Economía
US$1.776 millones: el fondo con el que Trump se demandó a sí mismo y se pagó
** El Departamento de Justicia anunció el lunes la creación del «Anti-Weaponization Fund», un fondo de US$1.776 millones para compensar a quienes aleguen haber sido objeto de persecución política. El mecanismo se firmó como parte del acuerdo que pone fin a una demanda en la que Trump se enfrentaba al IRS, agencia bajo su propio control. Críticos del Partido Demócrata y republicanos —incluido el exdirector del FBI James Comey— hablan de un «slush fund» constitucional.
El monto es exacto y deliberado: 1.776 millones de dólares. El año 1776 es el de la independencia de Estados Unidos. El fondo se llama, en inglés, «Anti-Weaponization Fund». Lo creó el Departamento de Justicia el lunes 18 de mayo como cierre de un acuerdo en el que Trump retiró la demanda que él mismo había presentado contra el IRS, agencia que su administración dirige. Demócratas y juristas constitucionalistas hablan de «slush fund». El exdirector del FBI James Comey lo llama «un cajero automático de varios millones de dólares en Mar-a-Lago».
El monto está pensado. Mil setecientos setenta y seis millones de dólares. La cifra es lectura cívica: 1776, el año en que las trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. El Departamento de Justicia, en su comunicado oficial del lunes 18 de mayo, no oculta el simbolismo. El fondo se llama «Anti-Weaponization Fund» —fondo contra la instrumentalización política del aparato estatal— y su propósito declarado es compensar a quienes aleguen haber sido perseguidos por motivos políticos por administraciones anteriores.
Eso es lo que dice el comunicado. Lo que dicen los críticos —demócratas, ex altos funcionarios federales, juristas constitucionalistas y algunos republicanos— es otra cosa. Es el primer caso documentado en la historia estadounidense en el que un presidente en funciones se demanda a sí mismo, llega a un acuerdo consigo mismo, y se paga con dinero del erario.
La demanda que dio origen al fondo
En enero de 2026, Trump y su familia presentaron una demanda de al menos 10.000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Los antecedentes son conocidos: en 2019 y 2020, un contratista del IRS de nombre Charles Littlejohn filtró información tributaria de Trump y otros estadounidenses adinerados a The New York Times y ProPublica. Littlejohn se declaró culpable en 2023 y cumple condena de cinco años. La ley federal estadounidense permite que un contribuyente demande al IRS por filtración de información tributaria. Eso es legalmente válido. Lo problemático fue lo demás.
Primero: el monto. Diez mil millones de dólares, una cifra superior al patrimonio neto estimado del propio presidente. Segundo: contra quién. La demanda se presentó contra una agencia federal que está bajo control del propio Gobierno que el demandante encabeza. Tercero: la jurisdicción se asignó al Distrito Sur de Florida, donde la jueza Kathleen Williams empezó casi de inmediato a cuestionar la validez del proceso. «Es un principio legal básico que las dos partes en una demanda deben estar realmente enfrentadas entre sí», escribió Williams en órdenes preliminares. Lo contrario es lo que en derecho procesal se llama un case or controversy inexistente.
Los abogados del DOJ que debían defender al IRS nunca presentaron una respuesta sustantiva. La defensa del demandado simplemente no actuó. Y antes de que la jueza Williams pudiera dictaminar sobre la validez del litigio, el lunes 18 de mayo, los abogados del presidente comunicaron al tribunal que retiraban la demanda. Williams, en un breve auto, declaró que quedaba «desposeída de jurisdicción» para continuar supervisando el caso porque el acuerdo nunca fue presentado en el expediente público.
Horas más tarde, el DOJ anunció el fondo.
Lo que el acuerdo da y lo que retira
Por el lado de los demandantes, lo que se acepta:
- Disculpa formal del Departamento de Justicia.
- Retiro de la demanda contra el IRS.
- Retiro de dos reclamaciones administrativas adicionales: por el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago en agosto de 2022 (cuando agentes federales recuperaron documentos clasificados que Trump retuvo tras dejar su primer mandato) y por la investigación del Russiagate (2017-2019).
- Cero pago directo a Trump, sus hijos, o la Trump Organization. La cláusula es explícita.
Por el lado del Gobierno federal, lo que se crea:
- El fondo de 1.776 millones de dólares.
- Una comisión de cinco miembros, cuatro designados por el Fiscal General y uno en consulta con liderazgo del Congreso. El presidente puede remover a cualquier miembro.
