Política
Caleca: «Este plan por fases choca con las necesidades urgentes de la gente»
Andrés Caleca, expresidente del CNE, analiza la transición: sin acuerdo político no hay elecciones, y la oposición sigue fuera de la mesa donde se decide el futuro.
ENTREVISTA · DOMINICAL INCÍSOS
El dirigente del Movimiento por Venezuela sostiene que la recuperación de la República exige un gran acuerdo nacional que involucre a todos los sectores. Ese entendimiento, dice, es la condición indispensable para abrir un camino electoral creíble y sostenible.
Por Sofía C. Torres especial para INCISOS
La estrategia propuesta por los Estados Unidos para Venezuela, que contempla tres fases —estabilización, recuperación económica y transición—, se inserta en un proceso gradual que choca con las necesidades más urgentes de la gente y plantea una pregunta clave: ¿cómo manejar políticamente ese proceso sin ponerlo en riesgo y sin que derive en algo similar, o peor, a la situación previa al 3 de enero de 2026?
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Esa es la interrogante que se plantea Andrés Caleca, economista, dirigente político del Movimiento por Venezuela (MPV) y excandidato a la elección primaria de 2023. También ofrece una respuesta: la incorporación de la oposición a la negociación que, en todos los ámbitos, se ha llevado adelante entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez, en medio de un estancamiento aparente.
Caleca destaca que, para celebrar unas elecciones —independientemente de los aspectos políticos y técnicos que conllevan los mínimos requisitos de legitimidad y legalidad—, lo primero que se necesita es un acuerdo político. Y en este momento lo que sucede, dice, es que se está «poniendo la carreta delante de los caballos».
A cinco meses del 3 de enero, ¿cómo describes el panorama político actual de Venezuela?
A partir del 3 de enero se abrieron grandes expectativas en la población sobre una mejora sustancial en los niveles de vida, que es el mayor problema del pueblo venezolano. Aunque, por supuesto, el interés en que se celebren elecciones y se pueda caminar hacia la democratización sigue siendo una aspiración importante.
La estrategia de Washington, que ha explicado claramente el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus comparecencias ante el Senado, responde a un proceso gradual, y no podía ser de otra manera dado el nivel de destrucción del país.
La recuperación económica no será inmediata y, en consecuencia, esa gradualidad choca con las necesidades urgentes de la gente. Pensemos nada más en lo que significa, por ejemplo, la recuperación del sistema eléctrico venezolano: tardará meses y, en algunos casos, años.
Esa es una realidad que tenemos que manejar políticamente y que puede poner en peligro la estrategia que se han planteado los Estados Unidos. Pone en peligro la estabilización, la recuperación económica y, por tanto, la transición eventual hacia un régimen democrático, que pasa, por supuesto, por unas elecciones. El tema fundamental del momento político venezolano es cómo no descarrilar este proceso, que todavía no es una transición hacia la democracia, pero que es indispensable ejecutar para llegar a ella.
Lo primero es que la oposición debe hacer todos los esfuerzos por insertarse en este proceso. Ha estado ausente en el diseño y en la ejecución de la estrategia de Washington. Evidentemente, hubo una negociación con sectores mayoritarios del régimen madurista, que cambió de rostro pero quedó intacto. En esa mesa de negociación la oposición no ha logrado sentarse, y cuando digo la oposición venezolana me refiero a su conjunto. Sin embargo, creo que, en medio de una situación tan difícil de estancamiento aparente, ha habido algunos avances; por eso hay que evitar que el proceso se descarrile y nos lleve al panorama previo al 3 de enero, o a algo peor.
El cambio de la legislación en materia de hidrocarburos, la aprobación de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y la modificación de instituciones como la Fiscalía General de la República, aunque insatisfactoria, son pasos. Siguen pendientes dos temas fundamentales desde el punto de vista institucional: el sistema judicial y el Banco Central de Venezuela. Nosotros, en el Movimiento por Venezuela, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia e introdujimos un recurso de amparo exigiendo la intervención de la directiva del BCV y la designación de otra, independiente y capaz de controlar la debacle económica de Venezuela. Este recurso fue admitido por el TSJ y está en proceso de revisión. Veremos qué ocurre.
