Política
Caleca: «Este plan por fases choca con las necesidades urgentes de la gente»
Andrés Caleca, expresidente del CNE, analiza la transición: sin acuerdo político no hay elecciones, y la oposición sigue fuera de la mesa donde se decide el futuro.
ENTREVISTA · DOMINICAL INCÍSOS
El dirigente del Movimiento por Venezuela sostiene que la recuperación de la República exige un gran acuerdo nacional que involucre a todos los sectores. Ese entendimiento, dice, es la condición indispensable para abrir un camino electoral creíble y sostenible.
Por Sofía C. Torres especial para INCISOS
La estrategia propuesta por los Estados Unidos para Venezuela, que contempla tres fases —estabilización, recuperación económica y transición—, se inserta en un proceso gradual que choca con las necesidades más urgentes de la gente y plantea una pregunta clave: ¿cómo manejar políticamente ese proceso sin ponerlo en riesgo y sin que derive en algo similar, o peor, a la situación previa al 3 de enero de 2026?
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Esa es la interrogante que se plantea Andrés Caleca, economista, dirigente político del Movimiento por Venezuela (MPV) y excandidato a la elección primaria de 2023. También ofrece una respuesta: la incorporación de la oposición a la negociación que, en todos los ámbitos, se ha llevado adelante entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez, en medio de un estancamiento aparente.
Caleca destaca que, para celebrar unas elecciones —independientemente de los aspectos políticos y técnicos que conllevan los mínimos requisitos de legitimidad y legalidad—, lo primero que se necesita es un acuerdo político. Y en este momento lo que sucede, dice, es que se está «poniendo la carreta delante de los caballos».
A cinco meses del 3 de enero, ¿cómo describes el panorama político actual de Venezuela?
A partir del 3 de enero se abrieron grandes expectativas en la población sobre una mejora sustancial en los niveles de vida, que es el mayor problema del pueblo venezolano. Aunque, por supuesto, el interés en que se celebren elecciones y se pueda caminar hacia la democratización sigue siendo una aspiración importante.
La estrategia de Washington, que ha explicado claramente el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus comparecencias ante el Senado, responde a un proceso gradual, y no podía ser de otra manera dado el nivel de destrucción del país.
La recuperación económica no será inmediata y, en consecuencia, esa gradualidad choca con las necesidades urgentes de la gente. Pensemos nada más en lo que significa, por ejemplo, la recuperación del sistema eléctrico venezolano: tardará meses y, en algunos casos, años.
Esa es una realidad que tenemos que manejar políticamente y que puede poner en peligro la estrategia que se han planteado los Estados Unidos. Pone en peligro la estabilización, la recuperación económica y, por tanto, la transición eventual hacia un régimen democrático, que pasa, por supuesto, por unas elecciones. El tema fundamental del momento político venezolano es cómo no descarrilar este proceso, que todavía no es una transición hacia la democracia, pero que es indispensable ejecutar para llegar a ella.
Lo primero es que la oposición debe hacer todos los esfuerzos por insertarse en este proceso. Ha estado ausente en el diseño y en la ejecución de la estrategia de Washington. Evidentemente, hubo una negociación con sectores mayoritarios del régimen madurista, que cambió de rostro pero quedó intacto. En esa mesa de negociación la oposición no ha logrado sentarse, y cuando digo la oposición venezolana me refiero a su conjunto. Sin embargo, creo que, en medio de una situación tan difícil de estancamiento aparente, ha habido algunos avances; por eso hay que evitar que el proceso se descarrile y nos lleve al panorama previo al 3 de enero, o a algo peor.
El cambio de la legislación en materia de hidrocarburos, la aprobación de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional y la modificación de instituciones como la Fiscalía General de la República, aunque insatisfactoria, son pasos. Siguen pendientes dos temas fundamentales desde el punto de vista institucional: el sistema judicial y el Banco Central de Venezuela. Nosotros, en el Movimiento por Venezuela, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia e introdujimos un recurso de amparo exigiendo la intervención de la directiva del BCV y la designación de otra, independiente y capaz de controlar la debacle económica de Venezuela. Este recurso fue admitido por el TSJ y está en proceso de revisión. Veremos qué ocurre.