- Un proceso voluntario para presentar reclamos. Sin requisitos partidistas.
- Vigencia del fondo: aproximadamente hasta un mes antes del final del segundo mandato de Trump, en enero de 2029.
- Cláusula de reversión: los fondos sobrantes regresan al erario.
De dónde sale el dinero
De una cuenta llamada Judgment Fund. Es una apropiación permanente del Tesoro estadounidense, instituida en 1956, que se usa para pagar sentencias judiciales y acuerdos extrajudiciales contra el Gobierno federal sin necesidad de pasar por una apropiación específica del Congreso. Históricamente, ese fondo cubre desde indemnizaciones por accidentes con vehículos federales hasta acuerdos de gran escala con clases de demandantes (por ejemplo, el caso Keepseagle de agricultores indígenas).
El Tesoro tiene 60 días desde el anuncio del lunes para depositar los 1.776 millones en una cuenta especializada del DOJ. La operación, hasta donde se conoce, no requiere voto del Congreso. Esa es la primera grieta constitucional.
Las objeciones
Las críticas vinieron desde múltiples flancos. El representante Jamie Raskin, máximo demócrata del Comité Judicial de la Cámara, lo llamó «fraude puro y robo en plena vía pública». Noventa y tres congresistas demócratas presentaron una moción para bloquear el acuerdo, alegando «defectos constitucionales evidentes». Los argumentos centrales:
- Separación de poderes: solo el Congreso tiene autoridad de apropiar dinero del Tesoro. El Judgment Fund existe para sentencias adversas, no para crear programas de compensación nuevos.
- Cláusula de Emolumentos Domésticos: la Constitución prohíbe que el presidente reciba pagos del Tesoro o de Estados individuales más allá de su salario. Aunque Trump no figura como beneficiario directo, los críticos argumentan que el fondo beneficia su aparato político.
- Estatuto de limitaciones: las dos reclamaciones administrativas (Mar-a-Lago y Russiagate) tenían plazo de prescripción de dos años, ya vencido.
- Auto-tratativa: «nadie puede ser demandante y demandado en el mismo caso», argumenta la moción demócrata.
La senadora Elizabeth Warren habló de «un nivel demencial de corrupción». El senador Ron Wyden lo describió como «el robo más descarado de fondos públicos por cualquier presidente en la historia». Pero las críticas más dañinas vinieron de figuras que no son del aparato demócrata. James Comey, exdirector del FBI —despedido por Trump en 2017 y procesado en 2025 tras una publicación en Instagram interpretada como amenaza al presidente— lo dijo en una entrevista con ABC News: «No puede ser la forma en que operamos. No podemos montar un cajero automático multimillonario en Mar-a-Lago para gente que ha cometido crímenes».
Lo que la comisión decidirá
Cinco personas decidirán quién cobra y quién no. Los criterios formales aún no están publicados, pero la presentación del fondo deja entrever las prioridades. Los aproximadamente 1.600 acusados por los hechos del 6 de enero de 2021 —entre ellos los que recibieron perdones presidenciales en enero de 2026— podrán reclamar. Funcionarios y exfuncionarios procesados durante la era Biden por causas que la actual administración considere de motivación política, también. Empresarios y figuras públicas que aleguen daño económico por investigaciones federales previas, igualmente.
El proceso es voluntario y sin requisito partidista. En la práctica, sin embargo, el universo de reclamantes plausibles se concentra en uno solo de los lados del espectro político estadounidense. La comisión que decidirá las indemnizaciones queda, en su composición mayoritaria, en manos del Departamento de Justicia que actualmente investiga a opositores políticos de la administración.
El cierre simbólico
Mil setecientos setenta y seis millones. El número es elegante. La doctrina jurídica que lo respalda es, según juristas constitucionalistas consultados por The New York Times y Time, frágil. La jueza Williams quedó sin jurisdicción no porque el caso careciera de mérito, sino porque las partes retiraron el procedimiento antes de que ella pudiera examinarlo. El resultado es un fondo que, por su origen y por su estructura, dependerá para sobrevivir de que ningún tribunal federal lo someta a examen judicial profundo en los próximos tres años y medio.
Los próximos litigios contra el fondo ya están en preparación. El primero —presentado el mismo lunes por noventa y tres congresistas— está en el Distrito de Columbia. La pregunta que cualquier juez tendrá que responder eventualmente es elemental: ¿puede el presidente de Estados Unidos demandarse a sí mismo, llegar a un acuerdo consigo mismo, y pagarse con dinero del Tesoro?
