Economía
El USMCA entra a la mesa de negociación con el voto hispano de Texas y Arizona como variable
La revisión del tratado USMCA en 2026 coincide con elecciones legislativas en noviembre. La negociación se cruza con el voto hispano en estados clave que el sector empresarial sigue de cerca.
La revisión del USMCA está fijada por el propio tratado para 2026 y se cruza con dos calendarios: el de las elecciones legislativas de noviembre y el de la presión arancelaria que la administración Trump ha venido sosteniendo desde enero. El voto hispano en Texas y Arizona, dos estados clave, entra como variable en una negociación que tradicionalmente se discutía solo entre cámaras empresariales.
El USMCA —que sustituyó al NAFTA en 2020— incluye una cláusula de revisión obligatoria a los seis años. Esa revisión, que en términos del tratado debe completarse en 2026, define si el acuerdo se mantiene como está, se modifica o entra en proceso de renegociación profunda. La consecuencia operativa importa: los flujos comerciales entre los tres países movieron más de 1,8 billones de dólares en 2024, y México es el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China y Canadá.
La negociación se cruza con dos calendarios.
El calendario electoral
El primer calendario es el de las elecciones legislativas de noviembre de 2026. La administración Trump enfrenta la pregunta clásica del segundo mandato: cómo mantener la base política mientras gestiona la macroeconomía. La presión arancelaria que el presidente ha venido usando sobre socios comerciales —incluyendo aranceles sobre productos mexicanos y canadienses en distintos momentos del año— funciona como instrumento doméstico tanto como instrumento exterior.
Texas y Arizona son dos estados que combinan dos características: alta concentración de votantes hispanos (40% y 32% respectivamente, según datos del U.S. Census Bureau de la encuesta más reciente disponible) y exposición directa a la economía bilateral con México. Texas concentra la frontera comercial más activa del hemisferio. Arizona depende del flujo de mercancías y servicios bilaterales para sectores específicos —agricultura, manufactura ligera, logística.
El voto hispano en esos dos estados no es homogéneo. Pero comparte una sensibilidad: a los choques comerciales que se traducen en pérdida de empleos o aumento de precios al consumidor.
El calendario macroeconómico
El segundo calendario es el de la inflación y los precios al consumidor. Los aranceles sobre productos mexicanos —cuando se aplican— se trasladan en pocas semanas al precio de productos agrícolas, electrodomésticos, automóviles y bienes intermedios. La administración Trump ha venido equilibrando esos efectos con la apuesta de la reactivación petrolera venezolana, que apunta a sostener los precios de la gasolina bajos como contrapeso simbólico al efecto arancelario en otros productos.
Para una familia hispana en Texas con presupuesto promedio, los dos calendarios se sienten al mismo tiempo. La gasolina puede bajar mientras el precio de la lechuga sube. El empleo en el sector automotriz puede tambalear mientras el empleo en logística crece.
La negociación con Sheinbaum
La relación bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum es la pieza central del lado mexicano. Sheinbaum ha mantenido durante el primer cuatrimestre de 2026 una línea de negociación que combina firmeza en lo institucional con apertura técnica en lo arancelario. No ha entrado en confrontación pública con Trump, pero tampoco ha cedido en los puntos sensibles —especialmente migración, semiconductores y energía.
La negociación del USMCA es una de las más complejas que ha enfrentado un gobierno mexicano en décadas, y el resultado tendrá efectos durables sobre la economía bilateral. El gobierno mexicano lleva la negociación con consultas reservadas a sectores empresariales clave. La administración Trump lleva la negociación con declaraciones públicas y aranceles puntuales como instrumento de presión.
Lo que el hispano en EE.UU. debe seguir
Tres puntos definirán el resultado del USMCA en los próximos seis meses. El primero es el capítulo automotriz —reglas de origen, contenido regional, salarios mínimos sectoriales. El segundo es el capítulo agrícola —productos específicos como aguacate, jitomate, ganado en pie. El tercero es el capítulo digital —comercio electrónico, datos transfronterizos, propiedad intelectual.
Cada capítulo tiene un mapa de empleo hispano detrás. La negociación afecta directamente a hispanos que trabajan en Texas, Arizona, Míchigan, California y otros estados con alta exposición a la economía bilateral.
El voto de noviembre de 2026 no se decide en el USMCA. Pero el USMCA se negocia con noviembre de 2026 en el horizonte de ambos lados de la frontera.
