Política
Arria: «Quitarle la cabeza al sistema no es una transición»
Diego Arria, que presidió el Consejo de Seguridad de la ONU, habla del rescate del 3 de enero, del relevo que teme, de su finca expropiada y de la transición venezolana.
ENTREVISTA · DOMINICAL INCÍSOS
El diplomático que presidió el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo durante años que la crisis venezolana no tendría salida convencional. La operación del 3 de enero de 2026 le dio, dice, la razón en el método y en el diagnóstico. Desde entonces critica la apuesta de Washington por Delcy Rodríguez.
Por INCÍSOS · INCÍSOS · 14 de junio de 2026
§ I — La salida no convencional
Usted defendió por años que la salida en Venezuela no podía ser convencional, y fue muy criticado por ello. ¿La operación del 3 de enero le da la razón en el método, o solo en el diagnóstico de que lo convencional estaba agotado?
Me da la razón en ambos. Durante años sostuve que la crisis venezolana no tenía salida electoral ni negociada mientras los mismos actores que controlaban el fraude y la represión controlaran también las condiciones del juego. Fui muy criticado por eso, incluso por gente que hoy reconoce que tenía razón.
Lo que ocurrió el 3 de enero fue un rescate —llámelo como quiera, pero fue un rescate— y los rescates no se producen dentro de los marcos que el secuestrador ha diseñado para su propia impunidad. Lo convencional no solo estaba agotado: estaba cooptado. La operación del 3 de enero lo demostró de la manera más elocuente posible.
¿En qué momento dejó de creer que la oposición venezolana podía resolver la crisis con sus propios medios internos? ¿Hubo un punto de quiebre concreto?
Hubo varios, pero si tengo que señalar uno, diría que fue la destrucción sistemática de las instituciones bajo Chávez y la consolidación del control militar bajo Maduro. Cuando un régimen controla el árbitro electoral, el poder judicial, las fuerzas armadas y el acceso a los alimentos, no hay mecanismo interno que funcione.
La oposición venezolana tuvo momentos de coraje extraordinario —la movilización de 2019, las primarias— pero enfrentaba un sistema diseñado para sobrevivir cualquier desafío interno. Eso no era pesimismo. Era simple diagnóstico de la realidad.
¿Cuál es el costo de haber necesitado una potencia extranjera para destrabar el problema venezolano? ¿Qué le dice eso sobre el estado de la nación?
El costo es real y hay que calificarlo sin eufemismos: es una señal clarísima del grado de destrucción institucional que sufrió Venezuela en veinticinco años de chavismo. Un Estado con instituciones sólidas, con fuerzas armadas leales a la Constitución, con un poder judicial independiente, no necesita que nadie venga desde afuera a rescatarlo. Venezuela llegó a ese punto porque el régimen destruyó sistemáticamente todo lo que pudiera oponerle resistencia.
Dicho esto, no comparto la visión de quienes ven en la intervención externa una humillación. A veces el cuerpo necesita ayuda exterior para expulsar lo que ya no puede expulsar solo. Lo importante es lo que se construya después.
§ II — Delcy Rodríguez y la apuesta de Washington
Usted advirtió que mantener a Delcy Rodríguez es dejar vivo el sistema. Cinco meses después, ¿la evidencia confirma su temor o ha encontrado matices?
La evidencia confirma mi temor. Delcy Rodríguez no es un funcionario neutral que administra una transición. Es parte orgánica del sistema que destruyó a Venezuela. Que siga en posiciones de poder no es un matiz: es la continuidad del mismo aparato, de la narcotiranía con otro nombre en la cima.
Lo dije entonces y lo reitero ahora: quitarle la cabeza al sistema sin desmantelar el sistema no es una transición. Es un relevo. Y los relevos, en política, suelen ser más peligrosos que las continuidades explícitas, porque generan la ilusión del cambio mientras preservan la esencia del régimen. A esa realidad estamos hoy enfrentados.
«Quitarle la cabeza al sistema sin desmantelar el sistema no es una transición. Es un relevo.»
Trump llegó a decir que «Delcy ha hecho muy buen trabajo». Usted y Trump fueron socios en una etapa. ¿Cómo se lee, desde dentro de esa relación previa, la decisión de Washington de apostar por la continuidad chavista administrada?
Con preocupación y con cierta comprensión simultánea. Trump es un negociador transaccional. Para él lo que importa es el resultado inmediato: el petróleo, la migración, la estabilidad regional. Delcy le ofrece un interlocutor conocido, manejable, amenazado. Es más fácil lidiar con alguien que necesita tu protección que con alguien que tiene legitimidad propia y no te debe nada.