La respuesta, sea cual sea, dirá mucho del estado actual de la separación de poderes en Estados Unidos.
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Fuentes principales
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comunicado del 18 de mayo de 2026: «Justice Department Announces Anti-Weaponization Fund». https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-anti-weaponization-fund
- Declaraciones del Acting Attorney General Todd Blanche.
- Declaraciones del Principal Associate Deputy Attorney General Trent McCotter.
- *ABC News*: cobertura del 18 de mayo de 2026 (primero en reportar el acuerdo).
- *NBC News*: cobertura del 18 de mayo de 2026.
- *CNBC*: cobertura del 18 de mayo de 2026.
- *Fox News*: cobertura del 18 de mayo de 2026.
- *Yahoo News*: cobertura del 19 de mayo de 2026.
- *Time*: «What to Know About the DOJ’s New ‘Anti-Weaponization Fund’» (18 de mayo de 2026).
- Declaraciones del representante Jamie Raskin (D-MD), miembro del Comité Judicial de la Cámara.
- Declaraciones del senador Ron Wyden (D-OR) y la senadora Elizabeth Warren (D-MA).
- Declaraciones del exdirector del FBI James Comey a *ABC News*.
- Moción presentada por 93 representantes demócratas para bloquear el acuerdo.
- Orden de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida (18 de mayo de 2026).
Alfredo Yánez
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Paula Henao habló en Houston en el día dos de la primera misión petrolera venezolana
La ministra Paula Henao y Jovanny Martínez (PDVSA) intervinieron en The Woodlands el martes 19 de mayo. La cumbre de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo marca el inicio operativo de la fase de inversión.
La ministra de Hidrocarburos venezolana Paula Henao y el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Jovanny Martínez, intervinieron el martes 19 de mayo de 2026 en la cumbre de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo en The Woodlands, Texas. Es la primera visita oficial de altos funcionarios petroleros venezolanos a Estados Unidos desde el 3 de enero. El día dos importa porque pone en marcha la fase de inversión sin que avance la fase política.
La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, llegó a Houston la noche del domingo 17 de mayo de 2026. Para el lunes 18, los organizadores de la cumbre de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo (AAPG) en The Woodlands ya tenían confirmada su intervención del día siguiente. La acompañó Jovanny Martínez, vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El martes 19, ambos hablaron desde el podio. Marcó la primera visita oficial de altos funcionarios del sector petrolero venezolano a territorio estadounidense desde el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro en Caracas.
El miércoles 20 fue el día dos. Y el día dos es el que define la operación real.
La agenda comercial
Henao no fue a Houston solo a hablar. Llegó con una lista operativa. Según fuentes citadas por Reuters y replicadas por Analítica, la ministra trasladó a inversionistas y proveedores que el sector necesita —de manera inmediata— bombas, convertidores de frecuencia, cabezales de pozo, válvulas, oleoductos, compresores de gas y productos químicos para perforación, producción, procesamiento y transporte de crudo y gas. La lista es operativa. No es agenda política, es agenda de procurement.
La cumbre AAPG fue el escenario público. Las reuniones privadas con compañías petroleras —que no aparecen en el programa oficial— fueron el escenario real. La presencia de Henao en Houston no busca cerrar contratos masivos en una sola visita. Busca abrir canales de operación que permitan a las compañías estadounidenses moverse en territorio venezolano con seguridad jurídica y operativa.
Lo que dijo Haustveit el lunes
«Venezuela desempeña un papel increíblemente importante en el fortalecimiento de la seguridad energética en el hemisferio occidental», declaró el subsecretario del Departamento de Energía de EE.UU., Kyle Haustveit, en la cumbre el lunes 18. La frase no es retórica. Es la calificación oficial del sector venezolano por parte del Ejecutivo estadounidense en el momento en que el plan de 100.000 millones de dólares anunciado por la Casa Blanca tras la captura de Maduro entra en su fase de ejecución concreta.
Haustveit relató una visita reciente a la región petrolera del Orinoco. Esa visita —que no había sido anunciada con antelación— marca el cierre de un ciclo de inspección técnica que precede al despliegue comercial. Las compañías que asistieron a la cumbre escucharon a Haustveit el lunes y a Henao el martes. La secuencia importa.
