Mientras el mundo mira los pozos de petróleo venezolanos, el verdadero campo de batalla de la apertura económica está más al sur, en las minas de oro del estado Bolívar. Allí, la inversión extranjera que promueve Washington no avanza con calma sino entre detonaciones, sobrevuelos de helicópteros y bandas armadas que controlan el territorio. Una foto falsa hecha con inteligencia artificial enturbió esta semana el panorama, pero no debe distraer de lo esencial: en Bolívar hay un conflicto real, y es el segundo frente de la reconstrucción venezolana.

Dos industrias, dos riesgos

Venezuela se está abriendo al capital extranjero en dos frentes a la vez, pero con perfiles de seguridad opuestos. El primero es el petróleo, concentrado en la zona urbana y en la Franja del Orinoco, que opera con relativa estabilidad —alrededor de 1,1 millones de barriles diarios— y donde una ley en trámite busca atraer inversión privada para hacer crecer la producción. Ese frente avanza con calma.

El segundo frente es distinto, y mucho más peligroso. El Arco Minero del Orinoco, esa franja del sur rica en oro, diamantes, coltán y tierras raras, no lo controla del todo el Estado: lo dominan el ELN, disidencias de las FARC y bandas armadas locales que imponen impuestos, gobiernan el territorio y deciden quién entra y quién no. Abrir esa zona a la inversión no es un trámite económico: es meterse en un territorio en disputa armada. Por eso, mientras el petróleo se abre con papeles, el oro se abre con plomo.

La situación de esta semana

En los últimos días se reportó una situación irregular en la zona minera de Bolívar. Según información atribuida a Venevisión, hubo sobrevuelos de helicópteros y detonaciones en el área. Conviene ser claros con lo que se sabe y lo que no: al momento de esta publicación no hay confirmación oficial ni corroboración independiente plena de un episodio puntual. Es un reporte en desarrollo, y como tal debe leerse, a la espera de que las fuentes permitan confirmarlo.

Lo que sí está sólidamente documentado es el patrón. La Fuerza Armada venezolana ha ejecutado durante años operaciones contra la minería ilegal en la región, y organizaciones de derechos humanos han denunciado que varias de esas incursiones, presentadas como «enfrentamientos», dejaron decenas de muertos y desplazamiento forzado de comunidades. La violencia en El Callao y los sectores mineros vecinos no es una novedad de hoy: es una condición permanente, con guerras entre bandas por el control de los yacimientos que estallan con regularidad. Cualquier operación militar reciente, de confirmarse, se inscribiría en esa historia larga y sangrienta.

El bulo que enturbió el panorama

En medio de esa tensión real circuló, el 8 de junio, una imagen que aseguraba mostrar a militares estadounidenses y venezolanos «tomando» las minas de El Callao. La foto es falsa: fue generada o modificada con inteligencia artificial, según verificaron de forma independiente medios como El Pitazo y el portal de verificación Cotejo.info. La «primicia» había salido de una publicación extraoficial y se viralizó sin sustento.

El episodio deja una lección que vale la pena subrayar, sobre todo cuando el tema es serio: una imagen falsa no solo engaña, sino que ensucia el terreno informativo y le resta credibilidad a los hechos verdaderos. Y los hechos verdaderos en Bolívar son suficientemente graves como para no necesitar invenciones. Desconfiar de la imagen impactante y esperar la verificación de fuentes confiables es, hoy más que nunca, un acto de defensa propia.

El telón de fondo: Washington mira al sur

Lo que vuelve este frente especialmente delicado es el contexto de cooperación militar entre Caracas y Washington de los últimos meses. La cadencia de contactos es notable: el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó Venezuela en febrero y de nuevo el 23 de mayo, durante un inédito ejercicio de respuesta rápida sobre Caracas. El 3 de junio llegó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, en su primera visita. Y antes, en marzo, el secretario del Interior Doug Burgum había declarado que el gobierno de Delcy Rodríguez se comprometió a garantizar la seguridad de las empresas mineras, incluso en zonas que el propio Estado reconoce bajo control ilegal.

Sobre ese tablero, el análisis del medio especializado Geostrategos, con lectura del capitán retirado Daniel Pinto Chacón, plantea una hipótesis inquietante: para asegurar las inversiones, Washington tendría tres caminos —contratistas privados, tropas propias o emplear a la Fuerza Armada venezolana—, y la opción de menor costo sería usar a la fuerza local. Bajo esa lectura, una operación militar de limpieza en Bolívar funcionaría a la vez como señal al capital extranjero y como prueba de coordinación con Washington. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero encaja con la secuencia de visitas militares y conviene tenerla sobre la mesa.