El tema ignorado: las Fuerzas Armadas
Caleca define el tema militar como un asunto opaco para la opinión pública, al tiempo que asegura que en las Fuerzas Armadas están sucediendo situaciones complejas y significativas. Y la oposición venezolana, precisa, no solo no participa de ninguna manera, sino que no está ni siquiera informada.
El también economista apunta que la presencia del jefe del Comando Sur y del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos en Venezuela, así como los cambios sustanciales en el alto mando militar nacional, reflejan movimientos importantes. «Y cuando digo muy importantes es porque ningún proceso de estabilización, ni de recuperación, ni mucho menos de transición a la democracia podrá ocurrir en Venezuela si no cuenta con el respaldo o, por lo menos, la inhibición de la Fuerza Armada». Dice que hay poca información, pero señales evidentes de que Estados Unidos está haciendo un trabajo de gran envergadura, de común acuerdo y en negociación con el régimen que preside Delcy Rodríguez.
¿Cómo se dota de fuerza la oposición venezolana para incidir en el proceso político actual?
Nosotros, desde el Movimiento por Venezuela, hemos presentado al país, en fecha tan temprana como el 26 de enero de 2026, una hoja de ruta que comienza con la exigencia del desmontaje de todo el sistema de leyes represivas que sigue vigente en el país, la libertad de los presos políticos y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central. Ello implica la inclusión de la oposición venezolana en las negociaciones, en sentido amplio: es decir, partidos y sociedad civil.
No tiene sentido que se proponga la modificación del Tribunal Supremo de Justicia y que en el proceso de selección, modificación, análisis y corrección de los terribles desaguisados que ocurren en el sistema judicial venezolano no participen no solo los partidos de oposición, sino, sobre todo, las universidades y las academias, particularmente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
La sociedad civil democrática de Venezuela —la Iglesia, los gremios, los sindicatos, los empresarios— es imprescindible para llegar a una transición democrática exitosa y en paz.
Lamentablemente, después de más de 26 años de régimen chavista, la oposición tiene una debilidad estructural sumamente compleja. En un proceso como este, el fortalecimiento orgánico de los partidos, la relación e inserción con el resto de la sociedad y el liderazgo son las carencias más significativas. Su trabajo pasa por el fortalecimiento de sus partidos, pero también de sus organizaciones civiles.
Uno de los problemas que tenemos es que cualquier proceso de fortalecimiento y reorganización de sus estructuras es lento, y es una de las grandes desventajas de la transición política en Venezuela. Si analizamos los años finales de la transición —de lo que algunos historiadores llaman la época de los andinos en el poder— hacia la república civil, el proceso fue rápido: desde que se produjo la fuga de Pérez Jiménez, en poco menos de un año se hicieron elecciones democráticas, libres, de participación general. Ese gran avance fue posible gracias al peso político organizado y, sobre todo, moral de los partidos políticos. La caída de Pérez Jiménez no produce un vacío: existía Acción Democrática, con toda la carga heroica de haber resistido la dictadura; Copei; el Partido Comunista, arraigado en las grandes ciudades; y URD. Un tejido político capaz del recambio.
La administración norteamericana deja a Delcy y al régimen porque la oposición venezolana no tiene la capacidad de garantizar la fase de estabilidad, vinculada con la paz, el fortalecimiento de las instituciones y el manejo de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, debe haber una reorganización de los partidos y del resto de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la próxima fase y en una transición democrática exitosa.
Sobre el Manifiesto de Panamá: ¿el MPV suscribe algunos aspectos? ¿En qué difiere?
Con respecto al llamado Manifiesto de Panamá —reunión a la que no fuimos invitados ni yo ni el MPV—, coincidimos en algunos puntos y en otros no tanto. Coincidimos en el propio gesto unitario y en el señalamiento expreso del manifiesto de que Venezuela requiere un gran acuerdo nacional. Por cierto, ese fue el centro de mi campaña electoral para la elección primaria de 2023, como candidato independiente con el respaldo del Movimiento por Venezuela. Nuestra propuesta era la gran coalición nacional para el cambio, y señalábamos que el camino para la redemocratización y, más importante, para la recuperación de la república destruida, pasa por un gran acuerdo que incluya a todo el país.