La designación de Henao
Henao fue designada ministra de Petróleo en marzo de 2026 por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Antes de la designación, Rodríguez había ocupado esa cartera. La sucesión tiene un significado político: separa la conducción operativa del sector de la conducción política del rodrigato. Permite a Rodríguez liberarse de la firma técnica de las decisiones petroleras mientras mantiene la conducción del proceso. Y permite a Henao actuar como interlocutora del sector sin las restricciones formales que pesan sobre la presidenta encargada (que estuvo sujeta a sanciones OFAC hasta su remoción reciente).
La fase comercial vs. la fase política
La aritmética del proceso venezolano al cierre de mayo de 2026 es la siguiente. La fase de estabilización comercial avanza con velocidad: ministra en Houston, exportaciones de crudo en operación, licencias OFAC activas, reformas a la legislación de hidrocarburos en vigor, ronda inversionista en marcha. La fase política, en cambio, no tiene fecha. El Consejo Nacional Electoral no ha anunciado calendario. La oposición política no tiene acceso institucional. Los presos políticos siguen en cifras de tres dígitos (Foro Penal, JEPVzla, Realidad Helicoide). La amnistía se anunció terminada el 21 de abril y se reactivó parcialmente el 19 de mayo.
La declaración del presidente Donald Trump del miércoles 20 de mayo —comparando el riesgo de retroceso venezolano con la izquierda radical estadounidense y afirmando que no permitirá ese retroceso— marca una tensión interna en el proceso. La fase comercial es la que más le interesa a los operadores económicos. La fase política es la que más le interesa a la diáspora hispana en EE.UU.
Lo que significa para el hispano en EE.UU.
Para el hispano que trabaja en el sector energético en Texas y Luisiana, la presencia de Henao en Houston abre una ventana laboral concreta. La reactivación del sector venezolano requerirá personal técnico, ingenieros, geólogos, especialistas en perforación. Una parte significativa de ese talento está en EE.UU. desde la diáspora venezolana de la década pasada.
Para el hispano que sigue Venezuela desde la diáspora, la presencia de Henao en Houston es ambivalente. Avanza la apertura económica. No avanza la apertura democrática.
La distancia entre las dos cosas es lo que define la fase actual del proceso. Y la pregunta de fondo —cuánto puede sostenerse esa distancia antes de que se desequilibre el plan— es la que el día dos de la misión petrolera deja abierta.
Fuentes principales
- Reuters (cobertura del 18 y 19 de mayo de 2026). Marianna Parraga (corresponsalía de petróleo). Analítica (19 de mayo). Descifrado (18 de mayo). El Nacional (19 de mayo). Alberto News (18 de mayo). GBM Media (18 de mayo). NoticiaalDia (cobertura del 18-19 de mayo). Departamento de Energía de EE.UU. (declaraciones de Kyle Haustveit). Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo (programa de la cumbre).
Economía
Las petroleras vuelven a mirar a Venezuela pero negocian con cautela
La cobertura de Bloomberg del 19 de mayo describe a las petroleras estadounidenses evaluando el regreso a Venezuela con cautela. El sector necesita más que apertura comercial: necesita reglas estables.
Bloomberg publicó el martes 19 de mayo de 2026 una cobertura sobre el regreso de las grandes petroleras estadounidenses a Venezuela. El titular operativo es «con cautela ante nuevas inversiones». La cautela explica por qué la fase comercial del plan no avanza tan rápido como sugieren los anuncios públicos.
La fotografía pública del plan venezolano —ministra de Hidrocarburos en Houston, declaraciones de la administración Trump, anuncios de 100.000 millones de dólares en inversiones— admite una lectura más sobria desde la perspectiva de las compañías que tendrían que ejecutar ese gasto.
Bloomberg publicó la mañana del martes 19 de mayo una cobertura titulada en su versión original «Oil Majors Eye Venezuela Again, But Are Cautious on New Investments». La cobertura, replicada en español por medios venezolanos en el exilio, describe a las grandes petroleras estadounidenses evaluando un regreso pero condicionando los movimientos a tres factores que no están resueltos.
Tres frenos
El primer freno es jurídico. La operación de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y otras compañías en territorio venezolano requiere garantías de que los activos invertidos no serán expropiados, intervenidos o congelados por decisiones administrativas unilaterales. La historia reciente venezolana —desde las nacionalizaciones de 2007 hasta los conflictos con Crystallex y ConocoPhillips por arbitrajes internacionales— pesa sobre las decisiones de inversión. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha reformado la legislación de hidrocarburos en 2026 para facilitar la operación, pero la solidez de esas reformas depende de la continuidad institucional del rodrigato. Y esa continuidad no tiene fecha.