Fuentes principales
- Tratado Estados Unidos-México-Canadá (USMCA/T-MEC, texto oficial). U.S. Census Bureau (datos de población hispana por estado). United States Trade Representative (USTR, documentos públicos). Secretaría de Economía de México (comunicados públicos sobre la revisión). U.S. Department of Commerce (estadísticas de comercio bilateral más recientes disponibles). Cobertura de Reuters, Bloomberg, AP sobre la negociación USMCA en curso.
Alfredo Yánez
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Economía
Una empresa argentina vuelve a apostar por la luz de Venezuela
La empresa argentina IMPSA avanza en renegociar un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos en Venezuela. Detrás del anuncio, un país que depende de represas y sufre apagones crónicos.
La metalúrgica argentina IMPSA anunció que avanzó en renegociar un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela. El dato, revelado este martes a Reuters por el propio jefe de la compañía, abre una ventana sobre algo más grande: un país que produce la mayor parte de su electricidad con represas, que vive sumido en apagones por años de abandono, y al que las empresas extranjeras empiezan, con cautela, a volver a mirar.
El anuncio
La noticia llegó desde Houston, en plena temporada de conferencias energéticas. La empresa IMPSA informó a la agencia Reuters que ha progresado en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela. La declaración la hizo el propio máximo responsable de la compañía, lo que le da peso a un movimiento que, de concretarse, sería de los primeros de su tipo en el sector eléctrico venezolano tras años de parálisis.
IMPSA no es una empresa improvisada en este terreno. Fundada en Mendoza en 1907, es una de las fabricantes de turbinas y equipos hidroeléctricos con más trayectoria de América Latina. Su historia está, de hecho, entrelazada con la de Venezuela: fue la encargada de fabricar las turbinas para proyectos en la cuenca del río Caroní, el corazón hidroeléctrico del país. Volver ahora a renegociar un contrato allí es, en cierto modo, retomar un vínculo viejo que la crisis venezolana había dejado en suspenso.
Una empresa que cambió de manos
Hay un detalle que vuelve esta historia aún más significativa. IMPSA dejó de ser una empresa estatal argentina: fue privatizada en 2025, en la primera privatización del gobierno de Javier Milei, y sus acciones pasaron a un consorcio de capital estadounidense. Es decir, la compañía que hoy negocia con Caracas responde a una lógica empresarial nueva y a dueños radicados en Estados Unidos. Que una empresa con ese perfil avance en un contrato venezolano dice tanto del apetito por los negocios en Venezuela como del marco que Washington está dispuesto a tolerar.
Esto encaja con un patrón más amplio que se observa en las últimas semanas: empresas energéticas internacionales tanteando el terreno venezolano a medida que se alivian algunas sanciones y el gobierno de transición busca inversión. El petróleo concentra la atención, pero la electricidad es la otra pata, menos visible y quizá más urgente para la vida diaria de la gente.
Por qué importa: un país a oscuras
Para dimensionar la noticia hay que entender el estado de la electricidad en Venezuela. El país depende de la hidroelectricidad para la mayor parte de su generación, con la represa de Guri como columna vertebral del sistema. Esa fortaleza se volvió una fragilidad: años de falta de inversión, mantenimiento postergado y deterioro de la infraestructura redujeron la generación y convirtieron los apagones en parte de la rutina nacional. El gran apagón de 2019, que dejó a buena parte del país sin luz durante días, fue el símbolo más brutal de ese colapso.
En ese contexto, rehabilitar proyectos hidroeléctricos no es un negocio cualquiera: es tocar el nervio de la vida cotidiana. Sin electricidad estable no hay agua bombeada, no hay refrigeración de alimentos ni medicinas, no hay clases, no hay comercio. Cualquier recuperación real de Venezuela pasa, tarde o temprano, por encender de nuevo y de forma confiable la red. Por eso una nota que parece técnica —una empresa renegociando un contrato— es, en el fondo, una nota sobre la posibilidad de que vuelva la luz.
La cautela necesaria
Conviene, eso sí, leer el anuncio con prudencia. Renegociar o avanzar en un contrato no es lo mismo que firmarlo, y firmarlo no es lo mismo que ejecutarlo. La historia reciente venezolana está llena de proyectos anunciados que no se completaron: el propio complejo de Tocoma, en el Caroní, lleva desde 2006 sin terminarse pese a los miles de millones invertidos. Que una empresa muestre interés es una señal positiva, pero el camino entre la intención y la turbina encendida es largo y, en Venezuela, está sembrado de obstáculos. Para el lector que sigue la reconstrucción del país, este es un dato para anotar con esperanza moderada, no para celebrar todavía.