La unidad opositora no es solo la unidad de todos sus partidos, sino de toda la sociedad democrática venezolana. Para que la transición se dé y se recupere la república, ese gran acuerdo tiene que incluir a todos, también a los chavistas. Ese es el concepto que fue incorporado, por primera vez, por algunos de los asistentes a la reunión de Panamá; en eso coincidimos.
El Manifiesto de Panamá, más bien, coincide con muchos aspectos planteados por nosotros previamente, el 26 de enero, ante el país en general y ante la administración de los Estados Unidos y la señora Delcy. La estabilización y la recuperación económica son necesarias, pero este proceso debe terminar en unas elecciones libres. Recalcamos que las elecciones libres serán posibles luego de una reconciliación nacional, que permitirá una reconciliación intraopositora y entre todos. En términos generales, saludamos cualquier reunión unitaria, no solo de partidos. Nosotros nos hemos reunido con expresiones claras de la sociedad democrática: academias, universidades, sindicatos; estamos presentes como movimiento en las luchas de todo el pueblo venezolano en sus distintas reivindicaciones.
¿El MPV ha tenido algún acercamiento con la PUD?
Nos hemos reunido con algunas de las direcciones políticas de varios partidos miembros de la PUD. No hemos tenido acercamiento con la Plataforma Unitaria como tal; no lo ha planteado ella ni lo hemos hecho nosotros tampoco.
Las elecciones están en la conversación cotidiana del ciudadano. ¿Cuál es la ruta para llegar a ellas? ¿Son viables unas elecciones en Venezuela en el corto plazo?
Sí, efectivamente, el tema electoral está en la conversación de todos los venezolanos. Así lo reflejan incluso las encuestas, y así lo percibimos nosotros cuando nos movemos en el interior del país y al interior de las grandes ciudades, al hablar con la gente. ¿Qué se necesita para que haya elecciones? Lo primero, un acuerdo político, porque aquí estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Yo, como expresidente del Consejo Nacional Electoral, te puedo decir claramente cuáles son todos los aspectos políticos y técnicos que deben garantizarse para que una elección cumpla con los mínimos requisitos de legitimidad y legalidad; pero, independientemente de eso, debe haber voluntad política para convocar un proceso electoral, y eso es lo que falta en el escenario venezolano. Ese escenario está cooptado y dirigido por dos factores, la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez, que tiene el control político, institucional y territorial del país. Ninguno tiene planteada, en este momento, la realización de elecciones.
Si fuese por el régimen, no habría elecciones por mucho tiempo, quizás hasta 2030. Y, por lo que hemos visto y han dicho los propios voceros de la administración de Trump, un proceso electoral debe venir después de que el país se estabilice y se recupere económicamente; están pensando en el año 2028.
Mientras la oposición venezolana no esté sentada en la mesa de negociaciones —una mesa que hasta ahora es de dos—, el tema de las elecciones no es prioritario. El tema prioritario es la estabilización y la recuperación económica.
Por cierto, todos los requerimientos políticos y técnicos para una elección que efectivamente contribuya a la transición requieren bastante tiempo de ejecución. De manera que no está tan lejos la visión de la administración de los Estados Unidos de la que yo pueda tener en este asunto.
Luego de un acuerdo político para convocar las elecciones, tiene que seguir la designación de un Consejo Nacional Electoral absolutamente confiable para todos, y de una Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que reúna las mismas características. A partir de allí, el proceso es bastante difícil y complejo.
Una elección apresurada y de baja calidad se puede hacer en cuatro meses, pero no va a contribuir a la solución del nudo venezolano, porque se requiere todo el cuerpo legislativo y reglamentario que rodea el proceso electoral: las modificaciones del ecosistema, el levantamiento de la censura, el fin de la prohibición de partidos, la eliminación de tarjetas, la inhabilitación de dirigentes, pasando por el registro electoral, la revisión de los softwares de automatización y la revisión profunda de la burocracia electoral, que ha sido cooptada plena y absolutamente por el PSUV. Y esos no son procesos de ejecución fácil, ni inmediata, ni rápida.
¿Cuál es el mensaje del MPV en su recorrido casa por casa?
