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Política

La oposición se reunió sin Figuera y emitió un comunicado que no decide nada

La Plataforma Unitaria emitió un comunicado que reafirma lo ya sabido y calla lo decisivo. El canal Figuera-Rodríguez avanza sin que la coalición lo controle.

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Un comunicado que dice lo seguro y calla lo decisivo

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostuvo su reunión ordinaria semanal y emitió un comunicado que, leído con atención, llama por lo que no dice. El texto ratifica la disposición de la coalición a «contribuir a los esfuerzos» para una transición «pacífica y ordenada» en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Afirma que se hizo un «profundo análisis de la situación nacional», que se evaluó la situación de los presos políticos y que Venezuela «demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro».

Todo eso ya se sabía. Lo que el comunicado no resuelve es la pregunta que tiene en vilo a la oposición: cuál es su posición frente al canal de negociación que Dinorah Figuera abrió directamente con el chavismo, con respaldo de Washington y sin que la coalición lo coordinara. Sobre ese punto —el único que de verdad estaba en juego— el pronunciamiento guarda silencio. Reafirma el rumbo general y elude la decisión concreta.

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La sorpresa que ordena la escena

El silencio se entiende mejor con un dato que un dirigente de la propia coalición hizo público. Freddy Superlano reconoció que el regreso de Figuera «generó sorpresa dentro de la oposición». No fue una operación coordinada con la Plataforma: fue una iniciativa diseñada por el Departamento de Estado, que desde abril invitó a Figuera a encabezar el acercamiento, y que la coalición conoció sobre la marcha.

Esa es la incomodidad de fondo. La reunión del 23 de junio se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de Figuera, que para entonces ya había viajado fuera del país tras su encuentro con Jorge Rodríguez. Una parte central de la estrategia opositora —el diálogo con el poder real— está siendo conducida por una dirigente que no estaba en la mesa donde el resto de la coalición discutía justamente ese diálogo. El comunicado vago es el resultado de esa desconexión: no se puede decidir en grupo lo que ya se está decidiendo por fuera del grupo.

Superlano abre una ventana: que vuelva Machado

Dentro de esa misma discusión, Superlano planteó lo que muchos en la coalición piensan: que María Corina Machado, la dirigente con mayor respaldo en la opinión pública, debe formar parte de las conversaciones. «Hay una oportunidad allí, se abre una ventana», dijo, y pidió que la propuesta de Figuera se amplíe a más actores de la Plataforma Unitaria y a la propia Machado, «porque dejar a la persona que lidera en este momento la opinión pública en el país» sería un error de cálculo.

El planteamiento revela la verdadera tensión. No es solo quién se sienta a negociar, sino con qué legitimidad. Figuera aporta un cargo institucional reconocido por Washington; Machado aporta el respaldo popular que ningún cargo otorga. La coalición intuye que una negociación sin Machado puede carecer de la fuerza social que la haga vinculante, pero tampoco controla el canal que ya está abierto.

Lo que esta indefinición significa

Para el venezolano en la diáspora, la jornada deja una lectura sin adornos. La transición avanza por un carril que la oposición organizada no conduce. El comunicado de la Plataforma Unitaria, más que una hoja de ruta, es la constancia de que la coalición va detrás de los hechos, ratificando un plan que otros ejecutan y pidiendo que se incluya a su principal líder en una mesa que no armó.

Un analista lo resumió con precisión al advertir que el canal Figuera-Rodríguez «ya opera como mecanismo político», pero que su utilidad dependerá de que produzca resultados verificables; de lo contrario, podría terminar favoreciendo una «normalización sin transición democrática». Esa es la apuesta y el riesgo. La oposición sabe que el tren se mueve. Lo que el comunicado del 24 de junio no aclara es si ella va conduciendo o simplemente subida.

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Política

Figuera es de Primero Justicia y eso explica más de lo que parece

Dinorah Figuera milita en Primero Justicia, una de las tarjetas que el chavismo arrebató a la oposición. Su rol revela qué partidos sobreviven a la transición y cuáles no.

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Una militancia que no es un dato menor

Cuando se habla de Dinorah Figuera suele subrayarse su cargo: presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la institución que Washington reconoce como último poder legítimamente electo. Pero hay otro dato que explica buena parte de la jugada y que se menciona menos: Figuera milita en Primero Justicia, uno de los partidos tradicionales de la oposición venezolana. No negocia solo como titular de un Parlamento; lo hace también como cuadro de una organización política concreta, con intereses concretos.

Eso importa porque Primero Justicia es, además, uno de los partidos que el chavismo intervino judicialmente. Desde 2020, mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el oficialismo arrebató las tarjetas electorales de varias organizaciones opositoras —Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular y el propio Primero Justicia— y las entregó a dirigentes afines a Miraflores. A Primero Justicia, según la cobertura del proceso, lo dejaron en una situación de limbo legal. La restitución de esas tarjetas es hoy uno de los puntos centrales de la negociación.

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La pregunta de fondo: ¿sobreviven los partidos?