El tema ignorado: las Fuerzas Armadas
Caleca define el tema militar como un asunto opaco para la opinión pública, al tiempo que asegura que en las Fuerzas Armadas están sucediendo situaciones complejas y significativas. Y la oposición venezolana, precisa, no solo no participa de ninguna manera, sino que no está ni siquiera informada.
El también economista apunta que la presencia del jefe del Comando Sur y del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos en Venezuela, así como los cambios sustanciales en el alto mando militar nacional, reflejan movimientos importantes. «Y cuando digo muy importantes es porque ningún proceso de estabilización, ni de recuperación, ni mucho menos de transición a la democracia podrá ocurrir en Venezuela si no cuenta con el respaldo o, por lo menos, la inhibición de la Fuerza Armada». Dice que hay poca información, pero señales evidentes de que Estados Unidos está haciendo un trabajo de gran envergadura, de común acuerdo y en negociación con el régimen que preside Delcy Rodríguez.
¿Cómo se dota de fuerza la oposición venezolana para incidir en el proceso político actual?
Nosotros, desde el Movimiento por Venezuela, hemos presentado al país, en fecha tan temprana como el 26 de enero de 2026, una hoja de ruta que comienza con la exigencia del desmontaje de todo el sistema de leyes represivas que sigue vigente en el país, la libertad de los presos políticos y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central. Ello implica la inclusión de la oposición venezolana en las negociaciones, en sentido amplio: es decir, partidos y sociedad civil.
No tiene sentido que se proponga la modificación del Tribunal Supremo de Justicia y que en el proceso de selección, modificación, análisis y corrección de los terribles desaguisados que ocurren en el sistema judicial venezolano no participen no solo los partidos de oposición, sino, sobre todo, las universidades y las academias, particularmente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
La sociedad civil democrática de Venezuela —la Iglesia, los gremios, los sindicatos, los empresarios— es imprescindible para llegar a una transición democrática exitosa y en paz.
Lamentablemente, después de más de 26 años de régimen chavista, la oposición tiene una debilidad estructural sumamente compleja. En un proceso como este, el fortalecimiento orgánico de los partidos, la relación e inserción con el resto de la sociedad y el liderazgo son las carencias más significativas. Su trabajo pasa por el fortalecimiento de sus partidos, pero también de sus organizaciones civiles.
Uno de los problemas que tenemos es que cualquier proceso de fortalecimiento y reorganización de sus estructuras es lento, y es una de las grandes desventajas de la transición política en Venezuela. Si analizamos los años finales de la transición —de lo que algunos historiadores llaman la época de los andinos en el poder— hacia la república civil, el proceso fue rápido: desde que se produjo la fuga de Pérez Jiménez, en poco menos de un año se hicieron elecciones democráticas, libres, de participación general. Ese gran avance fue posible gracias al peso político organizado y, sobre todo, moral de los partidos políticos. La caída de Pérez Jiménez no produce un vacío: existía Acción Democrática, con toda la carga heroica de haber resistido la dictadura; Copei; el Partido Comunista, arraigado en las grandes ciudades; y URD. Un tejido político capaz del recambio.
La administración norteamericana deja a Delcy y al régimen porque la oposición venezolana no tiene la capacidad de garantizar la fase de estabilidad, vinculada con la paz, el fortalecimiento de las instituciones y el manejo de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, debe haber una reorganización de los partidos y del resto de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la próxima fase y en una transición democrática exitosa.
Sobre el Manifiesto de Panamá: ¿el MPV suscribe algunos aspectos? ¿En qué difiere?
Con respecto al llamado Manifiesto de Panamá —reunión a la que no fuimos invitados ni yo ni el MPV—, coincidimos en algunos puntos y en otros no tanto. Coincidimos en el propio gesto unitario y en el señalamiento expreso del manifiesto de que Venezuela requiere un gran acuerdo nacional. Por cierto, ese fue el centro de mi campaña electoral para la elección primaria de 2023, como candidato independiente con el respaldo del Movimiento por Venezuela. Nuestra propuesta era la gran coalición nacional para el cambio, y señalábamos que el camino para la redemocratización y, más importante, para la recuperación de la república destruida, pasa por un gran acuerdo que incluya a todo el país.
