Política
El mismo día, Washington llama «socio» a Venezuela y le abre los negocios
En una misma jornada, el secretario de Defensa anunció que Venezuela es ahora «socio» de EE.UU. contra el narcotráfico, y el Tesoro emitió licencias para hacer negocios con su petróleo y sus minerales. La fuerza y el dinero, alineados sobre Caracas.
Hubo una coincidencia que conviene no leer como casualidad. El mismo 10 de junio de 2026, dos brazos del poder estadounidense movieron ficha sobre Venezuela a la vez. Por la mañana, el secretario de Defensa anunció desde Guantánamo que Venezuela es ahora «socio» de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y el Departamento del Tesoro emitió una nueva batería de licencias para permitir negocios con el petróleo y los minerales venezolanos. La fuerza y el dinero, alineados el mismo día sobre Caracas.
Sección: Política Formato: Análisis
Dos anuncios, una misma jugada
Por separado, cada noticia sería relevante. Juntas, en el mismo día, dibujan una estrategia. La primera vino del secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a la base de Guantánamo. Ante las tropas, afirmó que Estados Unidos trabaja ahora con otros países para localizar a las organizaciones que producen droga, y soltó una frase que marca un giro: «ahora tenemos un socio en Venezuela dispuesto a trabajar con nosotros». Anticipó, además, que vienen «grandes noticias» sobre Venezuela en ese terreno muy pronto.
La segunda vino del Departamento del Tesoro, que a través de su oficina de control de activos extranjeros emitió ese mismo 10 de junio una batería de siete licencias que cubren, de una sola vez, todo el andamiaje de los negocios con Venezuela: el petróleo y los petroquímicos, los diluyentes, el suministro de bienes y servicios, las operaciones de gas, las transacciones con la petrolera estatal PDVSA y, de manera destacada, los minerales venezolanos, incluido el oro. No es un hecho aislado: desde finales de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington ha venido abriendo por etapas —licencia tras licencia— el crudo, el gas y el oro del país. La novedad es el momento y la amplitud: el Tesoro afinó toda la maquinaria de golpe, el mismo día en que el Pentágono redefine a Venezuela como aliado.
De objetivo a socio en cinco meses
El giro es de una magnitud que conviene dimensionar. Hace apenas cinco meses, en enero de 2026, Venezuela era el objetivo: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, acusado de encabezar el llamado Cartel de los Soles, y lo trasladó preso a su territorio. El país era presentado como una amenaza narcoterrorista en el hemisferio. Hoy, el mismo gobierno estadounidense lo presenta como un socio que colabora contra esas mismas redes de droga. De enemigo a aliado, en el lapso de un semestre.
Ese giro tiene una lógica, y la revelan las propias condiciones de las licencias. Las autorizaciones del Tesoro están diseñadas para que sean empresas estadounidenses establecidas las que aprovechen la apertura, y excluyen expresamente a actores de Rusia, Irán, China y Cuba. En otras palabras, no se trata solo de hacer negocios: se trata de desplazar a los rivales geopolíticos de Washington del subsuelo venezolano y ocupar su lugar. La cooperación en seguridad y la apertura económica son las dos caras de una misma moneda.
El eslabón que falta: Bolívar
Aquí es donde las piezas encajan con lo que veníamos observando. La apertura del oro venezolano —autorizada por esas licencias— ocurre sobre un territorio, el Arco Minero del estado Bolívar, que no controla del todo el Estado, sino bandas armadas, guerrillas y estructuras criminales. Abrir esa zona al capital exige, antes, imponer un control que hoy no existe. Y ahí cobra sentido la otra mitad del anuncio: la cooperación militar, las visitas de altos mandos estadounidenses de las últimas semanas, y la idea de un «socio» venezolano dispuesto a poner a su Fuerza Armada al servicio del nuevo orden.
Dicho de otro modo: el Tesoro abre la puerta del negocio, y el Pentágono se ocupa de que esa puerta pueda cruzarse. La declaración de Hegseth sobre un «socio» y las licencias del Tesoro no son dos noticias separadas, sino el anverso y el reverso de una misma operación, que tiene en las minas de Bolívar uno de sus escenarios más delicados. Lo que está en desarrollo en esa región —reportado aún con cautela y sin confirmación plena— se entiende mejor a la luz de esta coordinación entre la fuerza y el capital.