Aquí está la cuestión que el episodio destapa. La transición no solo debe resolver quién gobierna y cuándo hay elecciones. Debe resolver con qué partidos se compite, porque sin tarjetas restituidas, sin estructuras legales reconocidas, la oposición llegaría a cualquier elección desarmada. Y la composición misma de la mesa técnica revela quiénes están mejor posicionados para esa restitución.

Según la cobertura del proceso, la mesa técnica que el chavismo y Figuera acordaron instalar tendría representantes de Primero Justicia —entre ellos la propia Figuera— y de Voluntad Popular. Es decir, los dos partidos que colocan negociadores en la mesa son justamente dos de los que necesitan recuperar su tarjeta. No es coincidencia: quien se sienta a negociar las reglas tiene más posibilidades de que esas reglas lo favorezcan. Los partidos que no están en la mesa observan desde afuera cómo se decide su propio futuro.

Un sistema de partidos en reconstrucción

El trasfondo es la supervivencia de todo un sistema. Años de inhabilitaciones, intervenciones y persecución dejaron a los partidos opositores debilitados, divididos entre las estructuras originales y las «tarjetas» controladas por dirigentes afines al oficialismo. Reconstruir ese sistema es condición para que una elección futura sea algo más que un trámite.

Pero la reconstrucción no será neutral. Dependerá de quién negocie, con qué respaldo y con qué prioridades. Un partido con un negociador en la mesa técnica defiende su restitución de primera mano; uno sin representación queda a merced de lo que otros acuerden. La transición, en este plano, no reparte por igual: privilegia a quienes lograron un asiento en la conversación.

Por qué esto le importa al lector hispano

Para el venezolano en la diáspora que aspira a votar algún día por una oposición real, este es un punto que conviene seguir de cerca. La calidad de una futura elección dependerá de que los partidos opositores recuperen su capacidad de competir en igualdad de condiciones. Y eso se está decidiendo ahora, en una mesa técnica donde no todos los partidos tienen silla.

La militancia de Figuera en Primero Justicia no es, entonces, un detalle biográfico. Es una pieza que ayuda a entender por qué ciertos partidos están adentro y otros afuera, y por qué la pregunta sobre la supervivencia de las organizaciones opositoras es, en el fondo, la pregunta sobre qué tan libre y plural será la Venezuela que salga de esta transición.

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Política

Reconstruir el país desde 2015 abre una caja de preguntas sin respuesta

Retomar la institucionalidad desde la Asamblea de 2015 obliga a decidir qué se hace con la Constituyente de 2017 y con el TSJ designado en el exilio. Un nudo sin resolver.

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Una legitimidad que arranca en 2015

La arquitectura de la transición tiene un punto de partida claro: la Asamblea Nacional electa en 2015, la última que Washington reconoce como legítimamente electa, presidida hoy por Dinorah Figuera. Sobre esa base se quiere reconstruir la institucionalidad democrática del país. Hasta ahí, el relato es ordenado. El problema empieza cuando se mira todo lo que se construyó —o se destruyó— después de 2015, y que ahora queda en un limbo.

Porque entre 2015 y 2026 pasaron muchas cosas con consecuencias jurídicas. La más grande: la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, un órgano que el chavismo creó para sortear al Parlamento opositor y que se arrogó poderes plenos, aprobando leyes y decisiones durante años. Si la legitimidad se reconstruye desde 2015, ¿qué pasa con todo lo que hizo esa Constituyente? ¿Se anula? ¿Se convalida? ¿Se revisa caso por caso? Nadie lo ha dicho.

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El TSJ del exilio y el TSJ de Caracas

El segundo nudo es el Poder Judicial. En 2017, el Parlamento de 2015 designó un Tribunal Supremo de Justicia alterno, cuyos magistrados terminaron operando desde el exilio porque el chavismo los persiguió. Durante años existieron, de hecho, dos Tribunales Supremos: el oficial en Caracas y el nombrado por la oposición fuera del país. Si la institucionalidad revive desde 2015, la pregunta es inevitable: ¿revive también ese TSJ del exilio? ¿Sus magistrados regresan y asumen? ¿O se negocia un tribunal nuevo?

La cuestión no es teórica. Entre los temas centrales de la negociación figura la renovación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, clave para validar cualquier elección futura. Definir quién integra esa Sala —y con qué legitimidad de origen— es decidir quién tendrá la última palabra sobre los resultados electorales. No es un detalle técnico: es el árbitro del partido.

Lo que la negociación tendrá que desenredar

El acuerdo entre Figuera y Jorge Rodríguez contempla una mesa técnica para abordar la reconstrucción institucional. Esa mesa enfrenta un rompecabezas de legitimidades superpuestas: la Asamblea de 2015 cuyo período constitucional venció hace años pero que mantiene continuidad a través de su comisión delegada; la Constituyente de 2017 que el chavismo considera válida y la oposición espuria; los dos Tribunales Supremos; las tarjetas de partidos intervenidas. Cada una de esas piezas tiene defensores y detractores, y ninguna se resuelve sin que alguien ceda.