María Corina Machado, con noventa por ciento de apoyo popular, no necesita a Trump de la misma manera que Delcy. Eso la hace, paradójicamente, menos cómoda para Washington en el corto plazo. Conozco a Trump lo suficiente para entender esa lógica. No significa que comparta sus conclusiones.
Si la transición tutelada conserva a los cuadros del chavismo en sus posiciones, ¿estamos ante una transición o ante un relevo de fachada?
Sin duda ante un relevo de fachada. La línea que separa una cosa de la otra es clara: una transición genuina implica la transferencia real del poder a quienes tienen legitimidad democrática, el desmantelamiento de los mecanismos de control paralelo —el partido, los colectivos, las estructuras militares corruptas— y el inicio de procesos de justicia y reparación.
Si ninguna de esas tres cosas ocurre, lo que tenemos es un cambio de personal en la cima de una estructura que permanece intacta. Eso no es transición. Eso no es libertad ni democracia. Es solo maquillaje.
¿Qué debería exigir Estados Unidos como condición mínima para que su respaldo no se convierta en el aval de una restauración?
Tres cosas. Primero, elecciones libres con condiciones verificables —observación internacional real, no de adorno— en un plazo definido e irrevocable. Segundo, la libertad de todos los presos políticos y de los perseguidos, sin excepciones y sin canjes. Tercero, el inicio de un proceso de justicia transicional que no puede ser una amnistía encubierta para los principales responsables de crímenes de lesa humanidad.
Sin esas tres condiciones, cualquier respaldo norteamericano se convierte en coautoría de lo que viene después. Posiblemente post-Trump.
§ III — La Fórmula Arria, hoy
La Fórmula Arria nació en 1992 para que el poder formal escuchara a quienes no tenían silla en la mesa. ¿Quién está hoy sin silla en la mesa venezolana?
El pueblo venezolano. El que votó el 28 de julio. El que lleva veinticinco años siendo el objeto de las decisiones que otros toman sobre su destino. Hoy la mesa venezolana se negocia en Washington, en La Habana —todavía—, en Bogotá, en Madrid. Los venezolanos son convocados a validar acuerdos que no negociaron.
La Fórmula Arria nació exactamente para eso: para que quienes sufren las consecuencias de las decisiones del poder tengan al menos la posibilidad de ser escuchados antes de que esas decisiones se tomen. Ese principio no ha envejecido. Sigue siendo aplicado en el mundo.
¿Existe un mecanismo que permita a la sociedad civil y al liderazgo democrático venezolano incidir en decisiones que hoy se toman en Washington?
En este momento, no. La sociedad civil venezolana y el liderazgo democrático —con la excepción de algunos interlocutores que Washington ha elegido— están esencialmente excluidos de las negociaciones que definen su futuro. Eso es un problema grave.
Las transiciones que se hacen sin la participación de la sociedad civil tienden a reproducir las patologías del sistema que pretenden reemplazar. Venezuela necesita mecanismos de participación genuina, no consultas simbólicas. Construirlos debería ser una condición indispensable, no un adorno posterior.
¿Tiene Naciones Unidas algún papel real en el caso venezolano de 2026?
Ninguno sustantivo. Las Naciones Unidas hace años que perdieron relevancia operativa en Venezuela. El Consejo de Seguridad está bloqueado por las mismas contradicciones de siempre. La Alta Comisionada de Derechos Humanos ha documentado, con valentía, los crímenes del régimen, pero la documentación sin consecuencias solo rellena un archivo, no es una política.
Lo que está ocurriendo en Venezuela se decide en capitales nacionales, no en Nueva York. Eso me parece una tragedia institucional, pero es la realidad.
§ IV — La Carolina: el agricultor y el diplomático
En 2010, Chávez ordenó el asalto de su hacienda La Carolina y le dijo en cadena que para recuperarla tendría que tumbarlo. ¿Cómo procesa hoy aquel episodio?
Como las tres cosas simultáneamente: una herida personal, una causa y un símbolo. Una herida, porque La Carolina no era solo tierra. Era un proyecto de vida, décadas de trabajo, algo construido con las manos además de con las ideas. Una causa, porque lo que le hicieron a mi familia se lo hicieron a miles de venezolanos que no tenían mi visibilidad para denunciarlo.
Y un símbolo, porque la expropiación de La Carolina ilustra perfectamente la naturaleza del chavismo: un sistema que usa el Estado como instrumento de venganza personal y que destruye la producción por razones políticas sin importarle las consecuencias económicas para el país.
