Política
El mismo día, Washington llama «socio» a Venezuela y le abre los negocios
En una misma jornada, el secretario de Defensa anunció que Venezuela es ahora «socio» de EE.UU. contra el narcotráfico, y el Tesoro emitió licencias para hacer negocios con su petróleo y sus minerales. La fuerza y el dinero, alineados sobre Caracas.
Hubo una coincidencia que conviene no leer como casualidad. El mismo 10 de junio de 2026, dos brazos del poder estadounidense movieron ficha sobre Venezuela a la vez. Por la mañana, el secretario de Defensa anunció desde Guantánamo que Venezuela es ahora «socio» de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y el Departamento del Tesoro emitió una nueva batería de licencias para permitir negocios con el petróleo y los minerales venezolanos. La fuerza y el dinero, alineados el mismo día sobre Caracas.
Sección: Política Formato: Análisis
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Por separado, cada noticia sería relevante. Juntas, en el mismo día, dibujan una estrategia. La primera vino del secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a la base de Guantánamo. Ante las tropas, afirmó que Estados Unidos trabaja ahora con otros países para localizar a las organizaciones que producen droga, y soltó una frase que marca un giro: «ahora tenemos un socio en Venezuela dispuesto a trabajar con nosotros». Anticipó, además, que vienen «grandes noticias» sobre Venezuela en ese terreno muy pronto.
La segunda vino del Departamento del Tesoro, que a través de su oficina de control de activos extranjeros emitió ese mismo 10 de junio una batería de siete licencias que cubren, de una sola vez, todo el andamiaje de los negocios con Venezuela: el petróleo y los petroquímicos, los diluyentes, el suministro de bienes y servicios, las operaciones de gas, las transacciones con la petrolera estatal PDVSA y, de manera destacada, los minerales venezolanos, incluido el oro. No es un hecho aislado: desde finales de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington ha venido abriendo por etapas —licencia tras licencia— el crudo, el gas y el oro del país. La novedad es el momento y la amplitud: el Tesoro afinó toda la maquinaria de golpe, el mismo día en que el Pentágono redefine a Venezuela como aliado.
De objetivo a socio en cinco meses
El giro es de una magnitud que conviene dimensionar. Hace apenas cinco meses, en enero de 2026, Venezuela era el objetivo: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, acusado de encabezar el llamado Cartel de los Soles, y lo trasladó preso a su territorio. El país era presentado como una amenaza narcoterrorista en el hemisferio. Hoy, el mismo gobierno estadounidense lo presenta como un socio que colabora contra esas mismas redes de droga. De enemigo a aliado, en el lapso de un semestre.
Ese giro tiene una lógica, y la revelan las propias condiciones de las licencias. Las autorizaciones del Tesoro están diseñadas para que sean empresas estadounidenses establecidas las que aprovechen la apertura, y excluyen expresamente a actores de Rusia, Irán, China y Cuba. En otras palabras, no se trata solo de hacer negocios: se trata de desplazar a los rivales geopolíticos de Washington del subsuelo venezolano y ocupar su lugar. La cooperación en seguridad y la apertura económica son las dos caras de una misma moneda.
El eslabón que falta: Bolívar
Aquí es donde las piezas encajan con lo que veníamos observando. La apertura del oro venezolano —autorizada por esas licencias— ocurre sobre un territorio, el Arco Minero del estado Bolívar, que no controla del todo el Estado, sino bandas armadas, guerrillas y estructuras criminales. Abrir esa zona al capital exige, antes, imponer un control que hoy no existe. Y ahí cobra sentido la otra mitad del anuncio: la cooperación militar, las visitas de altos mandos estadounidenses de las últimas semanas, y la idea de un «socio» venezolano dispuesto a poner a su Fuerza Armada al servicio del nuevo orden.
