POLÍTICA · PETRÓLEO

La Asamblea Nacional aprobó el convenio con Estados Unidos el 1 de septiembre. Desde entonces se conocen anuncios, una ficha de la Casa Blanca y cifras que no coinciden entre Washington y Caracas. El contrato, sus anexos y la lista de los 17 campos siguen sin publicarse.

Lo que se sabe del acuerdo petrolero más grande en la historia de Venezuela sale de tres fuentes: una ficha informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto, una nota de prensa de NABEP y declaraciones políticas. El contrato no está publicado. Ni siquiera hay un registro oficial que diga cuáles son los 17 campos y dónde están exactamente, según el análisis de José Ignacio Hernández para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El 12 de octubre, más de cien académicos, economistas, dirigentes y gremios firmaron un «Manifiesto en Defensa del Patrimonio Estratégico de Venezuela» que pide suspenderlo por su «extrema opacidad y precariedad legal». Entre los firmantes están Humberto Calderón Berti, Pedro Palma, Arnoldo Gabaldón Berti, Imelda Cisneros, Benjamín Scharifker y Cecilia Sosa. Antes, el 23 de septiembre, la organización Vanguardia Ciudadana para la Democracia había exigido a la Asamblea Nacional publicar el texto con sus anexos en Gaceta Oficial; el 2 de octubre reiteró que la respuesta había sido «el silencio».

Lo que no coincide

El libro Hoja de Ruta Energética de Venezuela 2026-2050, del profesor de la Universidad Central de Venezuela Juan Carlos Sánchez M. (nuestra reseña), ordena los términos conocidos y deja a la vista que Washington y Caracas no cuentan la misma historia:

La duración no es un detalle. La Ley de Hidrocarburos reformada en enero de 2026 permite contratos de participación productiva, que no son concesiones; una concesión de 100 años no existe en esa ley, según el análisis de Hernández. Los 25 años de Caracas sí encajarían. Con un texto público, la duda se resolvería en una página. Sin él, el libro lo llama «una prueba de opacidad y no un simple error de comunicación».

Lo que sí está en la ficha

1. Operador: NABEP, registrada en Barbados y controlada por Alejandro Betancourt.
2. Participación de EE. UU.: 35 % de la sociedad matriz de NABEP, para la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra.
3. Producción: derecho de EE. UU. a comprar el 20 % al costo de producción y prioridad de compra sobre el 80 % restante.
4. Gobierno corporativo: veto estadounidense sobre cada miembro de la junta directiva; la mayoría debe ser de ciudadanos estadounidenses.
5. Jurisdicción: el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y NABEP se rige por la ley y los tribunales de EE. UU.

Las normas en juego

El artículo 12 de la Constitución dice que los yacimientos son de la República y no se pueden enajenar; los artículos 150 y 187 exigen aprobación parlamentaria para contratos de interés público con empresas no domiciliadas en el país; el 302 reserva la actividad petrolera al Estado y el 303 le reserva todas las acciones de PDVSA. La Asamblea votó el convenio, pero la discusión es sobre la calidad de ese voto: diputados opositores denunciaron no haber recibido el texto completo. El decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, advirtió a Reuters que el acuerdo podría discutirse en tribunales en el futuro.

¿Qué falta, exactamente?

1. El contrato y sus anexos, publicados en Gaceta Oficial.
2. La lista de los 17 campos, con su ubicación y los operadores anteriores.
3. La fórmula fiscal y las reglas de costos recuperables, que deciden cuánto cobra de verdad el Estado. Algunos especialistas calculan que recibiría apenas US$3,22 por cada barril de reservas comprometido.
4. Los beneficiarios finales de NABEP y la participación de cada uno.

Fuentes principales: The White House, ficha informativa del 31 de agosto de 2026; El Nacional (12 de octubre de 2026); Vanguardia Ciudadana para la Democracia, declaración del 2 de octubre de 2026 (publicada en Aporrea); J. I. Hernández, CSIS (4 de septiembre de 2026); Reuters (31 de agosto y 1 de septiembre de 2026); El Periódico (2 y 5 de septiembre de 2026), citados en Juan Carlos Sánchez M., Hoja de Ruta Energética de Venezuela 2026-2050. ¿Acuerdo petrolero o transición energética?, libro didáctico, primera edición, septiembre de 2026.