Nuestro objetivo como partido es recuperar la democracia; más que eso, la república: una en la que podamos vivir y convivir todos. Nuestro mensaje, en cada reunión y en cada visita, es de resiliencia, de resistencia democrática: cómo organizarnos y funcionar, cómo prepararnos no solo para luchar y conseguir la transición democrática pacífica, sino para el día después; cómo ser republicanos, demócratas de nuevo, para incidir en la marcha del país. Eso requiere que cada uno de nosotros se plantee que la democracia es un proceso que involucra a todos. Nuestra gira tiene un objetivo fundamental: oír a los ciudadanos, porque los problemas, en general, son más o menos los mismos, pero en cada localidad y región hay problemas particulares. Es importante para nosotros conocer a fondo esa problemática social: cómo participamos en la lucha por las múltiples reivindicaciones de distintos sectores geográficos y económicos para concatenarlas y convertirlas en un hecho político transformador que permita el renacer de la república.
Fuentes principales: Entrevista concedida a INCÍSOS por Andrés Caleca, dirigente del Movimiento por Venezuela y expresidente del CNE (junio de 2026).
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La doble nacionalidad enfrenta a dos países y a un mismo dilema
En Colombia cuestionan al favorito por su ciudadanía estadounidense; en EE.UU. un senador quiere prohibir la doble nacionalidad. El mismo dilema sobre la lealtad, en dos países.
De la Espriella aspira a la presidencia de Colombia con tres nacionalidades. Un senador de Ohio quiere prohibir la doble ciudadanía en EE.UU. Dos caras del mismo debate sobre la lealtad, las fronteras y a quién pertenece un ciudadano.
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|---|---|
| Qué | La doble nacionalidad genera debate jurídico en Colombia y en EE.UU. a la vez. |
| Quién | El candidato Abelardo de la Espriella y el senador Bernie Moreno, entre otros. |
| Cuándo | En la coyuntura de junio de 2026. |
| Dónde | En Colombia, de cara al balotaje, y en EE.UU., en el Senado. |
| Por qué | Ambos casos giran en torno a la lealtad de un ciudadano con dos países. |
| Cómo | Mediante una controversia electoral en Colombia y un proyecto de ley en EE.UU. |
Hay debates que estallan en dos países a la vez, como si el mismo dilema buscara expresarse en distintos idiomas. La doble nacionalidad es uno de ellos. En Colombia, el favorito a la presidencia es cuestionado por tener pasaporte estadounidense. En Estados Unidos, un senador quiere prohibir que los ciudadanos tengan cualquier otra nacionalidad. Son las dos caras de una misma moneda, y juntas dicen mucho sobre la época.
El caso colombiano
Abelardo de la Espriella, que llega como favorito al balotaje del 21 de junio, tiene tres nacionalidades: colombiana por nacimiento, italiana por ascendencia familiar y estadounidense, adquirida por naturalización en febrero de 2023. Días antes de la elección, un grupo de exmagistrados y juristas cuestionó si esa ciudadanía estadounidense le impediría ejercer la presidencia, y un ciudadano interpuso una demanda de nulidad de su inscripción.
El argumento de los críticos no es la doble nacionalidad en sí, sino el juramento de lealtad —el «oath of allegiance»— que De la Espriella prestó al naturalizarse estadounidense. Sostienen que ese compromiso con otro Estado es incompatible con las obligaciones de un jefe de Estado colombiano.
Lo que dice la ley colombiana
La respuesta jurídica, sin embargo, se ha inclinado mayoritariamente a favor del candidato. El artículo 191 de la Constitución colombiana es escueto: para ser presidente se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. No exige una nacionalidad única ni la renuncia a otras.
Constitucionalistas como Mauricio Gaona y Ramiro Bejarano coincidieron en que la doble nacionalidad no genera, por sí sola, una inhabilidad para la presidencia, y que el juramento estadounidense no crea un impedimento constitucional en Colombia. La discusión, según los expertos, no anularía automáticamente una eventual victoria, aunque sí podría derivar en demandas de nulidad ante el Consejo de Estado que prolongarían el debate. El foco, en suma, se desplazó: de la elegibilidad del candidato a la eventual judicialización de su mandato.
