Una carta de PDVSA del 28 de mayo ordena a aerolíneas y navieras pagar el combustible a una cuenta del Tesoro de EE.UU. Qué revela sobre quién administra la renta venezolana. Análisis.

El Gobierno de Venezuela remitió a las aerolíneas y navieras que operan en el país una notificación para informarles de que los pagos del combustible en divisas deben ingresarse directamente en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La carta, fechada el 28 de mayo y con membrete de PDVSA, fue firmada por la gerencia de Ventas de la vicepresidencia de Comercio y Suministro Nacional, y adjunta una notificación del propio Tesoro estadounidense con las coordenadas bancarias. El documento, según las fuentes que accedieron a él, exhorta a los clientes a remitir el comprobante de pago al asesor de ventas «a fin de efectuar la conciliación» y «en garantía del suministro de combustible».

La instrucción es técnica en su forma y mayúscula en su fondo. Afecta a los pagos por combustible de aviación —el queroseno tipo JET A1— y a los de navegación —el MGO y el IFO 380—, es decir, a buena parte del movimiento aéreo y marítimo internacional que toca puertos y aeropuertos venezolanos. El anexo del Tesoro lo formula sin eufemismos: el Gobierno de Estados Unidos puede recibir fondos en nombre de Venezuela mediante el sistema Fedwire, siguiendo unas instrucciones determinadas. En román paladino: el comprador le paga a Washington por un producto venezolano.

Para entender el alcance hay que situar la medida en su marco. No es un gesto suelto, sino una pieza del entramado de licencias que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió en febrero —las licencias generales 46A, 48 y 30B—, que reordenaron las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias del país. Ese esquema mantiene formalmente las sanciones sobre PDVSA, pero habilita el comercio bajo una condición estructural: que los pagos a entidades bloqueadas se canalicen a cuentas especiales bajo control del gobierno estadounidense. La carta del 28 de mayo es la aplicación concreta y cotidiana de ese principio al combustible de barcos y aviones.

Conviene no perder de vista lo que esto significa en términos de soberanía económica. Un Estado que cobra la renta de sus propios hidrocarburos a través de las cuentas de otro Estado ha cedido —o ha tenido que ceder— uno de los atributos más básicos de la soberanía: el control sobre el cobro de lo que vende. El gobierno de Delcy Rodríguez lo presenta, implícitamente, como el precio de reincorporarse al circuito comercial legal tras años de sanciones y subterfugios; sus críticos lo leerán como una tutela. Ambas lecturas describen el mismo hecho: la caja la administra Washington.

Y aquí esta nota se enlaza con otras dos de esta misma edición. Es el tercer vértice de un patrón que ya asomaba en el repunte de las exportaciones petroleras —canalizadas hacia EE.UU. e India bajo el paraguas de la OFAC— y en el enigma de los documentos con que viaja María Corina Machado, gestionados bajo el ala estadounidense. Visto en conjunto, el cuadro es nítido: en la Venezuela del posmadurismo, las palancas decisivas —la renta, la logística, hasta el papeleo de sus figuras— operan, cada vez más, desde fuera. El inciso no es que eso sea bueno o malo en abstracto, sino que conviene nombrarlo con precisión: lo que se está reconfigurando no es solo un gobierno, es el grado de autonomía con que el país administra lo suyo.

Las tarjetas de crédito y las apps de financiamiento reaparecen en Venezuela, pero con topes muy bajos. Por qué el encaje legal asfixia el crédito y qué significa para el consumidor. Análisis.

El crédito está volviendo a Venezuela, aunque conviene matizar de inmediato la palabra «volviendo». Después de años en que la hiperinflación pulverizó cualquier financiamiento en bolívares y dejó al país operando casi exclusivamente al contado, las tarjetas de crédito y las aplicaciones de financiamiento reaparecen en la cartera del venezolano. El detalle que define la noticia es el tamaño: los límites son, en muchos casos, de juguete. Topes equivalentes a poco más de cien dólares no son excepcionales, una cifra que alcanza para una compra de mercado mediana, no para financiar la vida.

La razón de fondo es monetaria y tiene nombre técnico: el encaje legal. El Banco Central mantiene una proporción muy alta de los depósitos inmovilizada como reserva —un porcentaje que en los últimos años ha rondado niveles que asfixian la intermediación—, lo que significa que por cada bolívar que recibe, la banca puede prestar muy poco. Sin capacidad de prestar, no hay crédito robusto posible. Las tarjetas que reaparecen lo hacen, por tanto, dentro de un corsé: el sistema financiero quisiera prestar más, pero las reglas monetarias —diseñadas en su momento para contener la inflación— se lo impiden. El crédito miniatura no es un capricho de la banca; es el reflejo de un sistema estrangulado.