Por qué le importa al lector hispano
Para el venezolano de la diáspora, esta jornada del 10 de junio condensa el dilema de la transición. Por un lado, la normalización con Estados Unidos y la apertura económica podrían traer inversión, empleo y reconstrucción, algo que el país necesita con urgencia. Por otro, el modelo que se dibuja —recursos abiertos al capital extranjero, seguridad garantizada por la misma Fuerza Armada señalada por años de abusos, y un gobierno de transición que no fue electo para tomar estas decisiones— plantea preguntas de fondo sobre en qué condiciones y a beneficio de quién ocurre esa reconstrucción.
Y para el lector hispano en general, el episodio enseña a leer la política exterior con los dos ojos abiertos. Lo que se anuncia en un atril militar y lo que se firma en una oficina del Tesoro suelen contarse como historias distintas. Esta vez ocurrieron el mismo día, y leerlas juntas revela una estrategia que por separado quedaría oculta. La fuerza y el dinero rara vez se mueven tan sincronizados, y cuando lo hacen, conviene prestar atención.
Reporte sobre una situación en desarrollo, con información disponible al momento de la publicación. Esta nota es de análisis y contexto.
Fuentes principales: Reuters e Investing.com sobre las declaraciones de Pete Hegseth en Guantánamo (10 de junio de 2026); avisos de acción reciente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del 10 de junio de 2026, que enmiendan las Licencias Generales venezolanas 46C, 47A, 48B, 50B, 51B (minerales, incluido el oro), 52A (PDVSA) y 54A (operaciones de minerales); análisis de los bufetes Crowell & Moring, Hogan Lovells, Akin y Greenberg Traurig sobre la serie de licencias generales emitidas desde enero de 2026 y sus condiciones de exclusión de Rusia, Irán, China y Cuba.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Un fiscal federal advierte a Warren antes de que presida un comité
Una carta que parece un trámite.
EE.UU. · CONGRESO
El fiscal federal Aaron Reitz envió una carta a la senadora Elizabeth Warren para que preserve sus registros. La acusa de querer usar su futura presidencia del Comité Bancario del Senado «como un tomahawk» contra los asociados de Trump, y cita dos leyes penales de derechos civiles. Trump la difundió en sus redes.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una carta de un fiscal federal a una senadora para que preserve registros, con una advertencia sobre posibles delitos. |
|---|---|
| Quién | El fiscal federal Aaron Reitz; la senadora demócrata Elizabeth Warren; el presidente Donald Trump. |
| Cuándo | Domingo 15 de noviembre de 2026. |
| Dónde | En Washington. |
| Por qué | Por las investigaciones que Warren anunció contra personas y empresas vinculadas a Trump, antes de presidir el Comité Bancario del Senado desde el 3 de enero. |
| Cómo | Con una carta que cita los artículos 241 y 242 del título 18 del Código de EE.UU. |
El fiscal federal Aaron Reitz envió el domingo 15 de noviembre una carta a la senadora Elizabeth Warren en la que le exige preservar los registros relacionados con lo que describe como esfuerzos para atacar a personas y empresas por sus vínculos con el presidente. La acusa de querer usar su futuro mazo de presidenta «como un tomahawk», «a la caza de las cabelleras de los asociados privados del presidente Trump» (The Epoch Times).
Trump compartió en Truth Social la publicación de un comentarista conservador que celebraba la carta y llamaba a «pasar a la ofensiva» (Trump’s Truth).
Qué motivó la carta
Reitz citó la advertencia de Warren, en el programa Face the Nation de CBS, de que los ejecutivos corporativos deberían prepararse para investigaciones del Congreso. También mencionó una carta de Warren y otros demócratas a Meredith O’Rourke, recaudadora de fondos de Trump, y una investigación sobre subsidios fiscales a grandes tecnológicas (The Epoch Times).
Warren será la presidenta del Comité Bancario del Senado cuando se instale el nuevo Congreso, con mayoría demócrata en ambas cámaras, el 3 de enero de 2027 (ver nota).
Las leyes que cita
La carta invoca dos estatutos penales de derechos civiles: el artículo 241 del título 18, que castiga la conspiración para impedir el ejercicio de un derecho, y el 242, que castiga a quien, con autoridad del Gobierno, priva deliberadamente a alguien de un derecho federal. Reitz sostiene que las investigaciones del Congreso deben tener un propósito legislativo legítimo y que perseguir a alguien por asociarse con Trump podría violar sus derechos constitucionales. La oficina de Warren no respondió a la prensa (The Epoch Times).