Chávez dijo que para recuperar mi finca tendría que tumbarlo. Él, todopoderoso, se la llevó. El sistema que construyó está siendo desmantelado —para mí, demasiado lento—. La Carolina sigue invadida. Eso dice algo sobre la distancia entre los gestos simbólicos y la justicia real.
«La Carolina sigue invadida. Eso dice algo sobre la distancia entre los gestos simbólicos y la justicia real.»
¿Qué le enseñó ser agricultor que la diplomacia no le había enseñado?
Que los procesos reales tienen tiempos que no se pueden acelerar con discursos. En la diplomacia uno puede forzar una resolución, presionar un voto, construir una mayoría en una noche. La tierra no funciona así. La tierra tiene sus propios ciclos, y si usted los ignora, pierde la cosecha sin importar lo inteligente que sea su estrategia. Eso me enseñó una cierta humildad que la vida diplomática no necesariamente cultiva.
También me enseñó algo sobre la productividad: un país que destruye su capacidad agrícola no está cometiendo solo un error económico. Está cometiendo un suicidio social. Venezuela lo hizo durante veinticinco años. Las consecuencias están a la vista.
¿Qué debe hacerse con las miles de propiedades y empresas expropiadas durante el chavismo?
Restitución donde sea posible. Compensación justa donde la restitución no sea viable. Y un proceso transparente, con criterios claros, supervisado por instancias independientes. No puede haber una reconstrucción institucional de Venezuela sin resolver el problema de las expropiaciones.
Es una cuestión de justicia, pero también de economía: ningún inversionista serio va a apostar por un país donde la propiedad privada puede ser arrebatada con impunidad y sin reparación. La seguridad jurídica no es un lujo. Es la condición mínima de cualquier economía que funcione.
§ V — Arria y María Corina Machado
En 2012 ambos compitieron en la primaria que ganó Capriles. Hoy Machado es la figura central de la oposición. ¿Cómo describiría su relación con ella en este momento?
Muy cordial. Tenemos una relación de respeto mutuo. María Corina es una mujer de coraje extraordinario. Lo que hizo durante los años más oscuros del régimen —sin protección real, en Venezuela, siendo perseguida— exige reconocimiento sin reservas. Para mí representa la verdadera esperanza de recuperar nuestra libertad, y por eso la admiro y la apoyo.
¿Siente que el liderazgo opositor llegó tarde a la conclusión de que la vía no convencional era necesaria?
Llegó tarde, sí. Pero entiendo por qué. Defender públicamente la vía no convencional tiene un costo político enorme en democracias que todavía pueden funcionar, y un costo personal enorme en dictaduras que persiguen a quienes lo dicen. Yo lo pude decir desde el exilio, con la distancia que eso permite. Quienes estaban en Venezuela jugaban con reglas distintas.
No es lo mismo decir ciertas cosas desde Miami o desde Madrid que decirlas en Caracas. Cada quien cumplió el papel que su circunstancia le permitía. Lo importante es que al final las conclusiones convergieron. Cuando yo decía esto en Venezuela, nadie me preguntó qué quería decir con eso.
§ VI — Los libros y la política que no cambia
Relea «Primero la gente», de 1978. ¿Qué diagnóstico sigue describiendo a la Venezuela de 2026?
La advertencia central del libro era que Venezuela tenía un Estado rico y una sociedad empobrecida, y que esa contradicción era políticamente explosiva. Que el petróleo había creado una clase política que distribuía renta en lugar de generar riqueza, y que eso producía una dependencia que tarde o temprano se volvería insostenible.
Cuarenta y ocho años después, eso no solo sigue siendo verdad: se convirtió en la partitura exacta del chavismo. Chávez no inventó nada. Llevó hasta sus consecuencias extremas patologías que ya estaban presentes en el sistema democrático anterior.
Eso significa que la reconstrucción no puede ser solo la restauración de lo que había antes del chavismo. Tiene que ser algo distinto. Para mí, la refundación de la república, para lo cual es indispensable convocar una asamblea constituyente, tal como lo propuse en 2012.
¿Qué advertencia de «La hora de la verdad» se cumplió y cuál preferiría haberse equivocado al hacer?
Se cumplió la advertencia de que el chavismo no caería por su propio fracaso económico. Los regímenes que controlan la distribución del miedo y del hambre sobreviven niveles de miseria que habrían derrocado a cualquier gobierno democrático.
En lo que me habría gustado equivocarme es en la velocidad: creí que la crisis llegaría antes, y que la respuesta internacional sería más rápida. Me equivoqué en el ritmo, no en la dirección.
¿Hay algo genuinamente nuevo en la naturaleza del poder en esta etapa?
