Dos contabilidades que no coinciden

Desde el 8 de enero, cuando el gobierno de transición anunció que comenzaría a excarcelar detenidos por razones políticas, dos contabilidades corren en paralelo y rara vez coinciden. La oficial tiende a los números altos: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llegó a anunciar la liberación de unas 300 personas, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que se alcanzarían 500 excarcelaciones en breve. La independiente, que lleva el Foro Penal, verifica cifras más modestas y exige nombres.

El contraste se vio con claridad en distintos momentos del proceso. Cuando el Estado habló de 116 excarcelaciones «en las últimas horas», las ONG solo habían podido confirmar una fracción de esa cifra. El Foro Penal llegó a desmentir versiones que hablaban de más de 50 liberaciones en una jornada, precisando que solo había verificado 15. La diferencia no es un detalle estadístico: es la distancia entre el anuncio y la comprobación.

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Lo que sí está verificado

Conviene atenerse a lo confirmado. Según el Foro Penal, desde el 8 de enero y hasta mediados de junio se excarcelaron 894 presos políticos, una cifra significativa que la organización reconoce como un avance real. Pero el mismo Foro Penal advierte que el proceso no redujo de manera proporcional el total: a comienzos de junio seguía contando alrededor de 400 presos políticos, de los cuales varias decenas tienen doble nacionalidad.

Es decir, hubo liberaciones masivas y, al mismo tiempo, siguen quedando cientos de personas presas. Las dos cosas son ciertas a la vez. Por eso el proceso genera, en palabras de las propias organizaciones, «expectativas y cuestionamientos»: avanza, pero no termina, y avanza sin la transparencia que permitiría medir cuánto falta.

La transparencia como cuenta pendiente

El nudo del problema es la opacidad. El gobierno anuncia cifras globales pero no siempre publica las listas con los nombres de los excarcelados, lo que impide a las organizaciones verificar caso por caso y a las familias saber si su ser querido está en la lista. Esa falta de información alimenta la desconfianza y convierte cada anuncio en una incógnita: ¿quiénes salieron exactamente? ¿bajo qué condiciones? ¿quedaron en libertad plena o con medidas?

A esta semana, el contexto internacional sumó presión. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió una declaración sobre la ampliación del espacio democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela, e instó a la liberación de los presos políticos en la región. La exigencia de transparencia ya no es solo de las ONG locales: es parte de la conversación hemisférica sobre la transición venezolana.

Por qué importa para el lector hispano

Para el venezolano en la diáspora, este baile de cifras tiene una lectura directa. Cada número que no se puede verificar es una familia que no sabe. Detrás de la diferencia entre los 500 que promete el gobierno y los que confirma el Foro Penal hay personas concretas, con nombre, que siguen presas o cuya situación nadie puede precisar. La estadística, aquí, es profundamente humana.

Y hay una lección sobre el carácter de la transición. Un proceso que libera presos pero no publica los nombres, que anuncia cifras que no se pueden comprobar, revela cómo entiende la rendición de cuentas. Mientras las excarcelaciones se midan en anuncios y no en listas verificables, la pregunta sobre cuántos siguen presos —y por qué— seguirá sin respuesta clara. Y esa, en una transición que se dice democrática, no es una cuenta menor.