La dificultad es que no existe una hoja en blanco. No se trata de construir instituciones desde cero, sino de decidir cuáles de las que ya existen —muchas en conflicto entre sí— se reconocen, cuáles se anulan y cuáles se reforman. Y cada decisión redistribuye poder.

Por qué importa, más allá del tecnicismo

Para el lector hispano que sigue el proceso, este nudo institucional explica por qué la transición no avanza más rápido. No basta con la voluntad política o el respaldo de Washington: hay un entramado jurídico contradictorio que debe desenredarse para que las elecciones futuras tengan piso legal sólido. Saltarse ese paso produciría una transición frágil, impugnable, reversible.

La promesa de «reconstruir desde 2015» suena a punto de partida limpio, pero esconde una caja de preguntas que la negociación tendrá que abrir tarde o temprano. Qué pasa con la Constituyente, con el TSJ del exilio, con once años de actos jurídicos en disputa. Mientras esas preguntas no tengan respuesta pública, la institucionalidad que se promete seguirá siendo, más que una realidad, un proyecto en obra.

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Política

Trump celebra una Venezuela feliz mientras Machado calla

Mientras Trump celebra una Venezuela «feliz» y bien administrada, María Corina Machado mantiene un silencio público que muchos leen como cálculo, espera o desplazamiento.

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El relato del «país feliz»

Donald Trump tiene una frase favorita sobre Venezuela y la repite cada vez que puede. «Venezuela es un país muy feliz ahora mismo; eran miserables, ahora son felices. Está bien administrado», ha dicho, vinculando esa felicidad al auge petrolero y a la llegada de empresas estadounidenses. En sus palabras, la captura de Maduro abrió una era de prosperidad: «el petróleo que está saliendo es enorme», «tenemos una relación fantástica con el pueblo de Venezuela».

El relato es funcional para Washington. Presenta la intervención del 3 de enero como un éxito rotundo y la alianza con el gobierno de Delcy Rodríguez como una victoria. Pero choca de frente con la realidad que viven los venezolanos. Un reportaje reciente del New York Times lo resumió en el título: Trump dice que Venezuela es un país feliz, su gente no está de acuerdo. La recuperación económica es lenta, los salarios siguen siendo insuficientes y, según el Foro Penal, aún quedan presos políticos pese a las excarcelaciones registradas desde enero.

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El silencio que habla

En ese ruido de declaraciones triunfales, hay una ausencia notable: la de María Corina Machado. La dirigente con mayor respaldo en la opinión pública venezolana, premio Nobel de la Paz, que en enero llamó a la movilización y reclamó que Edmundo González asumiera como presidente, hoy guarda un silencio público llamativo sobre el rumbo concreto de la transición tutelada.

Ese silencio se ha vuelto, por sí mismo, materia de especulación. ¿Es una estrategia, una forma de no legitimar un proceso que la excluyó de su primera fase? ¿Es una espera calculada, el cálculo de quien guarda su capital político para un momento más decisivo? ¿Es indiferencia, distancia de un proceso que avanza por carriles que no controla? ¿O es el reconocimiento tácito de un desplazamiento, de haber quedado fuera del tablero que diseñó Washington? Cada interpretación tiene defensores, y ninguna puede confirmarse, porque la protagonista no habla.

Lo que sí está documentado

Conviene separar lo verificable de la especulación. Lo documentado es que Machado fue excluida de la primera etapa de la transición tras la captura de Maduro. Que Trump, en enero, dijo que «tal vez» podría involucrarla «de alguna manera», sin precisar cómo. Que la dirigente entregó a Trump su medalla del Nobel en un gesto interpretado como acercamiento. Y que, esta semana, fue un dirigente de la Plataforma Unitaria —Freddy Superlano— quien pidió públicamente que Machado se incorpore a las negociaciones, no la propia Machado.

Es decir: otros piden por ella, Washington la menciona de pasada, y ella no se pronuncia sobre el fondo. Esa configuración —ser nombrada por terceros mientras se mantiene en silencio— es lo que alimenta las lecturas. En política, callar también es una posición, aunque su significado quede abierto.

Por qué importa para el lector hispano

Para el venezolano en la diáspora, que en buena parte ve en Machado a su referente, este silencio es una incógnita cargada de consecuencias. Su voz tiene un peso que ningún cargo otorga, y su decisión de hablar o callar puede inclinar el rumbo de la transición en un momento decisivo. Que no se pronuncie no es un vacío menor: es una de las variables abiertas más importantes del proceso.

La pregunta que queda flotando excede a Machado. Si la líder con mayor respaldo popular permanece al margen —por estrategia o por desplazamiento—, ¿qué tan representativa será la transición que se negocia sin ella? El «país feliz» de Trump y el silencio de Machado son, en el fondo, dos caras de la misma incógnita: cuánta voz venezolana real hay en un proceso que se decide, en buena medida, fuera de Venezuela.

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