Política
«Yo quiero salvar personas»: los equipos de rescate que no pudieron llegar a Venezuela
Usar13 desistió y regresó a casa. El Grupo Balear de Rescate esperó dos días en Barajas. Mientras los despliegues estatales entraban, varios equipos civiles voluntarios quedaron varados por trabas burocráticas. Un registro abierto de los casos documentados.
§LXIII · REPORTAJE · 29 JUN
Mientras los equipos enviados por los gobiernos lograban entrar a Venezuela, varios grupos civiles de voluntarios denunciaron trabas que retrasaron o frustraron su llegada. Un registro abierto de los casos documentados, y una pregunta que merece respuesta: ¿cuántos rescatistas no llegaron a tiempo, y por qué?
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Qué | Equipos civiles de rescate denunciaron trabas burocráticas para entrar a Venezuela tras el terremoto. |
| Quién | Grupos voluntarios como el español Usar13 y el Grupo Balear de Rescate, entre otros. |
| Cuándo | Entre el 27 y el 29 de junio de 2026, en la ventana crítica de búsqueda de sobrevivientes. |
| Dónde | En aeropuertos de origen, como Madrid-Barajas, sin poder volar hacia Venezuela. |
| Por qué | Demoras en permisos y documentación frenaron a equipos que tenían autorizaciones internacionales. |
| Cómo | Con retrasos que costaron días en una emergencia donde cada hora reduce las posibilidades de vida. |
En una catástrofe, el tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Cada hora que pasa con personas atrapadas bajo los escombros reduce drásticamente sus posibilidades de sobrevivir, y por eso la velocidad con que llegan los equipos de rescate no es un detalle logístico: es, literalmente, una cuestión de vidas. En medio de la respuesta internacional al terremoto de Venezuela —masiva y solidaria—, ha surgido una denuncia que merece ser documentada con rigor: la de varios equipos civiles de rescate que aseguran haber sido frenados por trabas burocráticas, y que perdieron días valiosos o directamente no lograron llegar.
Los casos documentados
Hasta ahora, dos casos están plenamente confirmados a través de sus propios protagonistas y de la prensa, y conviene dejarlos registrados con precisión.
El primero es el de Usar13, una asociación humanitaria española, privada y sin fines de lucro, con sede en La Nucía (Alicante), fundada en 2013 y especializada en búsqueda y rescate urbano con perros. El equipo tiene experiencia internacional probada: participó en el terremoto de Turquía de 2023 y en la DANA de Valencia de 2024. Según informó la propia organización, tenían un vuelo coordinado para la tarde del sábado 27 de junio, con los equipajes ya facturados, pero no pudieron partir por trabas que situaron entre la Embajada de Venezuela en España y la aerolínea. Ante la perspectiva de que la situación se prolongara, tomaron una decisión dolorosa: desistir. «Por diferentes motivos, Usar13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo hemos decidido volver a casa», comunicaron.
El segundo es el del Grupo Balear de Rescate, presidido por Manuel Sánchez. Sus brigadistas denunciaron haber permanecido desde el sábado en el aeropuerto Madrid-Barajas sin poder volar, pese a contar —según afirmaron— con las autorizaciones internacionales para salir de España y entrar a Venezuela. «No entendemos nada», expresó Sánchez, quien lamentó que se les exigiera una cantidad notable de documentación. La frase con la que resumió su frustración condensa lo que está en juego: «Yo no estoy para sacar cadáveres, yo quiero salvar personas». El grupo logró finalmente partir el lunes, con una demora de aproximadamente dos días.
El registro, hasta ahora
A pedido de quienes reclaman un seguimiento de estos casos, este es el registro de los equipos con trabas documentadas hasta el momento. Es una lista abierta y en verificación, no un inventario cerrado.
| Equipo | País | Especialidad | Situación | Demora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Usar13 | España (Alicante) | Búsqueda y rescate urbano con canes | Vuelo del sábado frustrado; trabas entre embajada y aerolínea | Indefinida | Desistió y regresó |
| Grupo Balear de Rescate | España (Baleares) | Búsqueda y salvamento | Varado en Barajas pese a autorizaciones | ~2 días | Partió el lunes |
Los datos sobre número exacto de integrantes y equipamiento específico de cada grupo no han sido detallados de forma uniforme en las fuentes públicas, y por rigor se dejan pendientes de confirmación antes de afirmarlos.