La unidad opositora no es solo la unidad de todos sus partidos, sino de toda la sociedad democrática venezolana. Para que la transición se dé y se recupere la república, ese gran acuerdo tiene que incluir a todos, también a los chavistas. Ese es el concepto que fue incorporado, por primera vez, por algunos de los asistentes a la reunión de Panamá; en eso coincidimos.
El Manifiesto de Panamá, más bien, coincide con muchos aspectos planteados por nosotros previamente, el 26 de enero, ante el país en general y ante la administración de los Estados Unidos y la señora Delcy. La estabilización y la recuperación económica son necesarias, pero este proceso debe terminar en unas elecciones libres. Recalcamos que las elecciones libres serán posibles luego de una reconciliación nacional, que permitirá una reconciliación intraopositora y entre todos. En términos generales, saludamos cualquier reunión unitaria, no solo de partidos. Nosotros nos hemos reunido con expresiones claras de la sociedad democrática: academias, universidades, sindicatos; estamos presentes como movimiento en las luchas de todo el pueblo venezolano en sus distintas reivindicaciones.
¿El MPV ha tenido algún acercamiento con la PUD?
Nos hemos reunido con algunas de las direcciones políticas de varios partidos miembros de la PUD. No hemos tenido acercamiento con la Plataforma Unitaria como tal; no lo ha planteado ella ni lo hemos hecho nosotros tampoco.
Las elecciones están en la conversación cotidiana del ciudadano. ¿Cuál es la ruta para llegar a ellas? ¿Son viables unas elecciones en Venezuela en el corto plazo?
Sí, efectivamente, el tema electoral está en la conversación de todos los venezolanos. Así lo reflejan incluso las encuestas, y así lo percibimos nosotros cuando nos movemos en el interior del país y al interior de las grandes ciudades, al hablar con la gente. ¿Qué se necesita para que haya elecciones? Lo primero, un acuerdo político, porque aquí estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Yo, como expresidente del Consejo Nacional Electoral, te puedo decir claramente cuáles son todos los aspectos políticos y técnicos que deben garantizarse para que una elección cumpla con los mínimos requisitos de legitimidad y legalidad; pero, independientemente de eso, debe haber voluntad política para convocar un proceso electoral, y eso es lo que falta en el escenario venezolano. Ese escenario está cooptado y dirigido por dos factores, la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez, que tiene el control político, institucional y territorial del país. Ninguno tiene planteada, en este momento, la realización de elecciones.
Si fuese por el régimen, no habría elecciones por mucho tiempo, quizás hasta 2030. Y, por lo que hemos visto y han dicho los propios voceros de la administración de Trump, un proceso electoral debe venir después de que el país se estabilice y se recupere económicamente; están pensando en el año 2028.
Mientras la oposición venezolana no esté sentada en la mesa de negociaciones —una mesa que hasta ahora es de dos—, el tema de las elecciones no es prioritario. El tema prioritario es la estabilización y la recuperación económica.
Por cierto, todos los requerimientos políticos y técnicos para una elección que efectivamente contribuya a la transición requieren bastante tiempo de ejecución. De manera que no está tan lejos la visión de la administración de los Estados Unidos de la que yo pueda tener en este asunto.
Luego de un acuerdo político para convocar las elecciones, tiene que seguir la designación de un Consejo Nacional Electoral absolutamente confiable para todos, y de una Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que reúna las mismas características. A partir de allí, el proceso es bastante difícil y complejo.
Una elección apresurada y de baja calidad se puede hacer en cuatro meses, pero no va a contribuir a la solución del nudo venezolano, porque se requiere todo el cuerpo legislativo y reglamentario que rodea el proceso electoral: las modificaciones del ecosistema, el levantamiento de la censura, el fin de la prohibición de partidos, la eliminación de tarjetas, la inhabilitación de dirigentes, pasando por el registro electoral, la revisión de los softwares de automatización y la revisión profunda de la burocracia electoral, que ha sido cooptada plena y absolutamente por el PSUV. Y esos no son procesos de ejecución fácil, ni inmediata, ni rápida.
