El 30 de enero de 2026, durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general y el cierre de El Helicoide. El inmueble, dijo, se convertiría en un centro deportivo y de servicios sociales. El edificio más asociado a la represión política en Venezuela dejaría de serlo por decisión administrativa.

El anuncio tiene peso simbólico. El Helicoide —una mole de hormigón concebida en los años cincuenta como centro comercial futurista y nunca terminada como tal— se convirtió en sede del SEBIN y en el nombre que cualquier venezolano asocia con la detención política. Cerrarlo equivale a clausurar un símbolo. Pero un símbolo no es una estructura, y ahí empieza lo que el anuncio no dice.

Cerrar el edificio que todos conocen no desmonta la maquinaria que pocos pueden nombrar.

Lo que el decreto no menciona

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó, en su informe de septiembre de 2022, una arquitectura de detención que va mucho más allá de un edificio. Solo en el área metropolitana de Caracas identificó al menos 17 centros clandestinos o «casas de seguridad» de la DGCIM. Foro Penal y otros observatorios cuentan más de 90 sitios en todo el país.

El Helicoide es uno. El más visible, el de nombre reconocible. Pero la sede de la DGCIM en Boleíta, el centro del SEBIN en Plaza Venezuela conocido como La Tumba, y la red de casas de seguridad quedaron fuera del anuncio. No hay decreto que las nombre, ni auditoría que las abra, ni mecanismo independiente que verifique qué ocurre dentro hoy.

La CIDH advirtió, en paralelo a las excarcelaciones iniciadas el 8 de enero de 2026, que seguía recibiendo información sobre centros clandestinos en funcionamiento. Las liberaciones, según Foro Penal, avanzaban a cuentagotas: 302 excarcelados frente a 711 presos políticos al 29 de enero.

Un símbolo cerrado por quien figura en el informe

Hay un dato que el anuncio no resuelve. El informe de la ONU de 2022 situó dentro de la cadena de mando señalada como presuntamente responsable de crímenes de lesa humanidad a varias autoridades de alto nivel. Entre las personas identificadas por la Misión en distintos niveles figuraba la entonces vicepresidenta. Hoy, esa misma figura encabeza el gobierno de transición que anuncia el cierre.

En su intervención del 30 de enero, Rodríguez dijo que llegaba «como presidenta, pero también como abogada», y afirmó que su propio padre murió producto de tortura. El contraste entre el testimonio personal y el registro documental no se resuelve con un anuncio inmobiliario. Se resuelve —si se resuelve— con acceso, verificación y justicia.

Qué falta, exactamente, para que pase

El desmantelamiento real de una arquitectura represiva no se mide por edificios reconvertidos en canchas. Se mide por la apertura de todos los recintos a observadores independientes, por el fin verificable de los centros clandestinos que la CIDH dice activos, por el desmonte de las cadenas de mando y por procesos que alcancen a los responsables nombrados en los informes. Ninguno de esos pasos figura en el anuncio del 30 de enero.

El Helicoide es la punta del iceberg. Este especial recorre el resto: el mapa de los centros, la cadena de mando que los administraba, las prácticas que la ONU documentó, y la pregunta que ningún cierre simbólico responde por sí solo.

El nombre que todos conocen es uno solo. La estructura que la ONU documentó tiene muchos más, cada uno con su organismo, su ubicación y su patrón. Este es el mapa que ningún decreto mencionó.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó, el 20 de septiembre de 2022, un inventario de los centros de detención utilizados por los organismos de inteligencia venezolanos. El inventario no es exhaustivo —la Misión reconoció limitaciones de acceso— pero es el más sistemático disponible.

Los centros nombrados

En Caracas, los recintos principales son tres: El Helicoide (sede del SEBIN, el más conocido), La Tumba (nombre informal del centro de detención del SEBIN en Plaza Venezuela, subterráneo, sin luz natural) y el centro de la DGCIM en Boleíta. Estos tres concentran la mayoría de los casos documentados por la Misión.

Pero el inventario no termina ahí. Solo en el área metropolitana de Caracas, la Misión identificó al menos 17 casas de seguridad o centros clandestinos operados por la DGCIM. Son inmuebles sin identificación oficial, sin registro público, sin acceso para observadores. La Misión los documentó a través de testimonios de víctimas y familiares.

La red en el interior del país

Foro Penal, que lleva el registro más detallado de presos políticos en Venezuela, contabiliza más de 90 centros de detención en todo el país donde se han registrado casos de detención política. La distribución abarca todos los estados, con concentraciones en Caracas, Carabobo, Zulia y Táchira.

La cifra no implica que todos operen simultáneamente ni con la misma intensidad. Implica que la arquitectura de detención tiene una escala que el cierre de un edificio —por simbólico que sea— no toca.

Por qué nombrarlos importa

Nombrar cada sitio cumple una función documental y política. Impide que el cierre de uno se lea como desmantelamiento de la estructura. Establece un inventario contra el que medir compromisos futuros. Y sitúa la responsabilidad en organismos —SEBIN, DGCIM— que siguen existiendo con sus estructuras de mando.

El anuncio del 30 de enero de 2026 no mencionó ninguno de estos centros. No hay decreto que los nombre, ni cronograma para su apertura a observadores independientes, ni mecanismo de verificación que permita saber qué ocurre dentro hoy.

El informe no se quedó en los edificios. Detalló quién ordenaba, quién ejecutaba y hasta dónde subía la responsabilidad. La cadena que la ONU puso por escrito no desaparece con el cierre de un recinto.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó, en septiembre de 2022, un análisis de responsabilidad que va más allá de los perpetradores directos. El organismo concluyó que existía una política de Estado para reprimir a la oposición mediante torturas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que esa política tenía una cadena de mando identificable.

La estructura que el informe describe

En la cúspide, la Misión señaló a Nicolás Maduro como orquestador de la política represiva. Debajo, los jefes de los organismos de inteligencia —DGCIM y SEBIN— como ejecutores institucionales. Y en los niveles intermedios, las autoridades de alto nivel que la Misión identificó como conocedoras o responsables de las prácticas documentadas.

El informe utilizó el estándar de «razones fundadas para creer» —el umbral aplicable en investigaciones de este tipo— para señalar responsabilidades. No es una condena judicial, pero sí un registro documental con valor legal para procesos futuros.

Un agente no podía negarse

Uno de los hallazgos más significativos del informe es la descripción del mecanismo de obediencia. La Misión documentó casos en que agentes que intentaron negarse a aplicar determinadas prácticas fueron amenazados o sancionados. La cadena de mando no era solo jerárquica: era coercitiva hacia abajo.

Esto tiene una consecuencia jurídica directa: la defensa de «cumplimiento de órdenes» no opera en crímenes de lesa humanidad. Cada eslabón de la cadena es potencialmente responsable.

Lo que el cierre no resuelve

La cadena de mando que la ONU documentó no es un organigrama histórico. Los organismos que la componen —SEBIN, DGCIM— siguen existiendo. Sus estructuras de mando no han sido desmanteladas ni sometidas a revisión independiente. El anuncio de reconversión del Helicoide, hecho por quien figura en los niveles superiores del informe, no incluyó una rendición de cuentas sobre la cadena de mando que el organismo internacional puso por escrito.

Aquí la pregunta del especial se vuelve inevitable: ¿qué falta, exactamente, para que esta cadena deje de tener capacidad de operar? Mientras la respuesta siga siendo un anuncio sobre un edificio, la estructura permanece donde estaba.