Dicho de otro modo: el Tesoro abre la puerta del negocio, y el Pentágono se ocupa de que esa puerta pueda cruzarse. La declaración de Hegseth sobre un «socio» y las licencias del Tesoro no son dos noticias separadas, sino el anverso y el reverso de una misma operación, que tiene en las minas de Bolívar uno de sus escenarios más delicados. Lo que está en desarrollo en esa región —reportado aún con cautela y sin confirmación plena— se entiende mejor a la luz de esta coordinación entre la fuerza y el capital.
Por qué le importa al lector hispano
Para el venezolano de la diáspora, esta jornada del 10 de junio condensa el dilema de la transición. Por un lado, la normalización con Estados Unidos y la apertura económica podrían traer inversión, empleo y reconstrucción, algo que el país necesita con urgencia. Por otro, el modelo que se dibuja —recursos abiertos al capital extranjero, seguridad garantizada por la misma Fuerza Armada señalada por años de abusos, y un gobierno de transición que no fue electo para tomar estas decisiones— plantea preguntas de fondo sobre en qué condiciones y a beneficio de quién ocurre esa reconstrucción.
Y para el lector hispano en general, el episodio enseña a leer la política exterior con los dos ojos abiertos. Lo que se anuncia en un atril militar y lo que se firma en una oficina del Tesoro suelen contarse como historias distintas. Esta vez ocurrieron el mismo día, y leerlas juntas revela una estrategia que por separado quedaría oculta. La fuerza y el dinero rara vez se mueven tan sincronizados, y cuando lo hacen, conviene prestar atención.
Reporte sobre una situación en desarrollo, con información disponible al momento de la publicación. Esta nota es de análisis y contexto.
Fuentes principales: Reuters e Investing.com sobre las declaraciones de Pete Hegseth en Guantánamo (10 de junio de 2026); avisos de acción reciente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del 10 de junio de 2026, que enmiendan las Licencias Generales venezolanas 46C, 47A, 48B, 50B, 51B (minerales, incluido el oro), 52A (PDVSA) y 54A (operaciones de minerales); análisis de los bufetes Crowell & Moring, Hogan Lovells, Akin y Greenberg Traurig sobre la serie de licencias generales emitidas desde enero de 2026 y sus condiciones de exclusión de Rusia, Irán, China y Cuba.
Alfredo Yánez
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Política
Las auditorías que estaban previstas y no se hicieron
Dieciséis auditorías previstas. Ninguna posterior a la elección se completó.
*El cronograma electoral venezolano de 2024 no era improvisado. Se publicó en 101 pasos e incluía un plan de dieciséis auditorías al sistema. La parte que importaba —la que se hace después de votar— no se completó.*
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Conseguir en Amazon →| Qué | De las dieciséis auditorías previstas en el cronograma, ninguna posterior a la elección llegó a completarse. |
| Quién | El Consejo Nacional Electoral y su vicepresidente Carlos Quintero, que presentó el plan de auditorías. |
| Cuándo | El cronograma se anunció el 5 de marzo de 2024. Las auditorías poselectorales estaban fijadas para el 29 de julio y el 2 de agosto. |
| Dónde | Venezuela, en el 1% de las mesas electorales sorteadas el propio día de la elección. |
| Por qué | La verificación ciudadana es el procedimiento diseñado precisamente para confirmar que el conteo coincide con los votos. |
| Cómo | Contrastando actas, cuadernos de votantes con firmas y huellas, papeletas físicas y datos de transmisión. |
### El plan que sí existía
El 5 de marzo de 2024, el organismo electoral convocó la elección presidencial para el 28 de julio y publicó el cronograma en 101 pasos. El vicepresidente del organismo, Carlos Quintero, presentó un plan de dieciséis auditorías a lo largo del proceso.
Conviene subrayarlo porque desmonta un argumento habitual: el sistema venezolano no carecía de mecanismos de verificación. Los tenía, estaban diseñados, tenían fecha y procedimiento escrito.
### Las dos que quedaron sin hacer
**29 de julio de 2024 · fase 1 de auditoría de telecomunicaciones.**
**2 de agosto de 2024 · fase 2 de auditoría de verificación ciudadana.**
La segunda es la decisiva, y merece que se explique en detalle porque casi nadie la conoce.