¿Cuál es el mensaje del MPV en su recorrido casa por casa?
Nuestro objetivo como partido es recuperar la democracia; más que eso, la república: una en la que podamos vivir y convivir todos. Nuestro mensaje, en cada reunión y en cada visita, es de resiliencia, de resistencia democrática: cómo organizarnos y funcionar, cómo prepararnos no solo para luchar y conseguir la transición democrática pacífica, sino para el día después; cómo ser republicanos, demócratas de nuevo, para incidir en la marcha del país. Eso requiere que cada uno de nosotros se plantee que la democracia es un proceso que involucra a todos. Nuestra gira tiene un objetivo fundamental: oír a los ciudadanos, porque los problemas, en general, son más o menos los mismos, pero en cada localidad y región hay problemas particulares. Es importante para nosotros conocer a fondo esa problemática social: cómo participamos en la lucha por las múltiples reivindicaciones de distintos sectores geográficos y económicos para concatenarlas y convertirlas en un hecho político transformador que permita el renacer de la república.
Fuentes principales: Entrevista concedida a INCÍSOS por Andrés Caleca, dirigente del Movimiento por Venezuela y expresidente del CNE (junio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
Una decisión vinculante fija que las condiciones en Venezuela cambiaron
No es la decisión de un juez. Es un precedente publicado que se aplica en todo el país y a todos los casos venezolanos pendientes.
El documento existe, está publicado y tiene número. Y dice menos de lo que muchos van a leer, pero lo que dice obliga a todos los jueces del país.
| Qué | La Junta de Apelaciones de Inmigración estableció como precedente que la salida de Maduro del poder constituye un cambio en las condiciones del país a efectos de evaluar el temor prospectivo de persecución. |
|---|---|
| Quién | Junta de Apelaciones de Inmigración, con un panel de tres jueces de apelación; el Departamento de Seguridad Nacional como apelante. |
| Cuándo | Decisión adoptada el 4 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Estados Unidos, con alcance nacional. |
| Por qué | El asilo exige un temor fundado de persecución, evaluado contra las condiciones del país en el momento de decidir. |
| Cómo | Mediante la anulación de una concesión de asilo y la devolución del expediente al juez para una nueva evaluación. |
Existe el documento, está publicado y tiene número: la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió el 4 de septiembre de 2026 un caso que fija criterio para todos los jueces de inmigración del país.
Esta casa reportó el 10 de septiembre, a partir del trabajo de un corresponsal, la existencia de una decisión que denegaba un asilo invocando el cambio de circunstancias en Venezuela. Entonces advertimos que no sabíamos si era un caso aislado o un criterio en aplicación.
Ya lo sabemos, y es más que un criterio: es precedente.
Qué establece
La decisión contiene dos determinaciones.
La primera. La salida de Maduro del poder y la subsiguiente transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones del país a los efectos de evaluar el temor prospectivo de persecución de un solicitante.
La segunda. El caso se devuelve al juez de inmigración porque no evaluó suficientemente el efecto de ese cambio sobre el riesgo particularizado de la solicitante.
Qué no dice, y es lo más importante
Aquí es donde conviene ir despacio, porque este documento va a circular resumido y va a asustar a mucha gente.
No deniega el asilo. Anula una concesión y devuelve el expediente para que el juez vuelva a evaluarlo.
No establece que los venezolanos hayan dejado de tener temor fundado. Establece que hubo un cambio y que ese cambio debe pesarse en cada caso.
Y no elimina el análisis individual: lo exige. La razón misma de la devolución es que el juez no examinó el riesgo particular de esa persona. Es decir, el precedente ordena hacer más análisis individual, no menos.
El razonamiento
La Junta se apoya en una línea de decisiones anterior y bastante consistente.
Sostiene que la evaluación del temor fundado mira hacia adelante, y que las condiciones existentes cuando alguien salió de su país no se consideran de forma aislada: los desarrollos posteriores pueden afectar si ese temor sigue siendo objetivamente razonable.