Sí. La tecnología ha cambiado la naturaleza del control autoritario. Los regímenes del siglo XXI tienen herramientas de vigilancia, de manipulación de la información y de control de las comunicaciones que sus predecesores no tenían. Eso hace más difícil la organización interna de la resistencia y más fácil la represión selectiva.
Al mismo tiempo, la misma tecnología ha democratizado la denuncia: lo que antes tomaba semanas en llegar a la opinión pública internacional ahora tarda segundos. Esa tensión entre el control tecnológico y la transparencia tecnológica define, en buena medida, la política de nuestro tiempo.
§ VII — El día después
Si pudiera fijar una sola condición innegociable para que esta transición no termine traicionada, ¿cuál sería?
Justicia. No como venganza, sino como condición de futuro. Una transición que termina en impunidad no es una transición: es un acuerdo entre élites para repartirse lo que queda. Venezuela no puede reconstruirse sobre el olvido de lo que ocurrió.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación y a que quienes las victimizaron respondan ante la ley. Esa es la condición innegociable. Todo lo demás es negociable. Eso no.
«Justicia. No como venganza, sino como condición de futuro. Todo lo demás es negociable. Eso no.»
¿Qué le diría hoy a un venezolano de la diáspora que ha perdido la fe en que el regreso o la reconstrucción sean posibles?
Que entiendo su escepticismo y que tiene razones para tenerlo. Pero que Venezuela no es la primera nación en parecer irrecuperable y terminar recuperándose. He visto países destruidos por guerras civiles, por genocidios, por dictaduras que parecían eternas, y he visto cómo se reconstruyeron cuando las condiciones cambiaron y la voluntad colectiva encontró su cauce.
Venezuela tiene algo que muchos de esos países no tenían: una diáspora extraordinariamente capaz, comprometida y con memoria. Esa diáspora no es solo un síntoma de la tragedia. Es parte de la solución. El regreso, cuando sea posible, no será fácil. Pero será posible.
A los 87 años, con la mirada puesta en lo que viene: ¿qué le falta por hacer a Diego Arria?
Terminar el libro en el que trabajo ahora, que por ahora llamo «De Caracas al mundo». Es la primera vez que miro hacia el pasado. El mío. Comento también la historia de cómo el mundo decidió lo que decidió en los años noventa, cuando yo representaba a Venezuela en las Naciones Unidas, y por qué esas decisiones siguen teniendo consecuencias hoy.
Eso es lo que me falta: dejarlo escrito con la claridad y la honestidad que merece. El resto ya lo hice.
Quién es Diego Arria
Diego Arria (Caracas, 1938) fue gobernador del entonces Distrito Federal en los años setenta y representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas entre 1991 y 1993. Presidió el Consejo de Seguridad en marzo de 1992, donde impulsó el mecanismo informal de consulta que la diplomacia internacional conoce hoy como «Fórmula Arria». Candidato independiente a la presidencia en 1978 y aspirante en la primaria opositora de 2012. Denunció a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; en represalia, su hacienda La Carolina, en Yaracuy, fue expropiada en 2010. Es autor, entre otros títulos, de «Primero la gente» (1978) y «La hora de la verdad» (2012).
Fuentes principales: Entrevista escrita concedida a INCÍSOS por Diego Arria (junio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
Alfredo Yánez
9 libros que te cambian la perspectiva
Finanzas, emprendimiento, migración y más — disponibles en Amazon
VER LIBROS →
Política
Una decisión vinculante fija que las condiciones en Venezuela cambiaron
No es la decisión de un juez. Es un precedente publicado que se aplica en todo el país y a todos los casos venezolanos pendientes.
El documento existe, está publicado y tiene número. Y dice menos de lo que muchos van a leer, pero lo que dice obliga a todos los jueces del país.
| Qué | La Junta de Apelaciones de Inmigración estableció como precedente que la salida de Maduro del poder constituye un cambio en las condiciones del país a efectos de evaluar el temor prospectivo de persecución. |
|---|---|
| Quién | Junta de Apelaciones de Inmigración, con un panel de tres jueces de apelación; el Departamento de Seguridad Nacional como apelante. |
| Cuándo | Decisión adoptada el 4 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Estados Unidos, con alcance nacional. |
| Por qué | El asilo exige un temor fundado de persecución, evaluado contra las condiciones del país en el momento de decidir. |
| Cómo | Mediante la anulación de una concesión de asilo y la devolución del expediente al juez para una nueva evaluación. |
Existe el documento, está publicado y tiene número: la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió el 4 de septiembre de 2026 un caso que fija criterio para todos los jueces de inmigración del país.
Esta casa reportó el 10 de septiembre, a partir del trabajo de un corresponsal, la existencia de una decisión que denegaba un asilo invocando el cambio de circunstancias en Venezuela. Entonces advertimos que no sabíamos si era un caso aislado o un criterio en aplicación.