Criterio INCÍSOS
Es inusual que un fiscal federal advierta a una senadora, antes de que tome posesión de un cargo, sobre investigaciones que todavía no ha abierto. El Congreso tiene facultades de investigación, y los tribunales han dicho que deben tener un propósito legislativo. Esa es una discusión legítima. Que el Departamento de Justicia la plantee con amenazas de delitos penales es otra cosa.
Los venezolanos sabemos cómo empieza: con una carta que parece un trámite.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Departamento de Justicia aclare si existe una investigación abierta o si la carta es solo una advertencia; que Warren explique el alcance de las investigaciones que planea, y que el Senado defina las reglas antes de que empiecen.
Para leer más en INCÍSOS
- El Congreso demócrata no cambiará la ruta de Rubio hacia Venezuela: el nuevo Congreso.
- Stephen Miller cierra la Casa Blanca a los lobistas sin permiso: Miller y los lobistas.
- Mamdani insiste en disolver la unidad antidisturbios y antiterrorista del NYPD: Mamdani y el NYPD.
Fuentes principales: The Epoch Times; Trump’s Truth.
Política
Mamdani insiste en disolver la unidad antidisturbios y antiterrorista del NYPD
Primero la estructura, después la disolución.
EE.UU. · NUEVA YORK
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostiene que disolverá el Strategic Response Group, la unidad del NYPD que atiende tanto protestas como amenazas terroristas. Preguntado quién responderá ante un ataque, dijo que esas dos funciones no deben estar en la misma unidad. Todavía no ha explicado qué la reemplazará.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El plan de disolver el Strategic Response Group (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York. |
|---|---|
| Quién | El alcalde Zohran Mamdani; el sindicato policial PBA; la ACLU de Nueva York. |
| Cuándo | Mamdani lo reiteró el viernes 13 de noviembre de 2026; el anuncio formal se espera en los próximos días. |
| Dónde | En Nueva York. |
| Por qué | Fue una promesa de campaña: separar la respuesta a protestas del antiterrorismo. |
| Cómo | Según la prensa, dividiendo la unidad en una fuerza civil para manifestaciones y otra antiterrorista. |
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mantiene su promesa de campaña: disolver el Strategic Response Group (SRG) de la policía. El viernes 13 de noviembre, un periodista le preguntó directamente quién respondería ante amenazas terroristas si la unidad desaparece. Mamdani respondió que sigue comprometido con disolverla y que no cree que las tareas de antiterrorismo y de respuesta a protestas deban estar en una misma unidad (Fox News).
Una portavoz del ayuntamiento confirmó que el SRG será disuelto para «separar la respuesta a las protestas del antiterrorismo», y que habrá más información «pronto» (Yahoo News).
Qué es el SRG
Según el propio NYPD, la unidad atiende «movilizaciones en toda la ciudad, desórdenes civiles y grandes eventos» con personal altamente entrenado y equipo especializado. También se despliega donde se requiere una mayor presencia policial y moviliza recursos para tiroteos, protestas y otros incidentes significativos. La prensa la describe además como vinculada a la respuesta ante amenazas terroristas, una de las funciones que la propuesta de Mamdani busca separar de la respuesta a protestas. Según la ACLU de Nueva York, tiene unos 700 empleados y un presupuesto de 100 millones de dólares (NBC New York; Yahoo News).
Sus críticos la consideran militarizada. En 2020 fue acusada de detener indebidamente a más de 100 manifestantes durante las protestas por George Floyd; el NYPD firmó un decreto de consentimiento y un juez ordenó reparaciones (Yahoo News).
Las dudas
Mamdani dice que lo hará «de una manera que mantenga seguros a los neoyorquinos y proteja sus derechos de la Primera Enmienda». Pero no ha dicho qué unidad responderá ante un tiroteo masivo o un ataque. Según la prensa, se estudia una fuerza civil para desescalar protestas y una unidad aparte para el antiterrorismo (NBC New York). Patrick Hendry, presidente del sindicato policial PBA, sostiene que el plan pone «en mayor riesgo tanto a los policías como al público» (Yahoo News).
Criterio INCÍSOS
La idea de fondo tiene lógica: controlar una protesta y neutralizar un ataque terrorista son tareas distintas, y mezclarlas ha producido abusos. Pero en una ciudad que sufrió el 11 de septiembre, desmontar una unidad antes de presentar la que la reemplaza es un riesgo que ningún alcalde debería correr. El orden importa: primero la nueva estructura, después la disolución.