Y recuerda que un cambio en el control político o en el liderazgo de un país está entre los desarrollos que pueden incidir en esa evaluación. Cita como precedente un caso de 1992 en el que la Junta tomó nota administrativa de que el partido sandinista ya no controlaba el gobierno de Nicaragua, y otro de 1998 sobre la disminución de la influencia de Sendero Luminoso en Perú.
El otro asunto, que puede pesar más que el primero
La decisión aborda un segundo problema que conviene entender por separado, porque afecta a muchísima gente.
Existe un plazo de un año desde la llegada al país para presentar la solicitud de asilo. Hay excepciones, y una de ellas es precisamente el cambio de circunstancias.
La Junta subraya que su determinación sobre las condiciones del país no resuelve ese asunto del plazo, y precisa qué exige esa excepción: no basta con que existan cambios en el país del solicitante. Hay que establecer que esos cambios afectan materialmente su elegibilidad y que la solicitud se presentó dentro de un plazo razonable a la luz de esas circunstancias.
Dicho de otro modo: el cambio de condiciones puede jugar en las dos direcciones. Puede debilitar un temor prospectivo y puede, a la vez, servir para justificar una presentación tardía.
Las otras vías que la decisión menciona
Hay un elemento de la decisión que casi ninguna cobertura va a destacar y que es información útil.
La Junta indica que, si la solicitud de asilo resultara fuera de plazo, el juez debe entonces examinar dos protecciones distintas: la retención de remoción y la protección bajo la Convención contra la Tortura.
Son figuras separadas del asilo, con requisitos propios y con un estándar de prueba más exigente, pero existen y no están sujetas al plazo de un año.
Que la propia decisión las señale importa, porque significa que la puerta no se cierra en el mismo acto.
Qué significa para quien tiene un caso abierto
No somos abogados y esto no es asesoría legal. Lo que sí podemos decir es qué cambió en el terreno.
La evidencia genérica sobre el país pesa menos que antes. Si el criterio es que hubo un cambio, sostener un temor fundado exige mostrar por qué esa persona en concreto sigue en riesgo.
La evidencia particularizada pesa más. Amenazas dirigidas, denuncias, actuaciones concretas de autoridades contra esa persona o su familia, documentación de su actividad política.
Y la documentación de que la persecución continúa después del cambio de gobierno se vuelve central. Los registros independientes de detenciones por motivos políticos, que esta casa viene siguiendo, son exactamente ese tipo de material.
Quien tenga un caso en trámite debe revisarlo con un abogado de inmigración acreditado o con un representante de una organización reconocida por el Departamento de Justicia. No con un notario público, que en Estados Unidos no puede dar asesoría legal migratoria.
Lo que vamos a seguir
Cómo aplican los jueces este precedente en los próximos meses, que es donde se verá su alcance real.
Si aparecen decisiones que reconozcan riesgo particularizado pese al cambio de condiciones.
Y si el asunto del plazo de un año se convierte en el obstáculo principal, que es lo que sospechamos.
Le pedimos algo
Si usted es abogado de inmigración o trabaja en una organización acreditada y está viendo la aplicación de este criterio en casos concretos, escríbanos. Sin nombres ni datos de ningún solicitante.
Lo que necesitamos saber es cómo se está aplicando en la práctica, que es algo que ningún documento publicado revela.
Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es individual.
Fuentes principales: Decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, adoptada el 4 de septiembre de 2026 y publicada como decisión interina en el volumen 30 de sus decisiones administrativas. Cobertura previa de este medio del 10 de septiembre de 2026 sobre un caso reportado por un corresponsal en Washington.
Política
Dos angustias que se dan ánimo y no se dicen la verdad
Allá no cambió el apagón ni la cifra de presos. Aquí ese mismo hecho ya es un criterio jurídico. Y en el medio, una llamada de domingo donde nadie dice cómo está.