Esta nota es informativa y no constituye asesoría de inversión. Las decisiones empresariales mencionadas están sujetas a negociaciones en curso cuyo resultado no está garantizado.
Fuentes principales: Reuters (9 de junio de 2026) sobre el avance de IMPSA en la renegociación del contrato hidroeléctrico, según declaraciones del jefe de la compañía; antecedentes sobre la privatización de IMPSA en 2025 (Reuters); datos sobre el sector eléctrico venezolano y la represa de Guri; información sobre el proyecto estancado de Tocoma en la cuenca del Caroní.
Economía
El mapa de los 170.000 millones
Venezuela debe alrededor de 170.000 millones de dólares. Un mapa de quién tiene qué, quién espera qué y qué puede pasar primero.
El mapa de los 170.000 millones
No es una deuda, son muchas. Bonos soberanos, bonos PDVSA, préstamos de Pekín y Moscú, organismos multilaterales y laudos por expropiación. La anatomía de lo que Venezuela debe y a quién.
| Qué | La deuda externa venezolana, estimada en unos 170.000 millones de dólares, repartida en categorías muy distintas. |
|---|---|
| Quién | Bonistas internacionales, PDVSA, China, Rusia, organismos multilaterales y empresas con laudos arbitrales. |
| Cuándo | La deuda está en cesación de pagos desde 2017; el proceso de reestructuración arrancó formalmente en mayo de 2026. |
| Dónde | Venezuela como deudor; acreedores en EE.UU., Europa, China y Rusia. |
| Por qué | Conocer la composición de la deuda es el paso previo para entender quién cobra primero y cuánto. |
| Cómo | Mediante la suma de bonos en default, intereses acumulados, préstamos bilaterales, multilaterales y arbitrajes. |
La cifra que se repite es 170.000 millones de dólares. Algunas estimaciones la elevan por encima de 200.000 millones, según qué reclamos se reconozcan y cómo se cuenten los intereses. Pero esa cifra única engaña, porque sugiere un solo acreedor y una sola conversación. La realidad es lo contrario: Venezuela no debe una deuda, debe muchas, y cada una tiene su propio dueño, su propia jurisdicción y su propia prioridad de cobro.
Entender quién paga la cuenta empieza por entender de qué está hecha. Estas son sus capas, de la más conocida a la más opaca.
Lo que se debe a los mercados
El bloque más visible es el de los bonos. Por un lado, los bonos soberanos de la República, cerca de 31.000 millones de dólares en cesación de pagos desde 2017. Por otro, los bonos emitidos por PDVSA, unos 27.000 millones adicionales. A ambos hay que sumarles casi una década de intereses no pagados, que distintas estimaciones sitúan entre 30.000 y 44.000 millones. Buena parte de estos títulos cambió de manos en el mercado secundario: hoy muchos están en poder de fondos que los compraron baratos y apuestan a cobrar más.
Lo que se debe a Pekín y a Moscú
Menos visible, pero políticamente más delicado, es lo que Venezuela debe a sus aliados de la era chavista. Los préstamos con China —buena parte estructurados como petróleo por dinero— dejan un saldo estimado entre 10.000 y 20.000 millones. Con Rusia, los compromisos se sitúan entre 2.000 y 6.000 millones. Esta deuda no se negocia en un tribunal de Nueva York: se negocia entre gobiernos, y su tratamiento dirá mucho sobre el realineamiento geopolítico de la transición.
Lo que se debe por haber expropiado
La capa más litigiosa es la de los arbitrajes. Durante dos décadas, decenas de empresas extranjeras llevaron a Venezuela ante tribunales internacionales por nacionalizaciones y expropiaciones. Esos laudos —entre 15.000 y 25.000 millones en conjunto— son los que hoy persiguen los activos venezolanos fuera del país, como ya ocurrió con Citgo. Es la deuda que no espera a la mesa de negociación: se cobra ejecutando.
Sumadas todas las capas, el retrato es el de un país que deberá negociar en varios tableros a la vez, con acreedores que no comparten ni intereses ni jurisdicción. La pregunta de quién paga la cuenta no tiene una respuesta: tiene tantas como capas hay en este mapa.
Bloomberg y Bloomberg Línea (estimaciones de deuda total y composición). Reuters (Comité de Acreedores y bonos en default). El Tiempo e Infobae (anuncio de reestructuración). Estimaciones de analistas especializados citadas en prensa internacional. Las cifras son aproximadas y varían según metodología y reconocimiento de reclamos.