El debate, además, merece hacerse con datos y no con prejuicios. Las críticas que aluden al origen o la religión del alcalde no explican nada sobre la seguridad de la ciudad; las preguntas sobre quién responderá ante un ataque, sí.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el ayuntamiento presente por escrito qué unidad asumirá el antiterrorismo, con cuántos agentes y desde qué fecha; que la comisionada de policía lo respalde públicamente, y que la transición se haga sin un solo día de vacío.
Para leer más en INCÍSOS
- Los altos funcionarios de Trump se mudan a bases militares: los funcionarios en bases militares.
- Un fiscal federal advierte a Warren antes de que presida un comité: Warren y el fiscal.
Fuentes principales: Fox News, en X; Yahoo News, The Center Square; NBC New York.
VITRINA POLÍTICA · LA SEMANA
Un paro nacional el lunes. El cierre de las postulaciones al TSJ el miércoles. El fin de la pausa del TPS el viernes. Y, de fondo, la cuarta ronda de la Mesa de Caracas y la huelga de hambre indefinida en Ramo Verde. Estas son las fechas de la semana y lo que está en juego en cada una.
Imagen destacada: Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS. No es una fotografía del hecho.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Las fechas clave de la semana del 16 al 22 de noviembre para Venezuela y los venezolanos en EE.UU. |
|---|---|
| Quién | Gremios, el Comité de Postulaciones Judiciales, las delegaciones de la Mesa de Caracas, los militares presos y la justicia estadounidense. |
| Cuándo | Del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026. |
| Dónde | En Caracas, Los Teques y las cortes federales de EE.UU. |
| Por qué | Porque varias decisiones pendientes vencen esta semana. |
| Cómo | Día por día. |
Hay semanas que se miden en noticias y otras en fechas. Esta es de las segundas.
Lunes 16 · El paro
Gremios de educación, salud y universidades paran 12 horas por salarios y aguinaldos. El martes 17 evaluarán el resultado y decidirán los próximos pasos (ver nota).
Toda la semana · La Mesa y Ramo Verde
La cuarta ronda de la Mesa de Caracas, instalada el viernes 13 a puerta cerrada, debería durar alrededor de una semana (ver nota). Es la ronda que el G7 respaldó y en la que la delegación de la AN de 2015 lleva cuatro temas: el voto, la justicia, los derechos y la escucha (ver nota).
En Ramo Verde, la huelga de hambre de los militares presos cumple ocho días el lunes. La carta que difundió María Corina Machado la firman 177 militares detenidos, que autorizaron a la organización Héroes Anónimos a representarlos y pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales (El Diario; ver nota).
Martes 17 · El TPS en el tribunal
Hay una audiencia de gestión del caso del TPS venezolano en el tribunal de distrito (Lehigh Valley Immigration Law).
Miércoles 18 · El cierre de las postulaciones al TSJ
Vence la prórroga del Comité de Postulaciones Judiciales. Los aspirantes pueden consignar documentos hasta ese día, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Museo Bolivariano de la Asamblea Nacional (El Diario). Al 12 de noviembre, ya eran 932 las candidaturas para magistrado del TSJ (ver nota). Después vendrán las entrevistas y la evaluación con el baremo que cuestiona Ángel Alberto Bellorín (ver columna).
Viernes 20 · Vence la pausa del TPS
Termina la pausa administrativa de 14 días que el Noveno Circuito concedió al Gobierno de EE.UU. El tribunal puede extenderla, levantarla o sustituirla (Lehigh Valley Immigration Law). Lo que decida afecta a cientos de miles de venezolanos (ver nota).
Criterio INCÍSOS
Cada una de estas fechas es una prueba. El paro medirá si el Gobierno encargado escucha a sus trabajadores. El cierre de las postulaciones, si el comité puede verificar en pocos días lo que la Constitución exige. La ronda de la Mesa, si sale de ella algo más que una foto. Y Ramo Verde, si el Estado responde a una huelga de hambre con algo distinto del silencio.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que cada una de estas instituciones informe, al terminar la semana, qué decidió y por qué.
Para leer más en INCÍSOS
- Maestros y enfermeras paran 12 horas contra un aguinaldo de 74 dólares: el paro.
- El G7 ve avances medibles en una Mesa sin fecha electoral: el G7 y la Mesa.
- Trasladan al Hospital Militar a un sargento en huelga en Ramo Verde: Ramo Verde.
- Esta semana se juega el TPS de los venezolanos: el TPS.
Fuentes principales: El Diario, carta de los militares; Infobae; El Diario, resumen semanal; Lehigh Valley Immigration Law.
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