El patrón: civiles varados, despliegues estatales adentro
Más allá de los casos individuales, hay un elemento que ambos equipos subrayaron y que apunta a algo sistémico: ninguno se presentó como un caso aislado. Usar13 fue explícito al decir que no podía volar «al igual que muchos otros equipos». Esa coincidencia sugiere que las dificultades no fueron un tropiezo puntual, sino un obstáculo que afectó a varios grupos a la vez.
Y aquí aparece el contraste más revelador. Mientras estos equipos civiles y voluntarios quedaban varados, los despliegues oficiales enviados por los gobiernos sí lograban entrar y operar: la Unidad Militar de Emergencias de España, los Topos y la brigada de la Sedena de México, el equipo USAR COL-1 de Colombia, los equipos de El Salvador, Francia y Estados Unidos, entre muchos otros, llegaron y trabajaron sobre el terreno. La diferencia entre unos y otros —los que entraron y los que no— parece trazarse, en varios casos, según una línea: la de los despliegues estatales coordinados de gobierno a gobierno frente a las organizaciones civiles independientes. Organizaciones de derechos humanos y medios han documentado, en paralelo, denuncias de obstrucción a la ayuda no oficial durante toda la emergencia.
Por qué esto debe documentarse
No se trata de negar la magnitud de la ayuda que sí llegó, que fue enorme y salvó vidas. Se trata de algo distinto y igualmente importante: de dejar constancia de lo que no funcionó, porque en una catástrofe los errores se miden en vidas. Si equipos especializados, con experiencia y autorizaciones, perdieron días o no llegaron por trabas administrativas, esa es una falla que merece ser investigada y explicada, no por afán de polémica, sino porque la próxima vez —y en un país sísmico siempre hay una próxima vez— esos días pueden ser los que separen a una persona atrapada de su rescate.
De ahí el valor de la pregunta que circula entre quienes siguen de cerca la emergencia: la de que alguien lleve un registro riguroso de los equipos rechazados o demorados, con sus datos, su especialidad y el motivo de la traba. Este texto recoge ese reclamo y aporta los casos verificados hasta ahora, con la conciencia de que la lista puede crecer a medida que más equipos cuenten su experiencia. Documentar lo que ocurrió no es un ejercicio de reproche: es la condición para que no vuelva a ocurrir.
Para el contexto completo, ver qué hacen los equipos de EE.UU. en Venezuela (§XLIV) y la nota sobre ONG que denuncian obstrucción a la ayuda (§XLVI).
Nota: Esta nota recoge denuncias públicas de equipos de rescate, atribuidas a sus protagonistas y a la prensa. El registro es abierto y está en proceso de verificación; los datos no confirmados se señalan como tales. INCÍSOS no afirma una intención deliberada sin pruebas: documenta hechos denunciados y los contrasta. Cualquier equipo afectado puede aportar su testimonio para completar el registro.
Fuentes principales: Declaraciones de Usar13 y del Grupo Balear de Rescate (Manuel Sánchez) recogidas por El Español, Europa Press y CiberCuba; reportes sobre la obstrucción a la ayuda humanitaria (Diario ABC) y sobre el despliegue de equipos estatales internacionales (27 a 29 de junio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
Alfredo Yánez
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El contrato de PDVSA que hundió a un aliado de Rubio
Diez años de prisión, un contrato de 50 millones con PDVSA, un testigo llamado Marco Rubio y un pedido de indulto. Lo que deja la condena de David Rivera.
POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · VENEZUELA
El excongresista republicano David Rivera fue condenado a diez años de prisión por cabildear en secreto a favor del gobierno de Maduro. El contrato de 50 millones de dólares salió de una filial de PDVSA cuando Delcy Rodríguez era canciller. Hoy ella es la interlocutora de Washington, y Rivera pide un indulto.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Condena a diez años de prisión por lavado de dinero y por actuar como agente extranjero no registrado del gobierno venezolano. |
|---|---|
| Quién | David Rivera, excongresista republicano por Florida (2011-2013); la jueza federal Melissa Damian. |
| Cuándo | Sentencia del viernes 2 de octubre de 2026; veredicto de culpabilidad en mayo. |
| Dónde | Corte federal de Miami. |
| Por qué | Un contrato de 50 millones de dólares con una filial de PDVSA, en 2017, para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas. |
| Cómo | Con siete cargos; las penas se cumplirán de manera simultánea. |
La jueza federal Melissa Damian condenó el viernes 2 de octubre de 2026 en Miami a David Rivera, excongresista republicano por Florida, a diez años de prisión. Un jurado lo había declarado culpable en mayo de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos. La Fiscalía pedía entre 22 y 30 años; la defensa, ocho, alegando un diagnóstico de cáncer de próstata y sus hijos gemelos pequeños.