El ejecutor comprometido

Hay, además, una paradoja de fondo que ninguna inversión puede ignorar. La seguridad de las minas se le encargaría a la misma institución que durante años ha lucrado con la economía ilícita del oro. Está documentado que oficiales de la Fuerza Armada han cobrado a organizaciones criminales por el acceso a las minas, y que la enorme mayoría del oro venezolano se produce de manera ilegal, con el control delegado de hecho a grupos armados a cambio de lealtad. Pedirle a ese actor que desmantele las estructuras de las que se ha beneficiado es una apuesta de resultado, cuando menos, incierto.

Para el lector hispano, y en especial para el venezolano de la diáspora, este frente importa tanto como el petrolero, aunque reciba menos atención. Porque revela la verdadera naturaleza de la reconstrucción que se está negociando: no ocurre en el vacío ni sobre una hoja en blanco, sino sobre territorios reales, disputados por las armas, donde el Estado y el crimen llevan años entrelazados. El oro de Bolívar es la prueba de que abrir Venezuela al mundo será, en muchas zonas, mucho más difícil y más sangriento que firmar un contrato petrolero. Y de que el segundo frente, el silencioso, puede terminar siendo el más decisivo.

Reporte en desarrollo. Algunos elementos sobre la situación reciente en la zona minera de Bolívar no cuentan, al momento de esta publicación, con confirmación oficial ni corroboración independiente plena; se presentan como tales y serán actualizados. Esta nota es informativa.

Fuentes principales: análisis de Geostrategos con lectura del capitán (ret.) Daniel Pinto Chacón; El Pitazo y Cotejo.info sobre la verificación de la imagen falsa generada con IA; Reuters sobre las visitas de los generales Francis Donovan (18 de febrero y 23 de mayo de 2026) y Dan Caine (3 de junio) y las declaraciones del secretario Doug Burgum (marzo de 2026) sobre la seguridad de las mineras; Observatorio Venezolano de Violencia y Provea sobre la violencia estructural y las operaciones militares en el Arco Minero del Orinoco.

Más de seis millones de venezolanos viven fuera de su país, y dos de sus destinos mayores —Estados Unidos y Chile— acaban de tomar, en la misma semana, decisiones que los sacuden. En EE.UU., un juez reabrió el viernes trámites que el gobierno había congelado. Pero detrás de ese alivio parcial late un problema más hondo: cientos de miles de venezolanos viven en un limbo legal que ningún papel termina de resolver. Esta es la primera de tres entregas sobre esa diáspora atrapada.

Una semana que sacudió dos hemisferios

Hay semanas en que la suerte de una diáspora entera se mueve en dos lugares a la vez. La del venezolano fue una de esas. El viernes 5 de junio, un juez federal en Estados Unidos anuló una política que mantenía congelados los trámites migratorios de personas de 39 países, Venezuela entre ellos. Dos días después, a miles de kilómetros, el presidente de Chile anunciaba una ofensiva para endurecer la expulsión de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. Dos decisiones opuestas en su signo, una misma comunidad sacudida por ambas.

Esta serie recorre ese laberinto en tres entregas. La primera mira a Estados Unidos, donde el caso del TPS resume como pocos la incertidumbre que define la vida de la diáspora. La segunda viajará a Chile, el espejo del sur. La tercera entrará en lo que casi nadie cuenta: el negocio que florece alrededor de la irregularidad y el costo humano de vivir esperando.

Conviene empezar por la escala. Más de siete millones de venezolanos han abandonado su país en la última década, en uno de los mayores desplazamientos del hemisferio. Estados Unidos y Chile figuran entre los destinos que más recibieron. Hablar de «los venezolanos en el exterior» no es hablar de un grupo pequeño ni lejano: es una de cada cuatro o cinco personas nacidas en Venezuela.

Qué era el TPS, y por qué importaba tanto

El Estatus de Protección Temporal —TPS, por sus siglas en inglés— es una figura que el gobierno estadounidense concede a nacionales de países en crisis. No es una visa ni un camino directo a la residencia: es un escudo temporal que protege de la deportación y permite trabajar legalmente mientras dure la designación. Para cientos de miles de venezolanos, fue durante años la diferencia entre una vida estable y la clandestinidad.

Venezuela recibió el TPS en dos momentos: una primera designación en 2021 y una segunda en 2023, otorgadas por las condiciones de hambre, represión y colapso que el propio gobierno estadounidense reconoció entonces. Según el Foro Nacional de Inmigración, para marzo de 2025 había más de 605.000 venezolanos amparados por esas dos designaciones. Era el grupo de beneficiarios más numeroso de todo el programa.

La cancelación y el limbo

Desde el inicio de su segundo mandato, el gobierno de Trump puso el TPS en el centro de su ofensiva migratoria. Revocó las designaciones de Venezuela, y el 3 de octubre de 2025 la Corte Suprema autorizó esa terminación. El resultado fue inmediato y masivo: cientos de miles de personas que habían entrado y vivido bajo las reglas quedaron, de un día para otro, expuestas a la deportación.