El procedimiento funciona así: el día de la elección se sortea el 1% de las mesas electorales. Sobre esas mesas sorteadas se realizan cuatro comprobaciones. Se verifican las actas. Se contrasta el número de electores contra los cuadernos de votación, con firmas y huellas dactilares. Se cuentan físicamente las papeletas dentro de las cajas y se compara ese número con el de votantes registrados. Y se verifica la transmisión de los datos.
Es decir: se comprueba que el papel, la firma, la huella, la boleta física y el dato transmitido cuenten la misma historia.
Ninguna de las auditorías posteriores al 28 de julio se realizó.
### Por qué esta ausencia pesa tanto
Porque una auditoría de verificación ciudadana no depende de que alguien crea en el resultado. Es un procedimiento mecánico, con muestra sorteada al azar y con testigos de todas las organizaciones políticas presentes.
Si el conteo anunciado fuera correcto, esa auditoría lo habría demostrado en dos días y habría cerrado la discusión. No requería concesiones políticas ni negociación: solo ejecutar un paso que ya estaba en el cronograma oficial.
Que el paso no se ejecutara es, en sí mismo, información. No prueba qué ocurrió con los votos —esta pieza no afirma eso—, pero sí establece que existió un mecanismo disponible para despejar la duda y que no se usó.
### El estado del asunto
A más de cincuenta días de la elección, el periodista Eugenio Martínez señalaba que el organismo tampoco había definido cómo realizar las auditorías poselectorales suspendidas.
Dos años después, no hay registro público de que esas auditorías se hayan reprogramado ni completado.
### La lección para lo que viene
La mesa que se instala el 1 de agosto de 2026 discutirá la renovación del árbitro electoral. Buena parte de la conversación pública sobre ese punto se centra en los nombres de los futuros rectores.
Los nombres importan menos de lo que parece. Lo que decide la credibilidad de una elección es si los procedimientos de verificación se ejecutan, quién puede exigir su ejecución y qué consecuencia tiene no ejecutarlos.
En 2024 los procedimientos existían y no se cumplieron. Un diseño institucional que no prevé consecuencia para ese incumplimiento produce el mismo resultado con rectores nuevos.
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**Fuentes principales:** Wikipedia en español, entrada sobre las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, con el cronograma de 101 pasos y el plan de dieciséis auditorías presentado por Carlos Quintero; Efecto Cocuyo (declaraciones de Eugenio Martínez sobre las auditorías poselectorales suspendidas).
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Política
El documento que nunca se publicó
Qué es un acta de escrutinio y por qué su ausencia, y no el resultado anunciado, es el hecho central de estos dos años.
*El sistema electoral venezolano genera, al cierre de cada mesa, un comprobante impreso con el conteo de esa mesa. Hubo 30.206 de esos comprobantes el 28 de julio de 2024. El organismo electoral no publicó ninguno.*
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Conseguir en Amazon →| Qué | Las 30.206 actas de escrutinio automatizado de la elección presidencial nunca fueron publicadas. |
| Quién | El Consejo Nacional Electoral y su entonces presidente Elvis Amoroso; los testigos de mesa de ambas candidaturas. |
| Cuándo | Desde el 28 de julio de 2024 hasta la fecha, dos años después. |
| Dónde | Venezuela. La Gaceta Electoral y el portal del organismo, que permaneció caído. |
| Por qué | Sin el desagregado por mesa, ningún resultado anunciado puede verificarse de forma independiente. |
| Cómo | Se difundieron dos boletines con totales agregados en lugar del desglose por centro, mesa y región. |
### Qué es un acta de escrutinio
Al cerrar la votación, cada máquina imprime un comprobante con el conteo de esa mesa: cuántos votos obtuvo cada candidato en ese punto concreto. Ese papel se firma, se entrega a los testigos acreditados de las organizaciones políticas y constituye el registro primario del resultado.