El espejo estadounidense
Mientras Colombia debate si castiga la doble nacionalidad, en Estados Unidos un senador quiere prohibirla del todo. Y aquí aparece una de las ironías más reveladoras de la coyuntura. El senador republicano por Ohio Bernie Moreno —él mismo nacido en Colombia, aunque renunció a su nacionalidad colombiana— presentó el «Exclusive Citizenship Act», un proyecto que establecería que los ciudadanos estadounidenses deben tener «lealtad única y exclusiva» a Estados Unidos.
La propuesta obligaría a los millones de estadounidenses con doble nacionalidad a elegir: renunciar a su ciudadanía extranjera en el plazo de un año o perder la estadounidense. Quien adquiriera otra nacionalidad en el futuro perdería automáticamente la de Estados Unidos. El argumento de Moreno es idéntico al de los críticos de De la Espriella: la doble ciudadanía crea «conflictos de interés y lealtades divididas».
El mismo dilema, dos respuestas
Vistos juntos, los dos casos iluminan el fondo del asunto. La pregunta es la misma: ¿puede una persona ser leal a dos países a la vez? En Colombia, la respuesta jurídica mayoritaria es que sí, que la doble nacionalidad es compatible con la ciudadanía plena. En la propuesta de Moreno, la respuesta es que no, que la lealtad debe ser exclusiva.
El proyecto de Moreno, conviene decirlo, enfrenta serios obstáculos. Juristas lo consideran de dudosa constitucionalidad: la Decimocuarta Enmienda y un fallo de la Corte Suprema de 1967 establecen que un ciudadano estadounidense no pierde su ciudadanía a menos que renuncie a ella voluntariamente. Y las encuestas muestran que solo un tercio de los estadounidenses apoya eliminar la doble nacionalidad. Pero su sola presentación marca un clima.
Por qué importa para la comunidad hispana
Aquí está lo que vuelve este debate tan relevante para los lectores. Millones de hispanos en Estados Unidos son, precisamente, doble nacionales: ciudadanos estadounidenses que conservan la nacionalidad de su país de origen. Para ellos, el dilema no es teórico. Una eventual prohibición como la que propone Moreno los obligaría a una elección dolorosa entre el país que los acogió y el que los vio nacer.
El debate toca, además, una fibra identitaria profunda. La doble nacionalidad no es para la mayoría una «lealtad dividida», sino una identidad doble: la posibilidad de pertenecer a dos mundos sin renunciar a ninguno. Que en Colombia se cuestione a un candidato por ello y que en Estados Unidos se quiera prohibir refleja una corriente de época que mira con sospecha esa pertenencia múltiple.
Para una comunidad construida sobre la idea de tender puentes entre orígenes y destinos, el asunto no es menor. Cómo se resuelvan estos debates —en las cortes colombianas y en el Senado estadounidense— dirá mucho sobre el lugar que las sociedades reservan a quienes, como tantos hispanos, llevan más de una patria en el pasaporte y en el corazón.
Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría legal. Las normas sobre nacionalidad varían por país y caso.

Fuentes principales: Constitución Política de Colombia (artículo 191); conceptos jurídicos de Mauricio Gaona y Ramiro Bejarano; «Exclusive Citizenship Act» del senador Bernie Moreno y su sitio oficial; fallo Afroyim v. Rusk (1967); encuesta de YouGov sobre doble nacionalidad; reportes de Semana, Infobae, El Colombiano y The Hill.
Política
Curazao estudia eliminar la visa a venezolanos por la caída del turismo
El turismo venezolano hacia Curazao se desplomó 63%. La isla evalúa quitar el visado para reactivarlo. Un gesto que mezcla economía, cercanía y la «nueva Venezuela».
El turismo venezolano hacia Curazao se desplomó un 63% en un año. La isla evalúa eliminar el requisito de visado para recuperarlo. Detrás del gesto hay economía, cercanía histórica y un guiño a la «nueva Venezuela».
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|---|---|
| Qué | Curazao estudia eliminar el requisito de visado para los venezolanos. |
| Quién | El ministro de Desarrollo Económico de Curazao, Roderick Middelhof. |
| Cuándo | Anunciado en la semana del 15 de junio de 2026. |
| Dónde | En Curazao, con efecto sobre los viajeros venezolanos. |
| Por qué | El turismo venezolano hacia la isla cayó un 63% en un año. |
| Cómo | Mediante el restablecimiento de las condiciones migratorias previas a la restricción. |
A apenas unos 60 kilómetros de la costa venezolana, Curazao mira de nuevo hacia el continente. El gobierno de la isla caribeña evalúa eliminar el requisito de visado para los venezolanos, un gesto que tiene tanto de cálculo económico como de reconciliación con un vínculo histórico que las circunstancias habían roto.
