POLÍTICA · VENEZUELA · LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La presidenta encargada solicitó con urgencia una reforma parcial de la norma que la Constituyente que ella presidía sancionó en 2017. Siete meses después de que su hermano admitiera una «mala utilización», el alcance real se medirá en tres puntos: qué delitos desaparecen, qué pasa con los ya condenados y qué queda para medios y partidos.

En un oficio fechado el 28 de septiembre de 2026 y difundido el martes 29, Delcy Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el texto, el objetivo es «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en la norma, y pidió que se tramite «con carácter de urgencia». En X añadió que la reforma busca «corregir desviaciones en su aplicación».

Contexto: la autora de la ley

La norma fue sancionada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente que presidía Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial 41.276 el 10 de noviembre de ese año, según cita el propio oficio. La ley castiga la llamada incitación al odio con penas de 10 a 20 años de prisión. La ley permite, además, revocar el registro de partidos que promuevan, a juicio del Estado, el odio o la intolerancia, y sancionar a medios y plataformas.

El 19 de febrero de 2026, durante la aprobación de la Ley de Amnistía, Jorge Rodríguez reconoció «situaciones de mala utilización» de la norma y anunció que sería revisada, aunque la defendió como «una ley muy útil». La solicitud formal llega siete meses después.

Análisis: reformar no es derogar

El oficio habla de una reforma parcial y de despenalizar «las conductas» previstas, sin precisar cuáles. Organizaciones como Provea y Espacio Público han sostenido durante años que la ley sirvió para perseguir a críticos y cerrar el espacio de las redes sociales. Juristas han argumentado que ningún cambio corrige su origen: fue dictada por una Constituyente, no por el Parlamento, bajo una categoría de «ley constitucional» que la Constitución de 1999 no contempla. Por eso algunos piden su derogación total y una norma nueva.

La solicitud llega, además, dos semanas antes del tercer ciclo de la mesa de Caracas, dedicado a garantías políticas y civiles.

Criterio: tres pruebas en el texto que apruebe la Asamblea

1. El delito de incitación al odio. Si deja de ser delito, o si solo se rebajan las penas. 2. Los ya procesados. La Constitución obliga a aplicar de forma retroactiva la ley penal más favorable. Si la reforma despenaliza, quienes están presos o procesados solo por estos delitos deberían quedar libres. La prueba es si el texto lo ordena de forma expresa o lo deja a criterio de cada tribunal. 3. Medios y partidos. Si se eliminan la revocatoria de registros partidistas y las sanciones a medios y plataformas, o si la reforma se limita a la parte penal.

Una reforma que solo rebaje penas y conserve el resto dejaría intacta la herramienta. Una que despenalice, ordene revisar las causas y retire las sanciones a partidos y medios sería un cambio real.

Fuentes principales: Oficio de Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional, 28 de septiembre de 2026, y su publicación en X del 29; El Diario y AlbertoNews, 29 de septiembre de 2026; CNN en Español, DiarioVea y Aporrea, 19 y 20 de febrero de 2026; IberICONnect, 28 de mayo de 2026.

POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · VENEZUELA

En los 30 segundos que dedicó a Venezuela en Fox News, el secretario de Estado dijo que Washington trabaja «muy duro» con la Asamblea Nacional de 2015 para preparar elecciones libres «lo antes posible». No mencionó a María Corina Machado ni dio una fecha. Es la primera vez que pone nombre a su interlocutor opositor.

La entrevista de Marco Rubio con Sean Hannity, el lunes 28 de septiembre de 2026, recorrió el atentado frustrado contra una base usada por EE.UU. en Reino Unido, la migración en Europa, Irán, la visita de Xi Jinping, Groenlandia y Cuba. Venezuela llegó al final, cuando el conductor avisó que quedaban unos 30 segundos. Rubio dijo dos cosas: que la economía debe seguir recuperándose tras «25 o 30 años de corrupción», y que Washington está «realmente centrado» en una transición democrática. «Estamos trabajando muy duro con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para elecciones libres y justas lo antes posible», afirmó, según la transcripción del Departamento de Estado.

Contexto: cómo cambió el discurso en Fox

Rubio ha usado el mismo programa para marcar las etapas de su plan. El 30 de marzo describió las tres fases, estabilización, recuperación y transición, y ubicó al país en la segunda. El 13 de mayo destacó que el dinero del petróleo va a una cuenta en Nueva York auditada por KPMG y paga salarios públicos. Esta vez puso el acento en la tercera fase, la transición, y le dio por primera vez un interlocutor con nombre.