Contexto: un contrato de 50 millones
El caso nace de un contrato de tres meses por 50 millones de dólares firmado en 2017 entre la consultora de Rivera y PDV USA, filial estadounidense de PDVSA. Según la Fiscalía, Rivera y la consultora Esther Nuhfer usaron ese dinero para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas durante el primer mandato de Trump. Los fiscales sostuvieron que Rivera recibió unos 20 millones. Nuhfer fue condenada a cinco años.
Según informaron medios internacionales, Rivera habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez de adjudicarle el contrato. Rivera sostuvo que sus reuniones buscaban un cambio político en Venezuela, no sostener a Maduro.
Análisis: tres nombres que siguen en el tablero
El caso tiene tres nombres que hoy importan más que en 2017.
Marco Rubio. Amigo de Rivera desde que compartieron escaño en la Cámara de Florida, declaró en el juicio que no conocía el contrato. Hoy es el secretario de Estado que conduce la política hacia Venezuela.
Delcy Rodríguez. La canciller de entonces es la presidenta encargada de hoy y la interlocutora de Washington en la transición y en el acuerdo petrolero.
PDVSA. El dinero salió de la petrolera estatal. Esta semana, el Congreso estadounidense pide ver los contratos del nuevo acuerdo petrolero con NABEP, y el Senado advierte que puede afianzar a los aliados de Maduro.
La condena cierra un capítulo de cómo se compraba influencia en Washington. La pregunta es qué controles existen hoy para que no se repita con el nuevo dinero petrolero.
Criterio: tres pruebas
- El indulto. La defensa apelará y mantiene una solicitud de indulto presidencial presentada en junio. Si Trump la concede, será una señal política, no judicial.
- El caso de Washington. Rivera enfrenta otro proceso por cabildeo extranjero en la capital; sus avances pueden revelar más sobre los contactos de 2017.
- Los contratos de hoy. Si el Gobierno responde a las cartas de la Cámara y del Senado sobre NABEP antes del 14 de octubre.
Fuentes principales: El Diario, 2 de octubre de 2026; La Silla Rota, 2 de octubre de 2026; La Nación (AFP), 2 de octubre de 2026; Local 10, 2 de octubre de 2026; Correo del Caroní (Univision), 2 de octubre de 2026; Cubanos por el Mundo y Cuentas Claras Digital, 2 y 3 de octubre de 2026; Asere, 3 de octubre de 2026.
Política
X y el activismo venezolano
Activismo no es linchamiento, opinión no es sentencia y discrepancia no es traición. Kent Montes de Oca sobre el activismo venezolano en redes.
FIRMAS · KENT MONTES DE OCA
Quienes hacen activismo en redes también tienen una responsabilidad: no confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición. Reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación.
Entiendo que X puede ser una red social tóxica. Todos los días tenemos una buena dosis de insultos, descalificaciones, cacerías de brujas, condenas sumarias y una especie de tribunal moral donde cualquiera puede convertirse en juez, fiscal y verdugo en menos de 280 caracteres.
Pero quienes hacemos activismo, quienes intentamos informar, investigar, contrastar y difundir lo que creemos que puede ayudar a entender lo que ocurre en Venezuela, tenemos también una responsabilidad.
No podemos confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición.
Hay venezolanos dentro y fuera del país que viven situaciones que no pueden controlar. Personas sometidas a incertidumbre, ansiedad, impotencia, miedo y frustración. Y sí, esas emociones también terminan expresándose en redes.
Eso no significa que todo comentario sea acertado. Significa que quizá deberíamos pensar un poco más antes de convertir cada equivocación, cada opinión o cada diferencia de criterio en una condena pública.
La pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: ¿qué papel estamos desempeñando aquí?