Pero la historia no terminó ahí, y aquí empieza el limbo. El 28 de enero de 2026, un tribunal de apelaciones calificó de ilegal el fin del TPS para venezolanos. El problema es que ese fallo no restableció el estatus de forma automática. Se abrió así una de las situaciones más angustiantes que puede vivir un migrante: la de quien no sabe, de un mes a otro, si está protegido o expuesto. La batalla sigue en los tribunales inferiores y en la Corte Suprema, y los expertos advierten que una resolución definitiva puede tardar meses, quizá más que la vigencia de los últimos permisos de trabajo renovados.

Las cifras de ese limbo asustan. Contando todas las nacionalidades bajo TPS, más de 1,3 millones de personas transitan hoy ese caos legal. Si las cancelaciones se confirman de forma definitiva, la mayoría volvería a su estatus anterior, que para muchos es, sencillamente, el de indocumentado.

El fallo del 5 de junio: un respiro, no una solución

En ese cuadro irrumpió la decisión del viernes. Un juez federal anuló la política que había congelado el procesamiento de solicitudes —permisos de trabajo, green cards, asilo, ciudadanía— de personas de 39 países afectados por las restricciones de viaje, incluida Venezuela. En un fallo extenso y de tono severo, el magistrado reprochó al gobierno haber actuado fuera de la ley y haber arrojado, según escribió, las vidas de incontables inmigrantes a un limbo legal indeterminado. Sostuvo que esas personas seguían las reglas y fueron señaladas, sin embargo, por su lugar de origen.

La decisión abre la puerta a que cientos de miles de solicitudes congeladas vuelvan a moverse. Es un respiro real. Pero conviene leerlo con precisión: descongelar trámites no es lo mismo que restituir el TPS, y el fallo puede ser apelado. Quedan, además, demandas pendientes en otras cortes por la suspensión de visas que afecta a personas de decenas de países. El alivio es genuino y, a la vez, frágil. Es el patrón de toda esta historia: cada avance llega envuelto en una advertencia.

Qué le queda al venezolano que perdió el TPS

Para quien quedó sin la protección, la pregunta es práctica y urgente: ¿qué opciones hay? Los abogados de inmigración señalan algunas vías, aunque ninguna es automática ni sencilla. Está el asilo, para quien pueda demostrar un temor fundado de persecución; con un matiz útil, haber tenido TPS por un tiempo razonable puede considerarse una circunstancia que justifica solicitarlo aun fuera del primer año de llegada. Está el ajuste de estatus, para quien califique por una petición familiar o de empleo. Y está, sobre todo, la necesidad de no tomar decisiones a ciegas: cada caso es distinto, y un error de cálculo puede costar años de prohibición de reingreso.

Lo que casi todos los especialistas repiten es lo mismo: no quedarse quieto ni quedarse mal informado. Revisar el propio expediente, consultar fuentes oficiales, desconfiar de las soluciones milagrosas. Porque en el limbo, la peor decisión suele ser la que se toma por miedo o por rumor. En la segunda entrega de esta serie, el foco se traslada al sur, a un Chile que esta semana endureció su política y que enfrenta, con la diáspora venezolana, una paradoja que ni el discurso más duro logra resolver.

Esta nota es informativa y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria es distinta; ante una decisión, consulte a un abogado de inmigración acreditado y verifique la información en fuentes oficiales como USCIS.

Fuentes principales: CNN en Español y Univision sobre el alcance y la cancelación del TPS para venezolanos; La Nación sobre el estado de las designaciones de 2021 y 2023 en 2026; Associated Press, Courthouse News y The Washington Post sobre el fallo del juez John McConnell del 5 de junio de 2026; datos del Foro Nacional de Inmigración sobre el número de beneficiarios.

Navegación de la serie

Serie «La diáspora en el limbo» · 1 de 3 Estás en la entrega 1. · [Entrega 2: Chile y la paradoja de Kast →](https://incisos.com/2026/06/10/chile-kast-paradoja-expulsion-venezolanos-irregulares/) · [Entrega 3: el negocio del limbo →](https://incisos.com/2026/06/10/negocio-estafas-migrantes-limbo-notarios-gestores/)

En Chile viven unos 340.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos. El presidente José Antonio Kast llegó al poder prometiendo expulsarlos, y esta semana anunció dos proyectos de ley para acelerar el proceso. Pero choca con una paradoja que ningún discurso resuelve: para deportar a un venezolano hace falta que Venezuela lo reciba, y entre Santiago y Caracas no hay relaciones. Segunda entrega de la serie sobre la diáspora en el limbo.