Están separados por dos mil kilómetros y sostienen la misma conversación: el que está peor consuela al otro, y ninguno de los dos dice cuánto le está costando.
| Qué | Dos poblaciones separadas por la migración atraviesan crisis distintas que se refuerzan entre sí, y un mismo hecho político produce en cada una efectos opuestos. |
|---|---|
| Quién | Familias venezolanas divididas entre el país y Estados Unidos. |
| Cuándo | Desde el 3 de enero de 2026, con aceleración en agosto y septiembre. |
| Dónde | Venezuela y Estados Unidos. |
| Por qué | La normalización política se traduce en estabilidad declarada en un lado y en pérdida de protección en el otro. |
| Cómo | Mediante decisiones administrativas, judiciales y económicas adoptadas en cuestión de semanas. |
Hay una conversación que se repite todos los domingos en millones de casas, y que tiene siempre la misma estructura.
Uno de los dos lados pregunta cómo va todo. El otro responde que bien. Después invierten los papeles y la respuesta vuelve a ser la misma.
Los dos mienten, y los dos saben que el otro miente. Se llama cuidado, y es una forma de amor. También es una forma de soledad.
Lo que hay de un lado
En Venezuela, nueve de cada diez hogares sufren cortes eléctricos recurrentes, según la medición de condiciones de vida de 2025. Casi cuatro de cada diez los padecen a diario durante varias horas.
El doble terremoto del 24 de junio dejó más de 6.500 fallecidos. No existe un censo público de damnificados, así que nadie sabe cuántas familias siguen sin vivienda ni dónde están.
Hay 328 personas presas por motivos políticos según un registro, y al menos 400 según otro. Treinta y siete de ellas tienen patologías graves y, según la organización que las documenta, no reciben atención médica sostenida. Sus familias llevan más de doscientos treinta y cinco días en vigilia frente a los penales.
Más de doscientos sitios web permanecen bloqueados, entre ellos los de quienes verifican información.
Y encima de todo eso, la semana pasada se anunció un acuerdo que compromete diecisiete campos petroleros por plazos que van de veinticinco a cien años, cuyo texto nadie ha leído.
Lo que hay del otro
En Estados Unidos, cientos de miles de venezolanos perdieron el amparo temporal que les permitía trabajar sin miedo.
El 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció como criterio vinculante para todos los jueces del país que la salida de Maduro del poder constituye un cambio en las condiciones de Venezuela, a efectos de evaluar el temor de persecución de quien pide asilo.
Hay familias que llevan ocho, diez o doce años esperando una cita. Hay personas que solo tienen un permiso de trabajo provisional y lo confunden con un estatus, porque nadie les explicó la diferencia. Hay quien dejó de manejar. Hay quien renunció a un empleo para no exponerse en un semáforo.
Y en Springfield, a una hora de Columbus, un estudiante haitiano de veinte años murió el 31 de agosto. Su familia atribuyó parte de las razones a la humillación del dispositivo que le colocaron en el tobillo.
El cruce
Aquí está lo que convierte estas dos listas en una sola historia.
El mismo hecho que en Venezuela no cambió nada es, en Estados Unidos, la prueba de que todo cambió.
La salida de Maduro del poder no devolvió la luz en Maracaibo, no redujo el número de presos políticos, no desbloqueó un solo sitio web ni construyó una casa para una familia damnificada. Nada de eso ocurrió.
Pero ese mismo hecho, leído desde un expediente en Estados Unidos, es ahora un cambio de condiciones que obliga a reevaluar si alguien tiene razones para temer.
No es una contradicción de nadie en particular. Es lo que pasa cuando un acontecimiento político se mide con dos varas que no se hablan entre sí: la de los hechos sobre el terreno y la de los criterios administrativos.
Y en el medio, exactamente en el medio, hay una familia partida en dos que el domingo se dice que todo va bien.
Por qué nadie dice cómo está de verdad
Hay una razón práctica, y es más dura que la sentimental.
Quien está en Venezuela no cuenta el apagón porque sabe que del otro lado no se puede hacer nada, y contarlo solo agrega preocupación a alguien que ya tiene la suya.
Quien está en Estados Unidos no cuenta que tiene una cita en la corte, ni que el permiso vence, ni que dejó de manejar, porque del otro lado dependen de la remesa que él manda, y si allá se enteran de que aquí la cosa está difícil, dejan de pedir lo que necesitan.