Ya lo sabemos, y es más que un criterio: es precedente.
Qué establece
La decisión contiene dos determinaciones.
La primera. La salida de Maduro del poder y la subsiguiente transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones del país a los efectos de evaluar el temor prospectivo de persecución de un solicitante.
La segunda. El caso se devuelve al juez de inmigración porque no evaluó suficientemente el efecto de ese cambio sobre el riesgo particularizado de la solicitante.
Qué no dice, y es lo más importante
Aquí es donde conviene ir despacio, porque este documento va a circular resumido y va a asustar a mucha gente.
No deniega el asilo. Anula una concesión y devuelve el expediente para que el juez vuelva a evaluarlo.
No establece que los venezolanos hayan dejado de tener temor fundado. Establece que hubo un cambio y que ese cambio debe pesarse en cada caso.
Y no elimina el análisis individual: lo exige. La razón misma de la devolución es que el juez no examinó el riesgo particular de esa persona. Es decir, el precedente ordena hacer más análisis individual, no menos.
El razonamiento
La Junta se apoya en una línea de decisiones anterior y bastante consistente.
Sostiene que la evaluación del temor fundado mira hacia adelante, y que las condiciones existentes cuando alguien salió de su país no se consideran de forma aislada: los desarrollos posteriores pueden afectar si ese temor sigue siendo objetivamente razonable.
Y recuerda que un cambio en el control político o en el liderazgo de un país está entre los desarrollos que pueden incidir en esa evaluación. Cita como precedente un caso de 1992 en el que la Junta tomó nota administrativa de que el partido sandinista ya no controlaba el gobierno de Nicaragua, y otro de 1998 sobre la disminución de la influencia de Sendero Luminoso en Perú.
El otro asunto, que puede pesar más que el primero
La decisión aborda un segundo problema que conviene entender por separado, porque afecta a muchísima gente.
Existe un plazo de un año desde la llegada al país para presentar la solicitud de asilo. Hay excepciones, y una de ellas es precisamente el cambio de circunstancias.
La Junta subraya que su determinación sobre las condiciones del país no resuelve ese asunto del plazo, y precisa qué exige esa excepción: no basta con que existan cambios en el país del solicitante. Hay que establecer que esos cambios afectan materialmente su elegibilidad y que la solicitud se presentó dentro de un plazo razonable a la luz de esas circunstancias.
Dicho de otro modo: el cambio de condiciones puede jugar en las dos direcciones. Puede debilitar un temor prospectivo y puede, a la vez, servir para justificar una presentación tardía.
Las otras vías que la decisión menciona
Hay un elemento de la decisión que casi ninguna cobertura va a destacar y que es información útil.
La Junta indica que, si la solicitud de asilo resultara fuera de plazo, el juez debe entonces examinar dos protecciones distintas: la retención de remoción y la protección bajo la Convención contra la Tortura.
Son figuras separadas del asilo, con requisitos propios y con un estándar de prueba más exigente, pero existen y no están sujetas al plazo de un año.
Que la propia decisión las señale importa, porque significa que la puerta no se cierra en el mismo acto.
Qué significa para quien tiene un caso abierto
No somos abogados y esto no es asesoría legal. Lo que sí podemos decir es qué cambió en el terreno.
La evidencia genérica sobre el país pesa menos que antes. Si el criterio es que hubo un cambio, sostener un temor fundado exige mostrar por qué esa persona en concreto sigue en riesgo.
La evidencia particularizada pesa más. Amenazas dirigidas, denuncias, actuaciones concretas de autoridades contra esa persona o su familia, documentación de su actividad política.
Y la documentación de que la persecución continúa después del cambio de gobierno se vuelve central. Los registros independientes de detenciones por motivos políticos, que esta casa viene siguiendo, son exactamente ese tipo de material.
Quien tenga un caso en trámite debe revisarlo con un abogado de inmigración acreditado o con un representante de una organización reconocida por el Departamento de Justicia. No con un notario público, que en Estados Unidos no puede dar asesoría legal migratoria.
Lo que vamos a seguir
Cómo aplican los jueces este precedente en los próximos meses, que es donde se verá su alcance real.
Si aparecen decisiones que reconozcan riesgo particularizado pese al cambio de condiciones.
Y si el asunto del plazo de un año se convierte en el obstáculo principal, que es lo que sospechamos.
Le pedimos algo
Si usted es abogado de inmigración o trabaja en una organización acreditada y está viendo la aplicación de este criterio en casos concretos, escríbanos. Sin nombres ni datos de ningún solicitante.