El espejo del sur

Si Estados Unidos es el destino que la diáspora venezolana mira primero, Chile es su gran espejo en el sur del continente. Durante la última década, cientos de miles de venezolanos cruzaron el continente entero —a pie buena parte del trayecto, atravesando la selva, los Andes y el desierto— para llegar a un país que prometía estabilidad. Hoy ese país cambió de signo político, y con él, el clima para quienes llegaron.

José Antonio Kast asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026, tras ganar el balotaje con más del 58% de los votos, impulsado por la preocupación ciudadana con la seguridad, el crimen y la migración irregular. Es el primer presidente de la derecha dura chilena desde el fin de la dictadura de Pinochet, y llegó al poder con una promesa central: poner orden en la frontera y revertir lo que describe como una migración descontrolada.

La ofensiva de esta semana

El domingo 7 de junio, durante una gira por la zona norte, Kast anunció desde el complejo fronterizo de Arica dos proyectos de ley para endurecer el control migratorio. El primero amplía de cinco a sesenta días, prorrogables, el período durante el cual se puede retener a un extranjero con orden de expulsión, una medida pensada para facilitar las deportaciones. El segundo modifica el Código Penal para convertir en delito —con agravantes— el traslado de personas en situación irregular, apuntando a las redes que operan en la frontera.

Los anuncios se enmarcan en el llamado «Plan Escudo Fronterizo», que contempla zanjas, vigilancia y refuerzo de la seguridad en el límite norte, por donde ingresan muchos migrantes desde Bolivia y Perú. El gobierno vincula de forma explícita la migración irregular con el crimen organizado, y en particular con el Tren de Aragua, la banda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

La paradoja que el discurso no resuelve

Aquí aparece el muro con el que choca toda la retórica. Expulsar a un migrante no depende solo de la voluntad del país que lo expulsa: hace falta que el país de origen acepte recibirlo. Y entre Chile y Venezuela las relaciones diplomáticas están cortadas. El resultado es una contradicción difícil de sortear: el gobierno puede emitir miles de órdenes de expulsión contra venezolanos, pero no tiene un canal para ejecutarlas.

Las cifras lo dejan en evidencia. Pese al endurecimiento del discurso, hasta hace pocas semanas el gobierno había concretado apenas dos vuelos de expulsión, con unos cuarenta migrantes cada uno, y con destino a países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Haití y República Dominicana, no a Venezuela. El propio Kast reconoció, al matizar su promesa de campaña de expulsar a cientos de miles, que no existe capacidad para hacerlo de inmediato. Una cosa es el anuncio y otra, como dice el refrán, es con la guitarra en la mano.

Cómo se cae en la irregularidad

El caso chileno ilustra bien algo que vale para toda la diáspora: cómo una persona termina siendo «irregular» sin haberlo buscado. Pocos cruzan una frontera con la intención de vivir en la sombra. La irregularidad suele ser el resultado de un proceso, no de una decisión.

Se cae en ella de varias maneras. Por entrar fuera de un paso habilitado, cuando las vías legales se cierran o se vuelven inalcanzables. Por agotar el plazo de una visa de turista sin lograr regularizar la estadía. Por quedar atrapado en un trámite que el propio Estado paraliza o demora durante años. O, como se vio en la primera entrega de esta serie, por perder de golpe un estatus que se tenía en regla, cuando un gobierno cancela una protección como el TPS. En casi todos los casos, la persona pasó por un momento en que estaba dentro de las reglas, y fue el cierre de las vías —no su voluntad— lo que la empujó al margen.

Una vez en la irregularidad, sortearla es durísimo. Sin documentos, el migrante queda excluido del empleo formal, de la banca, a veces de la salud y la educación. Y queda, sobre todo, expuesto: a la explotación laboral, al abuso y a un mercado de intermediarios que prospera precisamente a costa de esa vulnerabilidad. De ese mercado —el negocio que crece alrededor del irregular— trata la tercera y última entrega de esta serie.

Esta nota es informativa y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria es distinta; ante una decisión, consulte a un profesional acreditado y verifique la información en fuentes oficiales.

Fuentes principales: T13 y Confirmado sobre los proyectos de ley anunciados por Kast el 7 de junio de 2026 en Arica; Infobae sobre las dificultades para ejecutar las órdenes de expulsión y los vuelos concretados; France 24 y Swissinfo sobre la política migratoria de Kast y la cifra de irregulares en Chile.

Navegación de la serie

Serie «La diáspora en el limbo» · 2 de 3 [← Entrega 1: EE.UU. y el limbo del TPS](https://incisos.com/2026/06/10/limbo-tps-venezolanos-estados-unidos-fallo-mcconnell/) · Estás en la entrega 2. · [Entrega 3: el negocio del limbo →](https://incisos.com/2026/06/10/negocio-estafas-migrantes-limbo-notarios-gestores/)