Los dos protegen al otro de la propia realidad. Y los dos terminan solos con la suya.
Eso no aparece en ninguna estadística. No hay una casilla que mida cuántas personas están agotadas de sostener una conversación que no pueden tener.
Lo que sí se sabe sobre esto
Que el humor funciona, y que eso no es un chiste. La capacidad de reírse de la desgracia propia es un mecanismo real y documentado de resistencia, y ha sostenido a este país entero durante años.
Que la fe funciona.
Y que ninguna de las dos cosas sustituye a dormir sin despertarse pensando en una fecha.
Hay un punto en que el humor deja de ser alivio y pasa a ser anestesia. Nadie lo anuncia cuando llega.
Lo que se está discutiendo mientras tanto
Conviene poner al lado lo que ocupa a quienes tienen autoridad para decidir.
Se discute si el comité de postulaciones se integra con once diputados o con doce representantes de la sociedad. Se discute si una concesión es de veinticinco o de cien años. Se discute si una excepción al plazo de un año se cumplió dentro de un período razonable. Se discute cuándo se designa un árbitro electoral, y si ese nombramiento se hace en noviembre o en enero.
Todas esas discusiones son legítimas y necesarias. Esta casa las ha cubierto una por una y va a seguir haciéndolo.
Pero hay algo que conviene decir en voz alta: en ninguna de esas discusiones aparece la palabra que la gente está esperando.
No se está discutiendo cuándo termina esto. Se está discutiendo cómo se administra mientras dure.
Y son dos cosas distintas. Un plazo describe un procedimiento. Una solución describe un final.
Lo que este medio puede hacer, y lo que no
No podemos resolverlo. Sería deshonesto sugerir lo contrario.
Lo que sí podemos hacer es nombrarlo, que es más de lo que parece. Mucha gente cree que es la única que está así, y eso agrava lo que ya carga.
Y podemos hacer otra cosa: dejar de tratar estas dos realidades como dos coberturas separadas. La sección internacional y la sección local, en el caso venezolano, son la misma familia.
Le pedimos algo
Este reportaje está construido con datos verificados y sin un solo testimonio, porque no los recogimos. Y esa ausencia se nota.
Escríbanos. Cuéntenos esa conversación de domingo: qué se dicen, qué se callan y por qué. No hace falta que dé su nombre ni el de nadie. No vamos a publicar datos que identifiquen a ninguna persona ni a su familia.
Con lo que llegue vamos a hacer una segunda entrega, que es la que de verdad importa: esta la escribimos nosotros, la siguiente la escriben ustedes.
Porque lo que no se cuenta no se mide, y lo que no se mide no se atiende.
Si usted o alguien cercano está atravesando una crisis emocional, existe atención gratuita y confidencial las veinticuatro horas. Marque 988 desde cualquier teléfono en Estados Unidos. Hay atención en español.
Fuentes principales: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025. Registros del Foro Penal y del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Mediciones de bloqueo de VE sin Filtro, IPYS Venezuela y Espacio Público. Decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del 4 de septiembre de 2026. Reportes sobre el fallecimiento ocurrido en Springfield el 31 de agosto de 2026. Cobertura propia de este medio entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre de 2026.
Política
Cuatro organizaciones unifican sus registros en un solo tablero
Frente a un Estado que dejó de publicar cifras, cuatro organizaciones deciden publicar las suyas juntas y con método declarado.
La iniciativa aparece en un momento preciso: el de las cifras que dejaron de actualizarse y los registros que no coinciden entre sí.
| Qué | Cuatro organizaciones no gubernamentales lanzaron un tablero que consolida sus monitoreos en una sola plataforma de consulta. |
|---|---|
| Quién | Justicia, Encuentro y Perdón; Acceso a la Justicia; el Observatorio Venezolano de Fake News; y el Observatorio de Universidades. |
| Cuándo | Jueves 10 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela, con acceso en línea. |
| Por qué | La ausencia de estadísticas oficiales impide contrastar cualquier afirmación pública sobre la situación del país. |
| Cómo | Mediante la consolidación de cuatro ejes de monitoreo en un tablero interactivo de actualización permanente. |
Cuatro organizaciones venezolanas de derechos humanos lanzaron el 10 de septiembre de 2026 una plataforma que reúne en un solo lugar los datos que cada una viene recogiendo por separado.