Lo que necesitamos saber es cómo se está aplicando en la práctica, que es algo que ningún documento publicado revela.
Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es individual.
Fuentes principales: Decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, adoptada el 4 de septiembre de 2026 y publicada como decisión interina en el volumen 30 de sus decisiones administrativas. Cobertura previa de este medio del 10 de septiembre de 2026 sobre un caso reportado por un corresponsal en Washington.
Política
Dos angustias que se dan ánimo y no se dicen la verdad
Allá no cambió el apagón ni la cifra de presos. Aquí ese mismo hecho ya es un criterio jurídico. Y en el medio, una llamada de domingo donde nadie dice cómo está.
Están separados por dos mil kilómetros y sostienen la misma conversación: el que está peor consuela al otro, y ninguno de los dos dice cuánto le está costando.
| Qué | Dos poblaciones separadas por la migración atraviesan crisis distintas que se refuerzan entre sí, y un mismo hecho político produce en cada una efectos opuestos. |
|---|---|
| Quién | Familias venezolanas divididas entre el país y Estados Unidos. |
| Cuándo | Desde el 3 de enero de 2026, con aceleración en agosto y septiembre. |
| Dónde | Venezuela y Estados Unidos. |
| Por qué | La normalización política se traduce en estabilidad declarada en un lado y en pérdida de protección en el otro. |
| Cómo | Mediante decisiones administrativas, judiciales y económicas adoptadas en cuestión de semanas. |
Hay una conversación que se repite todos los domingos en millones de casas, y que tiene siempre la misma estructura.
Uno de los dos lados pregunta cómo va todo. El otro responde que bien. Después invierten los papeles y la respuesta vuelve a ser la misma.
Los dos mienten, y los dos saben que el otro miente. Se llama cuidado, y es una forma de amor. También es una forma de soledad.
Lo que hay de un lado
En Venezuela, nueve de cada diez hogares sufren cortes eléctricos recurrentes, según la medición de condiciones de vida de 2025. Casi cuatro de cada diez los padecen a diario durante varias horas.
El doble terremoto del 24 de junio dejó más de 6.500 fallecidos. No existe un censo público de damnificados, así que nadie sabe cuántas familias siguen sin vivienda ni dónde están.
Hay 328 personas presas por motivos políticos según un registro, y al menos 400 según otro. Treinta y siete de ellas tienen patologías graves y, según la organización que las documenta, no reciben atención médica sostenida. Sus familias llevan más de doscientos treinta y cinco días en vigilia frente a los penales.
Más de doscientos sitios web permanecen bloqueados, entre ellos los de quienes verifican información.
Y encima de todo eso, la semana pasada se anunció un acuerdo que compromete diecisiete campos petroleros por plazos que van de veinticinco a cien años, cuyo texto nadie ha leído.
Lo que hay del otro
En Estados Unidos, cientos de miles de venezolanos perdieron el amparo temporal que les permitía trabajar sin miedo.
El 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció como criterio vinculante para todos los jueces del país que la salida de Maduro del poder constituye un cambio en las condiciones de Venezuela, a efectos de evaluar el temor de persecución de quien pide asilo.
Hay familias que llevan ocho, diez o doce años esperando una cita. Hay personas que solo tienen un permiso de trabajo provisional y lo confunden con un estatus, porque nadie les explicó la diferencia. Hay quien dejó de manejar. Hay quien renunció a un empleo para no exponerse en un semáforo.
Y en Springfield, a una hora de Columbus, un estudiante haitiano de veinte años murió el 31 de agosto. Su familia atribuyó parte de las razones a la humillación del dispositivo que le colocaron en el tobillo.
El cruce
Aquí está lo que convierte estas dos listas en una sola historia.
El mismo hecho que en Venezuela no cambió nada es, en Estados Unidos, la prueba de que todo cambió.
La salida de Maduro del poder no devolvió la luz en Maracaibo, no redujo el número de presos políticos, no desbloqueó un solo sitio web ni construyó una casa para una familia damnificada. Nada de eso ocurrió.
Pero ese mismo hecho, leído desde un expediente en Estados Unidos, es ahora un cambio de condiciones que obliga a reevaluar si alguien tiene razones para temer.
No es una contradicción de nadie en particular. Es lo que pasa cuando un acontecimiento político se mide con dos varas que no se hablan entre sí: la de los hechos sobre el terreno y la de los criterios administrativos.
Y en el medio, exactamente en el medio, hay una familia partida en dos que el domingo se dice que todo va bien.
Por qué nadie dice cómo está de verdad
Hay una razón práctica, y es más dura que la sentimental.