El segundo freno es de infraestructura. La capacidad de producción de PDVSA al cierre de 2025 estaba en niveles muy inferiores a los de la década de 2000. Las refinerías operan parcialmente. Los oleoductos requieren reposición. El parque industrial necesita —según la propia ministra Henao en Houston— bombas, válvulas, oleoductos, compresores, productos químicos. Recuperar la capacidad histórica del sector exige una inversión de capital y tiempo muy superior a la que cualquier compañía puede comprometer en seis meses.
El tercer freno es regulatorio. Las compañías operan bajo las regulaciones de OFAC, que han venido evolucionando desde enero de 2026 pero que mantienen restricciones específicas. Cualquier transacción que requiera financiamiento internacional debe pasar por marcos que aún no están plenamente liberados. La licencia OFAC General License 57 (referida en el expediente) y otras licencias activas operan como permisos transaccionales, no como apertura plena del sector.
La lectura desde el sector hispano en EE.UU.
Para el ingeniero, geólogo o trabajador del sector petrolero hispano en Texas y Luisiana, la cautela bloomberguiana abre una ventana paradójica. La cautela no significa parálisis: significa que las compañías están contratando equipos para evaluación técnica, no equipos para perforación masiva. Es decir, las primeras contrataciones que se están viendo —y se verán— son de personal técnico de evaluación, no de producción.
La diáspora venezolana de profesionales del sector petrolero que llegó a EE.UU. entre 2003 y 2019 tiene en esta fase su mayor oportunidad laboral en una década. Las compañías estadounidenses requieren personal con experiencia operativa en territorio venezolano, especialmente para auditar la infraestructura y proponer rutas de inversión. Esa combinación —idioma, conocimiento técnico, experiencia operativa— es escasa en el mercado estadounidense fuera de la diáspora.
Lo que pide el sector
Las grandes petroleras han trasladado tres pedidos a la administración Trump según la cobertura previa de CNN del 9 de enero. El primero es Estado de Derecho consolidado. El segundo es seguridad nacional asegurada en territorio venezolano. El tercero es predictibilidad en las reglas del juego para evitar cambios discrecionales.
Ninguno de los tres pedidos se cumple bajo un gobierno encargado sin calendario electoral. Y por eso la cautela es la línea operativa del sector.
«Para hacer las muy grandes inversiones a largo plazo, tenemos que llevar al gobierno a un mejor lugar donde tenga Estado de Derecho, seguridad nacional, y eso es un proceso», dijo el secretario de Energía Chris Wright a Jake Tapper en CNN en enero de 2026. Cuatro meses y medio después, el proceso al que se refiere Wright sigue en curso, pero sin fecha.
El mensaje del 20 de mayo
La declaración de Trump del miércoles 20 de mayo —comparando el riesgo de retroceso venezolano con la izquierda radical estadounidense— refuerza el lado político del plan. Pero no resuelve los frenos del sector. Y mientras esos frenos no se resuelvan, el plan de 100.000 millones avanza más en gestos que en cifras concretas.
Fuentes principales
- Bloomberg (cobertura del 19 de mayo de 2026 sobre cautela de las grandes petroleras). CNN Business (cobertura del 9 de enero sobre reunión de Trump con ejecutivos petroleros). Reuters (cobertura del 19 de mayo de la cumbre AAPG en The Woodlands). Department of Energy (declaraciones de Kyle Haustveit, 18 de mayo). PBS Newshour (cobertura del 9 de enero). Cobertura de La Patilla del 19 de mayo de 2026 (8:51 a.m., referencia a Bloomberg).
Economía
Las remesas a Cuba y Venezuela cambian de corredor tras las decisiones del 20 de mayo
La oferta humanitaria de 100 millones canalizada por la Iglesia Católica, el aislamiento operativo de GAESA y el avance del plan petrolero venezolano configuran un nuevo mapa de remesas hacia Cuba y Venezuela.
Las decisiones del miércoles 20 de mayo de 2026 sobre Cuba y Venezuela no solo cambian la coyuntura política. Cambian, en términos operativos, las rutas por las que el hispano en Estados Unidos envía dinero a sus familias en ambos países.