Se llama Pulso Venezuela y su lema resume el planteamiento: «medir para visibilizar, documentar para incidir».
Qué contiene
El tablero organiza la información en cuatro ejes, cada uno a cargo de la organización que lo documenta.
Represión y libertad, que reúne cifras sobre detenciones arbitrarias, prisión política, denuncias de tortura, violencia en contextos de protesta y seguimiento de excarcelaciones.
Estado de derecho y justicia, que evalúa el efecto de decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales sobre derechos, espacio cívico e institucionalidad.
Integridad informativa, que rastrea el ecosistema de desinformación, documenta patrones de censura y aplica verificación de datos.
Crisis universitaria, que registra las condiciones de la educación superior y la situación de profesores, estudiantes y trabajadores académicos.
Por qué aparece ahora
Conviene situar el lanzamiento, porque no ocurre en el vacío.
Esta semana quedó documentado que dos organizaciones serias reportan cifras distintas de personas detenidas por motivos políticos, con una diferencia de setenta y dos casos entre un registro y otro.
Quedó documentado también que el conteo oficial de víctimas del terremoto del 24 de junio lleva más de una semana sin actualizarse.
Y sigue vigente que decenas de portales informativos y de organizaciones de derechos humanos permanecen bloqueados en el país, incluidas las dos principales iniciativas venezolanas de verificación de datos.
En ese contexto, una plataforma que consolida registros y declara su metodología no es un anuncio institucional más. Es una respuesta técnica a una situación concreta.
La pregunta que decide su utilidad
Y aquí está lo que conviene preguntar antes de celebrar.
Consolidar cuatro monitoreos en un mismo tablero puede significar dos cosas muy distintas.
Puede ser agregación: poner en un mismo sitio cuatro conjuntos de datos que cada organización sigue produciendo con sus propios criterios. Es útil, ahorra búsquedas y facilita el trabajo de quien consulta.
O puede ser unificación metodológica: acordar criterios comunes de inclusión, verificación y corte, de modo que las cifras sean comparables entre sí y a lo largo del tiempo.
Lo segundo es mucho más difícil y mucho más valioso. Y sería, además, lo que permitiría resolver discrepancias como la que esta casa documentó esta semana entre dos registros de presos políticos.
El anuncio habla de unificar metodologías. Comprobar en qué sentido lo hace es la primera tarea de quien vaya a usar la plataforma con seriedad.
La segunda pregunta, que nadie está haciendo
Una herramienta creada para combatir la opacidad depende de que la gente pueda abrirla.
Los sitios de las organizaciones de derechos humanos y de los verificadores de datos están, en buena parte, bloqueados dentro de Venezuela. No hay razón para suponer que una plataforma de este tipo quede exenta.
Eso plantea una cuestión práctica que conviene resolver desde el diseño y no después: si existen versiones espejo, si los datos pueden descargarse en formatos abiertos, si hay una versión ligera para conexiones lentas y si el material puede circular por vías que no dependan de abrir una página.
Un tablero excelente al que no se puede entrar desde el país que documenta cumple la mitad de su función.
Para qué sirve a quien lee
Con independencia de esas dos preguntas, la utilidad inmediata es concreta.
Permite verificar una cifra antes de repetirla. Permite saber quién la produce y con qué criterio. Y permite comparar lo que una autoridad afirma con lo que un registro independiente sostiene.
Esta casa incorporará el tablero como referencia de consulta y citará sus datos con la fuente, la fecha de corte y el criterio de conteo, como corresponde a cualquier registro.
La plataforma es de acceso público en pulsovenezuela.org.
Fuentes principales: Anuncio de lanzamiento publicado por Justicia, Encuentro y Perdón el 10 de septiembre de 2026: https://www.jepvenezuela.com · Plataforma Pulso Venezuela: https://pulsovenezuela.org/
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