El dato que explica el gesto
La razón es contundente y se mide en números. Según cifras de la Oficina de Turismo de Curazao difundidas por el vicepresidente de la Cámara de Comercio La Vela de Coro, Juan Gotopo, el turismo venezolano hacia la isla se desplomó un 63% en un año: de 10.025 pernoctaciones de venezolanos entre enero y mayo de 2025 a apenas 3.714 en el mismo período de 2026.
El ministro de Desarrollo Económico, Roderick Middelhof, fue directo sobre la intención: «Estamos evaluando eliminar el requisito de visado, porque, como saben, Venezuela tuvo un tiempo en que no se necesitaba visa para entrar. El objetivo es restablecer esa condición para atraer nuevamente el turismo desde Venezuela». La isla planea, además, crear desde 2027 un fondo específico para promocionarse en el mercado venezolano.
La doble barrera
Conviene entender por qué cayó tanto el turismo, porque la respuesta involucra a más de un actor. La contracción refleja el efecto acumulado de dos barreras. La primera, el propio visado que Curazao impuso durante la oleada migratoria venezolana. La segunda, las restricciones del Departamento de Estado de Estados Unidos al visado venezolano, que eliminaron el flujo de quienes usaban la isla como escala o como punto para renovar su visa estadounidense.
Es decir, la caída no se explica solo por decisiones de Curazao, sino también por la política migratoria de Washington. Levantar el visado isleño aliviaría una de esas barreras, pero no la otra. La recuperación plena del flujo dependería de factores que la isla no controla.
Un vínculo que va más allá del turismo
La relación entre Venezuela y Curazao trasciende lo turístico. El ministro lo reconoció al admitir que la isla depende en buena medida de las frutas y verduras provenientes de Venezuela, y al hablar de una «deuda histórica» con el país vecino. Durante décadas, el intercambio entre la costa venezolana y las islas ABC —Aruba, Bonaire y Curazao— fue natural y fluido, parte de la vida cotidiana del Caribe.
El gesto de Middelhof, con su referencia cariñosa a «la nueva Venezuela», se inscribe en el mismo clima regional que recorre esta edición: vecinos que, tras años de distancia, vuelven a tender puentes hacia Caracas. El turismo, como la energía, se convierte en lenguaje de reaproximación.
Lo que significa para la diáspora
Para los venezolanos, dentro y fuera del país, la noticia tiene un sabor particular. Curazao fue, durante años, un destino cercano y querido; recuperar el acceso sin visa sería devolver una posibilidad que la crisis había cerrado. Para la diáspora, es otra señal de que el aislamiento de Venezuela empieza a resquebrajarse.
Conviene, eso sí, mantener la medida: se trata de una evaluación, no de una decisión tomada, y su efecto real dependerá de barreras que exceden a la isla. Pero el solo hecho de que Curazao mire de nuevo hacia Venezuela con intención de abrir sus puertas dice algo sobre el momento que vive la región. Después de años en que las fronteras se cerraban, el gesto de querer reabrirlas —aunque sea por turismo— marca un cambio de ánimo que vale la pena registrar.
Esta nota tiene carácter informativo.

Fuentes principales: Declaraciones del ministro Roderick Middelhof en entrevista (15 de junio de 2026); cifras de la Oficina de Turismo de Curazao difundidas por Juan Gotopo; reportes de El Nacional, La Patilla, Aporrea y ALnavío.
Política
Colombia invierte en conectar su red eléctrica con Venezuela
Colombia anunció una inversión de unos 25 millones de dólares para la interconexión eléctrica con Venezuela. Un proyecto que venía gestándose y que no está libre de riesgos.
Bogotá anunció una inversión desde el departamento del Vichada para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela. El proyecto venía gestándose desde antes y enfrenta alertas por las sanciones estadounidenses.