¿Estamos ayudando a comprender lo que ocurre o simplemente convirtiéndonos en amplificadores de cualquier comentario que confirme lo que ya pensamos? ¿Estamos aportando información, contexto y análisis, o nos estamos convirtiendo en comentaristas profesionales del «antitodavaina»?
Porque reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación. Va a exigir criterio, capacidad de análisis, información, responsabilidad, tolerancia a la discrepancia y, sobre todo, capacidad para discernir.
Si realmente queremos reconstruir la institucionalidad y caminar hacia una democracia sólida, tendremos que empezar a practicar desde ahora algunos de los valores que esperamos encontrar en esa Venezuela.
La democracia no puede consistir únicamente en que finalmente pensemos todos igual. También tiene que significar que podamos pensar distinto, discutir, equivocarnos, rectificar y seguir siendo parte de la misma sociedad.
Quizá el verdadero reto en redes no sea ganar cada discusión. Quizá sea aprender a distinguir entre aquello que merece ser denunciado, aquello que merece ser debatido y aquello que simplemente deberíamos dejar pasar.
Porque Venezuela necesita ciudadanos informados y críticos.
No otra multitud de jueces con conexión a internet.
Madrid, octubre de 2026.
Kent Montes de Oca es comunicacionólogo y analista. Escribe desde Madrid. En X es @Critiquero, donde se define con una frase: «Más criterio que crítica».
Fuentes principales: .
Política
Como baremo, algo es mejor que nada
Un summa cum laude vale un punto; un nombramiento como árbitro internacional, cuatro. La crítica de Bellorín al baremo propuesto para el TSJ.
FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN
La propuesta de Acceso a la Justicia para evaluar a los aspirantes al TSJ premia más el contacto con el entorno que el mérito real. Aun así, es mejor que nada, y debe tomarse como punto de partida.
Leyendo por encimita el proyecto de baremo para los postulados al TSJ propuesto por la organización Acceso a la Justicia, se evidencia algún desequilibrio en la valoración objetiva del verdadero mérito diferenciador.
Esta crítica tiene la intención de ayudar a la corrección, que ya comencé a realizar. Sin embargo, leer este proyecto de instrumento me permite especular que quien lo diseñó tomó como modelo un perfil determinado. Eso es común en estos casos.
Es notorio que premia más el contacto con órganos del entorno que el mérito real que emana de la aptitud académica, profesional y personal del evaluado. Por ejemplo, a un egresado summa cum laude solo le otorga un solitario punto; en cambio, a una persona nombrada, por cualquier razón, en la función temporal de árbitro internacional de cualquier cosa (privilegio del contacto) le concede cuatro puntos. Sabemos que hay quienes han hecho de esta práctica toda una carrera y que, para este momento, deben tener acumulado un sinfín de esos nombramientos. Sabemos también que nunca han sido producto de concursos transparentes, y eso le resta credibilidad al mérito.
Otro ejemplo sencillo de comparación: a un docente con 30 años de clases en un aula de enseñanza jurídica se le permite acumular un máximo de ocho puntos, mientras que una publicación en una revista académica, sujeta también a contactos, otorga de un solo golpe cinco puntos. Me imagino que el modelo en cuestión debe tener acumuladas varias de esas publicaciones indexadas y, por supuesto, una gran ventaja. Eso no es justo.
Hay mucho desequilibrio. Aunque al inicio el instrumento se refiere a las tres fuentes del numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, en forma general evade la verdadera aptitud y resalta un evidente privilegio a la actitud hacia el entorno del poder, que es el que ha permitido, y aún permite, algunos de esos méritos.
Aunque insisto: es mejor esto que nada, y debemos tomar este proyecto como un inicio que esperamos se concrete en algo mejor.
Vuelvo a indicar que, sin un baremo estricto y transparente, publicado antes de la convocatoria a las postulaciones, ningún profesional del derecho con verdadero talento e irreprochable probidad se atreverá a ser tonto útil.
Caracas, 2 de octubre de 2026.
Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Nota de la redacción: Acceso a la Justicia presentó su propuesta de baremo el 25 de septiembre de 2026. INCÍSOS publicó su propio ejercicio en el especial El baremo, la regla que falta.
Fuentes principales: Acceso a la Justicia, propuesta de baremo para la selección de magistrados del TSJ, 25 de septiembre de 2026.
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