Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis); El Español; El Tiempo (28-29 de junio de 2026).

§LIX · ANÁLISIS · 29 JUN

El Gobierno anunció una comisión presidencial que clasificará cada vivienda en verde, amarillo o rojo. El anuncio es el primer paso hacia el mediano plazo. La pregunta es si la ejecución estará a la altura.

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Llegaste a construir. El sistema no vino con manual.

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Seis días después del doble terremoto, el Gobierno venezolano dio el primer paso formal hacia el mediano plazo: la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión presidencial de habitabilidad que evaluará, vivienda por vivienda, el estado de las edificaciones afectadas. El mecanismo adoptado es un sistema semáforo: verde para las casas que pueden habitarse sin riesgo, amarillo para las que requieren revisión antes de ser ocupadas y rojo para las que deben declararse inhabitables. El anuncio llegó con el respaldo técnico de ingenieros de la UCAB y la UCV, y con la activación de un Estado Mayor para la instalación de campamentos transitorios y un plan de viviendas a corto plazo.

Por qué importa el anuncio

Hasta ahora, la respuesta del Estado había estado centrada en la fase de rescate: sacar personas de los escombros, habilitar acopios, coordinar la ayuda internacional. Era lo urgente. Pero la emergencia tiene una segunda capa, menos visible y más duradera: miles de familias que no saben si pueden volver a sus casas, que duermen en la calle o en refugios improvisados porque nadie les ha dicho si su edificio es seguro. La comisión de habitabilidad es la primera respuesta institucional a esa pregunta. Que llegue al sexto día, con apoyo técnico universitario y un sistema de clasificación claro, es un paso en la dirección correcta.

El sistema semáforo, por su parte, tiene precedentes en otros países que han enfrentado terremotos de gran magnitud. La lógica es sencilla: no todas las viviendas dañadas son inhabitables, y declarar todo rojo por precaución generaría un desplazamiento masivo innecesario. La clasificación técnica permite priorizar, orientar recursos y, sobre todo, dar a las familias una respuesta concreta en lugar de una incertidumbre indefinida.

La pregunta que importa: la ejecución

El valor del anuncio, sin embargo, depende enteramente de su ejecución. Venezuela tiene decenas de miles de viviendas afectadas, muchas en zonas de difícil acceso, y una capacidad institucional que el propio terremoto ha puesto en evidencia. Evaluar cada edificación con rigor técnico, en tiempo razonable, con ingenieros suficientes y sin que la clasificación esté influida por consideraciones distintas a las estructurales, es una tarea de enorme complejidad.

El respaldo de la UCAB y la UCV es una señal positiva: son instituciones con credibilidad técnica y autonomía relativa. Pero la escala del problema supera con creces la capacidad de cualquier equipo universitario actuando solo. La pregunta no es si el sistema semáforo es una buena idea —lo es— sino si el Estado tiene la capacidad operativa para aplicarlo con la velocidad y la honestidad que la situación exige. Esa es la prueba que viene.

Los campamentos y el plan de viviendas

Junto con la comisión de habitabilidad, el Gobierno activó un Estado Mayor para la instalación de campamentos transitorios y anunció un plan de viviendas a corto plazo. Los campamentos son una solución de emergencia para quienes no pueden volver a sus hogares mientras se completan las evaluaciones; el plan de viviendas apunta a algo más estructural. Ambos anuncios son necesarios. Ambos, también, requieren una ejecución que el Gobierno venezolano no siempre ha demostrado ser capaz de sostener en el tiempo.

Lo que está en juego no es solo un techo. Es la posibilidad de que miles de familias puedan reconstruir algo parecido a una vida normal en un plazo razonable. El anuncio de la comisión es el primer paso. El examen real empieza ahora.

Nota editorial: Este análisis se basa en declaraciones oficiales de la presidenta encargada Delcy Rodríguez (28-29 de junio de 2026). La ejecución de las medidas anunciadas será objeto de seguimiento en la cobertura de INCÍSOS. Ver también: «En emergencia: siguiente nivel» y la guía de documentos y seguros.