La cifra del envío promedio de remesa de un hispano en Estados Unidos a sus familiares en el extranjero varía por origen. Para México, según datos del Banco de México, ronda los 380 dólares mensuales. Para Cuba —cuyo régimen de envío es uno de los más controlados de la región— oscila entre 100 y 200 dólares mensuales según la cobertura más reciente del Pew Research Center. Para Venezuela, las cifras son más fragmentadas pero estimaciones de la academia indican un rango similar al cubano. La diáspora hispana en EE.UU. mueve cifras agregadas que superan los 80.000 millones de dólares anuales en remesas hacia América Latina y el Caribe.
Las decisiones del 20 de mayo afectan dos de esos corredores en simultáneo.
El corredor Cuba
La oferta del secretario Marco Rubio de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, canalizada por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas, tiene un componente operativo no obvio. Desplaza, en términos institucionales, el flujo de ayuda alimentaria por canales del gobierno cubano. La Iglesia opera con red parroquial en toda la isla y con capacidad de distribución descentralizada. El aislamiento operativo de GAESA —la corporación militar mencionada explícitamente en el mensaje de Rubio— es la otra cara de esa decisión. Si los 100 millones llegan vía Iglesia, no llegan vía GAESA. Si las remesas privadas evitan canales asociados a GAESA, el corredor cambia su anatomía.
Para el cubano-estadounidense que envía 150 dólares al mes a familiares en La Habana, Santiago o Camagüey, la decisión del 20 de mayo abre una pregunta práctica: si las nuevas reglas operativas modifican el control sobre los canales de envío, los costos y la disponibilidad de las divisas. La respuesta no se conocerá inmediatamente. Pero los primeros 30 a 60 días dirán cuáles son las plataformas que se ajustan rápido y cuáles las que se quedan en la lógica anterior.
El corredor Venezuela
El corredor venezolano lleva meses en transformación. Desde el 3 de enero de 2026, el régimen de sanciones OFAC se ha ido modificando. Delcy Rodríguez fue removida de las sanciones individuales. El sector petrolero está bajo licencias específicas. Y la presencia de la ministra Paula Henao en Houston —martes 19 de mayo— abre canales adicionales de operación bancaria que durante años estuvieron cerrados.
Para el venezolano que envía 100-200 dólares al mes a familiares en Caracas, Maracaibo o Valencia, la apertura comercial podría traducirse en costos de envío más bajos y plataformas de transferencia con mayor capilaridad. Pero la apertura comercial no se traduce automáticamente en estabilidad cambiaria interna. El sistema venezolano sigue operando con un tipo de cambio paralelo significativo respecto al oficial. La remesa que llega en dólares se monetiza localmente en condiciones que dependen del mercado paralelo, no solo del cambio formal.
Las plataformas que ganan y las que pierden
Sin nombrar empresas específicas que estén sujetas a investigaciones en curso, el sector de remesas hacia Cuba y Venezuela tiene tres tipos de operadores. Los tradicionales (Western Union, MoneyGram), los digitales (Remitly, Wise, Xoom de PayPal), y los de criptoactivos (USDT/USDC vía wallets locales). Cada uno opera con dinámicas distintas frente a las decisiones del 20 de mayo.
Los tradicionales pierden velocidad de ajuste frente a cambios regulatorios. Los digitales ganan agilidad. Los de criptoactivos operan en un margen que sigue sin estar plenamente regulado en territorio venezolano y cubano. La diáspora —especialmente la que llegó después de 2015 a EE.UU.— ha venido migrando progresivamente hacia los digitales y los criptoactivos.
Lo que se ve venir
Las próximas cuatro semanas mostrarán si la oferta de 100 millones para Cuba se ejecuta o se queda en anuncio. Si la apertura comercial venezolana se traduce en mejores condiciones para remesas familiares. Y si los operadores tradicionales ajustan tarifas o pierden cuota frente a los digitales.
Para el hispano en EE.UU. que mantiene a familiares en cualquiera de los dos países, el seguimiento de esas cuatro semanas no es académico. Es presupuesto familiar.
Fuentes principales
- Departamento de Estado de EE.UU. (mensaje de Marco Rubio del 20 de mayo de 2026). Pew Research Center (datos de remesas a Cuba y Venezuela, año más reciente disponible). Banco Interamericano de Desarrollo (datos agregados de remesas a América Latina y el Caribe). OFAC (registros públicos de licencias generales). Reuters (cobertura del 18-19 de mayo de la cumbre AAPG).
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