La suma de todas las actas es el resultado nacional. No hay otro camino aritmético.
Conviene subrayar un punto que suele perderse en la discusión: esas actas son documentos oficiales. Las emite la máquina del organismo electoral, no un partido. Quien las recoge es un testigo acreditado por el propio sistema.
El 28 de julio de 2024 se produjeron 30.206 actas de escrutinio automatizado.
### Lo que se difundió en su lugar
La madrugada del lunes 29 de julio de 2024, el entonces presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, comunicó un primer boletín con 80% de los votos escrutados y declaró una tendencia irreversible.
El viernes 2 de agosto, cinco días después, se presentó un segundo boletín con cerca de 97% de las actas transmitidas.
Ambos boletines contienen totales agregados. Ninguno contiene el desglose por centro, por mesa y por región que permitiría contrastarlos.
### Lo que quedó pendiente y sigue pendiente
El periodista Eugenio Martínez, especializado en asuntos electorales, resumió el estado del asunto a más de cincuenta días de la elección: el organismo no había publicado la Gaceta Electoral, no había oficializado el resultado de las 30.206 actas de escrutinio automatizado y no había definido cómo realizar las auditorías poselectorales suspendidas.
Añadió un detalle que ilustra la dimensión práctica del problema. El presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que el organismo sí había publicado los resultados en la Gaceta Electoral. Esa publicación no se pudo verificar porque el portal del organismo permanecía caído.
Un resultado que solo existe en un sitio web inaccesible no es un resultado publicado.
### El argumento oficial
La explicación ofrecida desde el oficialismo fue que el sistema electoral sufrió un ataque cibernético originado en Macedonia del Norte.
Corresponde registrarla como lo que es: una explicación sobre por qué no se publicó el desagregado. No sustituye al desagregado. Un ataque informático puede afectar la transmisión de datos, pero las actas son documentos físicos impresos en cada mesa y firmados por testigos. Su existencia material no depende de ninguna red.
### El pronunciamiento de la observación internacional
El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, participó como observador acreditado en la elección. Su conclusión fue que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados declarados, que la elección no se ajustó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y que no puede considerarse democrática.
Un informe de panel internacional estableció, en la misma línea, que los resultados anunciados no pudieron verificarse de forma independiente conforme a lo previsto en el Acuerdo de Barbados.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y gobiernos de varios países —incluidos Brasil, México y Chile— reclamaron públicamente la publicación de las actas.
### Por qué esto sigue importando dos años después
Porque la mesa que se instala el 1 de agosto de 2026 tiene entre sus objetos declarados la renovación del árbitro electoral. Y un árbitro nuevo hereda una deuda documental del anterior.
Mientras las 30.206 actas no se publiquen, cualquier elección futura arrancará con la misma pregunta sin responder: qué pasa si el organismo anuncia un resultado y no muestra el respaldo.
La respuesta a esa pregunta no es un asunto del pasado. Es la condición de credibilidad de lo que venga.
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**Fuentes principales:** Efecto Cocuyo (declaraciones de Eugenio Martínez y estado de la publicación de resultados); Misión de Observación Electoral de Colombia, informe del 2 y 3 de agosto de 2024; Maldita.es y Chequeado (cronología de los boletines); Centro Carter (comunicado sobre la elección presidencial de 2024); coberturas de CNN en Español sobre los reclamos de organismos internacionales.
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ESPECIAL INCÍSOS · DOS AÑOS DEL 28-J · 1 DE 6
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Política
Dos años del 28-J: el especial
Un especial de seis piezas sobre una elección cuyos resultados desagregados siguen sin publicarse.
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Dos años del 28-J
El 28 de julio de 2024 votaron los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral anunció un resultado en dos boletines agregados y nunca publicó las 30.206 actas de escrutinio que permitirían verificarlo. Dos años después, ese documento sigue sin aparecer.
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ÍNDICE DEL ESPECIAL
Las siete piezas
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