Economía
La guerra de los arbitrajes
ConocoPhillips, Crystallex, Gold Reserve: las empresas que ganaron laudos contra Venezuela y ahora esperan cobrar.
La guerra de los arbitrajes
Dos décadas de expropiaciones se convirtieron en laudos firmes. Hoy son la deuda que no espera turno en la mesa: se cobra ejecutando activos venezolanos fuera del país.
| Qué | Los laudos arbitrales contra Venezuela por expropiaciones, estimados entre 15.000 y 25.000 millones de dólares. |
|---|---|
| Quién | ConocoPhillips, Crystallex, ExxonMobil, Rusoro, Gold Reserve y una larga lista de empresas con fallos a favor. |
| Cuándo | Las expropiaciones datan de 2007–2012; los laudos se consolidaron entre 2014 y 2025. |
| Dónde | Tribunales del CIADI y la Cámara de Comercio Internacional; ejecución en cortes de EE.UU. |
| Por qué | Son obligaciones firmes que persiguen activos venezolanos en el exterior, al margen de la mesa de bonos. |
| Cómo | Mediante la doctrina del alter ego, que permite cobrar deudas del Estado sobre activos de PDVSA. |
Hay una parte de la deuda venezolana que no se negocia: se ejecuta. Son los laudos arbitrales, las sentencias que tribunales internacionales dictaron contra el Estado venezolano por las expropiaciones de la era de Hugo Chávez. A diferencia de los bonos, que esperan una reestructuración voluntaria, estos fallos son firmes, ejecutables y persiguen activos concretos. En conjunto, distintas estimaciones los sitúan entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.
El origen es siempre el mismo guion: entre 2007 y 2012, el gobierno nacionalizó proyectos petroleros, mineros y manufactureros de empresas extranjeras. Esas empresas acudieron a tribunales de arbitraje —principalmente el CIADI del Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional— y, año tras año, fueron ganando. La cuenta de aquellas expropiaciones llega ahora, con intereses.
El caso que abrió la puerta
El laudo más grande es el de ConocoPhillips: cerca de 8.700 millones de dólares por la expropiación de los proyectos Petrozuata, Hamaca y Golfo de Paria en 2007. En enero de 2025, el comité de anulación del CIADI rechazó la última petición venezolana de anularlo, cerrando las vías legales para evitar su ejecución. Conviene una precisión que se confunde con frecuencia: además de ese laudo del CIADI, ConocoPhillips ganó un arbitraje separado ante la Cámara de Comercio Internacional por unos 2.000 millones, sobre el que ya existe un acuerdo de pago con PDVSA. Son dos casos, no uno.
La doctrina que lo cambió todo
El problema técnico de estos laudos es que condenan a la República, pero la República tiene pocos activos embargables en el exterior. La solución que encontraron los acreedores fue jurídica: la doctrina del alter ego. Bajo ese argumento, un tribunal de Delaware aceptó que PDVSA y el Estado venezolano son, en la práctica, la misma cosa, y que por tanto una deuda de la República puede cobrarse sobre activos de PDVSA, incluidas las acciones de la matriz de Citgo.
La minera Crystallex fue la primera en cruzar esa puerta, en 2018, y durante años fue la única autorizada a ejecutar. Detrás se formó una fila: ConocoPhillips, Rusoro, Gold Reserve y más de una docena de acreedores. Esa fila es la que desembocó en la subasta de Citgo, donde se está pagando, activo mediante, una parte de esta cuenta.
Por qué importa para la reestructuración
Los arbitrajes son el recordatorio de que no toda la deuda venezolana se resolverá en una mesa ordenada. Mientras Hogan Lovells y Centerview negocian los bonos, estos laudos siguen su propio curso en los tribunales, cobrándose sobre lo que encuentran. Cualquier plan de reestructuración tendrá que integrarlos o convivir con ellos. Son la prueba de que el pasado, cuando no se paga, no desaparece: solo cambia de tribunal.
Reuters y Diario Las Américas (laudo CIADI de ConocoPhillips y rechazo de anulación, enero de 2025). CIADI / Banco Mundial (registros de casos ARB/07/30 y ARB/07/27). La Gran Aldea y Shale24 (inventario de arbitrajes pendientes). Cifras aproximadas; algunos montos incluyen intereses acumulados y varían según la fuente.
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