Quien está en Venezuela no cuenta el apagón porque sabe que del otro lado no se puede hacer nada, y contarlo solo agrega preocupación a alguien que ya tiene la suya.
Quien está en Estados Unidos no cuenta que tiene una cita en la corte, ni que el permiso vence, ni que dejó de manejar, porque del otro lado dependen de la remesa que él manda, y si allá se enteran de que aquí la cosa está difícil, dejan de pedir lo que necesitan.
Los dos protegen al otro de la propia realidad. Y los dos terminan solos con la suya.
Eso no aparece en ninguna estadística. No hay una casilla que mida cuántas personas están agotadas de sostener una conversación que no pueden tener.
Lo que sí se sabe sobre esto
Que el humor funciona, y que eso no es un chiste. La capacidad de reírse de la desgracia propia es un mecanismo real y documentado de resistencia, y ha sostenido a este país entero durante años.
Que la fe funciona.
Y que ninguna de las dos cosas sustituye a dormir sin despertarse pensando en una fecha.
Hay un punto en que el humor deja de ser alivio y pasa a ser anestesia. Nadie lo anuncia cuando llega.
Lo que se está discutiendo mientras tanto
Conviene poner al lado lo que ocupa a quienes tienen autoridad para decidir.
Se discute si el comité de postulaciones se integra con once diputados o con doce representantes de la sociedad. Se discute si una concesión es de veinticinco o de cien años. Se discute si una excepción al plazo de un año se cumplió dentro de un período razonable. Se discute cuándo se designa un árbitro electoral, y si ese nombramiento se hace en noviembre o en enero.
Todas esas discusiones son legítimas y necesarias. Esta casa las ha cubierto una por una y va a seguir haciéndolo.
Pero hay algo que conviene decir en voz alta: en ninguna de esas discusiones aparece la palabra que la gente está esperando.
No se está discutiendo cuándo termina esto. Se está discutiendo cómo se administra mientras dure.
Y son dos cosas distintas. Un plazo describe un procedimiento. Una solución describe un final.
Lo que este medio puede hacer, y lo que no
No podemos resolverlo. Sería deshonesto sugerir lo contrario.
Lo que sí podemos hacer es nombrarlo, que es más de lo que parece. Mucha gente cree que es la única que está así, y eso agrava lo que ya carga.
Y podemos hacer otra cosa: dejar de tratar estas dos realidades como dos coberturas separadas. La sección internacional y la sección local, en el caso venezolano, son la misma familia.
Le pedimos algo
Este reportaje está construido con datos verificados y sin un solo testimonio, porque no los recogimos. Y esa ausencia se nota.
Escríbanos. Cuéntenos esa conversación de domingo: qué se dicen, qué se callan y por qué. No hace falta que dé su nombre ni el de nadie. No vamos a publicar datos que identifiquen a ninguna persona ni a su familia.
Con lo que llegue vamos a hacer una segunda entrega, que es la que de verdad importa: esta la escribimos nosotros, la siguiente la escriben ustedes.
Porque lo que no se cuenta no se mide, y lo que no se mide no se atiende.
Si usted o alguien cercano está atravesando una crisis emocional, existe atención gratuita y confidencial las veinticuatro horas. Marque 988 desde cualquier teléfono en Estados Unidos. Hay atención en español.
Fuentes principales: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2025. Registros del Foro Penal y del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Mediciones de bloqueo de VE sin Filtro, IPYS Venezuela y Espacio Público. Decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del 4 de septiembre de 2026. Reportes sobre el fallecimiento ocurrido en Springfield el 31 de agosto de 2026. Cobertura propia de este medio entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre de 2026.
Política
Cuatro organizaciones unifican sus registros en un solo tablero
Frente a un Estado que dejó de publicar cifras, cuatro organizaciones deciden publicar las suyas juntas y con método declarado.
La iniciativa aparece en un momento preciso: el de las cifras que dejaron de actualizarse y los registros que no coinciden entre sí.
| Qué | Cuatro organizaciones no gubernamentales lanzaron un tablero que consolida sus monitoreos en una sola plataforma de consulta. |
|---|---|
| Quién | Justicia, Encuentro y Perdón; Acceso a la Justicia; el Observatorio Venezolano de Fake News; y el Observatorio de Universidades. |
| Cuándo | Jueves 10 de septiembre de 2026. |
| Dónde | Venezuela, con acceso en línea. |
| Por qué | La ausencia de estadísticas oficiales impide contrastar cualquier afirmación pública sobre la situación del país. |
| Cómo | Mediante la consolidación de cuatro ejes de monitoreo en un tablero interactivo de actualización permanente. |
Cuatro organizaciones venezolanas de derechos humanos lanzaron el 10 de septiembre de 2026 una plataforma que reúne en un solo lugar los datos que cada una viene recogiendo por separado.