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|---|---|
| Qué | Colombia anunció una inversión para la interconexión eléctrica con Venezuela. |
| Quién | El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, y ambos gobiernos. |
| Cuándo | El lunes 15 de junio de 2026. |
| Dónde | Desde Puerto Carreño, en el departamento fronterizo del Vichada. |
| Por qué | Busca fortalecer el servicio en la frontera e integrar las redes binacionales. |
| Cómo | Mediante una inversión de unos 89.000 millones de pesos (unos 25,7 millones de dólares). |
El mismo día en que Venezuela firmaba con General Electric, al otro lado de la frontera Colombia anunciaba su propia apuesta energética hacia Caracas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, formalizó desde el Vichada una inversión para avanzar en la interconexión eléctrica entre los dos países. La coincidencia de fechas no es casual: refleja un momento en que la energía se ha vuelto el lenguaje de la integración regional.
Qué se anunció
La inversión, de unos 89.000 millones de pesos colombianos —cerca de 25,7 millones de dólares—, se estructura desde Puerto Carreño, capital del Vichada, una zona fronteriza estratégica. Incluye la construcción de la Planta Solar El Merey, un proyecto de 5 megavatios que, según el gobierno colombiano, reducirá la dependencia de combustibles fósiles en la región y contribuirá a la interconexión con Venezuela.
Palma enmarcó el anuncio en una visión de integración: «El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela», afirmó, hablando de fortalecer la confiabilidad del servicio y «consolidar la hermandad entre nuestros pueblos».
Un proyecto que venía de antes
Conviene precisar algo que el entusiasmo del anuncio podría difuminar: esta interconexión no nace de la firma con GE ni de esta semana. Es el resultado de un proceso que se viene tejiendo desde hace más de un año. En abril de 2026, las entidades eléctricas de ambos países —el IPSE colombiano y Corpoelec— firmaron un acuerdo para reactivar la cooperación, saldando deudas acumuladas. Antes, en febrero, Palma ya se había reunido en Miraflores con Delcy Rodríguez para avanzar en una agenda de gas, energías limpias e interconexión.
La relación bilateral, además, se reconstruyó deliberadamente desde 2022, cuando Colombia restableció relaciones con Venezuela y reabrió la frontera. La interconexión de hoy es, por tanto, un capítulo de una historia más larga, no un efecto inmediato de los acuerdos recientes.
Las alertas que conviene no ignorar
El proyecto, sin embargo, no está libre de sombras, y esta cobertura no las pasa por alto. La principal es el riesgo de las sanciones: los acercamientos energéticos con Venezuela han generado alertas sobre posibles complicaciones con las sanciones de Estados Unidos a través de la OFAC. No es un temor abstracto: en el pasado, empresas del sector han rechazado acuerdos directos con Venezuela por riesgos legales y reputacionales.
A ello se suma el escepticismo sobre los costos y el beneficio real para las comunidades, y la pregunta de fondo sobre la confiabilidad de un socio cuyo propio sistema eléctrico atraviesa una crisis crónica. Integrarse con una red inestable conlleva sus propios riesgos técnicos.
La lectura regional
Para el lector hispano, el episodio ilustra una tendencia mayor: la reintegración de Venezuela en la región a través de la energía. Tras años de aislamiento, el país vuelve a tejer vínculos con sus vecinos, y la electricidad —junto con el petróleo y el gas— es el hilo con que se cose esa reintegración.
La pregunta, como en el caso de los acuerdos internos venezolanos, es bajo qué reglas y con qué garantías. La integración energética puede ser una fuente de desarrollo compartido o una apuesta arriesgada, según cómo se maneje. Que Colombia avance hacia Venezuela mientras Washington mantiene su propia presión sobre Caracas dibuja un tablero complejo, donde cada país calcula sus pasos. Para las comunidades fronterizas, que conocen de cerca el costo de la desconexión, la promesa de una red más confiable es, al menos, una esperanza concreta.
Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría financiera.
Fuentes principales: Anuncio del Ministerio de Minas y Energía de Colombia desde el Vichada (15 de junio de 2026); reportes de TalCual, El Colombiano, Efecto Cocuyo y El Universal; antecedentes del acuerdo IPSE-Corpoelec de abril de 2026.
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