POLÍTICA · NEGOCIACIÓN

La Asamblea electa en 2015 y la de Jorge Rodríguez vuelven a sentarse el miércoles 14 de octubre. El Departamento de Estado dice que la prioridad es terminar de escoger el Tribunal Supremo. La reforma del CNE queda para después, y la fecha electoral, que es lo que reclama la oposición, no está en el temario.

La mesa vuelve con un temario que se puede resumir en tres letras: TSJ. El Departamento de Estado lo dijo en su comunicado del 9 de octubre: «La tercera ronda de conversaciones de reconciliación está programada para comenzar el 14 de octubre», con el foco en completar la designación de los magistrados. La reforma del Consejo Nacional Electoral, las garantías para partidos y dirigentes y la derogación de leyes represivas quedan para «rondas posteriores».

El embudo del Tribunal

El proceso tiene varios filtros. Esta semana, la comisión preliminar de la Asamblea, que preside el diputado Giuseppe Alessandrello, entrevista hasta el viernes a los 127 inscritos para el Comité de Postulaciones Judiciales. Solo 12 entrarán. A ellos se sumarán 11 diputados que designa Jorge Rodríguez: 23 en total. La lista de elegibles iría al pleno la semana próxima, y los nombres de los aspirantes a magistrados llegarían a la plenaria a comienzos de diciembre, según la proyección oficialista recogida por Prensa Latina.

Ese diseño ya tiene objeciones. En el programa de Nitu Pérez Osuna del 12 de octubre se presentó una clasificación según la cual el 44,1 % de los inscritos tendría vínculos con el aparato judicial, político o burocrático del chavismo (lo revisamos aquí). Y la mayoría del comité la pone una Asamblea electa en 2025 sin los principales partidos de oposición.

Tres calendarios

Mientras la mesa reparte el Tribunal, cada actor maneja su propio reloj electoral:

1. Jorge Rodríguez: al cerrar la segunda ronda, el 26 de septiembre, anunció «cuatro elecciones» y dejó las presidenciales de último, sin fecha.
2. María Corina Machado: en una entrevista con el Financial Times publicada el 9 de octubre, propuso que las presidenciales se celebren a más tardar el 24 de julio de 2027 y pidió transparencia sobre los ingresos petroleros.
3. Vente Venezuela: convocó para el sábado 17 de octubre una protesta en ciudades de varios países con la consigna «una fecha para votar, una fecha para decidir».

Washington ha preferido no poner fecha. Rubio respaldó el proceso y pidió que se incorporen «todos los elementos de la oposición». Una vocera de Machado ratificó el 5 de octubre su disposición a negociar directamente con Delcy Rodríguez.

La denuncia que toca la mesa

Hay un caso que conecta el temario del Tribunal con el de las garantías. La exmagistrada Bárbara César Siero, que firmó en la Sala Político Administrativa las inhabilitaciones de Machado, Henrique Capriles y otros dirigentes, declaró el 6 de octubre que lo hizo bajo coacción, «teniendo como rehenes a mis hermanos», militares presos por el caso del brazalete blanco. El 13 de octubre llevó su denuncia a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, según El Pitazo y El Diario. Vente Venezuela pide levantar «de inmediato» la inhabilitación de Machado.

Las cifras de las cárceles

El Departamento de Estado presenta como avance que se han excarcelado más de 1.000 presos políticos desde enero, 177 de ellos desde que empezó el diálogo en agosto. El Foro Penal contaba todavía 322 presos políticos al 5 de octubre. Las dos cifras pueden ser ciertas a la vez: unos salen y otros siguen dentro, o entran.

¿Qué falta, exactamente?

1. La fecha: ninguna de las rondas ha tocado el calendario electoral. Es lo único que todos los actores dicen querer.
2. La lista: los nombres de los 127 inscritos y de los 12 que pasen el filtro, con sus antecedentes, para que el país pueda revisarlos.
3. El caso César: una respuesta de la Fiscalía a una denuncia que, si se confirma, afecta la validez de las inhabilitaciones que siguen vigentes.