Se llama Pulso Venezuela y su lema resume el planteamiento: «medir para visibilizar, documentar para incidir».
Qué contiene
El tablero organiza la información en cuatro ejes, cada uno a cargo de la organización que lo documenta.
Represión y libertad, que reúne cifras sobre detenciones arbitrarias, prisión política, denuncias de tortura, violencia en contextos de protesta y seguimiento de excarcelaciones.
Estado de derecho y justicia, que evalúa el efecto de decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales sobre derechos, espacio cívico e institucionalidad.
Integridad informativa, que rastrea el ecosistema de desinformación, documenta patrones de censura y aplica verificación de datos.
Crisis universitaria, que registra las condiciones de la educación superior y la situación de profesores, estudiantes y trabajadores académicos.
Por qué aparece ahora
Conviene situar el lanzamiento, porque no ocurre en el vacío.
Esta semana quedó documentado que dos organizaciones serias reportan cifras distintas de personas detenidas por motivos políticos, con una diferencia de setenta y dos casos entre un registro y otro.
Quedó documentado también que el conteo oficial de víctimas del terremoto del 24 de junio lleva más de una semana sin actualizarse.
Y sigue vigente que decenas de portales informativos y de organizaciones de derechos humanos permanecen bloqueados en el país, incluidas las dos principales iniciativas venezolanas de verificación de datos.
En ese contexto, una plataforma que consolida registros y declara su metodología no es un anuncio institucional más. Es una respuesta técnica a una situación concreta.
La pregunta que decide su utilidad
Y aquí está lo que conviene preguntar antes de celebrar.
Consolidar cuatro monitoreos en un mismo tablero puede significar dos cosas muy distintas.
Puede ser agregación: poner en un mismo sitio cuatro conjuntos de datos que cada organización sigue produciendo con sus propios criterios. Es útil, ahorra búsquedas y facilita el trabajo de quien consulta.
O puede ser unificación metodológica: acordar criterios comunes de inclusión, verificación y corte, de modo que las cifras sean comparables entre sí y a lo largo del tiempo.
Lo segundo es mucho más difícil y mucho más valioso. Y sería, además, lo que permitiría resolver discrepancias como la que esta casa documentó esta semana entre dos registros de presos políticos.
El anuncio habla de unificar metodologías. Comprobar en qué sentido lo hace es la primera tarea de quien vaya a usar la plataforma con seriedad.
La segunda pregunta, que nadie está haciendo
Una herramienta creada para combatir la opacidad depende de que la gente pueda abrirla.
Los sitios de las organizaciones de derechos humanos y de los verificadores de datos están, en buena parte, bloqueados dentro de Venezuela. No hay razón para suponer que una plataforma de este tipo quede exenta.
Eso plantea una cuestión práctica que conviene resolver desde el diseño y no después: si existen versiones espejo, si los datos pueden descargarse en formatos abiertos, si hay una versión ligera para conexiones lentas y si el material puede circular por vías que no dependan de abrir una página.
Un tablero excelente al que no se puede entrar desde el país que documenta cumple la mitad de su función.
Para qué sirve a quien lee
Con independencia de esas dos preguntas, la utilidad inmediata es concreta.
Permite verificar una cifra antes de repetirla. Permite saber quién la produce y con qué criterio. Y permite comparar lo que una autoridad afirma con lo que un registro independiente sostiene.
Esta casa incorporará el tablero como referencia de consulta y citará sus datos con la fuente, la fecha de corte y el criterio de conteo, como corresponde a cualquier registro.
La plataforma es de acceso público en pulsovenezuela.org.
Fuentes principales: Anuncio de lanzamiento publicado por Justicia, Encuentro y Perdón el 10 de septiembre de 2026: https://www.jepvenezuela.com · Plataforma Pulso Venezuela: https://pulsovenezuela.org/
-
Entrevistas3 meses agoZair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
-
Política2 meses agoDelcy Rodríguez enfrenta a la prensa internacional: la rueda de prensa que no cerró la brecha
-
Política4 meses agoEl economista, los bonos y Citgo
-
Política4 meses agoRoberto Smith Perera: «La reconstrucción no puede esperar a la elección»
-
Especiales3 meses agoMedia vuelta… mar.
-
Política2 meses agoEl semáforo de las estructuras: qué significa cada color tras el terremoto
-
Inciso4 meses agoLa paciencia de Washington
-
Inciso3 semanas agoMárquez sabe qué pasó el 28 de julio