Análisis: lo que dijo y lo que no

• Nombró a la AN de 2015. Es la institución que encabeza Dinorah Figuera y que negocia con el gobierno encargado en la mesa de Caracas. Washington la trajo a la negociación en junio; ahora la presenta en público como su socia para el proceso electoral.
• No mencionó a Machado. El mismo lunes, el negociador Jorge Millán aseguró que Figuera habla con ella «desde el primer día», y la vocera de Vente reconoció resultados de la mesa. Rubio no la nombró.
• No dio fecha. «Lo antes posible» convive con lo que fuentes de la Casa Blanca dijeron a Axios tras la reunión de Trump y Delcy Rodríguez del 22 de septiembre: 2028 como año preferible, 2027 solo si avanza la reestructuración de la deuda.

Criterio: la frase fija a quién mira Washington

Para el votante venezolano, dentro y fuera del país, la frase tiene una consecuencia práctica: el canal por el que EE.UU. piensa llegar a unas elecciones es la mesa donde se sienta la AN de 2015, no la organización de Machado. Eso da peso al tercer ciclo de la mesa, previsto para mediados de octubre y dedicado a garantías políticas. Y deja una pregunta que Rubio no respondió: qué lugar tendrá en ese proceso la dirigente que ganó las primarias de 2023 y que sigue sin poder regresar.

También dijo

Sobre Cuba, que el país «ya cayó» y es un Estado fallido, y que quienes esperan a que termine esta administración sin hacer cambios «aprenderán la lección por las malas». Sobre migración, repitió su fórmula: «No estoy en contra de la lluvia; estoy en contra de la inundación».

Fuentes principales: Departamento de Estado, transcripción de la entrevista con Sean Hannity, 28 de septiembre de 2026; Departamento de Estado, transcripciones del 30 de marzo y el 13 de mayo de 2026; Europa Press vía Infobae, 29 de septiembre de 2026; Axios, septiembre de 2026.

POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · ELECCIONES

Trump condicionó un «dividendo» de 5.000 dólares por adulto a que los republicanos conserven las dos cámaras. Las encuestas de septiembre favorecen a los demócratas, el pago requiere una ley y costaría más de un billón de dólares.

El 9 de septiembre de 2026, en la inusual convención republicana de medio mandato celebrada en Dallas, Donald Trump prometió un «Dividendo Trump»: 5.000 dólares para cada adulto si su partido conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado el 3 de noviembre. Dijo que el dinero saldría de lo que el país recauda con los aranceles.

Contexto: la promesa que depende de un resultado

Las encuestas de septiembre no favorecen ese resultado. A mediados de mes, la encuesta genérica de The New York Times y Siena daba ocho puntos de ventaja a los demócratas. El agregador Decision Desk HQ proyectaba una victoria demócrata en la Cámara y un empate técnico en el Senado. Entre los votantes hispanos, la aprobación de Trump se ubicaba en 26%, y una encuesta de Hart Research para TelevisaUnivision en 17 distritos competitivos daba a los candidatos demócratas 58% frente a 35%.

Análisis: tres problemas del cheque

• Necesita una ley. El presidente no puede enviar ese dinero sin aprobación del Congreso, según explicó el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
• Costaría más de un billón de dólares, con un déficit anual cercano a 1,8 billones. Por eso lo cuestionaron también republicanos como el representante Chip Roy.
• Tiene antecedentes que no se cumplieron: el «dividendo» prometido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y los cheques de 2.000 dólares por aranceles que Trump planteó a comienzos de año.

Los demócratas, con Chuck Schumer a la cabeza, lo calificaron de intento de comprar votos.

Criterio: no contar con ese dinero

Para un hogar hispano, la lectura práctica es simple: no conviene hacer planes con un pago que depende de un resultado incierto, de una ley que no existe y de un presupuesto que no lo contempla. Lo que sí está en juego el 3 de noviembre es quién controlará las decisiones que afectan directamente a esos hogares: los aranceles que encarecen lo que compran, la política migratoria y el presupuesto federal.

Fuentes principales: Telemundo y CNN en Español, 9 y 10 de septiembre de 2026; Metro Puerto Rico (EFE), 10 de septiembre de 2026; MundoNow, 12 de septiembre de 2026; La Silla Rota (con datos de The New York Times, Hart Research y TelevisaUnivision), 23 de septiembre de 2026.