A ese límite estructural se suma el problema de la unidad de cuenta. En una economía donde los precios se piensan en dólares pero buena parte del crédito formal se otorga en bolívares, el consumidor enfrenta una trampa conocida: si su tarjeta está indexada y el bolívar se deprecia frente al dólar entre la compra y el pago, la deuda se encarece en términos reales. La brecha entre la tasa oficial y la del mercado paralelo —que a finales de mayo se movía en el orden del 20% o más— convierte cualquier financiamiento en una apuesta cambiaria. Pedir prestado, en ese contexto, exige cálculos que poco tienen que ver con la simple conveniencia de diferir un pago.

En paralelo, han proliferado las aplicaciones que ofrecen crédito y las tarjetas digitales, un fenómeno que merece mirarse con interés y con cautela a la vez. Con interés, porque las fintech están cubriendo un vacío que la banca tradicional, maniatada por el encaje, no puede llenar, y porque digitalizan el acceso para quienes nunca tuvieron una tarjeta. Con cautela, porque el crédito fácil de aplicación, con condiciones no siempre transparentes y en un entorno de baja educación financiera, puede empujar al consumidor a un endeudamiento caro sin que medie la información suficiente para evaluarlo. La conveniencia de un clic no equivale a la conveniencia de las condiciones.

El inciso está en lo que este crédito en miniatura dice sobre la economía. Que las tarjetas vuelvan es, en sí mismo, una señal de cierta normalización: indica que hay quien apuesta a que el bolívar y el consumo tienen futuro. Pero que vuelvan tan pequeñas indica lo otro: que la normalización es frágil, condicionada y todavía lejana del crédito que sostiene a una economía sana —el que financia una nevera, una reparación, un emprendimiento—. El venezolano recupera la tarjeta, pero no todavía lo que la tarjeta, en una economía funcional, debería poder comprar. Entre esos dos hechos transcurre, una vez más, la distancia entre el anuncio de recuperación y la recuperación misma.

Terminó el primer mes tras el ajuste del ingreso integral en Venezuela. Qué se prometió, qué llegó al bolsillo y por qué el salario base sigue en 130 bolívares. Análisis.

Mayo cerró como el primer mes bajo el nuevo esquema de ingresos que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el 30 de abril, y la pregunta que ronda en los hogares venezolanos es simple: ¿se cobró lo que se prometió? La respuesta corta es que no del todo. El anuncio fijó el «ingreso mínimo integral» en 240 dólares mensuales; los primeros pagos del mes, según reportes del propio sistema estatal, llegaron por el equivalente a unos 150 dólares. Entre la cifra anunciada y la depositada hay una brecha que define la experiencia real del mes.

El detalle técnico es decisivo, y conviene explicarlo sin rodeos. El aumento no toca el salario base, que permanece en 130 bolívares —menos de tres dólares al cambio oficial— y lleva congelado desde marzo de 2022, el periodo más largo sin ajuste nominal en décadas. Lo que se incrementa son los bonos: el Cestaticket de alimentación y el llamado bono «contra la guerra económica». El propio ministro del Trabajo lo expuso con franqueza poco habitual: no se puede subir el salario, dijo, porque hacerlo dispararía la inflación; el esquema es «absolutamente coyuntural». El problema es que esa coyuntura ya dura años.

¿Por qué importa que el aumento vaya por bonos y no por salario? Porque las prestaciones sociales, las vacaciones, los aportes a cajas de ahorro y las pensiones se calculan sobre el salario base —esos 130 bolívares—, no sobre el ingreso integral. Un trabajador puede recibir más dinero este mes y, al mismo tiempo, ver cómo su jubilación futura y sus prestaciones siguen ancladas a una cifra residual. El bono alivia el día; no construye el derecho. Y los pensionados, cuya asignación se fijó en torno a 70 dólares, quedan aún más expuestos.

La medida se mide, además, contra un costo de vida que la desborda. Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), referencia ante la ausencia de cifras oficiales, la canasta alimentaria familiar para un hogar de cinco personas rondó los 700 dólares en marzo. Los 240 dólares del ingreso integral —cuando se cobran completos— cubren cerca de un tercio de esa canasta; los 150 efectivamente depositados, bastante menos. A esto se suma una inflación que cerró el primer trimestre con una tasa anualizada del orden del 649%, según datos oficiales.

El balance del mes, entonces, es el de una mejora nominal que no se traduce en alivio estructural. Hubo dinero adicional en muchos bolsillos, y para una economía familiar al límite eso no es irrelevante. Pero la arquitectura del ingreso —bonos coyunturales sobre un salario base pulverizado— mantiene intactas las dos preguntas de fondo: por qué un aumento que se anuncia en dólares se deposita incompleto, y hasta cuándo se sostiene un sistema laboral donde el salario formal dejó de significar lo que la palabra supone. Mayo no las respondió. Las dejó, otra vez, sobre la mesa.