Fuentes principales: Departamento de Estado, comunicado del 9 de octubre de 2026 (vía Confirmado); Prensa Latina (13 de octubre de 2026); El Estímulo y El Diario (26 de septiembre de 2026); Financial Times vía Reuters y Curadas (9 y 13 de octubre de 2026); Infobae (5 y 10 de octubre de 2026); NTN24 (7 y 8 de octubre de 2026); El Pitazo y El Diario (13 de octubre de 2026); Foro Penal (9 de octubre de 2026).

POLÍTICA · PROTESTA

El martes 13 de octubre, médicos, enfermeras y docentes salieron a pedir un aumento salarial y llegaron hasta la esquina de Salas. Ese mismo día, el FMI pronosticó que Venezuela crecerá 5 % este año con una inflación de 467,9 %. Las dos noticias cuentan el mismo país.

«No es posible que tranquen todo esto. Nosotros tenemos derecho a llegar a Miraflores», dijo Mauro Zambrano, coordinador de Monitor Salud, frente a la línea policial. El comisario John García, de la PNB, explicó el bloqueo: el oficialismo había convocado otra marcha hacia el Palacio Federal Legislativo y no se podía permitir el paso.

Es la misma escena del 9 de abril, cuando la primera marcha salarial hacia Miraflores de este año también fue detenida antes de llegar, mientras el chavismo marchaba «por la paz» por las mismas calles.

Lo que piden

La comisión que fue recibida en la Vicepresidencia llevó cuatro reclamos: aumento salarial, el bono de responsabilidad profesional para activos y jubilados, dejar de pagar por el sistema Patria y calcular los aguinaldos con el ingreso integral, no solo con el salario. Ana María Velásquez, presidenta de la federación de enfermería, denunció que las mesas de trabajo laborales se hacen sin los gremios.

El salario mínimo sigue en 130 bolívares desde marzo de 2022. Con bonos, el ingreso mínimo integral ronda los 240 dólares, y la canasta alimentaria de agosto costó 755 dólares (lo contamos aquí). Según la Encovi 2025, un trabajador del sector público gana en promedio 116 dólares al mes, casi todo en bonos, frente a 230 en el sector privado.

El otro dato del día

Ese mismo martes, el Fondo Monetario Internacional publicó sus Perspectivas de la Economía Mundial. Para Venezuela proyecta un crecimiento de 5 % en 2026 y de 7 % en 2027, con una inflación de 467,9 % al cierre de este año y de 174 % en promedio el próximo, según EFE.

Crecimiento e inflación altos a la vez no son una contradicción. Significa que el petróleo y la apertura mueven la economía, mientras los precios corren más rápido que cualquier sueldo fijo en bolívares. Quien cobra del Estado lo siente primero.

Y sin luz

Los gremios sumaron otro reclamo: los apagones. En el occidente, los racionamientos pasaron de 3 o 4 horas a entre 7 y 12 horas diarias, según AFP. La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la demanda tocó a fines de septiembre 16.400 megavatios, el máximo desde 2017, y prometió recuperar 1.300 megavatios antes de terminar el año. Los expertos estiman que el país genera unos 12.000 en promedio.

Criterio: tres pruebas

1. La respuesta: si la Vicepresidencia contesta las 50.000 firmas con una cifra de aumento y una fecha.
2. El aguinaldo: si los aguinaldos de diciembre se calculan con el ingreso integral, como piden los gremios, o solo con el salario de 130 bolívares.
3. La calle: si la próxima marcha llega más lejos que la esquina de Salas.

¿Qué falta, exactamente?

Falta un número. El gobierno habló en abril de un aumento «responsable» y en octubre adelantó la Navidad al 1 de noviembre. El salario sigue donde estaba en 2022.

Fuentes principales: Versión Final (13 de octubre de 2026); El Diario y El Nacional (9 de octubre de 2026); Infobae/EFE, proyecciones del FMI (13 de octubre de 2026); Telemundo (9 de abril de 2026); Emol/AFP (10 de octubre de 2026); Encovi 2025 (UCAB) vía Efecto Cocuyo; Cendas-FVM.